La Defensoría del Pueblo acaba de expedir una nueva Alerta Temprana específica sobre los peligros que padecen quienes defienden los derechos humanos en el país. En ella, hace un balance sobre lo ocurrido en los últimos 42 meses y llama la atención del Estado para evitar más homicidios, pues hay riesgo en 702 municipios.
Otro desolador diagnóstico para oídos sordos. Así se puede definir a la Alerta Temprana 019-23, que acaba de emitir el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en la que actualiza la situación de riesgo que padecen las personas defensoras de derechos humanos y los líderes y las lideresas sociales.
Este es un documento integral que no sólo define el nuevo contexto de violencia que padecen dichos activistas, sino que hace un descarnado balance de las agresiones que sufrieron entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022. En total, esa agencia del Ministerio Público documentó 2.974 agresiones de diferente índole, entre las que se encuentran 2.060 amenazas, 593 asesinatos, 125 atentados, 16 casos de estigmatización y otras.
Lo más lamentable de esa situación es que la mayoría de los asesinatos se consumaron a pesar de las advertencias del SAT. “Estos 593 homicidios ocurrieron en el 77% de los municipios advertidos por la Defensoría del Pueblo mediante la AT 026-18, su Informe de Seguimiento en septiembre de 2019 y las 232 alertas emitidas con focalización municipal y que incluían riesgo para PDDH (personas defensoras de derechos humanos) y líderes sociales, entre otras poblaciones”, señala la reciente Alerta Temprana.
Para la Defensoría del Pueblo, esa situación es de “preocupación extrema”, pues el patrón alrededor de su ejecución (tiempo, lugares y liderazgos atacados), “denota claramente una ocurrencia sostenida, así como un crecimiento paulatino”.
En esos 42 meses fueron asesinados 519 líderes y 74 lideresas, distribuyéndose los casos temporalmente así: 51 entre septiembre y diciembre de 2019, 182 en 2020, 145 en 2021 y 215 en 2022.
Más de la mitad de ellos, el 52,6 por ciento, se concentra en 46 municipios de 14 departamentos. La mayor ocurrencia se dio en Tumaco (29), seguido de Puerto Guzmán (15), Argelia (13), Cali (12), Santander de Quilichao (12), Tarazá (11), Barbacoas (9), Tibú (9), Toribío (9), Cúcuta (8), Algeciras (7), Buenos Aires (7), Corinto (7), Ituango (7) y en otras 31 poblaciones, que van de seis a cuatro casos cada uno.
Los liderazgos de tipo comunal, indígena, comunitario, campesino, afrodescendiente y sindical, registran la mayor cantidad de víctimas por homicidio.
La Alerta Temprana también desagrega las 2.060 amenazas por departamentos. Y aunque el SAT no lo refiere, llama la atención que Cauca y Antioquia no sean los departamentos con más casos, como sí sucede con los asesinatos. En ese sentido se destacan Norte de Santander (263), Magdalena (195), Sucre (178), Cesar (109), La Guajira (103) y Bolívar (100). Lo anterior puede dar pistas de que los actores armados y criminales de los primeros departamentos optan por silenciar con la muerte a los líderes sociales y que sus repertorios de control territorial son mucho más violentos.
A pesar de la gran cantidad y contundencia de las cifras consignadas en las 156 páginas de la Alerta Temprana 019-23, se advierte en reiteradas ocasiones que son producto de un subregistro y que habría más casos sin registrar.
Panorama actual
Esta es la segunda Alerta Temprana que emite la Defensoría del Pueblo para líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. La primera, la AT 026-18, la expidió el 1 de marzo de 2018, y a ella le siguió su correspondiente Informe de Seguimiento, en septiembre de 2019. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Debido a diversos factores, como las restricciones de movilidad que trajo consigo la pandemia del Covid-19 y la desconfianza que produjo entre sectores de la sociedad civil e instituciones estatales el llamado estallido social de abril de 2021, pasaron 47 meses para que el SAT volviera a expedir un documento de este tipo.
La Colombia de finales de 2019 y finales 2022 es distinta. Además de los sucesos mencionados anteriormente, se renovó el Congreso de la República; por primera vez la izquierda llegó al poder Ejecutivo; defensoras y defensores de derechos humanos hacen parte del nuevo gobierno nacional; las disidencias de las antiguas Farc se consolidaron en amplios territorios; sucedieron paros armados de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’); se libran nuevas disputas armadas por el control territorial y las economías legales e ilegales; se retomaron los diálogos con la guerrilla del Eln; y se intentan instalar siete mesas de conversaciones con grupos de diferente índole bajo la sombrilla de la Paz Total.
Todo lo anterior llevó a la Defensoría del Pueblo a actualizar la “hipótesis nacional de riesgo” para los activistas sociales. Y lo hizo por medio del cruce de tres indicadores: presencia de grupos armados; sector de defensa de derechos humanos versus ocurrencia o no de violencia; y atención por enfoques diferenciales (territorio, étnico, orientación sexual, entre otros).
“La conjunción de estos tres indicadores, permite precisar con mayor exactitud los factores de amenaza para PDDH (personas defensoras de derechos humanos) y líderes sociales en los diversos territorios, a fin de aproximarse con mayor detalle a los riesgos que potencialmente afectan su vida, integridad personal y derechos asociados a dicho rol, pero también diseñar mejores estrategias para la contención o disuasión de estos factores de amenaza”, indica el documento.
Tras esa caracterización, el SAT estableció que el número de municipios que representan riesgo para ejercer la defensa de derechos humanos aumentó el 54 por ciento, respecto a las valoraciones que realizó en 2018 y en 2019. Anteriormente, los municipios advertidos fueron 324; en la actualidad son 706, ubicados en los 32 departamentos del país.
De ellos, 120 representan riesgo extremo, 258 riesgo alto, 203 riesgo medio y 125 riesgo bajo. Bogotá tuvo un análisis diferencial por su condición de distrito capital y se identificó que seis de sus localidades representan riesgo extremo y 10 riesgo alto.
Finalmente, la Alerta Temprana 019-23 discrimina la cantidad de municipios en los que los principales grupos armados y de crimen organizado son factor de riesgo.
Recomendaciones
Es curioso que, dentro de sus recomendaciones, la Defensoría del Pueblo exhorta para que se aplique justicia en los casos de asesinatos de líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos asesinados, pero, al mismo tiempo, reconozca que la Fiscalía General de la Nación ha producido “resultados históricos” en materia de esclarecimiento y replica una de las nota de prensa del ente investigador sobre esos avances que, supuestamente, alcanzan el 68 por ciento de efectividad.
Sorprende esa alineación de la Defensoría del Pueblo con la Fiscalía en cuanto al esclarecimiento de los casos, pues no es del todo cierta. Así lo demuestra una investigación realizada por este portal, en alianza con el Programa Somos Defensores, desvirtuó los logros del ente acusador y puso de presente que para esa entidad un caso está esclarecido a partir de cualquier avance procesal y no porque cuente con una sentencia en firme dictada por un juez de la República tras superar un juicio, que es lo que los expertos indican de acuerdo con parámetros internacionales.
A través de un ejercicio de periodismo de datos, sobre la base de la respuesta de un derecho de petición dirigido al ente acusador, y de una vasta revisión documental, se indagó por 1.333 asesinatos perpetrados entre 2002 y marzo de 2022, y se estableció que los casos con sentencias, absolutorias y condenatorias, no superan el 15 por ciento, reflejando un alto nivel de impunidad que contradice esos “resultados históricos” de los que hace alarde la Fiscalía. (Leer más en: Historias Inconclusas)
El documento también cuestiona la falta de coordinación del Estado para mitigar los riesgos advertidos y evitar la consumación de más asesinatos: “Con todo, el riesgo diferenciado que enfrentan estos activistas, y la violencia de la que siguen siendo víctimas, han multiplicado normas y políticas públicas, que no necesariamente se han extendido con un sentido lógico, resultando mayormente dispersas, poco articuladas y carentes de un enfoque sistémico, que asegure su coherencia y efectividad”.
Otro llamado de atención importante es que “el Estado colombiano cuente con una caracterización actualizada de los grupos armados ilegales y del crimen organizado a corte de 2023 de cara que ya no hay una clara confrontación específico de los grupos contra el Estado, sino que se concentra en la confrontación entre los mismos grupos, como lo señaló recientemente el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja)”.
Al Ministerio del Interior le plantea “iniciar de manera pronta la reestructuración profunda de la Unidad Nacional de Protección para que esté en capacidad de responder de manera inmediata y eficaz a los requerimientos que se presenten para la protección de las personas vinculadas a los grupos de su responsabilidad”.
Como estas, hay 67 recomendaciones más, que puede consultar en este enlace.
La pregunta que surge de todo esto es ¿qué tipo de atención le dará el nuevo gobierno nacional a esta alerta temprana para mitigar los riesgos advertidos y salvar las vidas de quienes defienden los derechos humanos?
De la articulación armónica de las entidades del Estado dependerá que esta nueva alarma se convierta en un escudo efectivo y no termine siendo letra muerta, y al cabo de algunos años sea el preludio de cientos de muertes de personas defensoras de derechos humanos. No basta con que se anuncien los riesgos, son necesarias acciones concretas para evitar que se concreten.
