12 funcionarios judiciales fueron asesinados en La Rochela, una vereda de Simacota, en el Magdalena Medio santadereano. La Comisión judicial investigaba graves violaciones a los derechos humanos en la zona, entre ellas la desaparición de 19 comerciantes en octubre de 1987. Según el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, en este crimen contaron con la complicidad de altos oficiales del Ejército y políticos. Por la masacre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano
