Si bien el acuerdo de La Habana incluye un cese de hostilidades entre la Fuerza Pública y este grupo subversivo, aún persisten las amenazas y la zozobra generada por otros grupos armados ilegales.
El Gobierno y las Farc pactaron que los guerrilleros se concentrarán durante seis meses en 23 zonas veredales (que a su vez pueden tener varios campamentos) y en 8 campamentos (que estarán por fuera de cualquier zona veredal). Foto: Archivo Semana.
Un segundo apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timoleón Jiménez’, máximo comandante de la guerrilla de las Farc, cerró un nuevo acuerdo en el proceso de negociación para poner fin a una confrontación armada que ya ajusta 52 años.
No es un acuerdo cualquiera, se trata de uno de los más esperados de este proceso por los colombianos y la comunidad internacional: el de cese bilateral de hostilidades, dejación de armas y mecanismos de seguridad para hacer tránsito de la vida guerrillera a la de movimiento político.
Ahora, luego de las firmas de los acuerdos en acto celebrado en La Habana, Cuba, la fuerza insurgente más grande del país y la más antigua de América cedió, por fin, a sus pretensiones de tomarse el poder por la vía de las armas y a buscar en la arena política la concreción de sus sueños de justicia e igualdad.
Todavía no ha dejado las armas, pero cuando lo haga, en un proceso de seis meses después de la firma del acuerdo que le pone fin al conflicto, las Farc se comprometió a abandonar de una vez por todas su discurso histórico de combinar las armas y la política para llegar al poder. “Claro que las Farc haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos”, afirmó ‘Timoleón Jiménez’, luego de la firma de los documentos.
Desde la perspectiva del gobierno, el nuevo acuerdo abre las puertas de la democracia a la guerrilla. Santos así lo ratificó: “Lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas, sin necesidad de enfrentarse por medios violentos”.
Sin las armas de las Farc
Aunque antes de este jueves no había un acuerdo bilateral para acabar las hostilidades entre las Fuerzas Armadas constitucionales y la guerrilla de las Farc; en la práctica, los enfrentamientos venían en picada y en diversas regiones del país se vive la calma que permite el silencio de los fusiles de unos y otros.
Este es un promedio realizado por el Cerac en junio de 2016.
Tal escenario se ve reflejado, por ejemplo, en que por la tregua unilateral de la guerrilla desde hace 11 meses y la decisión presidencial de suspender los bombardeos a los campamentos, disminuyó la cantidad de muertos y heridos hasta cifras que no se veían desde hace más de 50 años, como lo aseguró el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), en uno de sus reportes de este año.
Y la comparación de lo que ocurrió entre mayo y julio de 2015, cuando la guerrilla decidió ponerle fin a su decisión de mantener un cese unilateral es abrumadora si se compara a los últimos 11 meses en los que sí ha habido un compromiso de no agresión. Esto pese a que las Farc han violado la tregua varias veces, como lo muestran las cifras del Cerac y las que ha recopilado en prensa la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“El cese ha creado una diferencia enorme en los territorios pues la amenaza desaparece. Pero siguen siendo regiones que viven bajo la égida del miedo”, aclaró Jorge Restrepo, director del Cerac.
La Fundación Ideas para la Paz obtiene la información de prensa debido a que el Ministerio de Defensa no publica los datos desde 2014. Esto hace que el subregistro sea muy alto.
Es que en tiempos de alta confrontación armada se sentía el asedio: los retenes de la guerrilla eran constantes, el número de militares en las carreteras aumentaba y los enfrentamientos armados eran frecuentes, día y noche. “Era tanta la zozobra que generaban entre las comunidades que, en varias regiones, sobre todo rurales, se afectaba el día a día en cosas tan simples como el transporte”, explicó Eduardo Simón Cedeño, politólogo y analista que vive en Arauca, undepartamento en donde las Farc y el Eln se dividieron el poder desde hace por lo menos seis años tras una cruenta guerra que dejó cientos de muertos.
Pero ese temor ha disminuido y, durante la tregua unilateral, en departamentos con mucha presencia guerrillera como Caquetá o Putumayo han vivido en relativa calma. “En Arauca, la Fuerza Pública ha tomado otra función pues ahora trabaja más con la administración local en la construcción de política social y se han acercado más a la comunidad”, relató Cedeño.
El mapa muestra las acciones ofensivas durante los 11 meses del cese unilateral de las Farc y fue realizado con cifras del Cerac.
Escenarios de riesgo
Lo pactado en La Habana se enfrenta a un gran riesgo, el de la actividad armada de la guerrilla del Eln, que se resiste a sentarse a buscar una salida negociada con el gobierno nacional, y el de grupos armados organizados, ligados al crimen organizado y al narcotráfico, que tienen fuerte presencia territorial y gran capacidad de fuego.
¿Pueden estos agentes obstaculizar el proceso con las Farc, sobre todo el mecanismo definido como Zonas de Concentración Veredal, donde se espera la concentración de todos sus hombres y mujeres durante un periodo de seis meses?
Para Eduardo Álvarez, coordinador del área de dinámicas del conflicto de la FIP, uno de los mayores riesgos es la intención de la guerrilla del Eln de ocupar los territorios que dejen las Farc y de apropiarse de las rentas ilícitas, entre ellas la explotación de la hoja de coca, la minería y la extorsión, así como del interés que tengan organizaciones criminales como las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.
“El problema estará cuando los grupos se disputen esos territorios ante la ausencia de las Farc, pues lo que siempre sucede primero es impacto humanitario reflejado sobretodo en desplazamiento”, precisó Álvarez. La preocupación a corto plazo, agrega, “es qué hará el Estado para ocupar esos espacios y cerrar brechas de legitimidad, seguridad y justicia”.
Además, existen otro tipo de violencias que permanecen en la sombra y que no se reflejan en las grandes cifras de víctimas del conflicto, que en efecto han disminuido. Al respecto, Álvarez explicó que ya las masacres y los grandes desplazamientos no son el pan de cada día como antes, esa violencia “excesiva y visible” ha mutado a formas menos escandalosas en el ámbito nacional, pero que hacen mucho daño en lo local, como las amenazas, los panfletos o los desplazamientos gota a gota.
“Mientras que el Estado no mitigue o acabe estas violencias cotidianas, y así genere confianza entre la población, no habrá muchas posibilidades de implementar los acuerdos de paz”, afirmó el investigador.
Las cifras muestran que el cese unilateral decretado por las Farc hace once meses no significó una reducción de las amenazas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y reclamantes de tierras, entre otras razones porque las acciones de esa guerrilla han sido mínimas contra ellos si se compara la ejercida por fuerzas estatales o paraestatales.
“Hoy se necesitan directivas claras que prohíban que los miembros de la Fuerza Pública miren a los defensores como el enemigo a ser destruido”, advirtió Jorge Molano, abogado e integrante de la red de defensores de derechos humanos no institucionalizados DH Colombia.
Además de las amenazas constantes, la impunidad judicial es del 99%, pues solo dos procesos de 356 tienen condena en firme, según cálculos de la organización no gubernamental Somos Defensores, que monitorea el riesgo de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales.
“La impunidad está siendo el caldo de cultivo para que los actores armados estén tranquilos y sigan atacando, porque saben que no los perseguirán”, argumentó Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores.
Otra de sus preocupaciones es que a medida que ha avanzado el proceso de negociación en La Habana, las amenazas e intimidaciones aumentan significativamente. Las cifras muestran que durante 2015, cuando se firmaron varios de los acuerdos finales de la agenda, fue el periodo con más agresiones contra los defensores en los últimos años.
Este gráfico se obtuvo del más reciente informe de Somos Defensores, titulado ‘El Cambio’ y publicado en marzo de 2016.
“Entre más nos acerquemos al escenario de Tribunal de Paz, habrá más presión contra los líderes regionales y locales porque llevan los procesos de memoria, les hacen seguimiento a los casos y encima no son muy visibles políticamente”, apuntó Guevara.
Por otro lado, este investigador aseguró que lo positivo de que las Farc dejen las armas es que la doctrina del “enemigo interno” que ha usado la Fuerza Pública para perseguir a esa guerrilla ya no tendrá sentido, y así no habrá orientaciones para estigmatizar a los defensores de derechos humanos.
Somos Defensores ha registrado que algunos de los lugares más preocupantes son el Urabá antioqueño, Buenaventura en Valle del Cauca, Guapi en Cauca, Tumaco en Nariño, Huila, Tolima, Catatumbo y Atlántico, siendo este departamento muy invisibilizado, pues las amenazas han sido por líos de tierras y no por la defensa de víctimas.
Las intimidaciones también se han sentido en lugares como Caquetá. A principios de este año aparecieron grafitis alusivos a las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ en San Vicente del Caguán; por redes sociales corrieron amenazas a nombre de ‘Los Urabeños’, también conocidos como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, contra líderes del municipio; y en San José del Fragua y Belén de los Andaquíes circularon varios panfletos de ‘limpieza social’, de acuerdo a registros de la Corporación Caguán Vive.
Algunas veces las amenazas se concretaron, como le ocurrió a Jhon Jaider Gordillo García, del partido Alianza Verde, uno de los siete concejales amenazados de El Doncello, a quien intentaron matar cuando regresaba a su finca la noche del 14 de marzo de este año.
Es por esto que es crucial el punto de garantías de seguridad que fue rubricado este jueves. Ambas partes definieron la creación de la Unidad Especial de Investigación, adscrita a la Fiscalía y que se dedicará a desmantelar las organizaciones criminales; o el programa para proteger a las comunidades en sus territorios son la apuesta del Gobierno y las Farc para eliminar esas violencias más invisibles.
“Las primeras acciones que ejecute el Estado en torno a la confianza de los ciudadanos, una vez se firmen los acuerdos y arranquen las zonas de concentración, son las que definirán la capacidad que tienen estos grupos armados de cooptar los espacios delas Farc o si es el Estado el que mitiga esos efectos”, concluyó Álvarez.
Es por eso que el fin del conflicto no se reduce a que las Farc dejen las armas y se concentren en ciertos lugares del país. Para alcanzar una paz estable y duradera, también será necesario que el Estado llene los espacios vacíos que deje la guerrilla, se gane la confianza de la gente que aprendió a vivir con la ley de los grupos ilegales y, además, se eliminen todas las violencias. Así las cosas, ¿qué tan cerca está realmente el final de la guerra?
