El asesinato de una gobernadora indígena y de cuatro comuneros a manos de un comando armado, ocurrido el pasado martes, pone de presente, una vez más, la presión que enfrentan aquellos que lideran la defensa del territorio ancestral en el norte de Cauca. Voceros de las comunidades denuncian inoperancia de las autoridades y una estrategia criminal para romper su tejido organizativo. A esas quejas se suma la Defensoría del Pueblo.
“La cuestión no es sólo Toribío, es un ataque contra todo el movimiento indígena”, dice, adolorido, un vocero de los indígenas Nasa al tratar de explicar por qué están siendo atacados por grupos armados durante los últimos años, particularmente desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc.
El último ataque contra las autoridades Nasa y su Guardia Indígena ocurrió el pasado martes en zona rural del resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío, en las montañas del norte de Cauca, cuando integrantes de un grupo armado, al que se identifica como ‘Columna Dagoberto Ramos’, atacaron a un grupo de indígenas que trataban de ejercer soberanía sobre su territorio.
En la acción armada, acometida con fusiles y granadas, perdieron la vida la autoridad indígena Cristina Bautista y los guardias indígenas Asdruval Cayapú, Eliodoro Finscué, James Wilfredo Soto y José Gerardo Soto. Además, resultaron heridos Matías Montaño Nuscué, José Norman Montaño Noscué, Crescencio Peteche Mensa, Dora Rut Mesa Peteche, Alver Cayapú y Rigelio Taquinás.
Fuentes de las comunidades Nasa consultadas explican que esa incursión armada fue “una retaliación” por una acción humanitaria que hizo el cabildo. “El cabildo intentó recuperar unas personas que iban a ser ejecutadas por este grupo armado. Al recuperarlas, hubo esa reacción desmedida, desproporcionada, y con sevicia de este actor armado: una acción de tipo emboscada, utilizada sólo entre unidades militares; portando fusiles y granadas”, afirma un líder indígena quien pidió la reserva de su nombre.
Este ataque criminal se suma a otros más que han ocurrido en los últimos meses en Toribío. La reciente racha violenta comenzó el pasado 25 de julio cuando en la vía que va del corregimiento de El Palo al casco urbano, a la altura del sitio conocido como La Chivera, hombres armados dispararon y arrojaron dos granadas a la camioneta en la que se movilizaba un grupo de guardias indígenas, sin que dejara víctimas mortales.
Luego, en la tarde del 1 de agosto fue asesinado Gersaín Yatacué, coordinador de la Guardia Indígena en el sector de San Julián, del resguardo de Toribío, por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Tres días después fue acribillado Enrique Güejia, médico tradicional y alguacil del cabildo de Tacueyó, cuando transitaba a las 5 y 30 de la mañana por la vereda La Luz, portando su bastón de autoridad indígena.
Otro ataque más se registró diez días después cuando hombres portando fusiles dispararon de manera indiscriminada y a plena luz del día contra los pasajeros de un bus-escalera (chiva) que se dirigían a la Feria del Café en el municipio de Toribío. El feroz ataque segó la vida de los guardias Kevin Mestizo Coicué y Eugenio Tenorio. En esa ocasión, cinco nativos resultaron heridos, entre ellos una menor de edad. (Leer más en: La fatal deuda con las Guardias Indígena y Cimarrona del norte de Cauca)
Cifras del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) precisan que durante este año se han cometido por lo menos 53 asesinatos contra miembros de los pueblos nativos, incluidos los homicidios de Tacueyó; de ellos, han muerto seis autoridades, una de ellas espiritual, y 15 guardias. Es decir, casi la mitad de los asesinados tenían cargos organizativos dentro de sus comunidades.
Adicionalmente, la organización Somos Defensores, que desde hace diez años le hace un detallado seguimiento a la situación de riesgo que padecen los defensores humanos en el país, aseveró que de las 591 agresiones ocurridas entre enero y junio de este año, registradas en su Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, 115 de ellas se presentaron en Cauca, siendo el departamento con mayor ocurrencia en el país, seguido de lejos por Arauca, con 48 casos, y Antioquia, con 40.
¿Pero qué es lo que ocurre en Toribío, que ha generado este nivel de violencia que están pagando las autoridades ancestrales y su Guardia Indígena? Las respuestas están en las voces de sus líderes, algunos de los cuales prefieren hablar bajo estricta confidencialidad, teniendo en cuenta los riesgos que corren.
Romper el tejido
“La cuestión no es sólo Toribío”, reitera el vocero de los Nasa, que prefiere el anonimato. “Es un ataque contra todo el movimiento indígena que ha expresado una posición y ellos se ven afectados”. ¿Y a quiénes se refiere como “ellos”? Justamente a la llamada ‘Columna Dagoberto Ramos’, que tras el desarme de las extintas Farc, comenzó a operar en un amplio cordón montañoso del norte caucano, donde proliferan los cultivos de marihuana y de hoja de coca para uso ilícito.
“Por las características geográficas y las redes de apoyo que han hecho con el narcotráfico pueden facilitar su acción en el área”, precisa la fuente consultada, un líder indígena que conoce de primera mano lo que ocurre en la región. Pero a ese poder criminal se le han opuesto las autoridades de los cabildos de Tacueyó, San Francisco y Toribío.
Pese a tanta acción violenta acometida por los supuestos miembros de la ‘Columna Dagoberto Ramos’, el vocero Nasa consultado afirma que los criminales se han topado con “la parte de la estructura organizativa más fuerte, las autoridades indígenas de Toribío, que tienen capacidades logísticas y políticas para hacer control territorial y no las han podido doblegar”.
Esa resistencia viene de tiempo atrás y se refleja, por ejemplo, en la constitución del CRIC en la vereda La Susana, del resguardo de Tacueyó, el 21 de febrero de 1971. “Los golpes que ha recibido Toribío durante toda la historia de la guerra los transformaron en fortaleza para resistir en el territorio y se ha trabajado a nivel organizativo”, detalla el líder Nasa consultado; y no es para menos, pues a lo largo del conflicto armado, sus habitantes sufrieron alrededor de 600 hostigamientos y las Farc detonó una chiva-bomba en su cabecera municipal.
En la actualidad, el CRIC representa a 126 cabildos y 11 asociaciones de cabildos de los pueblos Nasa, Misak, Yanacona, Kokonuko, Eperara– Siapidara, Totoroes, Kisgo, Inga, Ambaló y Polindara, y desde esta organización se han liderado procesos de reclamación ante el Estado colombiano apelando a la minga, una de las estrategias de los indígenas del norte de Cauca para llamar la atención, la última de las cuales se registró entre el 10 de marzo y el 6 de abril de este año. Su prolongada protesta, que implicó bloqueos a la vía que va de Cali a Popayán, generó malestar en amplios sectores sociales, económicos y políticos del país.
Jhoe Nilson Sauca, coordinador de derechos humanos del CRIC, cuestiona al Estado por su aparente ineficiencia en atacar a las organizaciones criminales que acosan a los indígenas del norte de Cauca y asegura que esa actitud tiene un objetivo: “La lectura nuestra es que hay cierta quietud por parte del Estado para dejar que estos grupos delincuenciales empiecen a debilitar las estructuras organizativas y eso es un grave riesgo que genera a los territorios y a la pervivencia de los pueblos en las comunidades”.
¿Pero toda esa “quietud” estatal es por inoperante o puede ser adrede? Haciendo referencia al actual contexto de esa región, Sauca responde que podría ser de las dos formas: “Una, porque hemos venido denunciando irregularidades frente al actuar de la Fuerza Pública en términos de sus obligaciones constitucionales; pero es claro que hay una insuficiencia para garantizar la vida y el desarrollo de los planes de vida de los pueblos indígenas. Eso implica que todo tiene una relación para querer desestabilizar el tema organizativo”.
En la interpretación de lo que viene ocurriendo en los dos últimos años en el norte de Cauca, Sauca plantea que desde las comunidades indígenas han se ha pregonado “el respeto por el derecho propio, por el transitar libremente los territorios, porque podamos desarrollar la política construida desde los pueblos para fortalecer nuestras dinámicas propias”, pero todo ello, a su juicio, requieren “un conjunto de tareas y acuerdos”.
El problema, plantea Sauca, es que las respuestas del Estado han sido poco claras y, en ocasiones, carece de voluntad política: “Hay que recordar que de la última minga el gobierno nacional ha cumplido sólo un 19 por ciento del Plan de Acción de este año, lo que implica un nivel muy bajo de cumplimiento con lo pactado”.
Además, los puntos establecidos en el Acuerdo de Paz también registran incumplimientos en su implementación afirma el líder del CRIC: “Y no sólo para los pueblos indígenas sino para la comunidad rural que vivió la violencia de este conflicto. Y eso es parte de lo que genera todo este asunto de violencia, de asesinatos, de lo que está pasado hoy”.
En alerta desde 2017
La situación de zozobra que padecen las comunidades indígenas del norte de Cauca, especialmente aquellas que habitan Toribío, Jambaló y Caldono, fue registrada en el Informe de Riesgo 032-17, fechado el 6 de julio de 2017 y emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
En ese documento, la agencia del Ministerio Público estableció un contexto de riesgo para la población civil determinado por “el surgimiento de disidencias y la aparición de grupos armados ilegales que años antes no tuvieron presencia en el territorio y que ahora pretenden llegar a los espacios vacíos que han dejado las FARC-EP” tras la firma del Acuerdo de Paz. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)
De acuerdo con la Defensoría, tanto aquellos grupos que son calificados como disidentes de las Farc, así como varios más que aparecieron en la región, “han estado presionando e intimidando las autoridades tradicionales indígenas de los resguardos Toribío, Tacueyó y San Francisco (del municipio de Toribío) y a los Nej Wexs (consejeros) del municipio de Jambaló”.
Con respecto a los procesos de resistencia, el documento de esta agencia estatal planteó hace dos años que si bien eran un factor de protección, “que genera visibilización de su labor como defensores de derechos humanos, de la labor de denuncia y oposición a agentes externos”, también es cierto que “los expone a las retaliaciones de los grupos armados y a diferencias con otros sectores de la sociedad”, generando mayor vulnerabilidad de la organización indígena “ante los grupos armados al margen de la ley, quienes pretenden controlar a las comunidades y al territorio”.
En un nuevo pronunciamiento, esta vez a través de un documento enviado el 9 de agosto de este año a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), creada a partir del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, la Defensoría del Pueblo renovó sus advertencias y expuso los riesgos que corre la Guardia Indígena de los pueblos del norte del Cauca, especialmente de los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Toribio y Jambaló.
“Frente al avance de los grupos armados ilegales y la débil presencia estatal, las guardias indígenas se han convertido en factores de protección gracias a su labor de defensa del territorio y los procesos adelantados en el marco de la justicia propia, constituyéndose en un importante factor para el ejercicio de soberanía en sus territorios, lo que ha traído consigo amenazas, atentados y homicidios, especialmente contra quienes coordinan la guardias y sobre las autoridades tradicionales que lideran los cabildos y resguardos”, se asevera en el informe defensorial.
Y a esa “débil presencia estatal” se suma como factor de riesgo, siguiendo el documento de la Defensoría, “la falta de reconocimiento material de las autoridades locales y departamentales respecto del papel de protección y control territorial, así como el ‘desconocimiento’ e irrespeto de los grupos armados ilegales que están operando en la zona de cómo funcionan las guardias (indígenas)”.
De acuerdo con Sauca, del CRIC, la Guardia Indígena en el norte de Cauca ha hecho decenas de incautaciones de marihuana y destruido varios kilos de base de coca y un sinnúmero de armas. Adicionalmente, “se han recuperado vehículos robados y van más de 30 capturas de personas de grupos que se han armonizado y sancionado en asambleas con las comunidades”.
Ante ese escenario de riesgo, la Defensoría del Pueblo planteó “la necesidad de impulsar desde el nivel nacional acciones que involucren a las entidades territoriales en la superación de los factores de amenaza y vulnerabilidad que se traducen en riesgos para la población civil”, especialmente para los coordinadores y miembros de las guardias indígenas y las autoridades tradicionales.
Dos meses después de ese informe, y a raíz de las amenazas que venían recibiendo José Albeiro Camayo Guetio, coordinador de la guardia indígena regional de CRIC, y Nivaldo Panche, exgobernador del Resguardo la Laguna Siberia, de Caldono, la agencia estatal remitió una nueva advertencia a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) en la que reiteró los riesgos en la región.
Tras hacer un recuento de las violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos Camayo y Panche, la Defensoría insistió en su nuevo informe, fechado el pasado 9 de octubre, que “si bien este tipo de conductas vienen siendo advertidas mediante alertas tempranas emitidas a nivel nacional […], así como en oficios de consumación previos, no se evidencian acciones concretas y extraordinarias que mitiguen el riesgo advertido, que por el contrario se incrementa”, y destacó que entre 2018 y 2019 se han emitido seis alertas tempranas.
Eje estratégico
Diversos análisis coinciden en establecer que, por sus condiciones geográficas, Toribío se constituye en un territorio estratégico para los grupos armados ilegales: se comunica con varios departamentos del centro del país, así como con la costa Pacífica, y sus escarpadas montañas ofrecen la posibilidad de replegarse de manera rápida para evitar la acción de las autoridades, tal como ocurrió con el comando que atacó a los indígenas el pasado martes.
Las condiciones climáticas también favorecen la siembra de cultivos de uso ilícito, que se constituyen en una fuente rentable de recursos económicos para sostener la operación de grupos armados ilegales. Análisis de la Defensoría del Pueblo indican que es una zona “donde se integra completamente la cadena productiva del narcotráfico, pues cuenta con cultivos de uso ilícito, laboratorios para su procesamiento, y rutas para el tráfico ilegal, no solo de pasta base de coca, sino también de marihuana, que actualmente se ha valorizado por el incremento en la demanda, convirtiéndose en un producto apreciado para su comercialización, y por ende para su control”.
Con respecto a la llamada ‘Columna Dagoberto Ramos’, que hace presencia en las estribaciones montañosas que bordean a Toribío, un líder Nasa asevera que ese grupo armado ilegal “no es muy estructurado y carece de formación política e ideológica; su rasgo es más delincuencial, al lado del narcotráfico y de la extorsión”.
Dado su conocimiento de la región, el indígena consultado dice que esa ‘columna’ es la más pequeña de las disidencias y destaca que sus miembros son muy jóvenes. Además, asegura que “hay una degradación dentro del grupo, que hace dos años se notó en la disputa de mandos o ajustes de cuentas entre ellos”. El problema, a su juicio, es que “en medio de sus incoherencias e inestabilidad, lograron enrutar su orden en contra del movimiento indígena, encontraron un enemigo que los unifica y nos perjudica a nosotros”.
Para fortalecerse, dice esta fuente, apelan a la propagación del miedo a través de los asesinatos, pero también recurriendo a panfletos que llevan el nombre del ‘Cartel de Sinaloa’, un apelativo que coincide con el de una organización criminal de México, sin que se haya podido establecer si hay algún nexo entre una u otra.
En un nuevo mensaje difundido a comienzos de la semana pasada, luego de las elecciones para elegir por voto popular a las autoridades locales y regionales, esa supuesta organización le dio la “bienvenida” al nuevo alcalde de Toribío, Silvio Valencia Lemus, del Partido de La U, y le advirtió que “si no se mete con nosotros, nosotros tampoco nos meteremos con usted”.
Asimismo, se reivindicaron como una organización de narcotraficantes y sicarios. “No somos ni guerrilleros ni paramilitares”, aclararon y expresaron que su único interés es la coca y la marihuana que se produce en la región; además, amenazaron a Fernando Yatacue Ortega, líder político del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), quien quedó de segundo en las elecciones pasadas, por estar anunciando que “los iba a sacar de esas tierras”.
Para Sauca, del CRIC, el nombre de ‘disidencias’ dado a esta organización delincuencial no es del todo exacto: “Consideramos que son estructuras criminales que no tienen filosofía política ni estructura de mando definida, que tienen economías ilícitas y están cometiendo como secuestro y extorsión. Ellos ven como enemigo a las comunidades, las guardias y las autoridades que no acepten su presencia y delincan en los territorios”.
En reacción a lo ocurrido en Toribío, el presidente de la República, Iván Duque, le ordenó a la cúpula militar que en los próximos 40 días deberá entrar en operación en Cauca la Fuerza de Despliegue Rápido N. 4 (FUDRA), que reforzará la presencia militar con 2.500 hombres y tendrá como objetivos lograr un mayor control territorial, cerrar rutas del narcotráfico y desmantelar organizaciones criminales.
No obstante, varios líderes indígenas reiteran que lo esencial no es incrementar la presencia de efectivos en la región, sino cumplir con los acuerdos pactados en abril pasado, que le pusieron fin a la minga de 27 días, y, sobre todo, impulsar la implementación del Acuerdo de Paz, así como respetar su autonomía ancestral.
* Foto de portada tomada de la cuenta de Twitter del CRIC
