Un Juzgado de Sincelejo condenó a la Nación porque la Fuerza Pública no impidió la masacre de 27 personas en Chengue, el 17 de enero de 2001.
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En una nueva condena a la Nación por su omisión en una masacre, un juez de Sincelejo, Sucre, ordenó que le pague 2.500 millones de pesos a 195 familiares delas 27 víctimas de la masacre de Chengue, corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre.
En su fallo el juez declaró que la Policía y la Infantería de Marina no hicieron nada para proteger a los habitantes de Chengue. Los pobladores llevaban seis meses alertando a las autoridades sobre las amenazas de los paramilitares de los Héroes de los Montes de María del Bloque Norte de las AUC de cometer una masacre.
El juez de Sincelejo también confirmó que algunos miembros de las fuerzasarmadas colaboraron con los ‘paras’, al dejar que ingresaran y salieran del pueblo sin problemas. La sentencia además le ordenó a la Nación levantar un monumento en Chengue en memoria de las víctimas de la masacre.
Recientemente, Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, alias ‘Juancho Dique’ reconoció haber sido responsable de la masacre y aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.
El ex paramilitar fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo a 23 años y ocho meses de prisión, por su responsabilidad en la masacre de 28 campesinos del corregimiento Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).
El Juzgado concluyó que los daños sufridos por los demandantes les son imputables a las entidades demandadas, en este caso a la Nación, al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por omisión debido a la ausencia de Fuerza Pública en Chenque y sus alrededores.
Esta masacre se realizó en una época en la que se dio la expansión paramilitar en Sucre con la colaboración de políticos y militares. Entre el año 2000 y el año 2004, los paramilitares realizaron 16 masacres, que dejaron como saldo un total de 77 víctimas. Estos acontecimientos a su vez precedieron episodios de desplazamiento masivo de familias del departamento hacía distintas zonas del país, ocasionando una grave crisis humanitaria.
El 7 de Noviembre de 2005 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana por la masacre, alegando que el Estado colombiano violó varias normas consagradas en la Convención Americana. El 23 de Julio de 2007, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y se espera que analice la demanda.
La masacre
Los paramilitares llegaron a Chengue en la madrugada del 17 de enero de 2001. Allí “se vivía bueno”, según sus habitantes. La población se sostenía, principalmente, del cultivo y la venta de aguacates y maíz, cuya calidad era reconocida en la región. Las casas tenían servicios de energía y agua, y estaba en proceso la construcción de un alcantarillado.
Sí los visitaban guerrilleros del frente 37 de las Farc, al mando de ‘Martín Caballero’, que era el grupo que tuvo presencia durante mucho tiempo en la zona. Sin embargo, nunca vivieron una escena tan violenta en el corregimiento como cuando llegaron los paramilitares.
A las cuatro de la mañana los ‘paras’ golpearon violentamente las puertas de las casas de Chengue y les ordenaron a todos los habitantes salir a la plaza. Estaba oscuro pues los ‘paras’ habían cortado la energía antes de pasar por las viviendas.
A los hombres los hicieron tenderse en el suelo, bocabajo y los hicieron pasar uno por uno a donde estaba un computador para verificar las identidades. Del lugar nadie regresó.
Cuando el resto de los pobladores llegaron donde se supone estaba el computador vieron que en realidad se trataba de un ‘matadero’, donde ya habían muerto sus vecinos, después de haber sido sindicados de auxiliadores de la guerrilla. Todos recibieron golpesen la cabeza con mazos de moler piedra. Así murieron 24 campesinos. A otros tres se los llevaron y aparecieron muertos al rato.
Después de la masacre, los paramilitares pintaron en las paredes de algunas casas letreros que decían “fuera, guerrilla comunista”. Luego saquearon y quemaron algunas viviendas. Antes de partir, les dijeron a las mujeres y a los niños que se hicieran a la idea “de que ya perdieron este pueblo. Si a la próxima regresamos y los encontramos, terminamos con todos ustedes”.
La investigación de la Procuraduría
Después de la masacre la Procuraduría investigó los hechos. Según las conclusiones del estudio el 16 de enero de 2001 un suboficial de la Armada se reunió con ‘Cadena’ en la finca El Palmar de San Onofre, Sucre, donde el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de “un fajo de billetes”.
A las 11 de la noche del mismo día, dos policías reportaron tres camiones llenos de hombres vestidos de camuflado y armamento de largo alcance en la vía que de San Onofre conduce a Toluviejo. Antes de las 12, el coronel Rodrigo Quiñónez, entonces comandante de la primera brigada de Infantería de Marina, fue informado del tránsito de los paramilitares.
Pero Quiñónez ordenó verificar la información cuando, según la Procuraduría, “la amenaza desde ese momento podía ser calificada como clara, actual y seria”. Por eso nunca le dijeron nada a la compañía Dragón de la Infantería de Marina que se encontraba a tan solo ocho kilómetros de Chengue.
La Procuraduría concluyó que la Infantería “tenía a su disposición los recursos logísticos idóneos para impedir el hecho, y concretamente camiones y helicópteros para transportar la tropa” y ordenó sanciones disciplinarias contra cinco oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.
El senador Gustavo Petro en un debate en 2005 sobre el paramilitarismo en Sucre sin embargo también exigió investigaran la Policía pues, para él, éstos fueron quienes permitieron el tránsito de los paramilitares que masacraron a los campesinos de Chengue.
La Nación ya ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las masacres de Mapiripán, Meta, perpetrada en 1997, La Rochela, Santander, en 1989 y Pueblo Bello, Antioquia, en 1990.
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