VerdadAbierta.com conoció las propuestas que hacen los oficiales en uso de buen retiro frente al punto de justicia, que se suman al comunicado de cerca de 600 militares presos respaldando las negociaciones.
Juicio a militares en mayo de 2009 por su presunta responsabilidad en la ejecución de ‘falsos positivos’. Foto: archivo Semana.Justo cuando el senador Álvaro Uribe propuso esta semana alivio judicial para los miembros de la Fuerza Pública y cambiar el sistema de justicia transicional pactado en La Habana por una sala en la Corte Suprema de Justicia, diferentes voces militares se comenzaron a escuchar, entre ellas las de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore).
Mientras el gobierno y las Farc discutían en La Habana los seis puntos de la agenda del proceso de paz, que les tomó cuatro años concretar, Acore se reunió en públicoy a puerta cerrada con varios políticos, expertos e incluso algunas veces con algunos de los negociadores del gobierno para discutir cómo el acuerdo involucraría a los miembros de las Fuerzas Militares.
Por eso, no es atípico que ahora que se habla de revisión del Acuerdo Final tras los resultados del Plebiscito por la Paz del pasado 2 de octubre, esta asociación de militares retirados plantee sus propias propuestas, específicamente sobre el punto de justicia para los agentes del Estado.
En un documento que conoció VerdadAbierta.com, Acore propone siete ajustes a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que fue el modelo de justicia transicional pactado en el ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmado por las partes el 26 de septiembre en Cartagena. (Lea las propuestas completas de Acore)
Si bien Acore no defiende literalmente el modelo de justicia creado en La Habana, sí dice que los casos de la Fuerza Pública que lleguen a la JEP sean de ahí en adelante de competencia exclusiva de esa justicia y que si la ‘Sala de Reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de determinación de los hechos y conductas’ considera que los casos no deben ser tratados allí, se cree “una segunda instancia en beneficio del inculpado”.
Es importante aclarar que en el Acuerdo con las Farc no se especifica qué sucede si un caso es rechazado por la Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, el modelo de justicia pactó que la JEP pueda revisar las sentencias ya proferidas a petición de los condenados “por error sobre el hecho o por error manifiesto en su calificación jurídica”.
Al respecto, Acore quiere, además, que la revisión de los casos de la Fuerza Pública se dé cuando después de una sentencia aparezcan hechos nuevos o pruebas no conocidas que “establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad” ycuando se demuestre que se vulneraron las garantías judiciales de los condenados.
Foto: archivo Semana.Otra propuesta es que todos los hechos que involucren a agentes del Estado y vayan a ser investigados por la justicia transicional se establezcan con claridad que fue una “conducta originada dentro del marco del conflicto armado que se haya producido en cumplimiento de una orden formal de operaciones o de carácter fragmentaria”.
En efecto, en el modelo que tiene la JEP hasta el momento, se concibe una Sala de Reconocimiento, cuya primera función será decidir quiénes podrán ser investigados y eventualmente sancionados por la JEP dependiendo si el hecho que cometió fue en relación del conflicto.
Sin embargo, Acore propone que también se incluyan en la JEP todos los hechos y pide que “así sea por motivo abyecto o fútil, debe ser considerado dentro del marco a que se hace referencia”. Actualmente, el Código Penal Militar establece que es un agravante actuar por un motivo “abyecto o fútil”, que significa cometer un hecho con vileza extrema o de una manera desproporcionada.
Otra de las proposiciones de Acore es que a los miembros de la Fuerza Pública se les pueda perdonar la pena no solo por hechos cometidos en el marco del conflicto, sino también por delitos comunes como la falsedadideológica o material en documento público o privado, falsedad personal, prevaricato y fraude procesal.
Esta propuesta puede no ser una opción muy viable en el sistema de justicia transicional, pues el acuerdo insiste en que este modelo será para los miembros de la Fuerza Pública “que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se hará de forma diferenciada”.
Una de las insistencias de la Fuerza Pública es que la justicia pactada en La Habana los tratara de una manera diferencial, pues nunca fueron miembros ilegales, como las Farc, sino que su mandato era proteger el Estado.
El acuerdo tuvo en cuenta esa situación y dedicó un capítulo específico del Proyecto de ley de amnistía e indulto que se iba a presentar el presidente al Congreso. Allí se detalla qué pasará con los militares investigados, con los condenados, en qué ocasiones y cómo se daría una libertad condicional.
Acore quiere que esto no solo se diga en el Proyecto de ley, que está como un anexo de lo pactado en La Habana, sino que además se incluya literalmente en el Acuerdo Final. Por último, la Asociación agrega que los miembros de la Fuerza Pública también puedan acceder a penas alternativas como las que tendrían las Farc, en labores como servicio social, infraestructura y trabajo comunitario, entre otros.
Un respaldo desde la cárcel
Foto: archivo Semana.Otra de las voces que se escucharon esta semana fue la de algunos de los militares presos. En un comunicado, ellos respaldaron el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno nacional y las Farc que, a su juicio, ofrece “por primera vez en estos 50 años de guerra la posibilidad de poner fin al enfrentamiento armado entre colombianos y alcanzar una paz estable y duradera, haciéndole un verdadero y respetuoso reconocimiento a las víctimas de la violencia”.
Además, muestran su apoyo al presidente Juan Manuel Santos y al general Jorge Enrique Mora, un exmilitar respetado en las filas y que hace parte del equipo negociador de gobierno en La Habana.
Tania Parra, directora de la Fundación Fuimos Héroes, una iniciativa que surgió por los familiares de militares presos, asegura que este comunicado fue respaldado por cerca de 600 miembros de la Fuerza Pública.
“Esta iniciativa nace de militares privados de libertad de diferentes centros de reclusión cansados de que organizaciones o partidos políticos quieran decidir por el futuro jurídico de militares detenidos e investigados”, explica Parra, quien considera que es necesario que permanezca “incólume” el trato diferencial para los agentes del Estado que pretende aplicar la Jurisdicción Especial de Paz.
Respecto a al alivio judicial que propuso el senador Uribe, Parra considera que es “inconveniente” porque en la justicia pactada en La Habana se respeta la igualdad que promueve el Estado Social de Derecho, pero entendiendo el trato diferencial que ya está pactado: “Tiene que haber una diferencia porque los agentes del Estado tienen unas garantías que deben otorgarle a la sociedad mientras que la otra parte del conflicto no estaba en la legalidad. Sin embargo, deben ser los mismos efectos jurídicos”.
Si bien Acore y el comunicado de militares presos no hace parte de un mismo grupo, ambos son dos sectores de la Fuerza Pública que se pronunciaron justo después deque ganó el No en el Plebiscito por la Paz y se empezó a buscar una renegociación de lo pactado con las Farc. Ahora falta ver qué tanto se incluyen estas voces en los posibles cambios que se le harían al Acuerdo Final.
