Justicia y Paz está reconstruyendo cómo fueron las tomas más crueles del Bloque Oriental, para llevar a ese exjefe guerrillero a los estrados judiciales y obtener una pronta sentencia. También priorizó los secuestros de uniformados y políticos.
A finales de la década de los noventa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), implementaron una serie de ataques contra la Fuerza Pública, en donde destruyeron bases, hurtaron material de guerra y secuestraron masivamente a los hombres encargados de velar por el orden en apartadas regiones del país.
De allí nacieron las imágenes que conmocionaron a Colombia y al mundo, en las que se veían a decenas de soldados y policías hacinados en deplorables celdas alambradas en medio del monte, que recordaban los campos de concentración Nazi. Tras tres años de cautiverio la mayoría de uniformados fueron liberados a raíz de las negociaciones de paz del Caguán en 2001, y los suboficiales y oficiales pasaron a ‘engordar’ el listado de los canjeables, quienes casi una década después de plagiados fueron rescatados en operativos militares o libertados unilateralmente.
Esas incursiones armadas también afectaron a los civiles, quienes ante el ataque desmedido de esa guerrilla, vivieron días de terror y vieron cómo las balas y los cilindros bomba destruyeron sus casas. Algunos murieron, unos resultaron heridos y otros tuvieron que desplazarse a la fuerza.
Casi quince años después, y tras la captura de Helí Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, en febrero de 2008 y su postulación al proceso de justicia transicional, junto con la de otros desmovilizados, las víctimas han confrontado a sus verdugos en las versiones libres de Justicia y Paz para pedirles respuestas.
De este modo, víctimas de las tomas de Miraflores (Guaviare, 1998), La Uribe (Meta, 1998), Mitú (Vaupés, 1998), El Billar (Caquetá, 1998), Puerto Rico (Meta, 1999) y La Arada (Tolima, 1999), han escuchado cómo se planearon dichos ataques y porqué fueron ejecutados.
De la toma de Miraflores, una de las más violentas, alias ‘Serpa’ dijo que fue planeada para que coincidiera con la posesión presidencial de Andrés Pastrana, el 7 de agosto de 1998, pero tuvieron que adelantarla, y por esa razón el ataque inició cuatro días antes. El desmovilizado contó que en ese ataque participaron alrededor de 1.800 hombres de diferentes frentes y compañías del Bloque Oriental. Producto de esa incursión fueron asesinados 14 miembros de la Fuerza Pública y tres civiles y 135 uniformados fueron secuestrados.
El exguerrillero dijo que fueron descubiertos en la noche del 3 de agosto por unos militares que estaban cerca de una antigua pista de aterrizaje. En ese momento iniciaron los combates y luego siguió la toma. Para incursionar al pueblo y destruir la estación de Policía, los guerrilleros se dividieron en dos grupos; el primero ingresó por el sector conocido El Internado y el segundo se quedó en las afueras para respaldarlos.
‘Serpa’ contó que en esta toma, que estuvo bajo el mando de alias ‘Elías Cuéllar’ y alias ‘Pichú’, utilizaron entre 50 y 100 cilindros bomba durante los combates que duraron toda la noche y acabaron en la mañana del 4 de agosto. Una vez que los policías se rindieron, fueron llevados por río hacia los campamentos guerrilleros. Uno de los exsecuestrados contó que durante su cautiverio estuvieron en 16 campamentos guerrilleros entre los Llanos Orientales y Caquetá, hasta que fueron liberados en medio de las negociaciones de paz.
Alias ‘El Gato’ confesó que la toma de La Uribe fue simultánea a la de Miraflores para dificultar la reacción de las autoridades. Según él, en esa incursión participaron alrededor de 900 guerrilleros de siete frentes y dos compañías del Bloque Oriental, bajo el mando de ‘Rafael Político’. Contó que los objetivos de ese ataque eran puestos de control del Ejército, una base militar y la estación de Policía.
‘Martín Sombra’, quien ingresó a las Farc cuando tenía diez años y fue designado para custodiar a los secuestrados, es uno de los 16 postulados al proceso de justicia transicional que la Fiscalía priorizó para agilizar su proceso judicial y obtener una pronta sentencia. La Fiscalía 7 de Justicia y Paz, que es la encargada de coordinar este caso con las fiscalías 8 y 59, tiene planeado imputarle esas tomas y los secuestros de los tres contratistas americanos y varios líderes políticos como Ingrid Betancur, Clara Rojas, Alan Jara, Gloria Polanco, entre otros.
Para poder radicar la solicitud de imputación ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, los magistrados le pidieron a la Fiscalía que tenían que ponerles de presente a los exguerrilleros los nombres de cada una de las víctimas de los casos que van a ser judicializados. Por esa razón, en las últimas versiones libres funcionarios del ente investigador leyeron, uno a uno, los nombres de las personas que tienen registradas como víctimas de esas incursiones armadas.
En audiencias realizadas entre el 20 y el 28 de mayo, los exguerrilleros les pidieron perdón a sus víctimas y dijeron que sólo las pueden reparar de manera simbólica y contando la verdad de los crímenes que cometieron durante la guerra, porque no tienen dinero para indemnizarlas. Las víctimas presenciaron las versiones y preguntaron por medio de video conferencia en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Granada y Mitú.
Un par de víctimas que asistieron a las diligencias en Bogotá, accedieron a perdonar a los hombres que tanto dolor les causaron, y en un acto espontáneo de reconciliación, estrecharon las manos de los exguerrilleros. Víctimas presentes en otras partes del país, comentaron que respetan esos actos, pero que no están en la capacidad de perdonar a quienes les produjeron tanto daño y dejan ese tema en manos de Dios.
Otros exsecuestrados recordaron cómo pasaron los largos años de cautiverio, en donde tenían dos tablas de madera para usarlas como colchón, les daban comida en mal estado, no tenían medicamentos para las enfermedades tropicales que contrajeron, estaban atados con lazos y vivían con el temor de perder la vida en cualquier momento. Uno de los policías secuestrados le preguntó a ‘Martín Sombra’ que si todavía eran objetivo militar de las Farc, porque cuando los dejaron en libertad el ‘Mono Jojoy’ les advirtió que tuvieran cuidado porque se iban a ver en la ciudad, y esas palabras todavía le causan temor. El exguerrillero le contestó que estuviera tranquilo porque ya no les iba a pasar y que esas palabras del ‘Mono Jojoy’ eran parte de la guerra psicológica que le gustaba hacer.
La Fiscalía presentará a mediados de junio la solicitud de imputación al Tribunal de Justicia y Paz, y espera que para finales de este año, si todo sale como está previsto, se tenga la primera sentencia contra ‘Martín Sombra’ en la justicia transicional.