530 oficinas estatales y particulares que manejan recursos públicos violaron el derecho al acceso a la información vía derecho de petición en casi 10.000 casos, entre 2017 y 2019, según información de la Defensoría del Pueblo. La Liga Contra el Silencio hizo un ranking de los infractores y analizó las implicaciones de esta conducta para el trabajo de la prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Con la emergencia por la COVID-19, ¿esta situación puede empeorar?
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¿De dónde vienen las balas contra los líderes sociales?
En esta serie de investigaciones de largo aliento, intentamos explicar por qué están matando a los defensores de derechos humanos en Colombia.
