Un sofisticado mecanismo de recuperación de predios que fueron objeto de extinción de dominio se estaría aplicando en este municipio del Quindío desde hace más de una década, al parecer a favor de sus antiguos dueños, el traficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros y sus parientes. Procuraduría y Fiscalía investigan el caso.
El sueño de varias familias campesinas de acceder a una parcela para su aprovechamiento agrícola se convirtió en una pesadilla por cuenta de la supuesta codicia del narcotraficante centroamericano y sus allegados, quienes, al parecer, se resisten a perder algunas de sus propiedades rurales que las autoridades colombianas confiscaron a finales de la década del noventa tras comprobarse que eran resultado de actividades ilícitas.
Uno de los predios rurales que se presume quieren recuperar es la Hacienda Pisamal, en la vereda Pisamal-Maravelez, de La Tebaida, cuyo dominio le fue extinguido a Matta Ballesteros y a su familia el 31 de marzo de 2005 por decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá.
La compleja trama revela refinadas argucias jurídicas y mecanismos de coacción que tendrían como objetivo hacerse de nuevo a la Hacienda Pisamal, conformada por cinco predios, conocidos como Veraguas, Bellohorizonte, Pedregales, La Colonia y Gran Horizonte, todos ellos colindantes y cuya extensión, en su conjunto, es de 564 hectáreas.
La hacienda le perteneció, inicialmente, al narcotraficante Carlos Lehder Rivas y luego pasó a manos de Matta Ballesteros y su familia. Pero tras concluir un particular proceso de extinción, en el que los narcos colombo-hondureños nunca perdieron el control de la propiedad, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) le entregó en 2006 los predios al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para que adelantara proyectos de reforma agraria a través de su adjudicación a campesinos sin tierra para fortalecer su actividad agrícola y mejorar su calidad de vida.
De acuerdo con algunas personas de La Tebaida entrevistados por VerdadAbierta.com, el Incoder en el Quindío hizo una convocatoria para adjudicar las tierras de Pisamal en la cual podían participar campesinos, madres cabeza de hogar con vocación agrícola y también personas en proceso de reincorporación a la vida legal como resultado del proceso de desmovilización colectiva de las Auc en el país, bajo los acuerdos firmados en julio de 2003 con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Lo que se vería tiempo después, y que ahora es motivo de investigación por parte de la Procuraduría y de la Fiscalía, pese a que los afectados denunciaron las irregularidades desde el 2009, es que lo que comenzó a tejerse con esa convocatoria fue un proceso, que en ese municipio quindiano no dudan en calificarlo como “fachada del narcotráfico”, mediante el cual la familia de Matta Ballesteros, con la ayuda de antiguos trabajadores de la hacienda y, al parecer, viejos aliados del narcotráfico y amigos en entidades estatales, pretenden recuperar los predios que en el pasado fueron suyos.
Este portal no sólo escuchó a algunos de los afectados, también accedió a un detallado informe preparado por la Procuraduría General de la Nación y a documentos estatales y privados que revelarían la sofisticada trama que podría estar incubando un despojo. A partir de ellos comenzó a buscar información complementaria para entender lo que padecen los adjudicatarios de tierras que hace casi doce años se ilusionaron con ser propietarios y hoy temen quedarse con las manos vacías.
No pierden control
Después de varios intentos realizados por las autoridades colombianas desde 1989 para afectar la propiedad de Matta Ballesteros y su familia, bajo sospecha de narcotráfico, finalmente el 8 de septiembre de 1999, una Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito Especializados ordenó iniciar de manera oficiosa el trámite de extinción de dominio no sólo de la Hacienda Pisamal, sino de otros bienes rurales en los departamentos del Valle del Cauca y Córdoba.
De acuerdo con lo documentado por la Procuraduría a partir de una exhaustiva revisión de expedientes, los predios en extinción de dominio de Pisamal eran propiedad de Juan Ramón Matta Ballesteros, su compañera Nancy Vásquez Martínez, así como de una sociedad llamada Inversiones Agropecuaria Vásquez S.C.A. (Inagrovas SCA), constituida el 20 de diciembre de 1977 en la Notaría 7 de Bogotá por Maria Teresa, Claudia Patricia y Juan Ramón Matta Waldurraga, así como por María Isabel Matta Vásquez, hijos de la primera y segunda relación de pareja del narcotraficante hondureño, quien fue capturado el 5 de abril de 1988 en Tegucigalpa, Honduras, y enviado a Estados Unidos, donde purga varias cadenas perpetuas.
Tras suspender el poder dispositivo de los bienes, es decir, sacarlos del mercado inmobiliario, la Fiscalía decretó la ocupación de los cinco predios que conforman la Hacienda Pisamal. Las diligencias, realizadas entre el 8 de septiembre de 1999 y el 14 de diciembre de 2000, fueron atendidas por José Jairo Gómez Alzate, Ovidio Pérez Martínez, Tulio Nel Ospina, Jesús Cano Manrique y Alfredinson Villegas Jiménez, quienes aseguraron ser trabajadores de Inagrovas SCA.
De acuerdo con los hallazgos de la Procuraduría, las personas que atendieron las diligencias de la Fiscalía fueron designados como depositarios de los bienes para su administración, pero lo más significativo es que los informes que se le presentaron a la DNE en 2001 estaban firmados por María Teresa Matta de Lainez, hija de Matta Ballesteros y socia de Inagrovas SCA.
El control de los herederos de Matta Ballesteros era de tal calado que tras una visita realizada el 23 de octubre, Marcela Sáenz Trujillo, Coordinadora de Inmuebles Rurales de la DNE, sugirió que los predios incautados “deberían ser entregados a los propietarios a través de la sociedad, quienes se encargarían y responderían ante la Dirección Nacional de Estupefacientes directamente de su conservación, manejo, pago de impuestos, obligaciones laborales, etc.”.
Lo que vino después fue una pugna de varios años por la administración de los predios. Inagrovas SCA impugnó el nombramiento de varios depositarios a través de tutelas y solicitudes de revocatoria directa, salvo el de Beatriz Clemencia Bennett de la Rosa, nombrada el 8 de julio de 2003 como depositaria única de los bienes de Juan Ramón Matta Ballesteros, su núcleo familiar y las empresas en las que tenían representación. La mujer fue removida dos años después de esa responsabilidad por presuntas irregularidades detectadas por la DNE.
El Ministerio Público presume que, por más de una década, desde que se iniciaron los primeros intentos de extinción de dominio en 1989 hasta que la DNE le entregó los predios al Incoder en 2006, las propiedades “estuvieron bajo el control de Inagrovas de forma directa o a través de personas naturales que eran sus socios o sus trabajadores, a veces con la cobertura de las designaciones de depositarios de la DNE, a veces a pesar de ellas”.
Adjudicaciones, bajo sospecha
Una vez el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá sentenció en fallo de segunda instancia fechado 31 de marzo de 2005 la extinción de dominio de las propiedades de Matta Ballesteros y su familia, la DNE inició los trámites correspondientes para entregarlos al Incoder con fines de reforma agraria.
En lo que respecta a los cinco predios que conforman la Hacienda Pisamal, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) le asignó al Incoder 71 predios a través de la Resolución 0001 del 24 de enero de 2006, “en forma definitiva y con fines de inversión social para el desarrollo de proyectos de reforma agraria”, entre los que se encontraban El Pedregal, La Colonia y Gran Horizonte. Los otros dos predios, Veraguas y Bello Horizonte, le fueron asignados al Incoder mediante Resolución 0022 del 14 de junio de 2006.
En octubre de ese año, las agencias estatales determinaron que la destinación productiva de la Hacienda Pisamal para ese momento era forestal (15 hectáreas), ganadera (535 hectáreas) y de plátano (14 hectáreas).
Una vez esos predios quedaron en poder del Incoder, se inició en el Quindío un proceso de convocatoria dirigida a campesinos sin tierra, a madres cabeza de hogar con vocación agrícola y a reinsertados de las Auc, en el que participaron varios habitantes de La Tebaida.
La Procuraduría no ha tenido acceso a los documentos que hacen referencia a los antecedentes de adjudicación de los predios, particularmente al proceso de selección de los beneficiarios. Ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que reemplazó al Incoder desde diciembre de 2015, ni el PAR Incoder, encargado del traslado de los expedientes a la ANT, han respondido con claridad al Ministerio Público los requerimientos sobre los archivos documentales.
“Ante la ausencia de respuesta positiva sobre la ubicación del expediente, la PGN advierte que es altamente probable que los relacionados con el proceso de selección y adjudicación de los predios que conforman la Hacienda Pisamal se hayan extraviados, lo que debe dar lugar a su reconstrucción por parte de la ANT, y si corresponde a una denuncia penal”, afirma el Ministerio Público en su informe.
Tampoco es claro cómo fue el proceso de creación de las tres asociaciones campesinas que, finalmente, resultaron favorecidas con la adjudicación de los cinco predios que conforman la Hacienda Pisamal. Pese a que fueron conformadas por personas venidas de diferentes regiones del país y sin que se conocieran previamente, su objeto es el mismo: “la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos productivos tendientes a satisfacer las necesidades de sus asociados en la producción y comercialización de productos agrícolas y agropecuarios […] con el propósito de incentivar la producción y el mejoramiento de sus ingresos como medio para elevar su nivel de vida y contribuir al desarrollo agropecuario”.
Se trata de la Asociación de Campesinos Productores Agrícolas y Agropecuarios del Quindío Bello Horizonte conformada el 23 de junio de 2006 y registrada en la Cámara de Comercio de Armenia el 3 de octubre de ese año. Su presidente es Ovidio Pérez, un antiguo trabajador de Inagrovas SCA, la empresa de la familia de Matta Ballesteros. El Incoder le adjudicó a esta asociación, integrada por 10 familias, los predios Gran Horizonte, La Colonia y Pedregal (153 hectáreas) mediante Resolución 254 del 30 de agosto de 2006.
La Asociación Subregional de Productores Agrícolas y Agropecuarios del Quindío Asonuevomundo, constituida el 26 de junio de 2006 y registrada en la Cámara de Comercio de Armenia el 18 de septiembre de 2006. Se conformó con algunas personas venidas del departamento de Córdoba, algunas de las cuales eran desmovilizadas de las Auc. A través de la Resolución 298 del 29 de septiembre de 2006, el Incoder les entregó a 14 familias el predio Veraguas (185 hectáreas).
Y de la Asociación Subregional de Productores Agrícolas y Agropecuarios Nueva Esperanza, conformada el 28 de junio de 2006 e inscrita el 4 de octubre de 2006 en la Cámara del Comercio de Armenia. A ella se integraron también desmovilizados de las Auc. A través de la Resolución 257 del 30 de agosto de 2006, el Incoder les adjudicó a 15 familias el predio Bello Horizonte (224 hectáreas).
Para acceder a tierras, los reincorporados a la vida legal, sea por la vía de la desmovilización individual o colectiva, debían cumplir con varios requisitos, establecidos en el Decreto 4488 de 2005 y en el Acuerdo 61 del Consejo Directivo del Incoder de 2006, entre ellos tener resuelto su situación jurídica.
Al hacer una revisión de los adjudicatarios, llama la atención el hecho de que algunos de los desmovilizados parecen haber resuelto su situación jurídica con posterioridad al proceso de adjudicación, siendo el caso de por lo menos 12 personas de las Asociaciones Asonuevomundo y Nueva Esperanza, quienes recibieron sentencia por su pertenencia a grupos paramilitares entre 2013 y 2017.
Asimismo, entre los adjudicatarios del predio Bello Horizonte resaltan Frank Enrique Rivas Naar, alias ‘Frank’, y Olivier José Cervantes Naar, alias ‘Abelito o ‘El Negro’, quienes participaron en la masacre de Pueblo Bello, en el Urabá antioqueño, perpetrada el 14 de enero de 1990 por un grupo conocido como ‘Los Tangueros’, bajo el mando de Fidel Castaño Gil, en la que perdieron la vida 43 personas. Ambos exparamilitares se acogieron a sentencia anticipada y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Antioquia los condenó a 20 años de prisión en octubre de 2014.
Adicional a todo ello, la Procuraduría recibió información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización el 22 de mayo de este año en la que certifica que por lo menos dos familias beneficiarias de la adjudicación en Pisamal no aparecen en el Sistema de Información para la Reintegración. “En estos casos, la Procuraduría advierte la necesidad de verificar la condición de reinsertados de estas personas con el Ministerio de Defensa”, asevera el Ministerio Público, al que le preocupa la manera cómo llegaron exmiembros de las Auc desde Córdoba a la Tebaida para recibir tierras.
“Debido a la desaparición del expediente en el que obra todo el proceso previo a la resolución de adjudicación, la Procuraduría no ha podido verificar si cada persona del grupo de desmovilizados cumplió con los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente para el momento del proceso de selección”, se lee en el informe conocido por VerdadAbierta.com.
Reunión en Tierralta
¿Pero dónde se gestó la participación de exparamilitares en este proceso adjudicatario? Los rastreos adelantados por la Procuraduría la llevaron hasta Tierralta, Córdoba, a la finca El Danubio, que también fue propiedad de Juan Ramón Matta Ballesteros, pero que fue excluida de los procesos de extinción de dominio.
Basado en documentos suministrados por la Fiscalía en enero de este año, el Ministerio Público pudo establecer que Luis Alfredo Villegas Domicó, alias ‘Churima’, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento El Volador en Tierralta Córdoba en 2006, fue quien contactó a los desmovilizados que, posteriormente, serían adjudicatarios de Pisamal. De hecho, Villegas Domicó fue el primer gerente de Asonuevomundo, a la que le fue entregada el predio Veraguas.
De alias ‘Churima’ se sabe que fue escolta personal de Carlos Castaño, vocero político de las Auc. Fue asesinado a golpes el 16 de abril de 2008 en el caserío Palmira, en Tierralta, al parecer por hombres de las nacientes Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Villegas Domicó le planteó a un grupo de desmovilizados la posibilidad de ser parte de un proyecto de tierras que daría el Gobierno, y al parecer les recibió los documentos de sus núcleos familiares para citarles aproximadamente una semana después a una reunión en la finca El Danubio”, narra la Procuraduría. Allí estuvieron presentes José Pabón y su hijo José Walter Pabón, dos ganaderos de la región quienes habrían tenido relaciones con Matta Ballesteros y su hijo, pero no hubo presencia de funcionarios del Incoder.
En esa reunión se habrían escogido tres personas del grupo de futuros adjudicatarios, a quienes se les explicó el proceso de recepción posterior de la información completa de las personas seleccionadas que irían a Pisamal. Además, se les instruyó para que se presentaran en Pisamal ante Ovidio Pérez, extrabajador de Inagrovas SCA, la empresa que fue de Matta Ballesteros y su familia; Andrés Trujillo, quien al parecer fue asesor de ganadería en la hacienda Pisamal entre 1989 y 2005; e Isidro Vásquez, de quien no se tienen mayores datos.
“Estos tres señores, según los testimonios, debían recibir a los seleccionados por los Pabón y a los demás en la Hacienda, como en efecto lo hicieron días después, según lo que han declarado algunos de los adjudicatarios”, dice la Procuraduría.
“La presencia de los desmovilizados en Pisamal generó cierto nivel de miedo porque parecía que ellos eran trabajadores de la misma gente que eran los dueños de la finca”, asegura un campesino de La Tebaida consultado por este portal. “Ellos llegaron allá como si fueran un ejército, se fueron tomando las plataneras, se fueron tomando todo, venían con unas órdenes específicas a cumplir”.
En el municipio quindiano también cuentan que a los campesinos beneficiarios y a algunos desmovilizados, les prohibieron sembrar en las parcelas adjudicadas, construir vivienda y, con el paso de los años, visitar los predios. “Llegó el momento en el que les dijeron, textualmente, que ellos estaban ahí, que se les había aparecido la virgen, que iban a recibir una plata, pero que eso sería por un tiempo, porque eso tenía dueño”, recuerda un poblador.
El informe de la Procuraduría también registra esa preocupación, basada en documentos suministrados por la Fiscalía: “Adicionalmente, mencionan que en una oportunidad un grupo de adjudicatarios trató de realizar cultivos dentro del predio, pero que en ese momento recibieron amenazas por parte de Andrés Trujillo, quien les habría manifestado que no podían realizar esa actividad ya que las tierras no eran de ellos, sino de su patrón”.
A la pregunta de quién sería “el patrón” para aquella época, las voces de las fuentes consultadas por este portal cambian de tono y hablan con temor de Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del capo Matta Ballesteros, y quien también está detenido en Estados Unidos desde agosto de 2017, cuando se entregó a la justicia norteamericana en Panamá, luego de vivir varios años en Colombia. “Detrás del cuidado de sus intereses al parecer estaría una entidad llamada Corpomunicipal”, dicen algunos.
¿Contratos irregulares?
Las resoluciones de adjudicación de los predios que conforman la Hacienda Pisamal establecieron que los beneficiarios debían suscribir un contrato de operación y funcionamiento con el fin de incrementar la productividad de las tierras y lograr mejores ingresos.
Las pesquisas de la Procuraduría la llevaron a conocer varios documentos en los que se constata que entre 2007 y 2008 había una intensa labor productiva en la hacienda que inquietaba a los adjudicatarios y que ellos mismos reportaron: “durante los primeros días de estar en Pisamal se vieron entrar y salir carros que cargaban entre 15 y 20 toneladas de plátano, que diariamente se vendían 300 litros de leche a Colanta, existían unos cultivos de maíz y soya que se vendían a una empresa denominada Aliagro SAS, así como un cultivo de papaya con Grajales”.
Los dineros obtenidos por esas actividades no llegaban a los adjudicatarios; por el contrario, eran recibidos por Ovidio Pérez, el antiguo trabajador de Inagrovas SCA, y por alguien conocido con el alias de ‘Chaquichán’, de quien no se tienen mayores datos.
La situación comenzaría a cambiar desde el 11 de enero de 2008, cuando los representantes de las tres asociaciones -Ovidio Pérez, Luis Alfredo Villegas Domicó y Yenis Saudith Sierra- le solicitaron al Director Territorial del Incoder Quindío, Luis Fernando Mejía Macías, que ante la falta de experiencia, les autorizara a Corpomunicipal como administradora de los programas de producción y comercialización de productos Agropecuarios, incluyendo toda la actividad financiera.
Corpomunicipal fue creada como entidad sin ánimo de lucro el 30 de mayo de 2001 en Bogotá y luego fue traslada a la ciudad de Cartago, en el Valle del Cauca. Para 2008, cuando en Pisamal se hizo la petición de su presencia en el proyecto, estaba dirigida y representada por Álvaro Lemus Mejía. Actualmente está en esos cargos Norberto Antonio Agrado Pino, un hombre de quien dicen en La Tebaida, “no sabe hablar”.
Esta corporación fue autorizada por el Incoder Quindío para representar los intereses de los adjudicatarios de Pisamal. De acuerdo con testimonios dados a la Procuraduría y recogidos por este portal, a una primera reunión en los predios de Pisamal asistieron Álvaro Lemus, quien se presentó como contador, y posteriormente habría asistido en compañía de la abogada Claudia Alexandra Castro Marín, al parecer asesora jurídica de Corpomunicipal.
“Según los testimonios, estas personas les explicaron que ellos, como adjudicatarios, necesitaban a alguien que se encargara de manejar los contratos y los dineros. Hicieron referencia a un contrato que se firmaría con el ingenio Riopaila Castilla y les anunciaron que traería grandes beneficios a todos los adjudicatarios, que podrían educar a sus hijos e incluso tener acceso a trabajo directamente con el Ingenio”, se lee en el informe del Ministerio Público.
Semanas después, volvieron las mismas personas, pero esta vez acompañadas con funcionarios del Incoder Quindío y habrían sido presentados ya no a título personal sino como representantes de Corpomunicipal, quienes estarían a cargo de los contratos de administración.
Luego, Mejía Macias, del Incoder Quindío, le envió varios oficios a Bernardo Quintero Balcázar presidente del Ingenio Riopaila Castilla, presentándole a Corpomunicipal, pues había un interés de la compañía azucarera de sembrar caña en Pisamal, y estableciendo que esa era “la entidad operadora avalada por la Dirección Territorial Incoder Quindío, para obrar en representación de las Unidades Agrícolas Familiares a las cuales se les ha adjudicado cada uno de los predios”.
Las gestiones del Incoder Quindío ante Riopaila Castilla concluyeron en la celebración de un contrato de cuentas en participación con Corpomunicipal para que en Pisamal se adelantara un ambicioso proyecto de siembra de caña de azúcar con una duración de diez cortes o cosechas completas contadas a partir del 1 de septiembre de 2008. Ese contrato se firmó el 28 de agosto de ese año y fue suscrito entre Álvaro Lemus, representante legal de Corpomunicipal, y Guillermo Ramírez Chávez, apoderado especial de la compañía azucarera.
No obstante, documentos conocidos por VerdadAbierta.com evidencian que ese contrato con Riopaila Castilla se suscribió sin las debidas autorizaciones de todos los adjudicatarios de los predios. Sólo hasta el 3 de diciembre de 2008 se oficializaron, con un agravante: en una de ellas, correspondiente a la Asociación Bello Horizonte, aparece firmando Carlos Alberto Sánchez Pulgarín, quien había fallecido en un accidente vial el 3 de octubre de ese año. Además, algunos adjudicatarios alegan que sus firmas fueron falsificadas y en otros simplemente se dejó el espacio en blanco, entre ellos el de Villegas Domicó, asesinado en abril de ese año.
De acuerdo con el Ministerio Público, tampoco se contaba con “poder expreso por parte de los representantes legales de las organizaciones para hacerlo, ni aparecen constancias que den cuenta de la celebración de las asambleas de socios o juntas directivas que autoricen a sus representantes legales para celebrar un contrato de tan alto valor como el mencionado”.
Y es que los recursos trasladados de Riopaila Castilla a Corpomunicipal no son pocos. De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde el 15 de enero de 2009 hasta el 20 de abril de 2018, la empresa le giró 5 mil 147 millones de pesos por concepto de cortes de caña. La queja de algunos beneficiarios consultados por este portal es que les ha llegado muy poca plata durante los años de ejecución del contrato, lo que ha prendido las alertas del Ministerio Público.
“La Procuraduría alerta a la Fiscalía General de la Nación para que investigue, de una parte, si las irregularidades en los manejos del dinero pueden tener relación con conductas tipificadas en el capítulo quinto, del título décimo sobre delitos contra el orden económico y social; y de otra parte, si los beneficios en los pagos tienen alguna relación con roles específicos en la posible estructura de personal que haya podido facilitar este presunto plan de despojo y estafa”.
VerdadAbierta.com se comunicó con directivos de Riopaila Castilla con el fin de conocer su opinión al respecto de este complejo caso en el que está inmersa la compañía. A través de las respuestas a un cuestionario enviado a este portal, el ingenio explicó cómo llegó a Pisamal; cuál fue la base para firmar el contrato de cuentas en participación; y si aplicaron la debida diligencia en la revisión de los documentos de soporte que avalaban a Corpomunicipal para adelantar ese contrato.
Con respecto a la debida diligencia, la compañía asegura que actuó de manera correcta y se amparó en dos comunicaciones del director del Incoder Quindío, Juan Fernando Mejía Macías, una del 11 de enero de 2008 y otra del 11 de julio de ese mismo año, en la que les confirmaba que el operador de Pisamal era Corpomunicipal y autorizaba la siembra de caña.
Asimismo, aclaró la diferencia de fechas entre la firma del contrato con Corpomunicipal y la de las autorizaciones dadas por los adjudicatarios cuatro meses después: “La explicación es la siguiente: se tenían los documentos a los que nos referimos en la pregunta anterior, los cuales fueron la base para firmar el contrato, pero solo se adelantaron actividades de planeación, la fecha en que se empezó a ejecutar el contrato, es decir, cuando se preparó el predio para la siembra por primera vez, fue en el mes de diciembre de 2008 […] para esa fecha ya existían los contratos de administración agrícola, que fueron acordados el 23 de septiembre de 2008, aunque las fechas en que se firmaron todos en las notarías fueron desde el mismo 23 de septiembre hasta el mes de diciembre de 2008”. (RESPUESTAS GRUPO AGROINDUSTRIAL RIOPAILA CASTILLA VA)
Pese a ello, la Procuraduría alerta sobre “las posibles irregularidades y vicios de ilegalidad de cada uno de los contratos aquí enumerados, así como sobre el efecto que producen los dos contratos como bloque que podría definir un nuevo sistema de gestión y control privado sobre un conjunto de predios destinados legalmente para fines de reforma agraria”. Igualmente, advierte la existencia de “posibles vicios de falsedad en los contratos celebrados, vicios en la voluntad de los firmantes, o vicios de simulación”, para favorecer a un tercero ajeno a la adjudicación.
¿Van por la tierra?
Como si ya fuera poco, la Procuraduría encontró que varios adjudicatarios en Pisamal tienen procesos ejecutivos con embargo de las cuotas parte de los predios que recibieron, cuyas acciones judiciales se dieron en octubre de 2013, octubre de 2014 y abril de 2016.
“Todos los procesos tienen en cada caso un mismo demandante y están tramitados en juzgados de Córdoba”, dice el Ministerio Público y advierte que “este puede ser uno de los últimos pasos para el sofisticado mecanismo de despojo, que se consolidará una vez vencida la condición resolutoria a la que están sujetos estos predios”, dos de las cuales se vencen el 30 de agosto y la tercera el 29 de septiembre, tras cumplirse los doce años que imponen las normas agrarias para predios entregados bajo subsidio de tierras y que durante ese tiempo no pueden comercializarse.
Se trata de 42 procesos ejecutivos de embargo contra igual número de beneficiarios de las tres asociaciones campesinas de Pisamal por supuestas deudas contraídas con Corpomunicipal que van desde los 12 hasta los 60 millones de pesos. En todos los casos, las demandas fueron instauradas ante juzgados por la firma Forteleza Group SAS, sociedad constituida en Bogotá el 6 de enero de 2011 y cuyo principal accionista y representante legal inicial es Isaac Mildenberg, quien posee pasaporte alemán, y de acuerdo con lo establecido por este portal se encuentra viviendo en Estados Unidos.
Lo particular del caso es que la Cámara de Comercio reporta que en reunión extraordinaria del 30 de mayo de 2013 los socios de Forteleza Group S.A.S. aprobaron el cambio de representación legal de Isaac Mildenberg a Claudia Alexandra Castro Marín, quien, como se estableció, ha sido asesora jurídica de Corpomunicipal.
Castro Marín inició los 42 procesos ejecutivos y de acuerdo con la Procuraduría endosó los títulos valores a tres abogados para el cobro judicial en el caso de Pisamal. Se trata de Orlando Rafael Castellano Atencia, quien adelanta los procesos ejecutivos en los municipios de Cereté y Lorica; Ana María Utria, quien presenta las demandas correspondientes en el municipio de Montelíbano; y Xiomara Isabel Cuello Román, quien actúa en los ejecutivos presentados en Montería.
La firma de letras y pagarés pudo darse tras la firma en blanco de esos títulos valores y, posteriormente, completados por su tenedor, sin que esté claro, dice la Procuraduría, que haya existido “autorización previa para ello por parte de quienes lo aceptaron”. Consultados algunos adjudicatarios por el Ministerio Público, varios de ellos, “manifestaron que no conocían el origen de tales títulos valores, y otros aseguraron que cuando Corpomunicipal les prestaba dinero ellos debían firmar documentos en blanco”.
Castro Marín podría ser el eslabón entre las antiguas propiedades en Colombia y Matta Waldurraga. De hecho, su nombre aparece en investigaciones adelantadas en Honduras por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLN). Una investigación periodística en Honduras la describe como “supuesta profesional del derecho quien ha ingresado a Honduras con el fin de encargarse de los negocios de Matta Waldurraga y, además, actúa como intermediaria”.
Ensamble, bajo investigación
Tal como lo esboza la Procuraduría en su informe, el caso Pisamal revelaría una estrategia de despojo, construida durante más de una década, con el fin de que las tierras extinguidas retornen al narcotraficante hondureño Matta Ballesteros y su familia.
“Las tres piezas ensambladas generan una estrategia circular: el Estado extingue el dominio a Matta Ballesteros; les entrega los bienes a unas personas elegidas por él mismo o por sus redes; con ocasión del régimen agrario los bienes quedan fuera del mercado durante 12 años en los que él o su red se aseguran de consolidar el control material del suelo, y vencido ese plazo, el mismo Estado le devuelve esos bienes a la red de Matta mediante remates en procesos ejecutivos a su favor”, detalla el Ministerio Público.
Una de las alertas de la Procuraduría fue dirigida a la Fiscalía “para que investigue si el Ingenio Riopaila Castilla tuvo un rol esencial en la estrategia que aquí se ha descrito, por ejemplo, como custodio del bien que luego volvería a manos de la presunta red de Matta, pues podría ser que la celebración y ejecución del contrato mencionado, asegurara que los predios estarían ocupados con caña en una extensión tan amplia, que los adjudicatarios no pudieran arraigarse en ellos”.
VerdadAbierta.com pudo establecer que la Fiscalía adelanta desde hace poco más de un mes las pesquisas necesarias en Armenia y La Tebaida para establecer qué es lo que viene ocurriendo en Pisamal, donde las evidencias preliminares indican que allí al parecer se implementó un sofisticado mecanismo de despojo que favorecería a narcotraficantes y sus familias, en detrimento de campesinos sin tierra.
