La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Fiscalía que investigue a fondo si en ese hecho, perpetrado en el nordeste de Antioquia y que dejó 12 campesinos muertos, tendría algo que ver el expresidente y actual congresista. El señalamiento lo hizo un exparamilitar del Bloque Metro que participó en esa incursión armada
“El objetivo era ir a Cañaveral a sacar el ganado, las bestias de pura sangre, como nos dijo ‘Doble Cero’, que eso era del señor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, narró el exparamilitar Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’, ante los tribunales de Justicia y Paz para explicar la incursión armada en la vereda Cañaveral, del municipio de Remedios, ocurrida el 7 de julio de 2001.
Giraldo Arias hizo parte del comando armado del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que perpetró la acción armada en aquella región del nordeste antioqueño y mató a 12 campesinos tras señalarlos, de manera arbitraria, de ser “colaboradores de la guerrilla”.
Por esa declaración, dada el 28 de noviembre de 2013 en ese escenario de juzgamiento transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Fiscalía que amplié la diligencia rendida por alias ‘El Indio’ con el fin de recabar “sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la incursión armada a la vereda de Cañaveral […] de tal suerte que de encontrar alguna implicación del citado ciudadano, el ente acusador, como titular de la acción punitiva del Estado, deberá iniciar la investigación penal que corresponde”.
Esa orden está contenida en la sentencia condenatoria, de primera instancia y de carácter parcial, proferida por ese tribunal el pasado 12 de febrero contra Javier Alonso Quintero Agudelo, alias ‘Manguero’; Diego Armando Villada Villa, alias ‘El Ciego’; Luis Carlos Cardona Gallego, alias ‘Bamban’; ‘Carlos Mario Lotero Espinosa, alias ‘El Chusco’; Juan David Sierra Ocampo, alias ‘Bomba’; Edison Payares Berrío, alias ‘Lázaro’; Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’; John Darío Giraldo, alias ‘Canelo’, El Flaco o El Mono’; y Carlos Alberto Osorio Londoño, alias ‘Rungo’, exintegrantes del Bloque Metro de las Accu.
Los nueve exparamilitares fueron juzgados y condenados, en promedio, a ocho años de prisión en cumplimiento de la pena alternativa consagrada en la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, en su calidad de postulados a los beneficios de esta norma transicional, aplicada a quienes se desmovilizaron de manera individual y colectiva bajo los acuerdos logrados en el con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador de la República por el Centro Democrático.
La decisión, de 2.243 páginas, hace un pormenorizado recuento de la génesis del Bloque Metro desde su creación, en 1998 en el nordeste antioqueño, asociándola a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir El Cóndor, que estuvo representada por Luis Alberto Villegas Uribe, un viejo socio de la familia Uribe Vélez, y apoyada por el confeso narcotraficante y financiador del paramilitarismo Santiago Gallón Henao.
Una vez constituido, comenzó su expansión hacia diversas regiones de Antioquia con el fin de atacaar a las guerrillas de las Farc y del Eln, logrando una presencia y dominio en 45 municipios de las regiones del nordeste, norte y oriente del departamento, incluida Medellín y el área metropolitana. Por guerras entre mandos paramilitares, buena parte de sus hombres, incluido alias ‘Doble Cero’, fueron asesinados y la estructura exterminada a finales de 2004. (Leer más en: El hombre que creó el bloque Metro y lo exterminó)
La creación de esta estructura armada, que desde su comienzo estuvo comandada por Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido con los alias de ‘Rodrigo Doble Cero’, ‘Doble Cero’ o ‘Rodrigo Franco’, ha sido una larga sombra que ha cobijado a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez tras ser señalados por antiguos exparamilitares de haber participado en su creación facilitando para ello la Hacienda Guacharacas, de su propiedad, situación que hasta el momento no ha sido definida por la justicia. (Leer un amplio contexto en: Bloque Metro, el fantasma que ronda a Álvaro Uribe Vélez)
La sentencia también hace alusión a la presión que ejerció ese bloque paramilitar en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002, que dejó como ganador a Uribe Vélez en representación del movimiento político Primero Colombia, quien luego creó el partido Centro Democrático y aspiró al Congreso de la República.
Tragedia en Cañaveral
Los hechos por los cuales se pide corroborar si el senador Uribe tuvo algún tipo de responsabilidad revelan la barbarie con la que actuaron los hombres del Bloque Metro de las Accu en su supuesta guerra contrainsurgente.
Las primeras descripciones de la atroz matanza quedaron registradas un día después de la incursión armada en las declaraciones entregadas por varios testigos y sobrevivientes en la estación de policía del casco urbano del municipio de Remedios.
La sentencia de la Sala de Justicia y Paz reseña el testimonio del campesino Leonel de Jesús Álvarez Guerra, quien vio asesinar a uno de sus familiares: “Estando reunidos los uniformados nos sacaron uno por uno a preguntarles cosas como que si la guerrilla estuvo ahí y cosas referentes a la guerrilla y cuando le tocó el turno a él, lo llevaron y le preguntaron, no sé qué contestó y cuando vi uno de ellos sacó una pistola y le disparó en la cabeza y cuando cayó le pegó tres tiros más y luego nos mandaron para la casa”.
Uno de los momentos más dramáticos y tristes lo vivió en aquel fatídico 7 de julio de 2001 el labriego José Aníbal Cartagena. En declaraciones dadas seis años después a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, detalló la muerte de su esposa, Abigail Úsuga Goez, y de su hijo por nacer. Al momento de la incursión armada, la señora se encontraba en trabajo de parto, por lo que su familia le solicitó a los paramilitares que la dejaran llevar hasta un lugar donde recibiera atención médica, pero no lo permitieron, “aludiendo que prefieran matarla que dejarla salir de la zona”, se lee en el fallo.
El esposó narró lo sucedido: “Ese día al verla tan enferma la bajamos en hamaca y cuando llegamos al camino, ya venía la tropa matando los arrieros que iban bajando, nos dejaron pasar con la enferma hasta el caserío pero de ahí ya no nos dejaron salir hasta el otro día… El niño nació el domingo 08 de Julio en la madrugada pero nació muerto y ella murió el 08 de Julio como a las 10 de la mañana… Ella fue enterrada en el cementerio del caserío en un ataúd de madera junto con otros que murieron ese día”.
La decisión judicial también contiene el testimonio entregado por Gloria Cecilia Jiménez Gil a la Fiscalía, un año y medio después de lo sucedido, en el que detalla cómo murió su padre, Ramón Ángel Jiménez Gil y uno de sus amigos: “Un señor arriero de nombre Alfonso Arenas iba con mi papá, ellos se encontraron con un señor Marcos que es un paramilitar y los detuvieron y le dijo a mi papá que si ya lo había jubilado las Farc y que lo iban a matar, mi papá les dijo que mejor preguntaran primero y el señor Marcos le dio un tiro en el cuello y ahí dejaron los cadáveres hasta el otro día que los recogieron y yo no reclamé a mi padre por temor a que me mataran”.
La tragedia también enlutó el hogar de Ofelia del Carmen Restrepo Gómez, esposa del arriero Rodrigo de la Cruz Arismendi Tobón, a quien mataron delante de sus dos hijas en uno de los caminos veredales. La campesina detalló en su declaración ante Justicia y Paz, en mayo de 2013, que aquel día de la incursión asesinaron a 17 personas más.
“Hubo familias que enterraron a sus víctimas, otros los sacaron al pueblo. Después de los homicidios, los paramilitares reunieron la gente nuevamente y dijeron que los habían asesinado por colaboradores de la guerrilla y la gente empezó a desplazarse por temor, robaron los animales y hurtaron pertenecías de las personas, a mi esposo le robaron una plata y hasta los zapatos. Yo me quedé viviendo en la casa de una cuñada como 20 días y después me vine para Medellín. Al año vendí la Finca regalada”, declaró la mujer.
Versión de exparamilitares
De acuerdo con la confesión de alias ‘El Indio’, en la incursión armada participaron cerca de 150 combatientes que conformaban cinco grupos de contraguerrilla del Bloque Metro y su preparación se hizo la noche anterior en una vereda conocida como La Brava, de Remedios. El propósito era realizar una masacre contra los pobladores de Cañaveral, a quienes acusaban sin fundamento de ser supuestos “colaboradores de la guerrilla”.
Para aquellos años trasegaban por esa región el Frente 4 de las antiguas Farc, que tenían amplio dominio de algunas regiones del nordeste y del Magdalena medio antioqueños; y los frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago, del Eln.
Luego de concertar los detalles, ese nutrido grupo de paramilitares, dotado con armas cortas y largas, y vistiendo prendas de uso militar, partió hacia la vereda en dos camiones hasta un punto del camino, donde se bajaron y caminaron por cerca de tres horas hasta llegar al caserío de Cañaveral. La incursión iba comandada por John Jairo Restrepo Marín, alias ‘Marcos’.
“El objetivo era ir a Cañaveral a sacar el ganado, las bestias de pura sangre, como nos dijo ‘Doble Cero’, que eso era del señor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, precisó alias ‘El Indio’ durante una diligencia de versión libre rendida el 28 de noviembre de 2013 ante fiscales de Justicia y Paz, como uno de sus aportes a la verdad para lograr beneficios judiciales.
Una vez en la vereda, “tomaron posición, aseguraron los puntos más altos y empezaron a distribuirse por todo el lugar; luego, procedieron a reunir a toda la población y apartaron los hombres de las mujeres. Los criminales les hacían preguntas relacionadas a la supuesta colaboración o simpatía de estas personas con organizaciones subversivas”, detalla la decisión judicial.
Luego de controlar el sitio, continúa la sentencia, “y siguiendo órdenes de alias ‘Marcos’, los criminales empezaron a asesinar a miembros de la comunidad, la mayoría de ellos, arrieros y trabajadores de la tierra que, a esa hora, ya había iniciado su jornada laboral”. De acuerdo con alias ‘El Indio’, “las víctimas no fueron torturadas, la orden era matar a lo que encontráramos matar a todo mundo, el motivo era porque eran colaboradores de la guerrilla”.
Una vez finalizada la matanza de campesinos, los paramilitares del Bloque Metro reunieron a los sobrevivientes para explicarles las supuestas razones de la masacre, los conminaron a ignorar a la guerrilla y les dieron la orden de no recoger los cadáveres hasta el día siguiente; asimismo, “les prohibieron el desplazamiento masivo, indicándoles que debían continuar trabajando ‘como si nada’”; no obstante, 31 familias se desplazaron de la zona, dejando atrás sus pertenencias y sus muertos.
De acuerdo con lo consignado en la sentencia, que recoge testimonios de víctimas y victimarios, “en su retirada y a manera de intimidación, los homicidas prendieron fuego a varias viviendas, entre ellas la casa donde funcionaba la Asociación de Plataneros, para finalmente advertirles a los ciudadanos que, si llegaban a ver miembros de la subversión, volverían y realizarían una nueva masacre. También hurtaron ganado, mulas y caballos de paso fino”.
Uno de los aspectos que llama la atención de este fallo, con relación a las víctimas de la matanza, es que algunas de ellas aún sigue enterradas en la zona: “Advirtió la Fiscalía de la causa, que varios de los cadáveres de las víctimas de homicidio fueron inhumados por los propios moradores del lugar en fosas comunes, no siendo posible aún su exhumación y consecuente identificación plena”.
Votos a favor de Uribe
De acuerdo con los análisis realizados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, una vez que el Bloque Metro consolidó su poder militar y dominio territorial, “infiltran las administraciones municipales y departamentales, apropiándose de recursos, a través de contrataciones, contando a la par con el apoyo de algunas instituciones estatales”, logrando “un control en todos los campos en sus lugares de asentamiento; situación que facilitó el desplegar delictivo en contra de los civiles ajenos al conflicto armado”.
Con relación a la influencia electoral, particularmente en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002, el fallo cita versiones dadas el 15 de septiembre de 2011 por el exparamilitar Luis Adrián Palacio Londoño, alias ‘Diomedes’, a fiscales de Justicia y Paz.
Preguntado en esa ocasión si el Bloque Metro tuvo alguna injerencia “en la elección de alcaldes, concejales, diputados de congresistas, de presidente de república, que hubiesen presionado a la población civil, exigido de votar por A, B o C candidato”, el exparamilitar contestó que sí.
“A mí me tocó en las elecciones de presidencia de 2001 o de 2002 me parece que fue, eso fue para presidente del doctor Álvaro Uribe, y nos tocó presionar todo el Nordeste para que votaran el nombre del señor Álvaro Uribe, porque esa era la orden de Rodrigo ‘Doble Cero’”, explicó alias ‘Diomedes, y agregó que a “todo patrullero que tuviera la cédula inscrita y quisiera votar que tenía que votar por Álvaro Uribe”.
El exparamilitar puso como ejemplo de esa injerencia electoral lo ocurrido en el municipio de Gómez Plata: “A la comunidad se le obsequiaba mercados, sumas de $150.000 a las familias muy pobres para que depositaran su voto al señor Álvaro Uribe”.
En su versión ante la justicia, este exparamilitar indicó que las votaciones de aquel 26 de mayo de 2002 en las zonas donde el Bloque Metro tuvo injerencia fueron masivas: “El doctor Uribe era el más opcionado, el socio y el amigo del que nos iban a legalizar. Ese era el pago a todos, que nos iban a legalizar […] como al Ejército o a la Policía, personas legales, ese fue el dicho que llegó al Bloque Metro y por eso se hicieron tantas cosas para presionar la gente para que votara por el doctor Álvaro Uribe”.
Finalmente, el candidato Uribe Vélez, quien fue avalado por el movimiento Primero Colombia, ganó las elecciones con un 54,51 por ciento de los votos, superando con una amplia ventaja al segundo, que sólo logró sumar el 32,68 por ciento de los sufragios. En su primer periodo de gobierno, logró un acuerdo de desmovilización y desarme con el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que aglutinó a las distintas estructuras paramilitares del país, que se concretó entre diciembre de 2003 y agosto de 2006.
Mayor investigación
Dado que en otras sentencias relacionadas con el juzgamiento de exparamilitares en Justicia y Paz se han realizado sendas compulsas de copias a la Fiscalía para que sean investigados cientos de políticos, militares, policías y civiles que habría favorecido la causa contrainsurgente, en este nuevo fallo reclamó mayor atención al respecto. (Leer más en: Sala de Justicia y Paz pedirá investigar al expresidente Uribe por paramilitarismo y La sentencia del Tribunal de Medellín: más allá de Uribe)
A la Fiscalía la requirió para que “amplié las versiones libres de los desmovilizados, declaraciones de expostulados y víctimas” sobre la supuesta “relación que existió entre el Bloque Metro y varios políticos, servidores públicos y ciudadanos”, con el fin de que “en futura vista pública presente a la Sala la relación que tuvieron las personas allí enunciadas con la organización delincuencial, y compulse las copias a que haya lugar, en caso de que no se haya desplegado”.
En ese mismo sentido, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín exhortó “a la Procuraduría General de la Nación para que conforme una agencia especial, así como a la delegada de la Fiscalía General de la Nación y se efectué de manera pronta y eficaz un verdadero seguimiento a las compulsas de copias efectuadas, ello en aras de garantizar una correcta impartición de justicia y la investigación efectiva de todos los implicados con el conflicto armado interno, así como los derechos de las víctimas y la sociedad”.
Finalmente, y dado que el fallo proferido es de carácter parcial, ya que aún queda más por investigar en el proceso del Bloque Metro, se exhortó a la Fiscalía para presente ante la Sala de Justicia y Paz “un informe completo y detallado de la actuación delictiva orquestada entre algunos miembros del Estado y el Bloque Metro, de cara a estudiar y develar el fenómeno delictivo de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’; el cual se requiere para robustecer el presente pronunciamiento judicial”.
