Decididos a volver a ser los campesinos de antes, un grupo de guerrilleros dejó las armas y consiguió que el Incora les titulara una tierra colectivamente. Pero, después de 17 años de persecución para quitarles su finca, están a punto de sucumbir.
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El 1 de marzo de 1991, un grupo de 20 hombres y ocho mujeres que pertenecían al grupo guerrillero Ejército Popular del Pueblo, Epl, firmaron un pacto de paz en Arenal, Bolívar, con el gobierno de César Gaviria.
Ellos, que habían estado alzados en armas durante más de una década en el norte del Cesar, eran campesinos de la región, y querían volver al campo, estar cerca de sus familias en Valledupar, Manaure (Cesar), San Diego, Villanueva (Guajira), de donde la mayoría eran oriundos. Así que dos años después de la desmovilización, recorrieron el centro del Cesar en busca de una finca donde montar un proyecto agrícola.
Como parte de los acuerdos de paz, el Incora compró un predio llamado Monterrubio de 795 hectáreas y se los adjudicó el 28 de diciembre de 1993.
“La escogimos porque era una finca apta para la ganadería y agricultura, quedaba cerca del cruce de Chiriguaná, Bosconia, La Jagua y Pailitas”, contó a VerdadAbierta.com, José Isair Páez Soto, uno de los desmovilizados que constituyó junto a otros 27 la Empresa Comunitaria de Productores Agropecuarios de Cesar, Soprasar.
La finca tenía una sola casa. Hombres y mujeres colgaron sus hamacas donde pudieron y compartían una mesa larga para comer. Jenny Rosa Montaña fue una de ellas. Tenía 25 años y dice que Monterrubio ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida. “Cuando nos la entregaron todos llevaron un machete para trabajar. Al final del día a los hombres tenían las manos ampolladas”.
El cambio de vida fue total. Las mujeres se dedicaban a la cocina, mientras que los hombres empezaron a sembrar arroz, sorgo, yuca y a cuidar las reses que habían comprado con los créditos del gobierno. En el primer año compraron chivos, gallinas y pavos reales y con lo producido, consiguieron maquinaria y un campero que les servía para llevar las cosechas a las poblaciones cercanas.
“Pensábamos en un futuro, nos veíamos organizados allá, cada quien en su parcela, como unos grandes empresarios”, dijo Jenny. Pero los planes se aguaron pronto.
En 1995 llegaron los paramilitares a Chiriguaná, Pailitas y La Jagua, bajo el mando de Enrique López, alias de ‘Omega’. Había sido guerrillero y se pasó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, a donde llegó a ser el jefe del frente Resistencia Motilona del Bloque Norte.
Muy pronto empezaron los hostigamientos contra los desmovilizados. Una noche de diciembre de 1995, ‘paras’ camuflados irrumpieron a media noche en la casona de Monterrubio, sometieron a unos que dormían allí y se llevaron 80 reses de los potreros.
Al año siguiente, el 12 de marzo de 1996, volvieron a la finca con mayor violencia. “Llegaron diciendo que eran del Ejército, a uno de nosotros le quemaron los testículos y a otros los amarraron. Se llevaron el campero y nos dijeron que fuéramos al otro día a reclamarlo al batallón”, dijo José Isair Páez Soto a VerdadAbierta.com, quien fue testigo de lo que allí ocurrió. Fueron al día siguiente al Batallón de la Popa y les dijeron que ellos no habían hecho eso, sino los paramilitares.
Los campesinos pusieron denuncias en la Policía y en el Ejército. Varios tuvieron miedo y no volvieron a la finca, esperando que lasautoridades los protegieran. En ningún momento pensaron en volverse a armar, dijo Ufley Quintero, quien hoy es el presidente de Soprasar. “No podíamos regresar a lo que habíamos renunciado por ser campesinos”.
En la tarde del 10 de febrero de 2002, uno de los asociados, Alirio Pérez Vivas, había salido a comprar víveres en compañía de Soto, y cuando regresaban de Chiriguaná, dos hombres armados les salieron en el camino. Le pegaron varios tiros a Pérez en la cabeza. Soto logró huir.
Al día siguiente, Mauricio Mayorga, otro de los campesinos de la próspera Soprasar, recogió el cuerpo sin vida de Pérez. Les avisó a los demás que los paramilitares seguían buscando a Soto para asesinarlo. Ese día, huyeron de Monterrubio.
Días después Mayorga fue desaparecido y se cree que fue asesinado en mayo de ese mismo año. Se enteraron de las reales intenciones de los paramilitares, cuando otro de los jefes ‘paras’, alias ‘Harold’, citó a Ufley Quintero a una reunión en Pailitas. Les exigió que abandonaran su finca de Monterrubio.
“’Harold’ me dijo: ‘Los muertos, muertos están, no le respondemos por ellos pero necesitamos la finca. Ustedes verán qué hacen’”, contó Quintero.
Para entonces varios de ellos habían formado familias y el grupo original ya había crecido: eran 74 personas. Ante semejante ultimátum, los asociados de Soprasar en asamblea, resolvieron denunciar las amenazas ante las autoridades, y mientras tanto, abandonar el predio.
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Creyendo que evitarían el despojo, le arrendaron Monterrubio a un ganadero de la región. Funcionó por un tiempo, pero en diciembre de 2002, los ‘paras’ le cayeron también al ganadero, advirtiéndole que sacara sus reses que ellos iban a quedarse con la finca.
¿Por qué tanto afán de quedarse con esa tierra? Atando cabos se dieron cuenta de que por ella pasaba un poliducto de Ecopetrol del cual les sería fácil robar gasolina. Así lo reconoció luego, el ex jefe paramilitar Óscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’, quien confesó ante Justicia y Paz que ellos se financiaban vendiendo gasolina robada.
A pesar de que el riesgo seguía siendo alto, en 2003 once campesinos regresaron a Monterrubio; no se iban a dejar quitar su tierra. “Fuimos once los que regresamos porque el resto sentía que no había la seguridad para el retorno”, explicó Quintero.
La encontraron invadida por campesinos de la zona, al parecer, afines a los paramilitares. Muy pronto se enteraron de que eran 42 familias y que habían conformado la cooperativa Coopecam y se negaban a abandonar la propiedad. Empezaron entonces a pelear la finca en los estrados judiciales.
En marzo de 2006, cuando se desmovilizaron los 4.700 hombres del Bloque Norte de las Auc en La Mesa, Cesar, los asociados pensaron que sería más fácil recuperar su tierra. Estaban equivocados.
Sólo hasta el 18 de octubre de 2008, con la ayuda del Incoder los campesinos desmovilizados del Epl y los ocupantes llegaron a un acuerdo. A éstos últimos les ofrecieron otra finca en Ariguaní, Magdalena, a cambio de que les dejaran Monterrubio a sus legítimos dueños. Pero sólo 18 de las 42 familias que allí se encontraban se mudaron. Los otros ocupantes se negaron a irse.
El Incoder les recomendó a los asociados de Soprasar que ocuparan los predios que fueron abandonados. “Fue difícil reagruparnos –recuerda Soto— porque estábamos dispersos en otras poblaciones de Cesar como Urumita, Mariangola o Valledupar. Pero nos metimos y montamos seguridad, que no eran más que cuatro celadores en el día y cuatro en la noche”.
Desde entonces la situación con las familias invasoras que se quedaron no fue fácil. “Nos reuníamos con ellos y acordábamos su salida de la finca, pero cuando nos los encontrábamos en cualquier trocha o camino, eran hostiles.”
Para sorpresa de todos, el 27 de abril de 2009, los ocupantes de Monterrubio interpusieron una acción de desalojo ante la policía de Chiriguana, y la alcaldía fijó la expulsión de los campesinos de Soprasar el 5 de mayo. Si bien tenían el título legal de la tierra adjudicada a ellos por el Incora, lograron congelar esa orden temporalmente, apoyados por la Comisión de Reparación y Reconciliación (Cnrr) del Cesar y por el Procurador Agrario.
A los pocos días, una turba armada con palos, machetes y revólveres, escoltada por hombres armados, se les fue encima a los campesinos de Soprasan. Los hombres armados acorralaron a dos de ellos, Onil Polo Puerta y Ramiro López Velásquez, los lincharon y luego los asesinaron con tiros de gracia en la cabeza.
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Luego del homicidio de sus dos compañeros, Soprasar volvió a pedir apoyo de la Policía y del Ejército. Los presuntos asesinos fueron rápidamente capturados, pero, con la misma velocidad, uno de ellos fue puesto en libertad y otro escapó de la cárcel judicial de Valledupar. El que aun se encuentra detenido decidió colaborar con las autoridades para esclarecer el crimen.
Para Antonio Calvo, coordinador regional de la Cnrr de Cesar, el triste episodio muestra que las Autodefensas en ese departamento no han honrado su compromiso de dejar las armas y restituir las tierras que se robaron a miles de campesinos en la región. “Este es el epílogo de esa tragedia, este caso es políticamente significativo y emblemático porque en un sitio tan pequeño dos procesos de paz se muerden la cola, negándose el uno al otro”, dijo a VerdadAbierta.com.
Las amenazas contra los campesinos de Monterrubio no han cesado. Uno de ellos le dijo a VerdadAbierta.com que éstas provienen de los ex paramilitares, alias ‘El Gordo’, ‘El Buda’, ‘El Mocho’ y ‘Elkin Carranza’, paramilitar que se desmovilizó con el Bloque Norte. Denuncian además que un militar retirado que fue líder de una red de cooperantes en la zona, también ha participado en las nuevas presiones para que dejen su tierra.
Algunos insisten en que aún pueden prosperar en Monterrubio, pero la realidad ha sido muy cruel. Convocaron a unaasamblea y la mayoría decidió tirar la toalla: después de 17 años de hostigamientos, cuatro muertos y largas luchas legales liquidarán a Soprasar. Cada uno está viendo qué rumbo tomar porque ya, con resignación, saben que Monterrubio no será la tierra prometida para sembrar la paz.
