Hace 15 años siete investigadores de la Fiscalía del Cesar salieron a exhumar el cuerpo de un vendedor de paletas, pero nunca regresaron. Los paramilitares aceptaron el crimen, pero no han entregado sus cuerpos. Sus familias viven un viacrucis sin fin y sin verdad.
Por Elizabeth Reyes
Marina Aguacha y Rosa Osorio, la mamá y la esposa de Danilo Carrera, 15 años después de su desaparición. En la pared una de sus últimas fotografías. Foto: Carlos Ojeda
Israel Roca estaba intranquilo. Eran las 10 de la mañana del 9 de marzo del 2000 cuando le avisaron de afán que haría parte de una comisión judicial que saldría a la una de la tarde a exhumar el cadáver de un vendedor de paletas. Israel, que pronto cumpliría los 30 años y se recuperaba de una bronquitis, era el experto en huellas dactilares del CTI de la Fiscalía de Valledupar, donde llevaba 10 años trabajando.
“Llegó a la casa impaciente, se cambió tres veces de camisa y me dijo que no quería ir porque en la zona mandaban los paramilitares”, cuenta su esposa, Claudia Balsero, en ese entonces una joven de 27 años que cuidaba a sus hijos de tan solo 1 y 3 años. Ella se sorprendió porque Israel no solía darle detalles de su trabajo. También se quejó de que sus jefes lo enviaran a una tierra de nadie, aunque confiaba en que los militares los estuvieran esperando.
Esa tierra a la que Israel le temía era la trocha de Verdecia, como se conoce a un corredor de más de 60 kilómetros que une al municipio de Agustín Codazzi, al norte del Cesar, con otros que están en el corazón minero de la región. Todo ese trayecto lo dominaba el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que estaba en la zona desde 1996. Es una tierra ganadera que -por décadas- resultó estratégica para todos los grupos armados, ya que es un corredor con salida a la serranía del Perijá y a Venezuela.
Primero lo dominaron las FARC, luego el ELN, y finalmente los paramilitares, por lo que abundaba la extorsión, los secuestros y el robo de ganado. Precisamente, estos últimos llegaron, según lo han confesado desmovilizados de las AUC, tras el llamado de algunos empresarios y políticos, cansados del azote de las guerrillas. Sin embargo, su incursión a esta región del Cesar incrementó los asesinatos y las masacres indiscriminadas, las torturas y las desapariciones forzadas, por lo que los pobladores estaban aterrorizados.
El vendedor de paletas, Tiburcio Rivera, era una de las últimas víctimas de este frente paramilitar. Había desaparecido desde el 15 de octubre de 1999 y su esposa tenía fuertes indicios del lugar dónde lo habían enterrado sus victimarios. Lo que faltaba, tras poner la denuncia en la Fiscalía de Codazzi, era confirmar la ubicación y exhumar sus restos. Pero no era una labor sencilla en medio del auge paramilitar que padecía la región.
Claudia, en Valledupar, no tenía ni la menor idea de que todo esto ocurría a tan solo dos horas de su casa. Lo mismo le pasaba a Olga Martínez, la hermana de Jaime Elias Barros Ovalle, un odontólogo de 33 años, que, como Israel, tuvo que sumarse a la comisión judicial a último momento. Jaime Elías almorzaba todos los días en la casa de su hermana y ese 9 de marzo, tirado en el sofá de la sala, le confesó que no quería ir por temor a los paramilitares. A Israel y Jaime Elías se unió finalmente, Mario Abel Anillo Trocha, el más joven de todos.
Los tres salieron de Valledupar rumbo a Codazzi, donde se encontrarían con cuatro funcionarios más que trabajaban en la seccional del CTI de ese municipio. Se trataba de Edilberto Arturo Linares Correa, jefe en Codazzi y el de mayor experiencia, de Carlos Arturo Ibarra Bernal, estudiante de psicología y con nueve años en la Fiscalía, de Hugo Alberto Quintero Solano y de Danilo Javier Carrera Aguancha, que recientemente lo habían nombrado investigador. Ninguno sobrepasaba los 33 años de edad.
Todos irían en dos camionetas hasta Minguillo, un corregimiento de La Paz que quedaba en medio de la trocha de Verdecia. Los cuatro que trabajaban en Codazzi sabían lo que le había pasado al paletero por las denuncias de su esposa. Incluso se arriesgaron a ir en más de dos ocasiones. Sin embargo, la exhumación estaba aplazada. Sus familiares recuerdan que la directora del CTI de ese entonces, Marta Galvis, les había pedido que esperaran y que lo mejor era estar acompañados por militares para que les brindaran seguridad.
Pero ese 9 marzo hubo cambio de director en el CTI de Valledupar. “(Álvaro) Vivas se bajó del avión y dio la orden de exhumar al paletero”, cuenta con tristeza Marina Aguancha, la mamá de Danilo, su hijo más alegre y al que todos llamaban ‘Dani’.
La trocha de Verdecia, donde desaparecieron a los funcionarios del CTI, es un corredor de más de 60 kilómetros que une al municipio de Agustín Codazzi, al norte del Cesar, con otros que están en el corazón minero de la región. Todo ese trayecto lo dominaba el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las AUC. Foto: archivo Semana.
La última comunicación con la comisión fue a las 4 de la tarde. Desde entonces, lo que se conoce es un listado de puras especulaciones. Unos dicen que los siete llegaron hasta Minguillo pero que salieron sin recuperar los restos de Tiburcio. Otros, que el grupo se dividió: unos se quedaron en el lugar de la exhumación y el resto en Minguiño. Primero, según dice un investigador que conoció el caso, los paramilitares interceptaron al grupo que estaba haciendo la exhumación y luego bajaron al pueblo de donde se los llevaron a todos. El recorrido posterior también es difuso. Se sabe, por testimonios recogidos en las investigaciones, que fueron amarrados, tirados al suelo, pateados e insultados por trabajar para el Estado. Luego los mataron.
Lo único cierto es que el 9 el marzo fue el último día que los vieron con vida y esa misma noche empezó una búsqueda que todavía no termina. Ya no serían más Edilberto, Carlos, Danilo, Hugo, Mario, Jaime e Israel, sino ‘los muchachos’. Así los llaman, siempre, sus familiares. Quien busca a uno, los busca a todos.
Sin rastro
Los teléfonos en Codazzi y Valledupar empezaron a sonar desatando la angustia y la confusión. Durante los primeros días, la Fiscalía no supo dar respuestas claras de lo que había ocurrido. “El nuevo director hablaba de secuestro y si te lo dice el jefe, crees que en realidad están haciendo algo por encontrarlos. También afirmó, a los ocho días de la desaparición, que los iban a entregar y nos pidió que lleváramos pijamas y medicamentos a la sede de la Cruz Roja Internacional”, dice 15 años después la esposa de Israel. Claudia habla vía telefónica desde un lugar que no identifica y en el que vive desde abril de 2014, cuando tuvo que salir de Colombia por amenazas. Ella no duda en afirmar que la Fiscalía “sumó gran cuota”, al dolor que hoy siguen sintiendo todos los familiares.
Alvaro Vivas, el nuevo director del CTI, también les habló del paramilitar, que según su versión, tenía a ‘los muchachos’ en su poder y era el responsable de la tragedia. En la región lo conocían con el alias de ‘El Tigre’, un exmilitar oriundo de Valencia, Córdoba, que entró a las autodefensas en 1996 y pronto se convirtió en el comandante del frente ‘Juan Andrés Álvarez’. Luego ya no olvidarían su nombre: Jhon Jairo Esquivel Cuadrado.
La tensión al interior de la Fiscalía era evidente porque se rumoraba que estaba infiltrada por los paramilitares. Hubo roces entre algunos funcionarios y el director para que aceleraran las pesquisas. El 11 de abril encontraron el campero rojo, uno de los dos carros en los que se desplazaban los agentes del CTI. Estaba metido entre un matorral al que un informante los guio por teléfono en la temida trocha de Verdecia.
La familia de Jaime Elías pronto se enteró que su celular estaba activo y era utilizado por los paramilitares. Olga, su hermana, recuerda que al cuarto día se armó de valor para llamar y ‘El Tigre’ le contestó. “Se identificó como Diego (su otro alias) y me confirmó que los tenían en su poder, que les harían un juicio y que los soltarían”, dice.
Pero nada pasó. Los meses seguían su curso y las familias querían respuestas. En mayo llegó una comisión de investigadores desde Ibagué. Se decidió interceptar varios celulares y así dieron con el paradero de ‘El Tigre’, de quien se decía que estaba herido en una mano y se recuperaba en su casa de Valencia. Lo capturaron el 19 de julio de 2000. Nueve años después, luego de guardar silencio a pesar de las súplicas de las familias y cuando ya hacía parte del proceso de Justicia y Paz, reconoció en una declaración ante la justicia de Estados Unidos que el día de su captura se estaba ocultando por haber matado a los siete investigadores del CTI.
El exmilitar Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, es el responsable de la desaparición de los siete agentes del CTI por orden de Jorge 40. Está preso desde julio de 2000, condenado por secuestro más no por homicidio. Sus versiones sobre lo ocurrido son contradictorias. Foto: archivo Semana.
Hoy se sabe que ‘El Tigre’ y sus hombres asesinaron a centenares de personas para tener el control en el centro del Cesar. Este hombre, que hoy tiene 40 años, está señalado de participar en más de una decena de masacres cometidas entre 1996 y el 2000, muchas de las cuales él mismo confesó, y de protagonizar otro delitos como abuso sexual y tortura. En 2004 lo condenaron a 40 años de prisión por el secuestro de los ‘muchachos’, más no de su homicidio.
Cara a cara con Castaño
Poco a poco la teoría del secuestro empezó a perder fuerza y las familias decidieron empezar a buscarlos por su cuenta. En medio de la confusión, la Fiscalía también barajó la posibilidad de que estuvieran en poder de la guerrilla. Hoy, algunos familiares creen que tanta desinformación apuntaba a que en el fondo no los querían buscar. ¿Por qué? No lo saben. Entonces preguntaron aquí y allá hasta que lograron que Carlos Castaño, jefe máximo de la AUC, los recibiera en una finca en el Urabá.
A la cita solo fue un familiar por cada uno de los desaparecidos. Se concretó el 14 de junio de 2000, solo un par de meses después de que las autodefensas protagonizaran una de las peores masacres que ha sufrido Colombia, en El Salado, Bolívar, donde asesinaron a más de 60 personas.
Ciro Ibarra, el papá de Carlos Arturo, recuerda cada detalle del encuentro, que narra sentado en la entrada de su casa en Valledupar. Primero viajaron a Bogotá, donde esperaron cinco días hasta que les dieron vía libre para viajar a Montería. Allí los recogieron dos camionetas que los metieron finalmente monte adentro, a un lugar que hoy muy pocos identificarían de nuevo.
El recorrido duró unas ocho horas por un camino serpenteado y al llegar tuvieron que esperar a Castaño. “Lo vimos de lejos, en una camioneta blanca, solo. Y al bajar, nos saludó sonriente”, dice Ciro. Para otra de las personas que asistió, la cuestión era sencilla y trágica: “se trataba de sentarse con el enemigo todo en aras de saber la verdad”. El fundador de las AUC les ofreció sancocho, luego vinieron las fotos, la historia.
“Yo de esos muchachos no se nada”, fue la respuesta lacónica de Castaño. Llovía. Luego negó que hubiera dado la ordende desaparecerlos y responsabilizó de lo ocurrido a Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, jefe máximo en el Cesar y superior de ‘El Tigre’. También dijo que había sido un error y les prometió averiguar qué había pasado, por lo que les pidió un correo electrónico para comunicarse. La visita terminó en tan solo una hora.
En el intercambio de correos, Castaño nunca utilizó la palabra muerte. En uno de ellos, de septiembre de 2000, escribió: “Lamento mucho los dolorosos hechos que enlutan sus hogares…”. En ese momento, la esperanza de encontrar a los siete agentes cegó a sus familiares de aceptar la dura realidad. “Él nos dijo la verdad, pero no la entendimos”, se lamenta Paulina Gutiérrez, la esposa de Hugo Alberto Quintero.
Durante los primeros meses de la desaparición, los familiares lograron entrevistarse con Carlos Castaño, máximo jefe de las AUC, quien les prometió averiguar por el paradero de los investigadores del CTI. La comunicación se prolongo por seis meses sin ningún fruto. Archivo particular.
Tras el veredicto de Castaño, uno de los siguientes pasos fue buscar la manera de llegar a ‘Jorge 40’, quien se encontraba en un lugar más arriba del corregimiento de Pueblo Nuevo, en Magdalena, conocido como La Horqueta. Al viaje, el 6 de marzo de 2001, fueron cuatro mujeres en representación de los familiares, que los ‘paras’ separaron en dos grupos. Y aunque el encuentro no se concretó porque en el último minuto desistieron de la idea, lo que vivieron les mostró en carne propia el horror paramilitar. En lo que a claras luces eran las instalaciones de un colegio tenían ganchos y alambres que poco dejaban a la imaginación. “Ahí entendí que existe un Dios que nos protegió”, cuenta Claudia Balsero.
Regresaron con las manos vacías pero vivas y el silencio empezó a hacerse cada vez más largo. En esos días, la Fiscalía encontró la segunda camioneta en la que viajaban los siete agentes con la ayuda de un informante, que les señaló el paradero desde un helicóptero. El vehículo, blanco, que el CTI utilizaba como laboratorio móvil de criminalística, estaba enterrado e incinerado, en el fondo de un jagüey seco. De ‘los muchachos’ ni el más mínimo rastro. ‘El Tigre’, preso, seguía sin hablar.
Solo cinco años después, una pequeña luz apareció en el camino con el anuncio de la desmovilización de ‘Jorge 40’ y sus más de 4.000 hombres del Bloque Norte de las AUC, lo que finalmente ocurrió en el municipio de La Mesa, a 30 minutos de Valledupar.
La negación de la verdad
Ese día, el 8 de marzo de 2006, justo cuando se cumplían seis años de la desaparición de los agentes, Matilde Bernal, la mamá de Carlos Ibarra, y su hermano Edinson, se arriesgaron a acercarse a ‘40’ con la intención de preguntarle por el paradero de su hijo. Matilde tenía puesta una camiseta con un letrero que decía DESAPARECIDOS CTI y como pudo llegó hasta el paramilitar cuando se disponía a entregar su arma. Tuvo que contener la rabia por los halagos que muchos le expresaban a ‘40’ camino a una tarima donde lo esperaban funcionarios del Gobierno y personajes como el compositor vallenato Rafael Escalona, encargado de recibirle el arma.
Matilde respiró profundo y se armó de coraje para hacerle la pregunta.
“El señor Castaño era el jefe”, fue la frívola respuesta del jefe paramilitar.
A los 16 meses, el 6 de julio de 2007, ‘Jorge 40’ apareció en los noticieros y por primera vez, a nombre de las AUC, aceptó públicamente la desaparición de los siete investigadores. Lo hizo en una de las pocas versiones que dio en Barranquilla ante los jueces de Justicia y Paz de la Fiscalía. El impacto para Rosa Osorio, la esposa de Danilo Carrera, fue definitivo. Hasta entonces, ella asistía a las reuniones de los familiares pero hablaba poco. Ahora, el ver al responsable de su dolor en la pantalla del televisor, quería la verdad y se involucró en ello.
Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, reconoció su responsabilidad en la desaparición de los agentes del CTI y está condenado por los hechos, sin embargo no ha entregado su versión de lo ocurrido. En una entrevista con la hermana de Jaime Elías Barros, le dijo que “estaba en el lugar equivocado y con las personas equivocadas”. Foto: archivo Semana.
Olga Martínez, la hermana del odontólogo de la comisión judicial, también alcanzó a albergar la esperanza de obtener respuestas de ‘40’. Lo conocía muy bien porque habían crecido juntos en el mismo barrio de Valledupar. Olga reconoce que durante los primeros meses de la desaparición de Jaime Elías, su familia se aferró a la idea de que para algo serviría haber sido vecinos de Rodrigo Tovar y de los paseos compartidos cuando eran unos muchachitos.
Ella se enteró de que el ‘papa’, como muchos aún le siguen diciendo a ‘40’ en Cesar, se había entregado tras un ultimátum del gobierno de Álvaro Uribe en un paraje rural de Valledupar. Lo tenían detenido en el Comando de Policía de Cesar mientras se definía su lugar de reclusión. Por eso le mandó un mensaje pidiéndole que la recibiera.
El encuentro se realizó un lunes de agosto de 2007 a las 9 de la mañana y se prolongó por una hora. Lo encontró sentado frente a una mesa llena de periódicos y escuchando radio, porque ese día estalló el escándalo por parapolítica que involucraba a Hernando Molina, en ese momento el Gobernador de Cesar. “Le pedí a Dios que me iluminara, no sabía ni siquiera cómo lo iba a saludar”, cuenta.
Al principio, ‘40’ fue rudo y le preguntó si lo visitaba para humillarlo y juzgarlo. Olga contuvo el aliento y de inmediato le habló de su hermano. Lo que vino fue una seguidilla de excusas del hombre que sembró por años el terror en su propia tierra y en gran parte del Caribe colombiano. “Desafortunadamente, Jaime Elías estaba en el lugar equivocado y con las personas equivocadas”, le dijo. También negó que supiera que hacía parte de la comisión judicial.
Pero Olga estaba preparada para las evasivas. “Tú fuiste el que dio la orden”, le dijo envalentonada por el dolor. Lo sabía porque así lo constatan las interceptaciones de los celulares.
Entonces ‘40’ empezó a justificar su accionar paramilitar y aunque le pidió a la mamá de José Elías que lo perdonara, al final dijo que no se arrepentía de sus acciones.
‘Jorge 40’ es el segundo hombre condenado, además de ‘El Tigre’, por lo que ocurrió el 9 de marzo en la trocha de Verdecia. El 11 de octubre de 2012, cuando ya llevaba cuatro años extraditado, un juzgado de Valledupar lo condenó a pagar 25 años de prisión por la desaparición y asesinato de los siete funcionarios de la Fiscalía. Y aunque renunció a asistir a las audiencias y nunca dio su versión de lo que sucedió, se acogió a sentencia anticipada aceptando los cargos por línea de mando. Hoy permanece en una cárcel de Virginia, EEUU.
Matilde Bernal y Ciro Ibarra, los padres de Carlos Ibarra en su casa de Valledupar en marzo de 2015. Foto: Carlos Ojeda
En la sentencia de ‘40’ se lee que ese 9 demarzo, un grupo de hombres armados al mando de ‘El Tigre’, interceptaron a los empleados del CTI, los torturaron y posteriormente, por órdenes dadas por ‘Jorge 40’, vía telefónica, fueron asesinados.
La indolencia
El proceso de Justicia y Paz al que los paramilitares se sometieron a partir de 2005 con el compromiso de contar la verdad, reparar a las víctimas y no repetir sus crímenes a cambio de una rebaja de penas, parecía ser una oportunidad para los familiares de los siete agentes del CTI. Así lo entendió también ‘El Tigre’, pero pensando en su propio beneficio, por lo que en una audiencia en Valledupar les pidió que intercedieran para que lo postularan. Si lograba entrar -les dijo- revelaría el lugar donde estaban enterrados. “Era una carta que teníamos que jugar. Si hablaba, ganábamos, pero si no, tampoco perdíamos”, dice Claudia Balsero.
La primera versión de ‘El Tigre’ fue el 10 de diciembre de 2007 en Barranquilla y la única víctima que estuvo presente fue, precisamente, Claudia, la esposa de Israel. “Se disculpó, si, por lo que había hecho y cuando le pregunté qué era lo que había hecho, porque nosotros no lo sabíamos, dijo sin piedad que los habían capturado a eso de las 4:30 de la tarde, torturado, partido en pedazos con machete y tirado a un hueco”.
¿Quién dio la orden? ‘El Tigre’ dice que fue Carlos Castaño y no ha involucrado a ‘Jorge 40’.
Desde entonces han desfilado por Justicia y Paz decenas de paramilitares que afirman haber participado o conocido lo que ocurrió con ‘los muchachos’ sin que por el momento se sepa, a ciencia cierta, la verdad. La investigación de la Fiscalía se ha centrado en recuperar los cuerpos y en vincular a otros victimarios. En la lista aparecen 46, muchos muertos, pero para las familias todo ha sido en vano.
Al dolor por la desaparición se sumó también el temor por la seguridad. Agobiados por las amenazas, las familias pidieron protección porque había hombres rondando sus casas y sus oficinas de trabajo, los seguían en motos y taxis y los vigilaban por las ventanas.
Otros ya habían tenido que salir de Valledupar. “No vayan a las audiencias de Justicia y Paz si no quieren terminar desaparecidas como sus familiares”, fue uno de los avisos intimidantes.
Lo que no sabían los victimarios era que las familias, a pesar del miedo, estaban lejos de rendirse. Entre los testimonios que se han recogido a lo largo de 15 años, está, por ejemplo, el de Marlon Campo, funcionario del CTI de Valledupar que participó en la búsqueda dos semanas después de la desaparición y aseguró que había visto con vida a Edilberto Linares y Carlos Ibarra. Estaban, según su testimonio, a la entrada de una finca, sentados en una mesa.
También está el testimonio del paramilitar Hugo Alberto Vanegas, conocido como ‘El Pavo’, presente cuando retuvieron a los agentes. Según su versión, escuchó hablar por teléfono a ‘El Tigre’ con ‘40’ y asegura que de esa conversación salió la orden de matarlos. “Inmediatamente (‘El Tigre’) los llevó a un matorral y los asesinó sin que se escucharan disparos”, dijo. Este hombre también ha dicho que vio cómo los tiraban a fosas comunes.
Más de 40 desmoviliados de las AUC han sido vinculados o han dado información sobre la desaparición de los funcionarios del CTI, pero son tantas las versiones y diferentes, que para la Fiscalía es evidente que se quiere encubrir a los verdaderos responsables. Foto: archivo Semana.
Otro desmovilizado asegura que en la época de la desaparición, ‘Jorge 40’ y Carlos Castaño, habían dado la orden de “darle plomo a todos los de la Fiscalía que se metieran a donde estaban los paracos”. Y otro más afirma que la dirigencia de las AUC ordenó en 2001 desenterrar los restos de ‘los muchachos’ para deshacerse de ellos. Sin embargo, otros hablan de que eso habría ocurrido en 2003.
Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, quien asumió la comandancia del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ cuando cayó preso ‘El Tigre’, ha sostenido que una vez los desenterraron, a él le entregaron los cuerpos en siete sacos para lanzarlos, desde un puente, al río Cesar. Cada saco, según él, pesaba cerca de 25 kilos. Esta versión no ha podido corroborarse, primero porque ni él ni sus hombres identificaron los restos, y segundo, porque ha sido puesta en entredicho por varios desmovilizados que acusan a ‘Samario’ y ‘El Tigre’ de inducirlos a mentir para recibir beneficios jurídicos.
Hay tantas versiones de lo que ocurrió, que la Fiscalía considera que muchas son rumores, “de oídas”, que se contradicen, incluso uno de los implicados ha cambiado su versión original. Otro también dijo que uno de los agentes desaparecidos había traicionado a sus compañeros y estaría vivo. Y otro más, que existe un video de las víctimas.
La suma de todas estas contradicciones agrandó el desconcierto de las familias, que han asistido, como si tratara de una penitencia, a casi la totalidad de las audiencias donde se ha hablado de ‘los muchachos’. Por eso, de común acuerdo y luego de leer por primera vez todo el expediente del caso, decidieron pedir una audiencia colectiva para tener a los paramilitares frente a frente. El encuentro se dio el 1 de septiembre de 2009 en Valledupar. En una misma sala estuvieron ‘El Samario’, ‘El Tigre’, ‘JJ’ y ‘Mecánico’ enfrentados a los familiares. Los dos últimos habían insistido en la versión del desenterramiento. “Al final confesaron que Iván Otero, abogado de ‘El Tigre’ y ‘Samario’, fue quien les pidió que insistieran en esa versión y negaron haber participado de la supuesta desaparición de los restos”, cuenta uno de los familiares.
‘El Tigre’ también les ha dicho, pero sin sostenerlo delante de los jueces, que los restos de los siete investigadores nunca fueron sacados de las fosas comunes donde los enterraron cuando los mataron. “Búsquenlos en (la finca) El Triunfo que ahí están”, les ha dicho.
Un informe de policía judicial de octubre de 2014, que analiza toda la información que hasta ahora se ha recogido para dar con el paradero de los agentes, concluye que son tantas las versiones y diferentes, que es evidente que desde el principio se buscó evitar llegar a la verdad para “en últimas encubrir y/o beneficiar a uno o varios sujetos involucrados”. Tampoco se descarta la complicidad de militares y miembros de la Fiscalía que apoyaban a las autodefensas.
La mayor muestra de la falta de verdad es que ninguna de las 38 búsquedas que se han hecho, concentradas en tres fincas, han arrojado el menor resultado. Rosa, la esposa de Danilo Carrera, y Paulina, la esposa de Hugo Alberto Quintero, coinciden en que cada nueva búsqueda es peor. “Ver a ‘El Tigre’ ir de un lado para otro y decir que no se acuerda, es una frustración”, dice Rosa. Para Paulina, el mayor dolor es caminar por los desolados montes de la trocha de Verdecia y no poder evitar imaginar cómo los maltrataron. “Tierra, tierra y más tierra es lo que hemos encontrado”, agrega Olga, la hermana de Jaime Elías.
Los familiares coinciden en que una sombra planea sobre la desaparición de ‘los muchachos’. “La investigación tiene demasiadas incongruencias, incluso entre los familiares”, reconoce Claudia. A la falta de respuestas y al confuso panorama, se suma que tres días antes de la desaparición, cinco investigadores (cuatro de Codazzi y el secretario de esa oficina del CTI) habían denunciado por injuria y calumnia a dos de sus compañeros.
Para Claudia, quien sin buscarlo terminó convirtiéndose en una de las líderes de estas siete familias, ‘El Tigre’ estaría beneficiándose de haberles hecho favores a algunas personas de la Fiscalía y de la sociedad vallenata. “Él sabe dónde están los muchachos, pero si los entrega pierde los beneficios que esa gente le ha mantenido hasta hoy”, dice.
Lo único cierto es que siete familias de Cesar siguen a la espera pero con la esperanza rota. “Nada, no tenemos nada, es como si hubieran matado a unos perros”.
