Aunque siempre han sido enfáticas en que no son un “cartel” de narcotráfico, las Farc han tenido un peso importante en esta actividad ilegal. ¿Qué sucederá ahora que dejarán las armas y sus combatientes se reincorporarán a la vida civil? Más aún, ¿qué pasará con los campesinos que durante décadas han subsistido de la hoja de coca?
Se calcula que en las 31 de las 32 veredas de Briceño hay presencia de cultivos ilícitos. Una parte de ellos se encuentra en territorio dominado por las Farc, mientras el restantes está en tierras de dominio ‘gaitanistas’. ¿Qué pasara con esos cultivos? Foto: archivo Semana.Muy seguramente, las Farc no se habrían convertido en la temida y poderosa máquina de guerra que en su momento llegaron a ser, capaces de poner contra las cuerdas las fuerzas de seguridad del Estado, si no hubieran decidido obtener dividendos de un negocio que crecía exponencialmente en las selvas y montañas que también les servían de refugio y retaguardia: el narcotráfico.
Hoy, gracias a la documentación realizada por la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) de la Fiscalía General de la Nación, es posible establecer que fue en la Séptima Conferencia de esta guerrilla, máxima instancia de decisión, que tuvo lugar en las profundidades del departamento de Meta durante las primeras semanas de mayo de 1982, donde la dirigencia ‘fariana’ decidió convertirse en un “ejército del pueblo” capaz de tomarse el poder por la vía de las armas.
Para lograrlo, las Farc, en aquel entonces un movimiento agrario armado, clandestino y sin mayor impacto en la vida nacional, resolvió crear nuevos frentes y cuadrillas, y expandirse de manera estratégica por toda la cordillera oriental. Ello solo sería posible, por un lado, si iniciaba una feroz campaña de reclutamiento de jóvenes entre los 15 y 18 años y, de otra parte, se incrementaban las finanzas del grupo guerrillero.
Fue, quizás, el momento de quiebre del conflicto armado interno. Las Farc decidieron involucrarse en el narcotráfico, actividad económica que por aquellos años comenzó a expandirse en las selvas colombianas a través de extensos sembradíos de hoja de coca e imponentes laboratorios para su procesamiento. Se trató de un proceso paulatino que inició con el cobro de gramaje, es decir, el cobro de un monto de dinero por cada kilo de pasta de coca procesada en sus territorios, a manera de tributo.
Así, cultivos ilícitos y guerrilla se convirtieron en un explosivo matrimonio que germinó sin apuros en tierras donde las entidades estatales brillaban por su ausencia. No en vano hay quienes aseguran que la hoja de coca y las Farc fueron los dos motores que impulsaron la colonización en territorios selváticos del sur del país como Putumayo, Caquetá, Guanía, Vaupés y Guaviare.
“Las Farc fueron sumamente importantes en ese proceso de colonización, eso no se puede desconocer”, sostiene Luis Guillermo Pardo, un hombre que conoce tanto de la guerra como de la paz, como quiera que fue militante del M-19, desmovilizado de esta guerrilla, analista del conflicto y actual gerente de Paz de Antioquia.
Dos décadas después, según lo documentó la Dinac, el vínculo de las Farc con el narcotráfico se extendió a la siembra de la hoja de coca, su transformación en pasta de coca y clorhidrato de cocaína y a la distribución de la cocaína. La documentación, que abarca el periodo2004-2014 y que se ocupó de las regiones Central, Pacífica y sur del país, encontró que la guerrilla es dueña de cultivos, entables para procesar la base de coca y cristalizaderos donde se extrae el clorhidrato de cocaína; además de contar con corredores para la distribución de la droga y clientes en el ámbito nacional e internacional.
“Los particulares se encargan del cultivo de la hoja de coca, su cuidado y contratar a los raspadores. Las Farc se encargan de llevar un censo de las hectáreas cultivadas, prestar la seguridad (minas, ataques con armas), organizar a los campesinos en marchas cocaleras contra la erradicación, y hacer préstamos a los cultivadores para insumos”, consignó la Dinac en su investigación.
Y continuó: “en la trasformación de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína los particulares compran insumos químicos para realizar el proceso de transformación. Mientras que las Farc prestan seguridad a los entables y cristalizaderos, imponen al comprador, le prestan seguridad y tasan el precio del producto, cobrándoles por dicha actividad un impuesto”.
Las Farc, como ejército irregular capaz de controlar territorios, también extendió sus servicios de seguridad al comprador, por lo general un narcotraficante ajeno a la zona, quien además era el encargado de la distribución final. Por lo anterior, la guerrilla recibía como contraprestación el pago de un impuesto.
De acuerdo con la Dinac, este tipo de financiación le generó a las Farc recursos superiores a los 66 mil millones de pesos en el periodo analizado. De ahí que, tras el acuerdo alcanzado en La Habana, Cuba, sobre el cese al fuego bilateral y definitivo, surjan interrogantes sobre el futuro de los cultivos ilícitos en el país y, más aún, los campesinos que por décadas han tenido como única fuente de ingresos el cultivo y procesamiento de hoja de coca.
El peso del narcotráfico en el conflicto armado no ha sido un asunto tangencial. Su importancia ha sido tan determinante que el cuarto punto de la agenda de negociaciones entre las Farc y el gobierno nacional aborda el problema de las drogas ilícitas.
En mayo de 2014, ambas partes anunciaron a la opinión pública nacional e internacional el acuerdo alcanzado frente a este tema que, básicamente, se resume en adelantar planes de sustitución de cultivos ilícitos, enfrentar el consumo como un asunto de salud pública y la colaboración por parte de las Farc para acabar la producción y comercialización de narcóticos.
Para refrendar esa decisión y buscar que los guerrilleros se alejen de esas actividades ilegales, en los acuerdos difundidos en La Habana este jueves se estableció como uno de los objetivos de las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización “iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses”.
El plan para Briceño
Según Luis Guillermo Pardo, gerente de Paz de Antioquia, la Gobernación de Antioquia incluyó en su plan de desarrollo una línea estratégica para fomentar el desarrollo del agro. Ello incluye trabajar de la mano con los campesinos cocaleros para que inicien sustitución voluntaria de cultivos. Foto: Ricardo Cruz.Las tareas sobre el acuerdo de las drogas ilícitas ya se iniciaron. Tanto las delegaciones de las Farc como el gobierno nacional anunciaron el pasado 10 de junio el inicio de un plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño, Antioquia. Dicho plan se ejecutará en 10 veredas de esta localidad y contará con el acompañamiento permanente de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao).
Pero, ¿en qué consistirá este plan piloto? ¿Por qué Briceño? “La verdad, no tenemos conocimiento sobre este plan piloto, no nos han comunicado absolutamente nada”, responde Juan Danilo Agudelo, alcalde de esta localidad, cuando se le plantean estos interrogantes.
Para el mandatario local, este anuncio, que se suma al plan piloto de desminado humanitario que también se está llevando a cabo en este municipio, constituyen una gran aporte, “porque le queremos apostar a la paz, pero sí necesitamos que nos socialicen más, porque somos un grupo de trabajo que incluye a la Alcaldía y la Gobernación, que necesitamos estar más vinculados con este proceso”, sentencia el funcionario, quien no niega la presencia de la problemática en el territorio: “claro que tenemos cultivos, casi que todas las veredas tienen presencia de estos cultivos y muchos campesinos viven de ellos”.
Según el censo realizado por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) y publicado en junio de 2015, Antioquia pasó de 991 hectáreas sembradascon hoja de coca en 2013 a 2.293 ha en 2014. Dicho aumento se concentró en las localidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí y Briceño. “Pero fue por ahí a principios de 2000, diga usted en 2002 que llegó la coca a Briceño. Esto era como un mercado campesino. Venía gente de todas partes a comprar base de coca”, le contó a VerdadAbierta.com un labriego de la vereda La América, quien deriva su sustento del cultivo de hoja de coca.
Cuando este cultivo comenzó a expandirse por las montañas briceñitas, el pueblo era un escenario de disputa entre los paramilitares del Bloque Mineros y el Frente 36 de las Farc. Los primeros lograron el control del casco urbano y veredas aledañas, mientras los segundos defendieron a sangre y fuego su fortín, enclavado en veredas como Pueblo Nuevo, Pescado, Orejón, Altos de Chirí, entre otros.
Así, ‘paras’ y guerrilla terminaron dividiéndose el control de los cultivos ilícitos. Cada quien impuso sus reglas en las tierras que dominaba. “Si usted vivía en una vereda de los ‘paras’ le tenía que vender a ellos. Si vivía en tierra de la guerrilla, le tenía que vender a la guerrilla”, cuenta el labriego. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la emergencia de los grupos armados postdesmovilización como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, poco o nada transformó el escenario para los campesinos cocaleros.
Hoy, una buena parte de la economía de Briceño depende de la hoja de coca. “El comercio de este pueblo se mueve es por la coca. A uno le fían en las tiendas porque saben que uno tiene coca. ¿El proceso de paz? Pues desde que empezó, la guerrilla nos dijo que le vendiéramos a un tipo que ellos trajeron, no sabemos si es guerrillero o qué, pero se le vende a él”, añade el campesino, quien no oculta su extrañeza frente al anuncio del plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos.
“Pues el 24 de mayo nos convocaron a una reunión en Orejón. Allí, un funcionario del gobierno nos planteó que sembráramos cultivos lícitos: café, cacao, frijol, maíz, junto con la coca. Que apenas estuvieran produciendo nosotros erradicábamos voluntariamente la mitad. Cuando ya estuviéramos viviendo del café o del cacao, del cultivo que uno haya escogido, ahí sí, erradicábamos todos la coca”, señala el labriego, quien añade a su vez: “pero ahora anuncian esto y pues, la verdad, no sabemos qué pensar”.
Plan piloto, ¿sin información?
El propio ‘Timochenko’ señaló en su intervención que el modelo de Briceño debería ser aplicado a otras regiones del país con presencia de cultivos ilícitos. La pregunta que quedó en el ambiente es cómo se realizará dicho plan piloto. Foto: Ricardo Cruz.En Briceño, como en muchas otras regiones del país donde la coca es “oro verde” con el que se solucionan todos los problemas económicos, existe gran incertidumbre sobre lo que pueda pasar con esta economía una vez las Farc dejen las armas y sus miembros se reintegren como ciudadanos a la sociedad. Esta es aún mayor si se tiene en cuenta que existe poca información sobre el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos para este municipio antioqueño, el cual el máximo jefe de las Farc, ‘Timoleón Jiménez’, pidió que se replique en todo el país.
Mientras se tienen más claridades al respecto, la Defensoría del Pueblo ya comenzó a advertir situaciones que se vienen registrando en regiones altamente cocaleras, como el Bajo Putumayo, la costa Pacífica nariñense, el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño y la Amazonía. Según la agencia estatal se ha identificado aspectos relacionados con la transferencia de capacidades logísticas por parte de las Farc a otros grupos armados como el Eln; la creciente disputa por los territorios entre ‘gaitanistas’ y Farc; fenómenos que van de la mano con al aumento de las extorsiones, hurtos, y microtráfico.
En El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, la férrea confrontación armada entre el Frente 36 de las Farc y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, tiene disparadas las cifras de homicidios y desplazamientos forzados, mientras que en Putumayo, según informó el general Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de la Brigada de Selva No. 27 del Ejército Nacional, “se ha incrementado la extorsión por lo menos en el último año. No hay cifras porque es uno de los grandes problemas y es que la gente extorsionada, por lo menos en el Putumayo, no denuncian. Muchos no pagan y otros sí”.
Lo que temen autoridades civiles y militares es que la disminución de cultivos ilícitos por cuenta de los planes de erradicación, alienten otras economías igual de traumáticas, como la minería ilegal. Por lo menos en el Bajo Putumayo ya se registra este flagelo, tal como lo documento la Defensoría del Pueblo, Regional Putumayo, para finales de 2015.
“Se observa también el fortalecimiento y consolidación de la minería ilegal de oro en los municipios de Puerto Caicedo, Guzmán, Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuéz y San Miguel con notables afectaciones ambientales como las identificadas en la vereda Guayabal de Caicedo donde el rio Cedral ya no estaría siendo utilizado por la comunidad por la contaminación y el alto nivel de lodo existente”, consignó la agencia estatal en su informe, señalando además que “al parecer esta economía vendría remplazando la de cultivos ilícitos por las altas ganancias, razón por la cual se habría reactivado el comercio en este municipio”.
“Y es que esa es una dinámica que se registra constantemente y que tenemos que frenar: que cuando disminuyen los cultivos ilícitos aumenta la minera ilegal, y viceversa”, sostiene por su parte Luis Guillermo Pardo, gerente de paz de Antioquia.
De ahí que el funcionario sostenga que iniciativas como el plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos tiene que ser acompañado no sólo por la institucionalidad sino por la empresa privada y agencias internacionales: “estamos hablando de sustitución voluntaria, no de erradicación. El gobernador de Antioquia ha pedido mayor claridad e información. Y seguro todas esas tensiones se irán superando, pero aquí lo que tenemos es un gran reto: el postconflicto nos permitirá desarrollar tareas en el agro que no se han hecho”.
El reto no será nada fácil y de ello es consciente el gerente de Paz de Antioquia: “es que el reto es grande. Por un lado, transformar esa cultura de ilegalidad, donde el campesino siempre vio al guerrillero como autoridad. Ahora le toca al Estado acercarse a ese campesino y ofrecerle opciones reales de subsistencia. Y ese es el otro reto: proyectos productivos agropecuarios innovadores y sostenibles”.
Pero, ¿cómo se hará este procesode sustitución? ¿Podrá el Estado subsidiar a los campesinos cocaleros mientras estos logran derivar su sustento de cultivos lícitos? ¿Cuánto tiempo tardará en erradicarse la coca de las montañas y selvas colombianas? ¿Qué pasará con los grupos armados postdesmovilización? Las respuestas llegarán con el paso del tiempo y la futura consolidación de los acuerdos logrados en La Habana.
