Tras cumplirse 18 años de la incursión paramilitar en este municipio de Santander, los familiares de las víctimas reclaman que se conozca la verdad sobre todos los actores que participaron en los hechos, en especial militares y comerciantes.
Cada año en la plaza principal de Barrancabermeja se rinde homenaje a las 32 personas asesinadas por los paramilitares. Este año familiares esperan que se termine el proceso de exhumación que desde 2013 está sin terminar Foto: Archivo Cajar.Jaime Yesid Peña Rodríguez, un estudiante de 17 años de edad conocido en Barrancabermeja, Santander, por sus habilidades de artista y pintor, fue señalado por informantes de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), junto con otras 31 personas, de colaborarle supuestamente a la guerrilla del Eln. Tras una cruenta acción armada, 7 de ellas fueron asesinadas y 25 más desaparecidas.
Ese operativo paramilitar se realizó el sábado 16 de mayo de 1998 en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, sur de la ciudad petrolera. Desde entonces, solo 10 cuerpos han sido hallados, 8 de ellos ya fueron identificados, y 17 más sin exhumarse. Entre las familias de las víctimas, sus heridas siguen abiertas.
Ha sido un proceso de largo aliento para lograr el reconocimiento de los hechos. Afectados y sus abogados defensores creen que hay mucha dilación y poca voluntad por parte del Estado.
“Lo primero es que el Estado tiene que decir la verdad, los ‘paras’ a medias han tratado de decir algunas cosas para recibir beneficios en Justicia y Paz, pero hasta ahí nada más, cuando las investigaciones llegan a miembros de la Fuerza Pública hasta ahí llega la justicia” aseguró Jaime Peña, vocero del Colectivo 16 de Mayo, que se creó para guardar la memoria de lo ocurrido en Barrancabermeja.
De acuerdo con versiones dadas a la justicia por antiguos paramilitares, la masacre fue ordenada por Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, jefe de las Ausac, en complicidad de la Fuerza Pública y comerciantes de la región para generar temor en la población y quitarle poder a la guerrilla del Eln sobre el negocio de contrabando de combustible y sobre las extorsiones a Ecopretrol. (Leer más en: Masacre por error)
Si bien desde el 27 de octubre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra el Estado, presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en la que se denunciaba la participación de miembros de la Policía, Ejército y el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la masacre perpetrada por los paramilitares, fue hasta el 31 de marzo de 2016 que se determinó, por parte del Tribunal Administrativo de Santander, la responsabilidad del Estado.
La sentencia establece que el Ejército, la Policía y el DAS deben de reparar administrativamente a las victimas, es decir que individualmente se reconoce el daño causado y se indemniza, por no haber defendido los derechos humanos de los pobladores, no desarrollar ninguna a acción que ayudara a preservar su vida y por permitir que la masacre ocurriera, además de ello, se ordenó realizar una “ceremonia conmemorativa en el Municipio de Barrancabermeja, en la que ofrezcan disculpas publicas a las victimas y a la comunidad en general, por la responsabilidad en que incurrieron por los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1998” se lee en el documento de 339 páginas.
La situación que se presentó como un avance dentro del proceso, para los abogados defensores establece una dilación más por parte del Estado para no reconocer su cuota de participación como responsables directos del hecho. “El Estado Colombiano sigue en deuda con las víctimas en materia de justicia, pese a las insistentes solicitudes, aún no se logra la plena identificación e individualización de los empresarios y comerciantes que financiaron la incursión paramilitar” concluye comunicado del Colectivo José Alvear Restrepo.
“Hay revictimización cuando nos quieren dar un cheque para quedarnos callados, en lo personal, el Colectivo 16 de Mayo no se va a quedar callado, pase lo que pase. La reparación empieza por conocerse la verdad, recuperar los cuerpos y que haya una justicia acorde con el delito cometido. Cosa que hasta ahora no hay” aseveró Peña.
Según datos de la Fiscalía, hasta el 2012, luego de las declaraciones del exparamilitar Mario Jaimes Peña, alias ‘El Panadero’, quien lideró la masacre, se entregaron los primeros cuerpos, logrando ser identificados ocho de ellos, sobrelos demás, que aún están sin encontrarse reposan varias versiones, entre ellas la del ex paramilitar Hermes Anaya Gutiérrez, alias ‘Chicalá’, quien aseguró en 2008 que dos desmovilizados junto con dos paramilitares cambiaron seis cuerpos de la fosa en la que se encontraban para recibir dinero por la información.
“En materia de verdad y reparación integral, desde el año 2013 se encuentra pendiente la programación, en coordinación con la Unidad de exhumaciones de Justicia y Paz, de una nueva búsqueda de cuerpos de las víctimas de la masacre que continúan en situación de desaparición forzada, quienes, según los paramilitares, fueron enterrados por ellos mismos en la zona rural de Sabana de Torres”, señala un comunicado emitido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo del 16 de mayo de 2016.
La preocupación no es para menos, casos como el Luz Marina López, madre de los mellizos Diego Fernando y Ana María, de quienes no se han encontrado los restos, llama la atención sobre la manera en qué se ha abordado la investigación por parte de la Fiscalía. Hasta la fecha se sigue esperando que uno de los huesos encontrados dentro de la fosa, de la cuál, según ‘El Panadero’ como ‘Chicala’ fueron cambiados los cuerpos, sea identificado para continuar con el proceso de búsqueda e identificación de los cuerpos.
La larga lucha contra la impunidad
Según documentación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo actualmente están en juicio por la participación en los hechos Oswaldo Prada Escobar, oficial de inteligencia del Batallón Nueva Granada, Antonio Daza Camargo, comandante de la Base Pozo Siete, John Guzmán Santos, comandante de la Base Termoeléctrica y Joaquín Correa López, Comandante operativo de la policía en el Magdalena medio.
Todos ellos, como en su momento lo contó VerdadAbierta.com, fueron señalados en 2008 por ‘El Panadero’ durante varias audiencias de versión libre dentro del proceso de Justicia y Paz. En una de ellas aseguró que la idea era que la Fuerza Pública no reaccionara y les diera tiempo para cometer la masacre. “El director del DAS se comprometió con nosotros y nos dio su palabra de no reaccionar. Sin embargo, nos traicionó y días después le pasó un informe al Ejército en el que denunciaba la incursión”, declaró el exparamilitar.
Desde entonces lo familiares de las víctimas reclaman que es poco lo que se ha avanzado en materia judicial pues no se ha conocido la verdad. “Para nosotros no ha existido la reparación, pues está empieza a existir cuando se sepa la verdad, que es tener conocimiento sobre todos los militares implicados y los comerciantes que aportaron dinero, según ‘El Panadero’ de 200 y 300 millones de pesos, para la masacre”, afirmaron miembros del Colectivo 16 de Mayo.
Han pasado 18 años y hasta el mes pasado se terminaron de hacer las investigaciones, por parte de la Fiscalía 34 de Derechos Humanos, en contra de José Eduardo Gonzales Sánchez, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad de Ecopetrol, y el exparamilitar Pedro Ancizar Cáceres Cervera, alias ‘Marisol’, quien es señalado de ser en enlace con los comerciantes de la región. Se espera que en trascurso de los siguientes cuatro meses la Fiscalía señale si son o no culpables de los hechos y sean llamados juicio para continuar con el proceso.
