En este municipio de Magdalena, varias familias esperan una pronta decisión del juez de restitución. Llevan casi dos décadas desplazados queriendo volver a sus tierras. Sus fincas fueron usurpadas por ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso.
Entre 1999 y 2002, paramilitares del Frente Pivijay de las Auc asesinaron a varios campesinos del sector de Los Patos, desplazando a la comunidad. Luego les despojaron sus tierras en 2003 obligándoles a vender las fincas a bajo precio. Foto: suministrada Unidad de Restitución de Tierras.Danilo Cáceres* tiene 82 años. Sus antiguos vecinos tienen casi la misma edad, incluso a uno le faltan seis para llegar al siglo. Aunque físicamente sus cuerpos ya no tienen la misma fuerza para trabajar el campo, su corazón late con más fuerza, con la esperanza de que pronto un juez de restitución de tierras les dé la razón, que habrá seguridad y podrán sanar las heridas de dos décadas volviendo a arar la tierra.
Ellos son sobrevivientes así como sus hijos. Otras familias no tuvieron la fortuna de ver a sus padres envejecer. Fueron las de Carlos Julio Giraldo Gómez, Brunildo Cantillo, Roberto Vizcaíno, Pedro Montenegro, Alejandro Fuentes, Marco Fidel Olivares, Uriel Charris y Yesenia del Socorro Cantillo, por mencionar algunos, asesinados por paramilitares entre 1999 y 2002, el periodo en que el Frente Pivijay, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), asesinó a varios campesinos del sector de Los Patos, en el municipio de Remolino, Magdalena, antes de arrebatarles las tierras.
Tal como lo investigó la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los jefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Salvatore Mancuso, despojaron a los campesinos y transfieron sus tierras a nombre de políticos y ganaderos, quienes a su vez las pasaron a nombre de una empresa ganadera.
Desde el 16 de diciembre de 2014, la Corporación Jurídica Yira Castro radicó la demanda del caso de los parceleros ante en el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Sin embargo, a la comunidad le preocupa que después de dos años aún no haya avance en el proceso.
En junio de 2016, el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz dirigió una carta al Consejo Superior de la Judicatura, el organismo encargado de administrar y vigilar el funcionamiento de la Rama Judicial, expresando preocupación. En esta recuerda que la Ley 1448 de 2011 [Ley de Víctimas y Restitución de Tierras] establece un periodo probatorio de 90 días y que el juez o magistrado tiene cuatro meses para dictar sentencia. Para el congresista, es preocupante la seguridad de las víctimas y que las demoras judiciales obstaculicen la “reparación transformadora” que le urge a estas comunidades. (Lea la carta aquí)
Danilo y sus vecinos sueñan con volver a Los Patos, cultivar las fincas y levantar el ganado con el que producían carne y lácteos para su comercialización. Actualmente siguen en condición de desplazados en distintos pueblos de la costa Caribe, algunos con miedo y rebuscándose la vida como jornaleros.
“Como estamos desplazados, no tenemos una fuente de empleo fija. Me pagan el jornal a 15 mil pesos el día. Uno accede porque necesita para tomarse un poquito de café. Hace varios años solicitamos la reparación a la Unidad Nacional de Víctimas, estamos en el registro, pero aún no hemos recibido laindemnización. Eso ayudaría mucho”, comenta Andrés Téllez*, otro campesino despojado de Remolino.
Una ‘cacería de patos’
Siendo Magdalena un departamento donde está ampliamente confesado y documentado el despojo, las víctimas esperan diligencia en los procesos judiciales de restitución. Foto: suministrada Unidad de Restitución de Tierras.Los Patos se encuentra entre los corregimientos de Corral Viejo y Santa Rita, y está nutrido por un complejo de ciénagas, caños y humedales que hacen las tierras altamente productivas. Sus corredores conectan el río Magdalena conectan con la Ciénaga Grande de Magdalena, lo que explica el histórico interés sobre este territorio de los grupos armados ilegales.
Según la Unidad de Restitución de Tierras, con base en trabajo de campo, datos del proceso de Justicia y Paz, y textos publicados por VerdadAbierta.com, en la región hicieron presencia en la década del setenta las Autodefensas del Palmor, de la familia Rojas; luego, en los ochenta, aparecieron las Autodefensas del Mamey, de Hernán Giraldo, conocido con el alias ‘El Viejo’; en esos mismos años surgió el Frente 19 de las Farc; y en los noventa llegan los frentes Francisco Javier Castaño y Domingo Barrios del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Al finalizar el Siglo XX, alias ‘Jorge 40’, como jefe del Bloque Norte de las Auc, le declaró la guerra a Giraldo y envió a la región un grupo de hombres del Frente Pivijay, bajo el mando de Tomás Freyle Guillén, alias ‘Esteban’ o ‘09’. Este grupo se apoyó en los 50 paramilitares que se instalaron en el municipio de Sabanas de San Ángel bajo el mando de alias ‘Giovanny’ y ‘Coyará’, quienes controlaban el paso en las vías que comunican al municipio de San Rafael con Remolino, y de la zona rural de este último pueblo hacia Salamina y Pivijay.
En su trabajo de campo, la Unidad concluyó que los paramilitares despojaron predios en Los Patos no sólo por su ubicación estratégica para la movilidad de sus hombres y el tráfico de armas y sustancias ilícitas; también con el fin de explotarlos económicamente a partir de un proyecto extensivo de búfalos. Según una investigación que cursa en la Fiscalía, todo fue fraguado con el apoyo de varios políticos y ganaderos locales que fueron cómplices en las transferencias de las tierras.
Los Patos fue un sector predilecto por Salvatore Mancuso para practicar la cacería de aves y lo ‘replicó’ con los campesinos. Aunque la violencia persistía desde hacía dos décadas, la guerra fue más cruenta a partir de 1999, cuando los paramilitares optaron por la ‘estrategia’ de aterrorizar a la comunidad. Durante cuatro años mataron a varios parceleros, incluso a algunos que se desplazaron y trataron de sobrevivir en algún municipio cercano a Remolino.
El éxodo fue confesado por Miguel Ramón Posada Castillo, alias ‘Rafa’, un desmovilizado del Bloque Norte, durante una versión libre en 2012. El exparamilitar le contó a la Fiscalía que las Auc asesinaron a tres campesinos en la “incursión” que realizaron entre el 16 y el 20 de octubre de 1999, robando los alimentos de la tienda y provocando desplazamientos masivos. De esta forma, las tierras comenzaron a ser abandonadas.
En Magdalena no fue un secreto el despojo perpetrado por los paramilitares. Según datos de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, en Magdalena fueron despojadas 22 mil 217 hectáreas entre 1997 y 2007.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó cómo ‘Jorge 40’ se alió con funcionarios del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) para arrebatarle los predios a los campesinos por vía administrativa, con resoluciones de adjudicación de parcelas, y apoderarse de ellas. Lo ocurrido en el municipio de Chibolo generó los primeros procesos penales en contra de servidores estatales. (Lea: A juicio ex funcionarios del Incora por despojo de tierras en Chibolo)
En una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, realizada el 10 de febrero de 2012, Deiro Elías Londoño, alias ‘Careniña’, desmovilizado del Bloque Norte, aseguró que el despojo fue perpetrado entre 2002 y 2003 cuando ‘Jorge 40’ y Mancuso se aliaron con el ganadero Manuel Domingo Ortega Polo y su hijo, Alexánder Ortega Cantillo, quien para 1997 era el Alcalde de Remolino. Según a confesión del exparamilitar y de los testimonios que rindieron varias de las víctimas despojadas, el ganadero y el alcalde buscaron a los campesinos y les “informaron” que debía asistir a una reunión.
Quienes presidieron la reunión eran ‘40’ y Mancuso, siendo el primero en saludar con un “¿cómo está?” a sus víctimas. Cuando estas daban respuesta, las corregía con un “diga que está mal” y les ofrecía por mucho 175 mil pesos por hectárea, cuando en ese momento estaba avaluada en un millón de pesos. Asustados, los parceleros ‘vendieron’ sus fincas en 25 millones de pesos. La presión y el miedo los obligó a desplazarse hacia otros municipios de la costa Caribe.
Bajo la lupa
Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso, jefes paramilitares, son señalados de promover el despojo de tierras en el sector de Los Patos, siendo este un sitio estratégico por la conectividad entre el río Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: suministrada Unidad de Restitución de Tierras.La Fiscalía investiga el despojo de por lo menos 1.173 hectáreas en Remolino, cometido por los paramilitares del Bloque Norte, ‘transadas’ a través de Manuel Domingo Ortega Polo y su hijo Alexander Quintero, y transferidas en 2006, el año en que fue la desmovilización del Bloque Norte, a la Agropecuaria RHC S.A., una empresa representada por Rafael Hoyos Cañavera.
Hoyos Cañavera ha sido cuestionado por intervenir el territorio reclamado en restitución con maquinaria pesada y deforestación; además de la cría de búfalos, la compañía trabaja en la construcción de diques. En agosto de 2016, la Fiscalía capturó a Hoyos Cañavera por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos otorgados a una concesión vial del que fungía representante en Valledupar.
La responsabilidad de Manuel Domingo Ortega, su hijo Alexánder Quintero, la Agropecuaria RHC S.A. y todas las personas que hayan participado en la cadena de compra de las tierras es lo que debe determinar el Juez Segundo Especializado en Restitución de Santa Marta, pues pese a las denuncias y documentación del caso estos tienen la posibilidad de oponerse a la restitución, rindiendo testimonio sobre cómo adquirieron los predios.
VerdadAbierta.com se comunicó con la Agropecuaria y conversó con la hija del propietario, quien explicó que su mamá se pronunciaría al respecto. Este medio intentó por varios medios comunicarse sin obtener una respuesta de la empresa, a la espera de incorporar su versión sobre los hechos.
Pero a la comunidad y la organización no gubernamental que acompaña la reclamación de las víctimas, les preocupa no sólo que aún no haya avance en el procesodespués de dos años, sino que Manuel Domingo Ortega Polo fue aceptado como “víctima” en el Registro Único de Víctimas. Verdadabierta.com se comunicó con la Oficina de Prensa de la Unidad Nacional de Víctimas para preguntar sobre el registro y la Jefe de Comunicaciones quedó al tanto de dar una respuesta, así como información sobre el proceso de reparación administrativa de Los Patos.
Camilo Gutiérrez*, otro campesino desplazado de Remolino quien solicitó la reserva de su identidad, le dijo a VerdadAbierta.com que una vez los presionaron a “vender” sus fincas, estas fueron ocupadas con más de 200 búfalos y que por tal razón no hay forma de arrimarse a las parcelas. “Todo aparece como propiedad privada, no hay cómo entrar”, dice.
En el despojo de Remolino también está vinculado el nombre de Virgilio Antonio Torres Cuello [alcalde en 1998-2000 y 2012-2015], quien sucedió a Alexander Cantillo en el primer cargo municipal. En 2013, Verdadabierta.com documentó que Torres es señalado por una familia reclamante de tierras de despojarle la finca con la complicidad de otros ganaderos y funcionarios públicos del municipio. El entonces Alcalde dijo que “él no le había quitado nada a nadie” y que sus funcionarios eran personas “correctas”. (Lea: La despojo-política en Remolino)
Las familias reclamantes de Los Patos reiteran que su situación “es crítica”, suman ya casi veinte años desde que fueron desplazados, esperando una decisión judicial que les dé garantías para volver. “Críabamos el ganado, producíamos carne y leche… el cerdo silvestre también se criaba fácil. Teníamos el alimento garantizado. Queremos volver para trabajar la tierra. Esperamos que ese día llegue pronto”, repite Danilo Cáceres.
*Nombres cambiados a petición de las fuentes por razones de seguridad.
