Durante los últimos seis años 51 mil combatientes se han desmovilizado, pero más de 2 mil han muerto y 5 mil han sido capturados. El programa avanza pero los narcos y el rearme lo amenazan. Informe especial de Verdad Abierta.
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Fundación Ideas para la Paz
Según un informe presentado en julio por la Policía Nacional entre 2001 y 2009, 5.172 desmovilizados han sido capturados por estar delinquiendo con bandas o por otros crímenes. Es decir el 10 por ciento de los 51 mil integrantes de grupos armados que se han desmovilizado (Ver informe).
Otro dato preocupante del balance de la reintegración, es que durante ese mismo período 2.036 desmovilizados murieron (4 por ciento del total), en su mayoría asesinados y que pertenecían a los grupos paramilitares. Según la Policía, de esos asesinatos 362 ocurrieron en Antioquia, seguido por Córdoba con 110 homicidios y Cesar con 96. También llama la atención que 63 desmovilizados fueron asesinados en Bogotá.
Según la Policía, las principales causas de estos homicidios están relacionadas con que muchos de estos ex paramilitares volvieron a delinquir, con grupos de narcotraficantes como ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’, entre otros, o se reintegraron a nuevas grupos paramilitares, también llamadas bandas emergentes.
Las estadísticas de la Policía Nacional para el período 2006-2009, muestra que de los 6.715 capturados por pertenecer a estas bandas, sólo un 15 por ciento eran desmovilizados (1.013). Así mismo, de los 1.186 muertos en combate con la Fuerza Pública, 7 por ciento eran desmovilizados (71).
Pero lo que si preocupa es que algunos desmovilizados ha sido amenazados si no se integran a estas bandas, incluso algunas de estas se han traducido en asesinatos.
Según Frank Pearl, quien dirige la Alta Consejería para la Reintegración, en los municipios en donde el narcotráfico es la principal actividad, el tema se hace incontrolable, a pesar de contar hoy con un protocolo de trabajo con la Policía Nacional que permite evitar que las amenazas se materialicen en muertes (ver video).
Los números de la reintegración
Hasta agosto pasado, 19.839 miembros de grupos armados se desmovilizaron individualmente. De ellos, 12.942 eran guerrilleros de las Farc (65 por ciento), 2.733 del Eln (14 por ciento), 3.682 en los grupos paramilitares y 482 en otros grupos. De este total, 3.447 son mujeres y 16.392 hombres. Así mismo, 2.738 niños han salido de las filas de los grupos armados (
Esta estrategia de desmovilización individual es coordinada por el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa (PADH), quien posteriormente y luego de una certificación que los acredita como ex miembros de grupos armados, los remite a la ACR.
Además 31.671 combatientes han dejado las armas de manera colectiva, la mayoría pertenecientes a grupos paramilitares que negociaron su desmovilización con el gobierno entre 2003-2006 (Ver estadísticas).
De este total, la Alta Consejería para la Reinserción estima que 7,4 por ciento han salido del programa porque han vuelto a delinquir, 3.500 ya no dependen del mismo y en julio de 2010, 3.000 terminaran su ciclo. Por su parte, el último informe de la MAPP/OEA afirma que se desconoce el paradero 7 mil desmovilizados.
Lo cierto es que a junio de este año la ACR tenía 31.199 desmovilizados como participantes activos del programa, incluyendo ex miembros de los paramilitares (22.269), las Farc (7.259), el Eln (1.398) y otros grupos. Muchos de estos desmovilizados están ubicados en Antioquia (7.308) y Córdoba (2.609), y en ciudades como Bogotá en donde según la Alta Consejería, 3.753 desmovilizados reciben los beneficios del programa (Ver artículo).
La ACR cuenta con 180 mil millones de pesos del presupuesto nacional para ejecutar este programa. Además existen recursos de cooperación internacional. En una primera fase el gobierno de los Estados Unidos hizo un aporte de 54 millones de dólares para la reintegración económica y la Unión Europea ha aportado 7 millones de euros. Hoy se desarrolla una segunda fase en donde se han recibido 54 mil millones de pesos de otros países y se prevé la consecución adicional de 66 millones de dólares, según Frank Pearl (ver video).
Los desmovilizados, ¿armas de guerra?
Otro asunto que ha permanecido invisible es el tema de los beneficios económicos a la población desmovilizada por concepto de entrega de armas y/o cooperación con la Fuerza Pública en actividades relacionadas con operaciones militares, actividades de difusión de los programas de desmovilización y apoyo a la estrategia de atención a desmovilizados.
Según un reciente estudio de la Procuraduría General de la Nación, entre 2003 y 2007, el PADH en cabeza del Ministerio de Defensa entregó un total de 2.626 bonificaciones a desmovilizados que representaron un valor cercano a los 16 mil millones de pesos. La mayoría de estos recursos llegaron a desmovilizados de las Farc (1.443) y de los grupos paramilitares (743), siendo el mayor rubro el pago por concepto de entrega de material de guerra y comunicaciones que alcanzó los 15 mil millones de pesos (ver informe).
El informe de la Procuraduría no abarca los años 2008 y 2009, período en el que la Fuerza Pública ha dado golpes a las Farc y a narcotraficantes, incluyendo operaciones con las que se ha logrado la captura o muerte de cabecillas de estas organizaciones, y en las cuales se ha contado con la colaboración de algunos desmovilizados.
En el estudio, publicado esta semana, se recuerda que la participación de desmovilizados en operativos militares o en la erradicación de cultivos ilícitos, aumenta su nivel de riesgo, y por lo tanto el Estado estaría incumpliendo su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario.
Lo cierto es que esta práctica sigue funcionando y para un alto porcentaje de desmovilizados se trata de una labor legítima y que les garantiza la posibilidad de acceder a unos recursos económicos que no van a recibir dentro del programa nacional.
Avances de la reintegración
Desde 2002 y hasta el pasado 31 de agosto, 51.510 personas entre mujeres y hombres han abandonado los grupos armados ilegales y han entrado al programa de reintegración que coordina la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) desde 2006 (ver estadísticas).
En los últimos dos años el programa ha presentado grandes avances. Desde el año pasado el país cuenta con una política pública para la reintegración (Conpes 3554), la atención se ha descentralizado y hoy la ACR tiene 30 Centros de Servicio que cubren 716 municipios; se ha logrado incorporar el tema de la reintegración en los Planes de Desarrollo de 20 gobernaciones y 121 alcaldías, cubriendo de este modo el 85 por ciento de la población desmovilizada. Además, se han dado notables cambios para que la remuneración mensual que reciben los desmovilizados esté ligada a una serie de compromisos que deben cumplir.
Sin embargo, algunos temas siguen siendo problemáticos para la continuidad y sostenibilidad de este programa. Las estrategias para la generación de ingresos sin dependencia de los recursos del Estado, la participación del sector empresarial y el tema de la seguridad de los desmovilizados siguen siendo retos para el futuro.
Verdad Abierta realizó un balance sobre estos y otros aspectos, incluyendo la visión que desde la ACR entregó esta semana Frank Pearl, Alto Consejero para la Reintegración (ver video).
Del éxito de este programa depende la posibilidad real de sacar a muchos colombianos de los grupos armados y avanzar en un verdadero proceso de reconciliación nacional.
La reintegración económica
Hoy en día los desmovilizados están obligados a recibir apoyo sicológico y a estudiar. Si cumplen estos requisitos tienen derecho a un apoyo económico condicional que puede ir hasta un máximo de 480 mil pesos mensuales.
Para hacer sostenible este proceso, la ACR brinda la posibilidad de que el desmovilizado acceda a un trabajo en actividades consideradas como de servicio social (Progama Salvavías), la consecución de empleo directo o el desarrollo de planes de negocio.
De acuerdo con la ACR, a mayo de este año 16.957 desmovilizados tenían trabajos estables, de los cuales un 70% se encuentra en la informalidad.
Además, y pese a la enorme labor de convencimiento sobre el sector empresarial, subsiste el reto de incrementar la participación de las empresas en la tarea de empleabilidad o en lo que se denomina “banco de tiempo”, en donde profesionales o empresarios donan tiempo y capacidades para beneficiar a proyectos de la población desmovilizada. En el último año la ACR ha visitado 1.191 empresas, “de las cuales la mitad hacen parte del proceso”, según el Alto Consejero (ver video).
Hasta la fecha, más de 26 mil desmovilizados han validado la primaria, el bachillerato o aprendieron a leer y/o escribir. De igual modo sólo el año pasado el SENA capacitó a 12 mil 300 desmovilizados y la tasa de deserción de dichos cursos es apenas hoy del 2%.
La sostenibilidad del programa
Sin lugar a dudas, con la creación y fortalecimiento de la ACR la política de reintegración a desmovilizados empieza a dejar de ser vista como una política inequitativa, sobre todo en términos de las millones de víctimas del conflicto armado.
La tarea aún no termina, pero el hecho que la mayoría de beneficios esté condicionado al cumplimiento de unos compromisos, va en el camino de facilitar la reconciliación pero enviando un mensaje claro a la sociedad en términos de que no se trata de un programa que paga al que delinque.
El narcotráfico y las bandas emergentes se constituyen en los principales factores de riesgo para que los desmovilizados vuelvan a delinquir. Si bien es claro que en el caso de los grupos rearmados los desmovilizados no son el centro del problema, el avance de este fenómeno que ya llega a cerca de 200 municipios del país, aumenta el riesgo para que el programa no funcione en las regiones.
En ciudades como Medellín (ver informe), que concentra un buen número de desmovilizados, hay una percepción negativa por cuanto los relacionan con los actuales problemas de inseguridad. Mientras tanto, desmovilizados consultados por Verdad Abierta, consideran que el grado de estigmatización todavía es muy alto, las oportunidades para conseguir un empleo son reducidas y muchos de ellos se sienten ajenos al diseño de la política de reintegración. Por ejemplo, cerca de los 1.700 mandos medios que se han desmovilizado afirman que la ACR no tiene una política concreta para ellos, sobre todo para quienes tienen entre 35 y 45 años de edad.
Finalmente, el progresivo y legítimo avance de unas políticas de reparación para las víctimas del conflicto, obliga a pensar sobre la sostenibilidad política y financiera de un programa que atiende a victimarios. Sólo en Justicia y Paz existen 230 mil víctimas registradas y el número de desplazados puede llegar a los 3 millones de personas. Bajo ese panorama la pregunta es cómo lograr un equilibrio entre dos políticas diferentes pero que buscan un mismo objetivo: la reconciliación de los colombianos.
Tags: reinserción, rearme, desmovilización, reintegracion
