En un informe enviado a las autoridades locales, regionales y nacionales, se advierte del riesgo que corren los habitantes de cuatro comunas por la guerra entre ‘Urabeños’ y la ‘Oficina de Envigado’.
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| Según la Defensoría del Pueblo, unos 18.500 menores de edad se encuentran en riesgo de reclutamiento en Medellín. |
Cerca de 95 mil habitantes de cuatro comunas y dos corregimientos de Medellín se encuentran en grave riesgo de ser víctimas de actos de terror, amenazas e intimidaciones; extorsiones y retenciones; restricciones a la movilidad; ataques contra la dignidad personal y otro tipo de violaciones, todo por cuenta de la guerra que sostienen actualmente la banda criminal de ‘Los Urabeños’ y facciones de la denominada ‘Oficina de Envigado’ por la hegemonía criminal en la capital antioqueña.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo que, en su más reciente Informe de Riesgo en el que le solicitó a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas –CIAT- emitir una alerta temprana para la ciudad con el fin de que “las autoridades nacionales, departamentales y municipales adopten las medidas pertinentes a efectos de disuadir, mitigar o controlar el riesgo que se cierne contra la población de las comunas y de los corregimientos focalizados”.
La alerta fue solicitada específicamente para las comunas 8, 10, 13 y 16 así como para los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado, ambos en el suroccidente del Valle de Aburrá, escenarios de la cruenta disputa que sostienen tanto ‘Urabeños’ como bandas delincuenciales al servicio de la ‘Oficina de Envigado’ y que según los análisis de la Defensoría, se ha venido intensificandodesde 2010 generando graves vulneraciones a los derechos humanos de los pobladores.
La imposición de ‘fronteras invisibles’ en los sectores en disputa, que mantienen en estado de confinamiento a barriadas enteras; el cobro abusivo de micro-extorsiones o lo que se conoce popularmente como ‘vacunas’, que de acuerdo con los datos recopilados por la Defensoría viene afectando a más de 4.500 pequeños comerciantes de estas comunas y corregimientos; el incremento del reclutamiento de menores de edad y la crueldad y sevicia con que se viene eliminando al contrario, como lo dejan en evidencia los asesinatos y desmembramientos de menores de edad en las comunas 8 y 13 constituyen para la Entidad Estatal indicios más que contundentes sobre la gravedad de la crisis humanitaria de la ciudad que ameritan una intervención integral urgente.
Para el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la situación ya fue puesta en conocimiento del Ministerio del Interior, a quien se le solicitó movilizar por lo menos 18 entidades del Estado, entre ellas la Unidad de Atención a las Víctimas, para que enfrenten conjuntamente la crisis humanitaria derivada del enfrentamiento de estos grupos armados ilegales. “Y afortunadamente así lo ha entendido el Gobierno Nacional. La visita del presidente Juan Manuel Santos (el pasado 18 de marzo) y los anuncios de creación de un Gaula Metropolitano van encaminados a atacar todo este quehacer criminal de las bandas criminales”, declaró el funcionario.
Jaime Carrión, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín, le declaró a VerdadAbierta.com que si bien desde la Administración Municipal se acepta el diagnóstico y los análisis realizados por la Defensoría del Pueblo, también demandó mayor corresponsabilidad del Gobierno Nacional en lo que concierne a la atención de las víctimas de este conflicto armado.
“Tenemos muchas dificultades en la valoración que debe hacer el Gobierno Nacional de las víctimas, por ejemplo”, dijo Carrión, quien explicó que “como Administración Municipal, nosotros tenemos que entregar una ayuda humanitaria a quien se acerca a nosotros declarándose como víctima. El Gobierno Nacional debe valorar ese caso, en un plazo máximo de tres meses, para determinar si es víctima o no. Y después, debe asumir la manutención de esa persona. Pero se está demorando hasta un año. A nosotros nos toca asumir esos costos y eso nos está generando un gran déficit presupuestal, pues desafortunadamente, cada vez son más lasvíctimas”.
Para Carrión, también urge que la Unidad Nacional de Protección ajuste sus tiempos a la realidad de la ciudad, pues “para citar casos, el año pasado tuvimos 36 líderes seriamente amenazados y varios de ellos esperaron hasta tres meses a que la Unidad hiciera la valoración para que al final les entregaran un chaleco antibalas. Eso no se compadece”.
Recrudecimiento
¿Y cuál es el planteamiento de la Defensoría del Pueblo con respecto a la situación de Medellín? En su Informe, la Entidad Estatal señala que el conflicto armado, particularmente en los territorios señalados, tiende a agudizarse por cuenta de la intensión de la banda criminal de ‘Los Urabeños’ de colonizar territorios y actividades controladas por la ‘Oficina de Envigado’, lo que presupone la llegada a la ciudad de gente con poder y experiencia militar proveniente de la región de Urabá, así como de los departamentos de Córdoba y Chocó.
Lo anterior comienza a ser evidente en algunos barrios de Medellín, como Villa Liliam, La Sierra y Las Mirlas, de la Comuna 8, centro-oriente de la ciudad, donde se observa una fuerte presencia de los ‘Urabeños’. La zona encierra un gran valor estratégico pues desde allí esta banda criminal podría lanzar su ofensiva, bien por la cuenca de la quebrada Santa Elena, lo que les permitiría dominar la Comuna 9, o bien bordear el Cerro Pan de Azúcary combatir al combo que delinque en el sector conocido como 13 de Noviembre, que se estima lo integran no menos de 150 hombres.
Salir vencedores en esta disputa le significaría a los ‘Urabeños’ tener todo el dominio de la Comuna 8 y, una vez controlada toda la franja centro-oriental de Medellín, tendrían una posición de avanzada para someter la zona nororiental, donde ya se registra presencia de esta banda criminal, principalmente en la Comuna 1, en límites con el municipio de Bello, donde se rumora con insistencia que bandas delincuenciales de esta localidad del norte del Valle de Aburrá ya tejieron alianzas con la banda criminal de Urabá.
De ser cierto, señala la Defensoría en su análisis, ‘Los Urabeños’ estarían en capacidad de competir con el poder criminal que históricamente ha tenido una organización criminal conocida como ‘Los Triana’ en las Comunas 1, 2, 3 y 4. De igual forma, sostiene la Entidad Estatal, ‘Los Urabeños’ estarían intentando controlar en su totalidad las Comuna 13 y 16 así como los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado ya que, de lograrlo, estarían en capacidad de expandirse hacia el norte, buscando el control de las Comunas 5, 6 y 7.
El análisis no parece desacertado si se tiene en cuenta que en los tres primeros meses de 2013, estas tres últimas comunas han evidenciado un incremento de hechos violentos como los enfrentamientos, asesinatos colectivos y panfletos intimidatorios, como el que circuló el pasado 21 de febrero donde se prohibió el ingreso a las instituciones educativas de los barrios Villa Flora y Bello Horizonte en la Comuna 7.
“De lograr el dominio de los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado, como se sospecha que ya lo estarían logrando, ‘Los Urabeños’ podrían entrar a Itagüí y La Estrella y propiciar un enfrentamiento con la banda de La Unión–Calatrava y con ello lograrían el sometimiento de todas las estructuras criminales de la ciudad que estaban bajo el control de la ‘Oficina de Envigado’, consolidando su centro de poder en Medellín y todo el Valle de Aburrá”, advirtió la Defensoría.
Dicho panorama configura un escenario de riesgo directo sobre los niños, niñas y adolescentes; los defensores de derechos humanos, las mujeres, los líderes sociales y comunitarios; las agrupaciones artísticas y culturales; comerciantes, personal de instituciones educativas, transportadores y comunidad LGTBI de las comunas antes señaladas.
Llamados de alerta
Y es que los antecedentes en materia de vulneración de derechos humanos para las poblaciones antes descritas no son para nada halagadores. Para la Defensoría es altamente preocupante la situación de alto riesgo en que se encuentran por lo menos 18.500 jóvenes de los sectores en mención y cuyas edades oscilan entre los 10 y 19 años de edad, debido a las presiones de reclutamiento y vinculación forzosa que puedan llevar a cabo los grupos armados ilegales actualmente en disputa.
“Es lamentable que muchas de las víctimas de homicidios sean menores de edad y, lo que es peor, es que los autores también son menores de edad. Por eso hemos hecho unas recomendaciones y hemos solicitado la presencia del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)”, declaró el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
No menos preocupante catalogó también la Defensoría la situación de por lo menos 15 mil mujeres residentes en las comunas 10 (Candelaria), 16 (Belén) y 13 (San Javier), pues fueron precisamente en estas zonas de la ciudad donde se registraron los mayores casos de homicidios de mujeres y feminicidios en 2012 (15 casos de homicidios; 10 casos y 7 casos respectivamente) y que a su vez, coinciden con los sitios donde se registran mayores enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Igualmente, advierte la entidad oficial, las niñas, adolescentes y mujeres en estos sectores se encuentran expuestas a actos de explotación sexual con fines comerciales, violencia sexual y prostitución forzada.
El recrudecimiento del conflicto en Medellín también eleva el riesgo para los defensores de derechos humanos, los líderes barriales, las agrupaciones artísticas y culturales, toda vez que estas, en su labor de mostrar el conflicto en sus territorios, se han convertido en blanco de los grupos armados.
Según el Informe de Riesgo, en el 2012 se registraron 29 agresiones contra dirigentes barriales, miembros de ONG y defensores de derechos humanos de la Comuna 8 mientras que en la Comuna 13 la situación el año inmediatamente anterior fue realmente preocupante: 181 casos de agresiones, de las cuales 111 fueron amenazas directas y 67 fueron desplazamientos forzados intraurbanos.
La situación de las instituciones educativas de la ciudad también fue objeto de análisis por parte de la Defensoría. Los resultados no son para nada alentadores. Las llamadas ‘fronteras invisibles’ se están convirtiendo en la principal causa de deserción escolar, situación que se ha venido incrementando en los últimos tres años. Según la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), entidad citada en el Informe de Riesgo, mientras en el 2010 la deserción en Medellín alcanzó un porcentaje del 3.4%; para 2011 la cifra subió al 4% y ya para 2012 el total de la población matriculada que desertó del sistema escolar alcanzó un 4.4%.
En la Comunas 8 las cifras sobre este particular son realmente alarmantes: allí la deserción alcanzó un porcentaje cercano al 40%, mientras que el 35% de la población infantil registró una deserción temporal; es decir, la asistencia a las instituciones educativas dependió en buena medida de la dinámica y la intensidad de la confrontación entre los grupos armados ilegales. “Los programas de atención a la primera infancia, programas como hogares infantiles, madres comunitarias, Buen Comienzo, prácticamente han tenido que suspender sus servicios afectando a esta población y sus familias, que deciden no exponer a sus niños al fuego cruzado. Las más afectadas son las madres cabeza de familia que se hallan en extrema pobreza”, consignó Informe.
“En la Comuna 13 (San Javier), -continuó el Informe en sus apartes- el combo de El Salado se reúne en las inmediaciones del Liceo de las Independencias, cuyos estudiantes son intimidados mediante fuertes golpizas que les propinan a la salida de clases, convirtiendo la escuela en un territorio de disputa, dada la confluencia de jóvenes provenientes de diversos sectores. La alcaldía de Medellín tuvo que disponer de transporte especial para los jóvenes del barrio El Corazón, que no podían estudiar en el liceo del barrio Belencito, como consecuencia de las fronteras invisibles”.
