Mientras que el año pasado hubo 1.044 homicidios, en los primeros diez meses de 2009 se han presentado 1.717 casos y el año podría terminar con más de 2000 homicidios, una cifra que no se veía desde el 2003.
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| El incremento de los asesinatos en Medellín se atrivuye a la lucha por el control del narcotráfico y las bandas que dejaron los paramilitares extraditados entre ellos ‘Don Berna’ |
Medellín experimenta una transición criminal violenta que se viene reflejando no sólo en el incremento este año de los homicidios en más del 105% con respecto al año pasado, sino en la aplicación de férreos controles territoriales que derivan en la creación de “fronteras invisibles”, la presión sobre líderes comunitarios y la atomización de grupos armados ilegales de todos los tamaños.
En esencia, lo que se viene dando en la ciudad expresa la ruptura de la unificación de las estructuras paramilitares desmovilizadas que ha derivado en una fragmentación violenta en la que ninguna de las organizaciones ilegales que contienden ha podido hacerse al monopolio de la criminalidad, razón por la cual los índices de muertes violentas van en aumento: mientras que en el 2008 hubo 1.044 homicidios, en los primeros diez meses de 2009 se han presentado 1.717 casos y se estima que al cierre del año la cifra sobrepase los 2.000, una cifra que no se veía desde el 2003, cuando llegó a 2.012 muertes violentas.
Atrás ha quedado la “relativa calma” que produjo la dejación de armas y desmovilización de los bloques Cacique Nutibara (Bcn) y Héroes de Granada (Bhg) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de la poderosa influencia, tanto legal como ilegal, que ejerció el comandante de esas estructuras paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, identificado en el mundo del narcotráfico con el alias de ‘don Berna’, y entre las filas contrainsurgentes como ‘Adolfo Paz’.
Varios factores incidieron en el rompimiento de ese monopolio de la criminalidad que ostentó Murillo Bejarano desde finales del 2003 hasta agosto de 2007: primero, su traslado de la cárcel de Itagüí, cerca a Medellín, a la de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá; segundo, la falta de eficacia de sus relevos en el sometimiento de las bandas conformadas alrededor del proyecto paramilitar en la ciudad; y tercero, la llegada de nuevos actores armados ilegales con la pretensión de disputar el territorio y convertirse en los nuevos “dueños” del poder ilegal urbano.
En el periodo de unificación, la estructura constituida por aquellas organizaciones sociales, políticas, económicas y militares creadas en Medellín y su zona metropolitana posterior a la desmovilización del BCN el 25 de noviembre de 2003, y reforzada por la dejación de armas del bloque Héroes de Granada (BHG) el 1 de agosto de 2005, se caracterizó por mantener la cohesión alrededor de un proyecto centrado en lo urbano que combinaba prácticas legales e ilegales. Las primeras, realizadas en el marco del programa que estructuró la Alcaldía de Medellín y el Gobierno nacional; las segundas, las propias de su dinámica criminal.
La capacidad de intimidación de alias ‘don Berna’, asociada a una supuesta convicción pacifista, llevó a unificar bajo su mando, y a través de complejos procesos de aniquilación, negociación, absorción y dominación, no sólo a decenas de bandas delincuenciales, muchos de cuyos integrantes resultaron beneficiados con el llamado proceso de reinserción de las AUC, sino a numerosas organizaciones sociales, razón por la cual es posible deducir que esa unificación tuvo dos dimensiones complementarias: de un lado, una dimensión legal, y del otro, una dimensión ilegal.
Uno de los aspectos que más llama la atención de esta unificación de la estructuras paramilitares desmovilizadas, que se constituyó en Medellín y en varios municipios del Valle de Aburrá entre los años 2004 y 2007, fue el aprovechamiento de los acuerdos con las autoridades municipales, los cuales favorecieron su penetración en ámbitos sociales y económicos, actuando no sólo como una organización con fines aparentes de reinserción y reconciliación, sino también con propósitos criminales. Además, los desmovilizados del BCN y del BHG utilizaron la lógica del “enemigo” para estigmatizar a todos aquellos sectores de opinión y comunitarios que seoponían o criticaban sus proyectos sociales y criminales.
Pero esa unificación de las estructuras desmovilizadas se vio afectada justamente por el distanciamiento entre don Berna y sus subordinados al ser trasladado el 24 de agosto de 2007 a la penitenciaría de Cómbita, Boyacá. Ese momento no sólo significó una ruptura en las comunicaciones con los hombres bajo su mando, sino la fragmentación de su organización, afectando el equilibrio existente, poniéndole fin al monopolio de la criminalidad que regentaba, provocando el resurgimiento de bandas delincuenciales cuyos aprendizajes paramilitares adquiridos en el pasado están hoy puestos al servicio del mejor postor, y escalando la violencia urbana.
Evidencias recogidas por la Personería de Medellín indican que en la ciudad y en localidades vecinas hay presencia activa de seis organizaciones criminales, tres de ellas nacidas de la llamada Oficina de Envigado, que son la estructura liderada por Eric Vargas, conocido con el alias de ‘Sebastián’; otra bajo el mando de Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’, y la banda de Los Paisas, considerada el brazo rural de la Oficina y comandada por Ángel de Jesús Pacheco Chancí, también conocido con el alias de ‘Sebastián’. Además, habría presencia de la organización criminal Los Rastrojos, bajo el mando de Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’; de la banda de Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’; y de una facción del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), organización de origen paramilitar conformada en los Llanos Orientales por Pedro Olivero Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
Tal fragmentación pone en el centro de la discusión el papel cumplido por el Programa de Paz y Reconciliación, adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín y creado en el 2004, que sirvió de base para crear la Alta Consejería para la Reinserción de la Presidencia de la República. Si bien desde su conformación y hasta mediados de 2009, el Programa alcanzó a atender 4.332 personas y a junio de este año tenía registrados 3.655 participantes, sus efectos fueron realmente más individuales que colectivos.
Diversos análisis resaltan la incapacidad de ese modelo de intervención para romper los vínculos con las estructuras de poder de origen paramilitar y lograr que los desmovilizados se blindaran ante la oferta de participar en actividades ilegales de diversa índole. Cifras de la Alcaldía de Medellín indican que para junio de 2009, la cifra de reinsertados detenidos beneficiarios del Programa de Paz y Reconciliación llegó a 224. A su vez, otro indicador, como el de las muertes violentas ha tenido un crecimiento exponencial: de 14 homicidios ocurridos en el 2004 se llegó, a septiembre de 2009, a 90. Desde noviembre de 2003, cuando se inició el proceso con el Bcn, van 301 homicidios de desmovilizados.
El punto central para el Estado, sea de carácter local, regional o nacional, en relación con la aplicación de políticas públicas efectivas es cómo afectar estas estructuras criminales para evitar que en el largo plazo se unifiquen y reconstruyan una jerarquía que asuma dentro de las comunidades el papel del Estado, suplante sus funciones y se convierta en un referente de justicia y orden social, al margen del Estado de Derecho.
