A dos años de cumplirse el fin de la ley de Justicia y Paz, el Vicefiscal General de la Nación, un abogado de la Corte Penal Internacional y el movimiento de para la paz IKV Pax Christi, analizaron los logros y las dificultades que tiene este proceso de justicia transicional.
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Héctor Olásalo Alonso de la Corte Penal Internacional (derecha), Rodrigo Rojas de IKV PAx Christi y Fernando Pareja, vice fiscal general (izquierda). “La ley de Justicia y Paz es un paso adelante y es bienvenida”: Olásolo |
El pasado lunes, el Tribunal Superior de Popayán, la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y el movimiento para la paz IKV Pax Christi, realizaron el seminario ‘Avances y limitaciones de Justicia y Paz en Colombia, frente al derecho penal internacional y los derechos de las víctimas’.
En este evento, Héctor Olásolo Alonso, docente de derecho penal y procesal internacional de la universidad holandesa de Utrecht y letrado de la División de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, y el Vicefisacal (e) General de la Nación, Fernando Pareja y el movimiento de paz IKV Pax Christi hicieron sus respectivos análisis de lo que ha sido Justicia y Paz.
Héctor Olásolo destacó que el proceso de paz implementado en Colombia es un paso adelante frente a procesos anteriores como los de España y Sudáfrica, en los que se terminaronindultando a los victimarios y no se conocieron las verdades dimensiones de sus crímenes.
Considera que es un paso adelante porque no exime a los postulados de sus responsabilidades, sino que los somete a una pena alternativa, a la que se hace acreedores en caso de que cumplan con los requisitos de verdad y reparación. “El valor fundamental es la paz, pero no puede realizarse a costa de la justicia”, señaló.
Olásolo ha seguido muy de cerca el proceso de Justicia y Paz. Por eso ha asistido a diferentes versiones libres, al juicio a ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ y al incidente de reparación de ‘El Iguano’, y tiene un gran conocimiento sobre cómo se ha desarrollado este proceso y cuáles son las grandes respuestas que debe dar.
Considera que Justicia y Paz no lo es todo, que tan sólo es una parte que está ligada a la parapolítica y a los nexos de terceras personas que permitieron el auge y la expansión de los grupos paramilitares.
Por eso sostiene que el gran reto de este proceso es establecer la verdad. Saber cómo se crearon estos grupos, conocer quiénes fueron los políticos y militares que los apoyaron, cómo conseguían las armas e identificar todos los elementos que permitieron su accionar.
Lea la entrevista que VerdadAbierta.com le hizo a Olásolo.
La visión de la Fiscalía
El Vicefiscal (e) Fernando Pareja destacó los logros que ha tenido la Unidad de Justicia y Paz y habló de las dificultades con las que se ha enfrentado la Fiscalía para abordar este proceso.
El fiscal indicó que desde que empezó a funcionar la Unidad de Justicia y Paz se han documentado los siguientes delitos cometidos por grupos paramilitares durante 21 años: 1.332 masacres, 32.682 desapariciones, 3.587 reclutamientos de menores, 166.677 homicidios, 69.510 desplazamientos por comunidades, 1.742.000 desplazamientos individuales, 589 casos de violencia sexual, 3.017 secuestros, 3.278 extorsiones y 61 casos de narcotráfico.
El Vicefiscal también destacó que a través de estos últimos años se ha logrado establecer la historia de los 34 bloques y frentes paramilitares que se desmovilizaron, e identificaron las zonas en las que delinquieron, los nexos que crearon con políticos y militares y las diferentes maneras en las que cometieron sus crímenes.
Como ejemplo de los anteriores logros, Pareja mencionó que a raíz de Justicia y Paz se han procesado 352 militares y 412 políticos.
No obstante, Pareja también habló sobre las dificultades que ha tenido el proceso de Justicia y Paz.
La primera dificultad que señaló el Vicefiscal (e) es que no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron, como las Autodefensas Campesinas de Casanare de ‘Martín Llanos’ y el Frente Cacique Pipintá. A esto también se suma la aparición de nuevas bandas criminales. Según Pareja, en el país llegaron a existir 22 bandas criminales, pero actualmente sólo hay seis.
Otra dificultad que mencionó Pareja está relacionada con el número de desmovilizados. Uno de los mayores problemas que se presentan en este sentido es que muchos paramilitares e incluso guerrilleros se desmovilizaron después de julio de 2005, que fue establecida como fecha límite para acceder a los beneficios jurídicos de Justicia y Paz. El fiscal asegura que 14 mil personas se desmovilizaron después de esta fecha.
También se han presentado inconvenientes con el número de combatientes que fueron postulados para acceder a los beneficios de Justicia y Paz. Pareja explicó que de los 41 mil combatientes que se desmovilizaron, tan solo 4.200 fueron postulados y hay más de 14 mil que están buscando que se les aplique un principio de oportunidad para resolver su situación jurídica.
Y por si fuera poco, el Vicefiscal (e) explicó que dentro de muy poco se podría presentar un nuevo problema con ex paramilitares que se desmovilizaron en 2002 y aún no han recibido sentencia, ya que la ley establece penas entre cinco y ocho años para quienes cumplan con sus requisitos. El problema consiste que no se sabe si los desmovilizados deberían quedar en libertad, continuar en la cárcel o ser procesados por la justicia ordinaria.
Otro problema que tiene Justicia y Paz está relacionado con su presupuesto y la cantidad de personal que tiene para investigar las verdaderas dimensiones del paramilitarismo. Para afrontar sus tareas del próximo año, la Fiscalía solicitó un presupuesto de 14.800 millones de pesos, pero el Gobierno le ofreció 6.100 millones.
La apreciación de Pax Christi
Al terminar el evento Pax Christi hizo la siguiente declaración sobre el proceso de Justicia y Paz:
La aplicación de de la ley después de cinco años y faltando tan sólo dos para su finalización exige abrir una evaluación rigurosa de sus resultados para formular nuevas propuestas que subsanen los vacíos y den continuidad a un proceso político judicial que está muy lejos de finalizar.
Una apreciación con perspectiva futura requiere resolver interrogantes tales como: ¿la ley de Justicia y Paz debe ser ampliada en sus postulaciones a otros sectores involucrados en la actividad paramilitar o no? ¿Qué otro mecanismo legal complementario se debe aplicar para completar todo el cuadro de verdad y justicia? ¿La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha sido un instrumento viable para lograr que la verdad histórica sea un instrumento de justicia de paz y reconciliación? ¿Es la ley de Justicia y Paz el marco jurídico apropiado para futuros procesos de negociación y paz?
Sin embargo las expectativas y la ansiedad justificadas de las víctimas exigen más resultados, no solamente en el campo de la reparación donde los resultados han sido muy pobres, sino en el mismo campo de la verdad. Mientras en departamentos como Antioquia o Sucre las investigaciones y procedimientos logaron muy importantes resultados, en departamentos como Caquetá y Putumayo ellos brillan por su ausencia, siendo una región debió haber tenido una mayor atención por su aporte significativo a la violencia social y política.
IKV Pax Christi considera que el proceso de Justicia y Paz debe continuar no solo como un procedimiento judicial que subsane los factores de impunidad que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional o una mayor presencia del sistema interamericano que ya está actuando en algunos casos, sino porque se requiere un aparato judicial que repare lo que está pendiente y disuada la acción de quienes han hecho de la guerra un instrumento para defender intereses individuales y ganar poder político local.
Ha faltado cooperación de algunos postulados-desmovilizados para el esclarecimiento de crímenes y hechos delictivos, que han aprovechado este estatus de para evadir la extradición y ganar los beneficios jurídicos, sin mayor colaboración ni compromiso.
Existe también un déficit en la atención de las víctimas del conflicto en cuanto a la restitución de tierras para quienes fueron despojados en forma violenta y desalojados de sus hogares. La gran aspiración es que los proyectos de ley que está preparando el Estado para atender estas demandas debe estar acordes y complementarse con las reformas a la Ley 975 que están exigiendo grandes sectores de la sociedad.
