El asesinato y las amenazas contra los líderes de Saiza en Córdoba han provocado nuevos desplazamientos y miedo en la población.
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| Foto: Acción contra el hambre (Ach) Córdoba |
Para los habitantes de Saiza en Córdoba la violencia no paró ni con la desmovilización de los paramilitares ni con el desplazamiento. Con el asesinato de Jairo Antonio Varela y las amenazas de muerte que han recibido sus compañeros, el miedo y las ganas de huir han vuelto.
El asesinato de Jaime Oscar Girón Padilla y de Jairo Antonio Varela en los meses de abril y octubre 2011 se suman a una serie de atentados que ha realizado las Farc contra las personas que llevan a cabo proyectos sociales y de protección de la población civil.
Varela era miembro de la Organización Nacional de Población Desplazada Desarraigada Independientes (Opddi) y representante legal de la Organización Regional Córdoba y el Urabá (Cordeu). Su labor era reconocida por toda la población y su muerte trajo consigo el desplazamiento de varias familias. Según la Opddi, las amenazas y los asesinatos han sido denunciados pero “siempre la respuesta y acompañamiento de las instituciones oficiales ha sido precaria y nunca hemos recibido medidas de protección eficaces”.
La constante confrontación entre las Farc y el Ejército ha creado un ambiente de incertidumbre que ya habían vivido en 1999 cuando los paramilitares del Bloque Bananero masacraron a 14 personas, quemaron el pueblo y obligaron a desplazarse a todos los habitantes de la región.
Para Omar Tino Torres, antiguo profesor del corregimiento, “en este momento hay una zozobra muy grande porque la gente está muy desprotegida La situación se nos ha tornado violenta nuevamente. Los líderes estamos entre la espada y la pared y lo grave es que la comunidad está en medio de ese conflicto”.
Tino Torres recuerda que entre el 2004 y el 2005 hubo mucho acompañamiento cuando iniciaron el retorno a Saiza pero que luego de un año los abandonaron completamente. Los proyectos de inversión social que les habían prometido se paralizaron y por eso les ha tocado recurrir a acciones de tutela para poder obligar al Estado a cumplirles.
Desplazamientos continuos
En Saiza antes de la masacre y el desplazamiento, la vida de 4900 personas era muy tranquila. Sus habitantes venían de Dabeiba y de otras regiones del país donde la falta de trabajo y la pobreza los obligaron a buscas nuevas tierras. La región era muy apropiada para la producción agrícola y era rica en recursos naturales. Además tenían una sólida organización comunitaria.
Omar Tino por ejemplo, además de ser profesor, era comerciante, pertenecía a varios grupos de coordinación en temas de deporte y educación y alcanzó a ser presidente de la Junta de Acción Comunal.
Sin embargo la lucha de las guerrillas del Epl y las Farc con el Ejército inicialmente y la entrada del Bloque Bananero comandado por Éver Veloza, alias ‘HH’, generaron pánico. Tino cuenta que “hubo un tiempo en que una semana entraban las Farc y la otra semana las Auc y así hasta que el 14 de junio de 1999, entraron los paramilitares y nos quemaron las casas y los locales comerciales”.
Los habitantes de Saiza recuerdan que ese día iban a matar a todos los hombres y que sólo se salvarían las mujeres y los niños. Seleccionaron a todo el mundo en grupos y se llevaron a los hombres para la placa deportiva. Cuando empezó la masacre, los niños se salieron de la Iglesia donde los habían encerrado “En ese momento pararon la masacre y empezó la confusión entre ellos. Los niños se mezclaron con los padres y de hecho unos paramilitares que eran de la zona se opusieron a la matanza diciendo que esas personas no eran guerrilleras ni colaboradores”.
Sin embargo ya habían matado a varios campesinos y comerciantes. Omar Tino le narró a Verdadabierta.com las últimas órdenes impartidas por los paramilitares “dijeron que no se podía quedar nadie en la región. Nos dieron la orden de que en tres días todo tenía que estar vacío. De las 42 veredas donde habitábamos unas 1049 familias, todas quedaron vacías”.
Un informe elaborado por diferentes organizaciones internacionales reconstruyó el desplazamiento y afirmó que en el 2000 Saiza perdió la categoría de corregimiento pues al momento de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial de Tierralta la región estaba inhabitada.
En un principio la mayoría de personas salieron para Urabá durante los tres días después de la masacre. Unos se fueron hacia Carepa, otros se quedaron en las veredas cercanas, los que pudieron se fueron para Medellín y para los municipios del eje bananero. A raíz de este éxodo muchas familias se dividieron. En el caso de Omar él se fue para Carepa y luego buscó una oportunidad laboral en Turbo y terminó finalmente en Tierralta en Córdoba con su esposa, que también era docente y que el día del desplazamiento se había ido para Tierralta. Allá llegó con 42 familias buscando un lugar para vivir.
En el 2001, luego de estar un año en Tierralta, buscaron ser reubicados en el corregimiento de Batata. A los tres meses de estar allí, el V bloque de las Farc los obligó a desplazarse nuevamente al casco urbano de Tierralta. En el parque principal, montaron unas carpas y empezaron a visibilizar la problemática que vivía: en menos de dos años los habían desplazado dos veces, la primera vez los paramilitares y la última las Farc. Con la ayuda del gobierno y de diferentes organizaciones no gubernamentales consiguieron la financiación de proyectos, pero seguían viviendo en el parque. Por esta razón, la policía procedió a sacarlos de allí sin tener un lugar predestinado para reubicarlos.
Este fue el motivo por el cual exigieron una reubicación y el acompañamiento de las distintas instituciones presentes en la zona. La organización Servicios Jesuitas para Refugiados SJR, jugó un papel muy importante en el proceso de adaptación de los campesinos “nos hicieron un acompañamiento que no tuvo nada que ver con la plata, ni con las lentejas ni con el arroz, nos ayudaron en la formación, con taller psicosociales, proyectos de vida, sueños a corto y a mediano plazo. Con cuentos, dibujando, expresando todo lo que teníamos que decir”, narró Omar.
El retorno soñado
Después de varios años de trabajo y de conocer otras experiencias de personas que habían sido desplazados o que habían sufrido la violencia, Omar empezó a movilizar a las familias para que volvieran a Saiza y recuperaranlo que en 1999 habían perdido “fue en el 2003 cuando empezamos a soñar con el retorno. Hablamos con la gente que estaba en Medellín y los que hacían parte de la Corporación Comunitaria de Desplazados de Saiza, en Urabá. Todos juntos organizamos el retorno, algunos entraron a verificar la situación en el pueblo, en compañía de la iglesia, la Defensoría del pueblo y otras instituciones”.
Juan de Dios Arboleda decidió volver a Saiza cansado de rogarle a las instituciones encargadas de la población desplazada “la región estuvo cinco años sola y al estar todo abandonado se llenó de monte y todo se fue al suelo, sin embargo volvimos. De todos modos el pueblo está funcionado a media máquina, la situación de las personas es difícil porque falta mucho apoyo”.
Cuando quisieron volver encontraron el pueblo caído, las casas llenas de maleza y los caminos tapados. Poco a poco empezaron a visitar el pueblo con más frecuencia hasta que en el 2004 oficializaron el retorno. Fue un proceso lento que tuvieron que hacer en mayor medida solos: “el acompañamiento del Estado fue muy poco y sólo algunas ong que se encontraban en la zona nos ayudaron. Fue algo que planeamos y que soñamos”, afirmó el antiguo profesor de Saiza.
Lo más difícil fue empezar de nuevo porque muchos ya no tenían ni las ganas ni las fuerzas suficientes. Omar recuerda que “nos demoramos 30 años en construir el pueblo y conseguir lo que nos permitía vivir; volver a empezar era muy difícil. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y Médicos sin fronteras fueron dos de las organizaciones que más nos ayudaron a hacer más fácil el retorno”.
En el 2004 habían retornado cerca de 390 familias. Pero cuando la gente sintió un poco de apoyo y de acompañamiento, se duplicó a 690 familias. Y en el 2005 ya había 900 familias. En este momento han vuelto unas 1.300 familias por lo menos.
El regreso de la violencia
A pesar de que Acción Social identificó el retorno de la población de Saiza como exitoso, la situación actual dista mucho de este adjetivo.
Al volver algunos campesinos encontraron ocupadas las fincas por otras personas que venían de las zonas donde se dieron las fumigaciones y erradicaciones de cultivos ilícitos. Estas familias se fueron para Saiza y empezaron a cultivar allá y a explotar la madera. Las Farc y los diferentes grupos de Bacrim que hacen presencia en la zona defienden estos cultivos e incluso han minado los sectores aledaños a estas propiedades.
Los continuos enfrentamientos entre el Ejército y los diferentes grupos armados ilegales han generado un nuevo desplazamiento silencioso de por lo menos 25 familias, sin contar el desplazamiento individual de los líderes de la región.
A esto se le suma el abandono de las instituciones del Estado que ha permitido que la población sienta que allí no hay presencia estatal. Estado. La desprotección es visible sobre todo cuando los asesinatos empiezan a ser recurrentes como fue el caso de Jairo Antonio Varela.
Ante el silencio de las autoridades y el desconocimiento de la problemática, Omar Tino salió de Saiza abandonado todo lo que había reconstruido en los últimos años. En su lista, este es el quinto desplazamiento que sufre. Otra vez Saiza se queda sin su profesor.
