“Que la comunidad se sienta atemorizada por los menores de edad que han sido reclutados por los grupos armados ilegales y que incluso los nombren ahora como los ‘paraquitos’ es algo muy delicado”.
Por IPC para Verdadabierta
Esta frase fue pronunciada por Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín, durante la reunión extraordinaria del Comité Municipal de Derechos Humanos, que tuvo lugar en el Convento de la Madre Laura del barrio Belencito de la comuna 13, justamente el día que se cumplieron seis años de la Operación Orión, la recordada intervención militar que retomó el control del sector y expulsó de allí a las milicias de las Farc, el Eln y los llamados Comandos Armados del Pueblo (Cap).
El Personero de Medellín aseveró que si el problema de los menores de edad no se interviene a tiempo puede derivar en un problema similar al que procovó la Operación Orión. La situación es tan compleja que algunas organizaciones sociales plantean la posibilidad de que Unicef intervenga en esta comunidad del occidente de la ciudad.
“La situación lo amerita. Hay un número creciente de niños y jóvenes ligados a las estructuras criminales. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos permitiendo el surgimiento de una nueva generación del paramilitarismo”, señaló Adriana Arboleda, miembro de la Corporación Jurídica Libertad.
Mientras los balances de la Administración Municipal señalan un aumento significativo de la inversión social en la zona, la ejecución de importantes proyectos viales y de infraestructura, la creación de entes especiales para promover nuevos liderazgos sociales y el incremento del pie de fuerza, habitantes de barrios como El Salado, La Torre y Las Independencias, entre otros, sienten que pocas cosas han cambiado desde entonces.
La presencia cada vez más fuerte de grupos armados ilegales en este sector, caracterizado por sus intrincados callejones, sus estrechas callejuelas y sus particulares laberintos, han generado un clima de zozobra entre la población que hace recordar la época previa a la Operación Orión.
“Ya se han visto personas, vestidas de civil y a plena luz del día caminando por las calles portando armas largas”, relató una de las presentes en la reunión. A esto se suma la preocupación tanto de la comunidad como de las organizaciones no gubernamentale por el sistemático reclutamiento forzado de menores de edad que vienen realizando dichos grupos, que son utilizados en la venta de estupefacientes, transporte de armas, cobro de extorsiones y comisión de delitos.
Al respecto, las palabras de la religiosa Rosa Cadavid, amplio conocedora de las problemáticas de esta comuna, reflejan la dura realidad que afrontan hoy cientos de padres de familia de este populoso sector del occidente de la ciudad: “Los adultos ya sienten temor cuando ven un grupo de niños en la calle, porque no saben si están armados, si son de las bandas del barrio. La gente ya les dice ‘los paraquitos’. Es muy triste porque aumentaron los atracos, las balaceras”.
Frente a este panorama, lo que muchos se preguntan ¿por qué suceden este tipo de situaciones en un sector que cuenta con el mayor número de miembros de la Policía y Ejército y que ha contado con un incremento sostenido de la inversión social?
Para el Personero de Medellín, existen varios precedentes como el de la ejecución de la Operación Orión, en la que, según él, fue aprovechada por los grupos paramilitares para consolidarse en la ciudad, y en ese sector particularmente.
Tal posicionamiento paramilitar de los bloques Cacique Nutibara, Magdalena Medio y Héroes de Granada ocasionó un ferreo control social que utilizó, como mecanismo de terror, la práctica de la desaparición forzada de personas que eran señaladas como milicianos de las guerrillas, auxiliadores de éstas, simpatizantes o simplemente pobladores que por alguna razón tuvieron algún contacto con los subversivos.
En barrios como San Javier, El Salado, Veinte de Julio, Las Independencias y otros del occidente de Medellín se presentaron por lo menos 70 desapariciones forzadas, atribuibles a grupos paramilitares y la fuerza pública; entre las víctimas también hubo varios menores de edad.
Algunos defensores de derechos humanos creen que entre la población infantil se están evidenciando una nueva forma del conflicto. “En las calles cada rato vemos niños de seis y siete años jugando a los guerrilleros y paramilitares con trozos de madera que simulan ser armas de fuego y pistolas de juguete”, narra una madre de familia.
Y otra madre agrega que lo preocupante es que a los diez y once años ya están portando armas de fuego de verdad: “por un par de zapatos, camisetas nuevas o 50 mil pesos empuñan un arma y empiezan a trabajar con grupos armados ilegales asentados en la comuna”, asegura.
Pero hay más rasgos que indican la reproducción de prácticas de poder que provienen de aquellas estructuras ilegales. La que más preocupa es la que se viene revelando en diversas instituciones educativas de básica primara de la comuna 13, y en otras de la comuna 12, relacionada con castigos físicos.
“Los niños se están agrupando en pequeños combos en las escuelas que pagan algún dinero para que se le apliquen castigos físicos a aquellos que por alguna razón les cae mal o por broncas entre ellos. Hay golpizas que se han dado hasta por mil pesos”, relata una docente que solicitó la reserva del nombre. Quejas como éstas se han conocido en por lo menos cuatro instituciones educativas durante este año.
Por ello, el reclamo sentido de la religiosa Cadavid constituye radiografía y vaticinio de lo que le espera a la Comuna si no se adelantan acciones contundentes: “Los niños nunca recibieron una ayuda psicológica, ni las madres y aquí lo que vivimos fue una guerra. No es muy alentador ver a unos niños de 8 y 7 años jugando a los guerrilleros y paramilitares. A los 9 años, las armas de palo son reemplazadas por armas de verdad. Así estamos condenados a repetir la historia”.
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