Así se define la relación del excongresista antioqueño con la organización paramilitar a lo largo del texto en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 95 meses de prisión. El líder político reiteró que es inocente.
El afán del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) de lograr a través de sus influencias políticas una ley que les reconociera estatus político y no pagaran ni un día de cárcel los llevó a buscar “congresistas amigos” y en ese camino se encontraron con el exsenador de la República y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.
Los detalles de esas relaciones fueron explicados en la sentencia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, contra Ramos Botero, mediante la cual lo condenó a siete años y nueve meses de prisión por el delito de concierto para delinquir con finalidad de promover grupos armados ilegales.
Teniendo en cuenta testimonios de exparamilitares y de exmilitares, la Corte concluyó que esa relación de “amistad” de Ramos con las Auc se construyó a comienzos del siglo XXI, cuando expresó su interés por participar en la campaña al Senado; se consolidó cuando alcanzó la curul con una amplia votación; y continuó en su carrera a la Gobernación de Antioquia en el 2007, siendo elegido en las urnas para ocupar el primer cargo del departamento durante el periodo 2008-2011.
Ramos, formado en Derecho, es un líder político surgido del seno del Partido Conservador en su natal municipio, Sonsón. Su carrera comenzó muy joven, como concejal de su pueblo en la década del setenta y gracias a sus habilidades y contactos llegó a ser diputado de Antioquia (1974-1976), Contralor General de Antioquia (1976-1978) y Secretario de Hacienda de Medellín (1978-1980).
De manera paralela a su curul como Representante a la Cámara por Antioquia (1982-1990), ocupó, durante una década (1980-1990), el cargo de Secretario General de Cervecería Unión, una filial de Bavaria y la productora de la famosa cerveza Pilsen.
Su pulsión política lo llevó a presentar su nombre para las elecciones al Senado de la República, donde ocupó una curul entre 1990 y 1991, para luego postularse como candidato a la Alcaldía de Medellín, elecciones que ganó ocupando ese cargo entre 1992-1994.
En la hoja de vida de Ramos Botero aparece que fue Ministro de Comercio Exterior en 1996, durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998); y Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002).
Luego volvió a la contienda electoral y se presentó a las elecciones para el Senado de la República en 2001, resultando elegido para el periodo 2002-2006 y luego de terminar su periodo en el Legislativo, arrancó su carrera para la Gobernación de Antioquia, ganando ese proceso electoral para el periodo 2008-2011.
Los entendidos en política le reconocen a Ramos Botero su habilidad para trabajar y congraciarse con los electores. De hecho, nunca perdió una contienda electoral. Ganó en todas aquellas a las que se presentó y antes de que fuera vinculado al proceso penal que acabó en una sentencia en primera instancia, se perfilaba como uno de los más fuertes candidatos presidenciales avalado por el partido Centro Democrático.
Los malos pasos
Según se desprende de la sentencia proferida por la Corte, basada en testimonios de exintegrantes de las Auc y del Ejército Nacional, las alianzas de Ramos Botero con altos mandos de ese grupo armado ilegal habrían iniciado a comienzos del nuevo siglo, cuando esa estructura criminal consolidó su presencia armada y política en varias regiones del país.
En lo que respecta a Antioquia, la presencia de las Auc era notable en todo el departamento, tanto en áreas rurales como urbanas. Se trataba, según han dicho varios de los exjefes paramilitares ante estrados judiciales, de contrarrestar el dominio de las guerrillas e imponer un orden contrainsurgente.
Para comienzos de la década del dos mil, operaban en este departamento los bloques Metro, Cacique Nutibara, Minero, Bananero, Elmer Cárdenas y el Central Bolívar, entre otros. Estructuras que no sólo tenían un dispositivo militar, también contaban con células políticas encargadas de las alianzas locales, regionales y nacionales.
Según los testimonios escuchados durante el juicio, los primeros nexos del político antioqueño con las Auc se dieron a través del llamado ‘Cartel de la Gasolina’, integrado por hombres del Bloque Metro, comandado por el exparamilitar Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’. Por varios años, extrajeron el combustible de los poliductos que cruzaban por el nordeste antioqueño, donde tenían su base de operaciones.
El exparamilitar José Raúl Mira Vélez, testigo en este proceso, le explicó a la Corte que entre los años 2000 y 2003, Ramos Botero “tuvo vínculos con el Bloque Metro y el cartel de la gasolina, con quienes realizó acuerdos consistentes en que se comprometía a permitir que las […] bandas o combos trabajaran de manera organizada en Medellín y Bello sin oposición de la fuerza pública, a cambio de que se le consiguieran votos y financiaran sus campañas”.
Los acuerdos en ese sentido se habrían sellado durante una reunión sostenida a finales de 2000 en un reconocido centro comercial de la capital antioqueña entre Ramos Botero, integrantes del Bloque Metro y “un general (de la Policía) de apellido Carrillo”.
De acuerdo con Mira Vélez, en ese encuentro se pactó organizar “a todos los combos de Medellín […] y enseñarles un entrenamiento militar, formarlos y entregarles y colaborarles con una fusilería que no era tan buena que se les dio, pero se organizaron esos muchachos”. Esas instrucciones las habría dado el oficial de Policía.
¿Y quién era el “general Carrillo”? Si bien la información no es muy precisa, se trataría del entonces coronel Rubén Darío Carrillo Vanegas, quien estuvo en la comandancia del Departamento de Policía Antioquia entre finales de 1998 y junio de 2000, cuando fue relevado de ese cargo y trasladado a Bogotá, donde ocupó varios cargos. Luego, en noviembre de 2003, fue designado como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
El testigo también hizo referencia en sus declaraciones a las alianzas electorales de Ramos Botero con el Bloque Metro y detalló que los apoyos, al parecer también económicos, fueron brindados por los exparamilitares John Jairo Franco, alias ‘Jota’, y César Gómez Giraldo, alias ‘El Panadero’, quien estaba a cargo de la extracción de gasolina en la zona de San Roque, nordeste de Antioquia.
Mira Vélez, un exparamilitar que trajinó por varias estructuras de las Auc y que se entregó en 2006 a las autoridades en la ciudad de Cúcuta, fue clave en este proceso y otros más que involucraron a políticos de los departamentos de Meta y Casanare con esa organización paramilitar, fue asesinado en Bogotá el 17 de mayo de 2008, donde residía en una casa dispuesta para protección de testigos.
La credibilidad que le dio la Corte al testimonio de Mira Vélez fue respaldada en otro testigo, Carlos Enrique Areiza, un policía retirado que trabajó para Albeiro Quintero, un reconocido empresario del transporte en el municipio de Bello, norte del área metropolitana, y uno de los aliados de las Auc en Antioquia.
Areiza le dijo al alto tribunal que había presenciado varias reuniones entre jefes paramilitares con narcotraficantes, empresarios, políticos antioqueños y miembros activos y e inactivos de la Policía y el Ejército. En varias de ellas, realizadas entre los años 2001 y 2002 en uno de los predios rurales de Quintero en el municipio de Bello en las que habría participado Vicente Castaño, el poder detrás de las Auc, “con el propósito [de] apoyar la campaña” de Ramos Botero al Senado de la República.
En entrevista para este portal, Areiza afirmó haber conocido a Ramos, ya que le pidió dinero para borrar un video el cual dejaba en evidencia las reuniones del exgobernador y los exjefes paramilitares.
“Le dije: ‘Vea, yo vengo acá porque existe un video y nosotros lo grabamos en esas reuniones’. Y el man me dijo: ‘¿Y usted lo tiene?’. Sí, yo lo tengo. ‘Ah bueno, ¿y qué necesita?’. No, pues qué me ofrece. ‘Ah, que le doy tanto por mirarlo a ver qué es lo que tiene’. Le dije: Muéstreme a ver. Y me dio cuatro millones de pesos. Me dijo: ‘Y si me lo trae, le doy 400 más’. Yo: Listo, voy a hablar con la otra persona para ver qué hacemos”, contó.
Este testigo también fue asesinado el 14 de abril de 2018 mientras gozaba de su libertad desde febrero de ese año luego de pagar condena por extorsión agravada. Los hechos ocurrieron en Medellín, cuando sicarios atentaron en su contra mientras visitaba un centro comercial de la ciudad. En una entrevista concedida a este portal en 2013, reconoció que estaba amenazado y, de alguna manera, sabía que lo iban a matar. (Leer más en: Carlos Areiza sabía que lo iban a matar)
La reunión más cuestionada por la Corte ocurriría a comienzos de 2005 en una finca del empresario Quintero en Bello, cuando Ramos Botero, en su condición de Senador de la República, se encontró con varios jefes paramilitares con el fin de hablar de los avances de la ley que les abriría el camino para su comparecencia ante la justicia. En aquella cita estuvo acompañado por los entonces congresistas Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda Palacio y Manuel Ramiro Velásquez, afines al Partido Conservador en la línea del movimiento Alas-Equipo Colombia.
Asistieron por parte de la Auc, Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar¡; y Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’.
El objetivo de este encuentro, según la Corte, “fue que Duque Gaviria transmitiera el mensaje remitido por Vicente Castaño, a quienes consideraba sus amigos, el aforado [Ramos Botero] y Oscar Suárez, para que colaboraran con sus gestiones en el Congreso de la República para que la ley de justicia y paz se expidiera acorde a sus intereses”.
Ramos Botero admitió que asistió a esa reunión, pero aclaró que fue a finales de 2004 y que se reunió con Duque Gaviria, quien para esa época fungía como representante de las Auc reconocido por el gobierno nacional, razón por la cual no estaba en la ilegalidad y podía movilizarse por todo el país, sin problema alguno.
“Además -reseña la Corte-, sostuvo que compareció como simple invitado y manifestó que los paramilitares debían acogerse a lo decidido por el gobierno nacional y cumplir con la institucionalidad. Aceptó carecer de autorización del Gobierno para asistir, aduciendo que por su fuero como Senador interesado en saber lo que pasaba con la desmovilización, que fue el tema ventilado, podía estar allí. Desechó que en la reunión se hubiese celebrado algún acuerdo”.
Varios testimonios, incluido el del congresista Arboleda Palacio, precisaron que la reunión se realizó en abril o mayo de 2005, controvirtiendo así a Ramos Botero y estableciendo que ese encuentro se dio en medio de las discusiones en el legislativo de la Ley de Justicia y Paz, a través de la cual se juzgarían a los paramilitares desmovilizados bajo los acuerdos alcanzados en julio de 2003 entre las Auc y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
“Para la Sala es claro que al encuentro fueron convocados los amigos y allegados de la organización paramilitar, por la preocupación que tenía de que el texto de la ley los favoreciera”, se lee en la sentencia.
Los jefes paramilitares buscaban que en la nueva ley recibieran tratamiento de sediciosos, lo que les daba un carácter político y, de esa manera, podrían librarse de pagar cárcel. De acuerdo con la versión que entregó Duque Gaviria a la Corte, “fue el mismo Vicente Castaño quien refirió que los doctores Luis Alfredo Ramos y Oscar Suárez eran amigos suyos y estarían dispuestos a colaborar, a escuchar y hacer algún acuerdo”.
Y efectivamente, la norma aprobada en julio de 2005, conocida como Ley 975, o de Justicia y Paz, incluyó dos beneficios: de un lado, la rebaja de paz; y de otro, la equiparación del delito de concierto para delinquir al delito de sedición, “es decir homologando un delito común a un delito político”.
Sometida a control de constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró inexequibles los dos artículos que incluían esos beneficios mediante la sentencia C-370, proferida el 18 de mayo de 2006, tras consideran que se habían cometido errores de procedimiento por cuanto se habrían introducido de manera irregular en su trámite legislativo.
Tras valorar las pruebas, la Corte reiteró que “los hechos demostrados sobre el origen y objeto de la reunión, la escogencia del procesado para asistir a la misma, dada su condición de congresista amigo de las Auc y los señalamientos de integrantes de las autodefensas sobre apoyos previos, así como su cercanía con algunos dirigentes de la organización al margen de la ley confluyen para estructurar la asociación para delinquir”, concluyó el alto tribunal.
“Dineros sucios”
De acuerdo con las pruebas allegadas a la Corte, esa amistad de Ramos Botero con sectores de la ilegalidad vinculados con las Auc se habría forjado a finales de la década de los años noventa, cuando, según las evidencias, recibió los primeros aportes en dinero para su campaña.
La sentencia detalla que uno de los primeros aportes fue el narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como ‘El Tuso Sierra’, quien le habría dado al político antioqueño 10 millones de pesos para fondear su actividad electoral de cara a los comicios de 2001.
Otro de los aportantes fue el entonces jefe paramilitar de los llanos orientales Miguel Arroyave, alias ‘El Químico’ o ‘El Arcángel’, quien comandó el Bloque Centauros de las Auc. Según el expediente, aportó 800 millones de pesos a la campaña de Ramos Botero.
Al respecto de esos aportes, la Corte reiteró que “[…] el procesado no fue un instrumento utilizado por otras personas para la obtención de los fines que tanto él como las organizaciones paramilitares perseguían, fueron actos planeados que se gestaron a través de distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001 conforme lo dieron a conocer los testigos de cargo analizados”.
Ramos encabezó la lista del extinto partido político Alas-Equipo Colombia para las elecciones celebradas el 10 de marzo de 2002. Sus resultados fueron contundentes: obtuvo 217.952 votos, el más alto en esa contienda electoral. Una vez concluyó su periodo legislativo, se presentó a las elecciones regionales y ganó la Gobernación de Antioquia con 836.526 votos.
En una reflexión adicional, el alto tribunal determinó que “la valoración conjunta de los medios de prueba efectuada, evidencia sin lugar a dudas los acuerdos a los que llegó el acusado con comandantes de grupos de autodefensa, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado de la República y a la Gobernación de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como ocurrió cuando se desempeñó como Senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007”.
Al igual que Ramos Botero, otros congresistas del movimiento Alas-Equipo Colombia fueron procesados y condenados por sus nexos con las Auc. Se trata de Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda Palacio y Álvaro Araujo Castro. (Leer más en: Círculo político de Alfredo Ramos se cierra aún más por la ‘parapolítica’)
Investigaciones adelantadas por este portal arrojan que por lo menos 96 congresistas, entre Senadores y Representantes a la Cámara han sido condenados entre 2007 y 2021 por sus nexos con las Auc. Unos y otros sacaron provecho político y económico de esas relaciones.
Justicia lenta
El proceso contra Ramos Botero ha sido uno de los más lentos en resolverse en la Corte Suprema de Justicia dentro del fenómeno de la llamada ‘parapolítica’. Le tomó poco más de una década cerrar este proceso, que apenas surtió la decisión en primera instancia.
La investigación contra el exsenador y exgobernador antioqueño se originó en las declaraciones entregadas por alias ‘El Tuso Sierra’ a la Fiscalía de Justicia y Paz en las que señaló a varios políticos de contar con el respaldo político y económico de las Auc. (Leer más en: Luis Alfredo Ramos investigado por ´parapolítica’)
Con base esas declaraciones y las de otros testigos, la Corte abrió el expediente contra Ramos Botero el 1 de febrero de 2011, iniciando la investigación previa, y el 27 de agosto de 2013, ordenó su apertura formal y emitió orden de captura en su contra para que respondiera por el deliro de concierto para delinquir agravado. Desde esa época, la defensa de Ramos Botero ha señalado a los testigos de cambiar sus versiones y organizar un montaje en contra de su apoderado.
La orden de detención truncó la precandidatura a la Presidencia de la República avalada por el partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que buscaba competir en la contienda electoral contra la reelección del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), que terminó ganando las elecciones.
Ramos Botero recobró su libertad el 23 de noviembre de 2016 cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad, bajo el argumento de “que la conducta procesal que ha revelado Ramos Botero, no permite inferir que exista riesgo de que evada la justicia estando en libertad, dado que siempre ha evidenciado respeto por la actuación y la autoridad judicial que adelanta la misma”.
El proceso de juzgamiento tuvo un traspiés a comienzos de 2018, cuando un noticiero de televisión reveló el sentido del fallo que se había proyectado en este caso, que para ese momento era condenatorio. Ramos Botero cuestionó esa filtración e instauró una acción de tutela argumentando que su derecho al buen nombre había sido vulnerado.
Esa situación coincidió con la reforma a la justicia que creó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, una medida que surgió del intenso debate alrededor del caso del exministro Andrés Felipe Arias, quien fue condenado por ese alto tribunal en una única instancia, así como muchos otros políticos aforados.
El caso quedó en manos del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas. Y ocurrió de nuevo: la ponencia de fallo condenatorio se filtró nuevamente a los medios de comunicación y Ramos Botero utilizó el mismo mecanismo para desestimar el proceso: la tutela. Mediante ese recurso, solicitó quitarle el caso a este togado.
No obstante, la medida finalmente no prosperó y el caso continuó en el despacho de Torres Rojas, quien sentenció, en primera instancia, al político antioqueño a 95 meses de prisión y le impuso una sanción de inhabilidad vitalicia en cualquier cargo público. Además, deberá pagar una multa por más de 7 mil millones de pesos. Y, en cuanto a su detención, se especifica que “no son procedentes la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria”.
Ante la decisión, Ramos Botero insistió en su inocencia a través de un video divulgado en la red social Twitter, dijo ser víctima de “falsos testigos” y anunció la apelación a la sentencia en su contra, lo que abrirá una nueva puerta en este prolongado caso que ajusta ya una década sin poderse definir plenamente.
Foto de portada tomada de la cuenta de Twitter del exsenador y exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.
