Tres asesinatos recientes y la circulación de panfletos tienen preocupados a los habitantes de ese municipio del departamento de Cesar que marcharon este viernes exigiendo protección y respuestas de las autoridades
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“Esto es una ‘bomba’ que estalla en cualquier momento”; “aquí impera la Ley del silencio”; “pareciera que nadie tiene la libertad de decir nada”. Así se expresan varios líderes sociales de Agustín Codazzi, preocupados por el incremento de los asesinatos contra jóvenes y amenazas contenidas en panfletos que circularon durante el último mes en sus barrios.
Para llamar la atención de las autoridades regionales y nacionales sobre la situación de zozobra que viven, convocaron a una Marcha por la Vida este viernes 7 de abril, que partirá a las 9 de mañana del parque de La Guitarra para finalizar en el parque Simón Bolívar.
“Queremos aclarar que esta marcha nada tiene que ver con la polarización en la que está sumida el municipio”, dice uno de los líderes. Aunque un grupo de ciudadanos impulsa la revocatoria del mandato del alcalde, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, “no queremos que haya confusión. Esto es una movilización que exige el respeto por el derecho a la vida, porque queremos que el gobierno nacional investigue y tome decisiones frente a lo que está ocurriendo”, dice otro líder.
Este medio reserva la identidad de los líderes sociales dado el último informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, que advierte asesinatos, amenazas, seguimientos y señalamientos contra defensores humanos en todo el país. Según ese documento, publicado el pasado 31 de marzo, 20 municipios y 16 organizaciones sociales de Cesar están bajo amenaza. (Lea: Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales).
En Agustín Codazzi la violencia recrudeció desde hace 10 días; primero, con el asesinato de tres jóvenes; y luego, conla circulación de dos panfletos. El múltiple crimen ocurrió en la madrugada del 29 de marzo en la vereda Ramón, muy cerca del casco urbano en una de las vías que conduce a la Sierra del Perijá. Según los testimonios de la comunidad, desconocidos abordaron a tres hombres de 23, 25 y 32 años de edad, quienes a esa hora buscaban un lugar para celebrar la victoria de la Selección Colombia de fútbol frente a la de Ecuador. Los obligaron a subirse en una camioneta y luego los asesinaron a tiros muy cerca del casco urbano.
Dos días después por los barrios comenzaron a circular dos panfletos. Uno incluía las imágenes de hombres armados y el segundo estaba encabezado con el rótulo de ‘Los Urabeños’. Ambos anunciaban actividades armadas contra supuestos ladrones, consumidores de drogas y prostitutas. El primero amenazaba con asesinar a quienes frecuentaran bares después de las 10 de la noche, advirtiendo que tenían una lista de posibles víctimas. El segundo incluyó en sus amenazas a la comunidad Lgtb (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales) y se leen frases como: “… a la comunidad le pedimos disculpas si caen inocentes… Si su hijo es sano, acuéstenlo temprano. Si su hijo es ladrón, cómprenle cajón”. (Ver panfleto 1 y panfleto 2)
Desde noviembre de 2016 la Defensoría advirtió que Agustín Codazzi hace parte de los 20 municipios del departamento de Cesar donde los movimientos sociales son vulnerables a la presencia de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’ y al surgimiento de nuevos grupos de “vigilancia y seguridad”.
Para esa agencia del Ministerio Público, estos grupos armados ilegales han incrementado sus amenazas contra las comunidades y organizaciones campesinas que rechazan la minería, apoyan los procesos de paz y reclaman la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
VerdadAbierta.com habló con varios campesinos de Codazzi y todos coinciden en que hay un rearme paramilitar. “Lo que pasa es que las estructuras locales del paramilitarismo quedaron intactas y están preocupadas con la implementación del Acuerdo de Paz. Por un lado, temen perder las tierras que acumularon y que todavía el Estado no ha recuperado; pero también tienen miedo de perder poder político, porque quienes los representan han perdido mucha credibilidad”, asegura un habitante de este municipio.
Otro campesino afirma que el rearme es un fenómeno “silencioso”, que en realidad comenzó en 2011 con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: “Acá hay mucha ganadería extensiva y una gran parte de las tierras son reclamadas por víctimas. La situación es que muchos de esos ganaderos no quieren perder la tierra con la aplicación de la Ley. Como el proceso de paz alentó de nuevo a los campesinos a reclamar, entonces es que aumentan de nuevo los asesinatos y las amenazas. Pareciera que estuviéramos otra vez en los 90”.
Según la página web de la Unidad de Restitución de Tierras, Agustín Codazzi es el segundo municipio, después de San Alberto, donde los jueces especializados han proferido más decisiones. Sin embargo, la mayoría de esas corresponden a casos de abandono y no de despojo, tras documentar los desplazamientos masivos generados primero en los años ochenta por el Frente Manuel Martínez Quiroz del Eln y el Frente 41 de las Farc; en los años ochenta por el Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc; y después por los combates entre guerrillas y Ejército.
“El punto más crítico de presencia paramilitar es en el corredor que conecta a Codazzi con Minguillo. Este último es un pueblo de La Paz, el municipio donde está la única Zona Veredal Transitoria de Normalización del departamento”, indicó otro habitante.
Los habitantes de Agustín Codazzi aseguran que a falta de acciones concretas por parte de las autoridades marcharán el viernes, “porque necesitamos hacerle saber al país que no queremos más violencia, que el Gobierno debe escucharnos e investigar qué está pasando”.
Tres meses de amenazas
El informe de riesgo, emitido por la Defensoría Regional en noviembre de 2016, señala que los líderes sociales de 20 municipios -de los 25 que integran Cesar, corren riesgo por el rearme paramilitar. Foto: tomada del sitio web del municipio y panfleto que ha circulado en los últimos días.Agustín Codazzi no es el único municipio de Cesar que tiene las alertas prendidas. Las autoridades están en deuda de investigar la quema de un camión en el municipio de La Gloria y la circulación de un panfleto en Curumaní, al parecer por hombres del Eln.
También están pendientes las investigaciones sobre hechos de violencia ocurridos desde enero contra líderes sociales, como el asesinato contra Aldemar Parra y el intento de homicidio contra Agustín José Almeida, ambos casos en el municipio El Paso, así como los grafitis amenazantes y asesinato contra el líder Edilberto Cantillo, en El Copey. (Lea: Alerta, comunidad de El Hatillo, en Cesar, está en riesgo; y Otro asesinato de un líder en Cesar, ¿qué sucede?)
Los ataques contra sindicalistas también han sido persistentes en el departamento, como los atentados contra Alfonso Emilio Barón, líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) e integrante del Congreso de los Pueblos, ocurrido el el 9 de febrero en Valledupar, y el 11 de febrero contra Carlos Jair Trujillo Borré, también integrante del Congreso de los Pueblos y coordinador del Comité Sindical Clasista. (Lea: Atentan contra otro líder en Cesar).
Desde enero pasado, la Defensoría solicita al Ministerio del Interior la instalación de una Mesa de Garantías, necesaria para que distintas instituciones del Estado investiguen, pero también ordene medidas de protección y seguridad a los líderes y comunidades más afectadas.
