Las vacunas se han vuelto tan cotidianas que los mineros asumen su pago dentro de la canasta de costos. Sin embargo, los recientes hechos ocurridos en Segovia prenden las alarmas sobre la magnitud del flagelo.
Los Urabeños están extorsionando y cierran las minas de quienes se nieguen a pagarles. Foto: archivo Semana.
“El mensaje que nos queda a todos los mineros es que ser criminal paga”. Así describe Rubén Darío Gómez, integrante de la Confederación Nacional de Mineros, organización que agrupa a los pequeños y medianos mineros formales e informales de todo el país, la tensa situación que vive actualmente este gremio en Antioquia por cuenta de las extorsiones.
Se trata de una historia que se ha vuelto recurrente, por lo menos en los últimos diez años, en aquellas regiones donde se extraen minerales: allí, los grupos armados al margen de la ley (que van desde las guerrillas de las Farc y el Eln pasando por las bandas criminales) cobran onerosas extorsiones a quienes desarrollen cualquier actividad minera. Quienes incumplen la imposición ponen en riesgo sus vidas. De esta manera, los ilegales terminan convertidos en reguladores de “facto” de una actividad vital para la economía de la región y del país.
Quizás el mejor ejemplo de lo anterior lo constituyen los recientes hechos registrados en Segovia, uno de los principales productores de oro de Antioquia. La negativa de un grupo de mineros de pagar la vacuna impuesta por el ‘Clan Úsuga’, también conocido como ‘Gaitanistas’, no solo produjo el cierre de las dos minas más grandes de esta localidad, que empleaban diariamente unos 1.600 trabajadores, sino que también elevó los niveles de zozobra entre los pobladores pues muchos temen el resurgir de una ola de violencia, similar o quizás peor a la que azotó a este municipio entre 2012 y 2013.
El drama de las extorsiones no es exclusivo de esta región. En anteriores oportunidades, VerdadAbierta.com ha develado la presión que deben soportar los mineros en otra de las zonas más ricas en yacimientos de oro: el Bajo Cauca antioqueño. El mismo yugo padecen los mineros dedicados a la extracción de carbón en el suroeste antioqueño. Allí, en la región conocida como la cuenca del Sinifaná, ya son varios los casos de personas que prefirieron cerrar sus minas y abandonar la región ante la imposibilidad de pagar las ‘vacunas’ impuestas por los ‘Gaitanistas’.
Extorsión, flagelo que azota al Bajo Cauca
Para Rubén Darío Gómez, se trata de un tema que requiere acciones puntuales y urgentes por parte del Estado toda vez que, a su juicio, la minería se convertirá enla gran opción laboral y económica en un escenario de postconflicto: “nosotros nos estamos preparando para recibir los desmovilizados de la guerrilla. Porque no será la empresa privada la que les brinde trabajo a ellos. Nos tocará a nosotros, que tenemos una actividad económica tan importante como la minería, que además se desarrolla en las regiones”.
Según el último Censo Minero, realizado por el Ministerio de Minas y Energía en 2013, Antioquia es el departamento con mayor número de unidades mineras: 2.025 en total. De ellas, solo el 20 por ciento poseen título. En materia de producción, Antioquia aparece como el primer productor de oro y el cuarto en carbón.
A continuación, un breve panorama de lo que sucede actualmente tanto en el nordeste como suroeste de Antioquia, ambas regiones, de vital importancia en la producción de oro y carbón en el país.
Segovia: la disputa por las rentas del oro
Panorámica de Segovia. Foto: Gobernación de Antioquia.
Cerca de dos mil trabajadores cesantes. Las principales minas del municipio cerradas hasta nueva orden. Un comercio que muere lentamente ante la falta de dinero circulante. Y en el corazón de la gente el temor creciente de que las cosas empeoren con el paso de los días. Es el ambiente que reina hoy en Segovia, nordeste de Antioquia, luego del “plan pistola” decretado por los ‘Gaitanistas’ contra los mineros trabajadores del Grupo Damasa, empresa responsable de la explotación de las minas Providencia, El Silencio y El Castillo.
La tensión se produjo luego que el representante de Damasa, Julio Erazo, se negara a pagar la extorsión que pretendía imponerle la banda criminal. Como retaliación, en las últimas dos semanas los ‘Gaitanistas’ asesinaron a dos trabajadores de Damasa (Fernando Silva y Andrés Bedoya) y lanzaron una granada contra uno de los sitios de trabajo de esta empresa.
Estos hechos se suman a otros eventos violentos que se vienen registrando en este municipio desde mitad de año. “En junio apareció un panfleto en donde nos declararon objetivo militar a todos los miembros de la Mesa Minera de Segovia. En ese momento ningún grupo armado se atribuyó la autoría, pero ahora sí. Disque los ‘gaitanistas”, asegura Gustavo Lezcano, hasta hace poco presidente de esta instancia, quien añade: “la situación es muy complicada. Ya se han presentado varios asesinatos. Muchos negocios están cerrando porque la economía ha decaído mucho. Conozco casos de gente que se ha ido de la región por las amenazas. Hay mucho temor entre la gente”.
El desespero ha llegado a tal punto que no son pocos los mineros que estarían dispuestos a ceder parte de su producción para el pago de la extorsión a la banda criminal, como lo manifestó un minero consultado por VerdadAbierta.com, que pidió reserva de su identidad. “Aquí siempre hay que pagar vacunas. Todos los que trabajamos por nuestra cuenta, pagamos. En el caso de la empresa, pues ellos tienen seguridad propia y pueden negarse”.
Según registros de autoridades judiciales, a la fecha se han presentado alrededor de 30 homicidios, cifra que ubica a la localidad como una de las más violentas del nordeste de Antioquia. Para Lezcano, la actual situación tiene como telón de fondo la inconformidad de una población dedicada en su gran a la minería del oro conlas políticas impuestas por la Gran Colombia Gold, dueña del título de explotación y quien subcontrató la explotación de las minas con el Grupo Damasa.
“Cuando apareció esta empresa fue cuando comenzaron a aparecer estos grupos ilegales, a registrarse todas estas situaciones de amenazas. Y es que nosotros no estamos de acuerdo en la forma en que la Gran Colombia tiene sometido a los mineros a una esclavitud moderna”, declara el expresidente de la Mesa Minera, quien dice que la situación tiende a ponerse peor: “un juez acaba de ordenar el cierre de unas minas que son propiedad de la Gran Colombia, pero que venían siendo explotadas por mineros informales (la medida se conoce como ‘Amparo Administrativo’). Con eso, quedarán cesantes unos tres mil mineros”.
No es la primera vez que en Segovia, el control de las rentas derivadas del oro se convierte en objeto de férrea disputa. Entre 2012 y 2013, ‘Gaitanistas’, ‘Rastrojos’ y una disidencia de estos últimos conocida como ‘Héroes del Nordeste’ convirtieron a los municipios de Remedios y Segovia en un verdadero campo de batalla. Todo por controlar recursos estimados en cinco mil millones de pesos, derivados principalmente de las extorsiones.
Nordeste antioqueño, en guerra por el oro
Hoy, las autoridades departamentales no quieren que la situación se repita. “Hemos aumentado el pie de fuerza en el municipio. Hay investigaciones muy adelantadas y tenemos reportes de que la gente está regresando nuevamente a sus sitios de trabajo”, señala el secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa.
Suroeste: todos pagan
Según Rubén Darío Gómez, de la Confederación Nacional de Mineros, el 99% de las minas en la cuenca del Sinifaná debe pagar extorsión. Foto: archivo Semana.
Luis* está vivo de milagro. En octubre del año anterior sobrevivió a un ataque contra su vida. Sucedió a las afueras del casco urbano de Amagá, uno de los mayores productores de carbón en Antioquia. “Salí de la mina e Iba para el pueblo en mi camioneta. Cuando, ya llegando a Amagá, vi que se vinieron un par de pelados y me encendieron a bala. Siempre le alcanzaron a pegar como cuatro tiros al carro. A mí no me pasó nada”, recuerda Luis.
Días antes, Luis había sido citado a un paraje rural de este municipio por hombres que dijeron pertenecer a la banda criminal de los ‘Urabeños’. Allá, un hombre que se presentó a sí mismo como el comandante de la organización, le exigió el pago de una gruesa suma de dinero mensual, producto de la explotación de carbón que Luis desarrolla en una mina de su propiedad. Pero él se negó.
“Es que no es justo que uno tenga que pagarle a otro de lo que uno ha trabajado”, dice el hombre, quien no oculta su frustración por la actuación de los organismos judiciales: “cómo es posible que, ocho meses después de lo que me pasó, la Fiscalía diga que no ha podido iniciar las investigaciones. Así, cualquiera se desanima a denunciar”.
A pesar del atentado en su contra, Luis continuó trabajando en su mina de carbón. Lo que produce actualmente le da para pagar sueldo a doce personas y solventar sus gastos. “Y me niego a pagar vacunas”, enfatiza. Reconoce que su valentía la tienen pocos en la región. “La gente me dice que yo soy muy osado. Pero es que yo no estoy dispuesto a pagar. Y la verdad es que no todos son capaces de tomar la decisión, porque por aquí, todos pagan”.
Según registros de la Confederación Nacional de Mineros, en municipios como Angelópolis, Amagá, Fredonia y Titiribí, ubicado en el suroeste de Antioquia y que a su vez conforman la región conocida como “cuenca del Sinifaná”, existen unas 250 unidades mineras de carbón, las cuales pueden generar unos cinco mil empleos directos. Y según Rubén Darío Gómez, integrante de la Confederación, el 99 por ciento de estas minas debe pagarle extorsiones a esta banda criminal.
“En municipios como Angelópolis, la cosa es bien delicada. Son varios los casos de minas que han tenido que cerrar porque los tienen quebrados con los cobros de vacunas”, señala Gómez. Entre los mineros de la región también ronda el temor. VerdadAbierta.com intentó dialogar con varios mineros de la región. En todos los casos la respuesta fue similar: “aquí se fueron unos y llegaron otros y es mejor no hablar, ni denunciar ni decir nada”.
