Las autodefensas dejaron 140 civiles muertos en 10 días. La masacre de Buga fue sistemática y brutal, mientras en Tumaco su guerra es silenciosa y soterrada.
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Ese día, hacia las 10 de la mañana, un grupo de entre 20 y 30 miembros del denominado Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) partió de algún lugar cercano a la vereda Buenos Aires con la intención de matar a sangre fría. Vestidos con uniformes camuflados, con los rostros cubiertos por pasamontañas y armados hasta los dientes, los hombres de las AUC iniciaron una travesía de seis horas por la zona rural de Buga. Más o menos hacia las 3 de la tarde llegaron al corregimiento de La Magdalena, ubicado a unos 15 kilómetros del casco urbano del municipio, y se llevaron a ocho personas. La mayoría eran comerciantes y tenderos, a quienes les dijeron que tenían que ayudar a levantar un carro de las autodefensas que se había volteado en la vía. En un cruce de vías cercano los mataron a todos.
Los hombres armados se dirigieron luego hacia la vereda Alaska, a unos 500 metros de donde habían dejado a sus primeras víctimas. Allí reunieron a un grupo de campesinos frente a la parroquia con el pretexto de leerles un comunicado. Les dijeron a los niños que se perdieran, que se fueran para una finca y no salieran. A las mujeres las encerraron en la sede de Aproplan, una microempresa comunitaria donde las campesinas elaboran champúes y pomadas con plantas medicinales. Afuera del salón los verdugos seleccionaron a 14 hombres de los presentes, algunos de ellos habían sido traídos desde sus parcelas, los alinearon frente a la caseta comunal y les dispararon ráfagas de fusil hasta que no quedó uno solo en pie. Los que no murieron de inmediato fueron rematados con tiros de gracia en la cabeza.
Media hora más tarde los asesinos entraron en la vereda Tres Esquinas, a un kilómetro de distancia, donde al parecer asesinaron a otras personas. A continuación se dirigieron a otra área de la vereda La Habana. Allí detuvieron una chiva, en la que viajaban unos 45 pasajeros, hicieron bajar a los hombres, los obligaron a correr y les dispararon ráfagas de fusil por la espalda. A las 4 de la tarde los agresores terminaron su siniestra ronda y desaparecieron. A la morgue de Buga llegaron en total 24 cadáveres, entre los que se encontraban menores de edad y ancianos. Sin embargo, hasta el viernes pasado, una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) estaba buscando por lo menos seis cadáveres en otras partes de la zona rural, en los límites con el municipio de San Pedro.
Violencia y brutalidad
En los primeros 10 días de octubre las autodefensas asesinaron a 140 colombianos en diferentes hechos y partes del país. Esto es 10 muertos asangre fría cada día, en promedio. En los primeros seis meses del año han cometido 24 masacres, que dejaron sin vida a otras 175 personas indefensas. Algunos de los sobrevivientes y de los testigos de la masacre de Buga dijeron que los asesinos de las AUC justificaron los ajusticiamientos con el manido argumento de que los muertos eran “auxiliadores de la guerrilla”.
John Jairo Bohórquez, alcalde de la denominada Ciudad Señora, dijo al respecto que: “De nuevo las víctimas son campesinos humildes que sólo desean vivir en paz”. El Instituto Mayor Campesino (Imca), un centro educativo con fines sociales dirigido por los jesuitas, secundó las palabras de Bohórquez por medio de un comunicado público: “Las víctimas son civiles indefensos, sin ninguna filiación política o simpatía con cualquier grupo armado (…). La mayoría de las personas que fueron asesinadas eran cercanas y tenían una relación muy estrecha con los promotores sociales del Imca, que como entidad, hemos acompañado durante varios años a estas comunidades rurales y en particular a la de Alaska, donde se presentó la masacre”.
Para Hernando Toro, defensor regional, tal y como se presentaron los hechos (los primeros asesinatos se cometieron a 15 minutos en carro del casco urbano de Buga) podrían hacerse serios cuestionamientos a la labor de las Fuerzas Militares acantonadas en el municipio. Toro se mostró particularmente preocupado por una información que suministró Jaime Alberto Ochoa, secretario de Gobierno municipal, quien en un comité departamental que tuvo lugar el 9 de octubre dijo que a comienzos del mes las AUC habían hecho un retén en un sitio conocido como Cruce Bar, a cinco minutos del Batallón Palacé. La III Brigada de Cali, a cuya jurisdicción pertenece esta unidad y que la semana pasada fue señalada en un informe de Human Rights Watch de tener vínculos muy cercanos con los paramilitares, rechazó con vehemencia estos comentarios.
El general Francisco René Pedraza, comandante de la III Brigada, le dijo a SEMANA que “nuestras tropas se encontraban acantonadas en ese sector desde el sábado 6, esperando que los paramilitares aparecieran. Pero nuestros servicios de inteligencia nos informaron el martes 9 que en el sector de Calima-Darién se encontraba un campamento de reclutamiento y entrenamiento de las AUC. Resolvimos darles un golpe ese mismo miércoles y movilizamos las tropas allá, donde pudimos desmantelar toda la infraestructura y dar de baja a un hombre”.
El coronel Miguel Bernabé Lozano, comandante del Batallón Palacé, agregó que ese día sus tropas ingresaron a un campo de entrenamiento que las autodefensas habían instalado en la vereda Bellavista, del municipio de Darién. Un sitio que había sido bautizado como Escuela Simón Bolívar. En el operativo capturaron a tres hombres y decomisaron material de guerra. Dos conductores civiles que acompañaban a los militares fueron asesinados por los miembros de las autodefensas y sus vehículos aparecieron incinerados.
Para el general Pedraza lo que ocurrió en Buga es evidente: “Nuestra información sobre este asunto es clara y apunta a señalar que, una vez comenzaron los combates en el sector de Calima-Darién, las AUC le dieron orden al grupo que estaba en cercanías de la vereda Buenos Aires que realizara esta matanza para que nuestras tropas se dividieran y la presión sobre el campamento de las AUC disminuyera”.
El viceprocurador Carlos Arturo Pavajeau dijo que este golpe de las autodefensas debía ser suficiente motivo para que el país ratificara el tratado de aprobación de la Corte Penal Internacional. La tragedia del Valle del Cauca le recordó al país que no sólo en Afganistán se libra una guerra. Menos espectaculare incluso invisible en algunos escenarios como la costa Pacífica de Nariño, donde el conflicto es más soterrado, pero no por eso menos sangriento.
Muerte en Tumaco
Las autoridades colombianas siempre han temido que un fenómeno natural, como un terremoto o un tsunami, arrase con el puerto de Tumaco, en la costa Pacífica del departamento de Nariño. Sin embargo es probable que esta población de más de 150.000 habitantes se ahogue primero en un baño de sangre antes de que sus tierras bajas sean devoradas por el mar. Esta frase, aunque apocalíptica, es real. En lo que va corrido del año, según lo ha denunciado monseñor Gustavo Girón Higuita, obispo de la diócesis de Tumaco, han sido asesinadas más de 150 personas en forma selectiva. La mayoría de los crímenes han sido reivindicados o adjudicados a miembros de las autodefensas del autodenominado Bloque Libertadores del Sur, quienes ingresaron al puerto a comienzos del año pasado y lo tomaron como epicentro de su ofensiva hacia otros 11 municipios del Pacífico sur. El área en disputa tiene 16.000 kilómetros cuadrados. En su expansión al parecer han llegado inclusive hasta la costa caucana.
La violencia que desataron los paras, al parecer, busca quitarle el control de los cultivos de coca a la guerrilla. Estos, según monseñor Girón, se han disparado en las zonas rurales de todos los municipios de la región, en particular en las rondas de los ríos Mira, Patía, Rosario y Tapaje. Algunas autoridades calculan que en toda la zona puede haber más de 20.000 hectáreas de coca. Quienes habitan y conocen el territorio piensan que estos cálculos son demasiado conservadores. En su opinión, los cultivos ilícitos pueden sobrepasar las 50.000 hectáreas.
Este crecimiento comenzó hace tres años y coincidió con la fumigación en el Putumayo. Personas que salieron desplazadas de ese departamento regresaron a sus lugares de origen en el Pacífico y con la ayuda de grupos de narcotraficantes continuaron con el negocio de la coca. El corregimiento de Llorente, cercano a Tumaco, por ejemplo, tenía menos de 1.000 habitantes y en un abrir y cerrar de ojos creció a más de 7.000 hasta convertirse, según el obispo, en el principal centro del tráfico de droga. Hasta la llegada de las autodefensas estas zonas rurales se las disputaban los hombres del frente 29 de las Farc y los de las columnas Héroes de Barbacoas y Guerreros de Sindagua del ELN. “Antes se daban plomo donde se encontraban en la carretera. Ahora parece que están ayudándose”, dice una tumaqueña que tuvo que salir hace unos meses del puerto por las amenazas de las autodefensas.
Olvidar sus diferencias y operar juntos es la única alternativa que tienen los guerrilleros para frenar el avance de las autodefensas. Estas llegaron a Tumaco el año pasado y comenzaron por erradicar a su modo, tal y como lo hacen siempre en los lugares donde no habían hecho presencia, a un grupo sicarial y delincuencial conocido como Los Bam Bam. “Eso a la gente le pareció bueno”, comenta la dirigente tumaqueña desplazada. Luego comenzaron las amenazas contra los dirigentes, los señalamientos a la población y las incursiones hacia las zonas rurales. En noviembre del año pasado se organizó en el puerto el Movimiento Multiétnico del Pacífico, con representantes de las comunidades negras e indígenas y de los sectores sociales, para protestar contra la situación que se vivía en el municipio. Su descontento se materializó en un bloqueo, en dos puntos clave, de la carretera que une a Tumaco con Pasto. La obstrucción duró un mes y contó con el beneplácito tácito del ELN. Esta aparente complicidad fue suficiente para que las autodefensas decidieran ponerle la lápida al cuello a más de uno.
Este año miembros de las autodefensas, quienes se habían apoderado en pequeños grupos de los barrios del puerto, comenzaron los asesinatos selectivos de líderes populares o activistas de izquierda. Los que pudieron o alcanzaron a hacerlo se desplazaron a otros lugares del país. A finales de marzo un grupo de 200 hombres ingresó a Llorente y reunió a no menos de 4.000 personas en la plaza principal. Al igual que ocurrió ahora en Buga, en esa ocasión separaron a los hombres y a las mujeres. A la dirigente antes mencionada no le cabe duda de que los miembros de las AUC iban a masacrar a la gente, a quienes acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla. Al final se reportaron cuatro campesinos muertos. En abril fue asesinado Flavio Bedoya, representante del semanario Voz en el puerto y quien había apoyado el paro de noviembre.
La situación era extremadamente grave y sólo los miembros de la diócesis se atrevieron a denunciarla. El sacerdote carmelita Guillermo Correa, vicario de la misma, y la hermana Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social, dejaron la labor comunitaria a la que habían estado dedicados los últimos años para hacer públicos los sucesos sangrientos que tuvieron lugar en el puerto y sus alrededores. Ellos dos encabezaban un equipo de seis personas que se encargaba de llevar a la práctica un proyecto que la Iglesia ha impulsado en las cinco diócesis del Pacífico. “Es un proceso lento de organización y acompañamiento de las comunidades negras. Un trabajo centrado en las zonas rurales, un proceso de desarrollo que tiene como eje el territorio, la titulación de la tierras”, dice monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Como resultado de esta labor ya existen en la zona cuatro consejos comunitarios, el equivalente de los resguardos indígenas. Uno de ellos, Acapa, tiene tituladas 96.000 hectáreas de tierra en el área de los municipios de Tumaco, Mosquera y la zona rural de Francisco Pizarro. El problema es que las autodefensas impidieron que continuara el proceso de titulación de las tierras de los negros y los indígenas. Este año, según una fuente que pidió no ser identificada, amenazaron a los funcionarios del Incora encargados de realizarla. Las denuncias de Yolanda y el padre Correa llegaron hasta Europa y encontraron eco en Alemania y Suiza. Al hacerse oír la hermana pagaba parte de la deuda que ella sentía que tenía, tal y como le decía a la dirigente tumaqueña desplazada, con los negros “y los indios por lo que la raza en la que nací les había hecho y les seguía haciendo”.
No obstante las balas de los asesinos acallaron sus protestas. A comienzos de agosto dos de los líderes del paro aparecieron muertos en un paraje solitario a la salida de Tumaco. A mediados del mismo mes siete personas más fueron asesinadas en el corregimiento de Espriella. A este lugar y a Llorente volvieron días después las autodefensas. Más muertos. Los ataques provocaron nuevos desplazamientos silenciosos de población. Hace cerca de un mes, el 19 de septiembre, la hermana Yolanda, de 43 años, fue asesinada frente a la puerta de la iglesia de La Merced. Había salido de su oficina al mediodía, donde sostuvo una reunión para diseñar estrategias de freno al desplazamiento, y se dirigía a almorzar en compañía de un sobrino. Sicarios motorizados que la seguían le propinaron tres disparos con un arma provista de silenciador. Su homicidio pasó inadvertido, y aún así su muerte ameritó pronunciamientos de la Secretaría de Estado del Vaticano y el Parlamento Europeo, en medio de las noticias que anunciaban la primera guerra del siglo XXI. Un conflicto que no tiene eco en Tumaco porque allí se libra desde hace rato una versión propia de la guerra del fin del mundo.
Publicado en SEMANA Fecha: 15/10/2001
