En su decimotercera edición, fue galardonado un defensor que ha dedicado su vida a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada; una asociación que se dedica a luchar por los derechos de comunidades afectadas por la construcción de una represa en Huila; una fundación que vela por la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado; y un sacerdote que defiende a las comunidades étnicas de Chocó.
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Es filósofo y defensor de derechos humanos. Desde 1996 se ha dedicado a luchar para encontrar a las víctimas de desaparición forzada y sus principales acciones de incidencia las realiza en la Fundación Hasta Encontrarlos, de la cual es su representante legal. Desde esa organización impulsa la búsqueda de 105 víctimas de ese crimen de lesa humanidad y ha contribuido a la ubicación de 26.
Pablo ha dedicado décadas de su vida a luchar por los derechos de víctimas de desaparición forzada en La Guajira, Cesar, Guaviare, Meta, Bogotá, Cauca, Caquetá, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Así mismo, ha acompañado a familias exiliadas en Holanda, Francia, España, Canadá, Costa Rica y Uruguay.
Inició su labor con la búsqueda de civiles desparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia y en 2008 la amplió a miembros del M-19 que también desaparecieron tras ese operativo militar de noviembre de 1985. Posteriormente, en 2013, junto con el sacerdote Javier Giraldo, inició labores de búsqueda en la vereda Charras, de San José del Guaviare, que padeció altos niveles violencia por parte de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes recurrieron a la desaparición forzada para no dejar rastro de sus víctimas.
Por medio de una comisión humanitaria se logró exhumar los restos de seis personas dadas por desaparecidas en el departamento de Guaviare y fueron entregados a sus familias luego de ser identificados por el Instituto de Medicina Legal.
Este defensor de derechos humanos también realiza acciones de incidencia institucional, logrando la implementación de políticas públicas. La más reciente es la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, a través del Artículo 198 de la Ley 2294 de 2023, por medio de la expedición de un decreto reglamentario, que fue emitido el pasado 29 de abril.
Pablo también apostó fuertemente por los diálogos de paz que sostuvieron el Estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Satos (2010-2018) y la extinta guerrilla de las FARC. Durante esa época, aportó su experiencia e insumos para la materialización de acuerdos parciales, que fueron plasmados en el Comunicado 062 de La Habana: ese documentó definió directrices que condujeron a la ubicación y entrega, a sus familias, de los restos de 120 de víctimas que llevan años reportadas como desaparecidas.
Una vez firmado el Acuerdo de Paz e iniciada su implementación en 2017, contribuyó en la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Posteriormente, aportó en la creación del Plan Nacional de Búsqueda, que esa entidad elaboró escuchando diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Pero su labor con la UBPD no se quedó solamente en su estructuración. En marzo de 2020 participó en la primera prospección que hizo la Unidad de Búsqueda, en el Alto Andágueda, Chocó; y también en la que realizó el pasado 28 de noviembre, en donde fue encontrado el cuerpo de un campesino afrodescendiente, luego de 35 años de desaparecido.
Otro de sus frentes de trabajo es el acceso a archivos militares que podrían ayudar a dar con el paradero de víctimas de desaparición forzada por parte del Estado. Para ello ha tocado las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estas acciones las hace desde el voluntariado y la autofinanciación de la Fundación Hasta Encontrarlos, realizando diferentes trabajos. Entre ellos está la vente del café Monte Jazmín, que es producido por una de las familias que se vinculó a la Fundación.
Ese activismo abierto le ha costado amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares, montajes judiciales y el exilio temporal en 2006. Regresó a Colombia y aunque la CIDH le había otorgado medidas cautelares, le fueron retiradas en 2012; por esa razón, asumió mecanismos alternativos de protección, basándose en la visibilización de su labor y el reconocimiento de la misma por diversos actores sociales, nacionales e internacionales.
Por otro lado, considera que una de las principales dificultades que enfrentan las víctimas de desaparición forzada, es que la sociedad aún no alcanza a dimensionar la magnitud de esa tragedia y la zozobra con la que viven sus familias.
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La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO) es una organización social constituida en el año 2009 para la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la inundación de sus tierras tras la construcción de la Represa de El Quimbo.
La organización se compone por 330 personas, pertenecientes a comunidades campesinas, pescadoras artesanales, barequeras y trabajadoras de la tierra; ubicadas en siete municipios del departamento de Huila. Los trabajadores de la tierra y las labores alrededor del río Magdalena han sido impactados negativamente por la operación de la central hidroeléctrica, al ser víctimas de desplazamiento forzado, debilitamiento de sus prácticas tradicionales alrededor del río, pérdida de capacidad y vocación productiva.
ASOQUIMBO desarrolla su trabajo a través del acompañamiento jurídico frente a las amenazas y agresiones que han sufrido estas comunidades por conflictos socioambientales; la denuncia de la violación de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales producto de la operación de la hidroeléctrica; y el fortalecimiento organizativo y formativo de liderazgos campesinos a través de capacitaciones.
La labor de defensa de los derechos humanos de los afectados por las represas ha causado que ASOQUIMBO y sus integrantes sean víctimas de amenazas, estigmatización, judicializaciones, hostigamientos y homicidios. Dicha situación se agravó en el año 2023, configurando una situación de emergencia humanitaria sin precedente contra la población de pescadores artesanales.
Ese año se reconfiguró la presencia de actores armados en la zona, debido a que estructuras del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las FARC, han expandido su control territorial y social en municipios de Huila, para sus intereses en el suroccidente del país.
En varias denuncias, la organización ha advertido que los hechos de violencia contra los pescadores ocurren en un contexto de conflictos socioambientales ocasionadas por la construcción de las represas de El Quimbo – Betania y la presencia del gremio económico de los piscicultores.
La Defensoría del Pueblo y la organización denunciaron que entre marzo y octubre de 2023 se presentaron 11 homicidios contra líderes y pescadores artesanales de la región en el tramo que va desde la represa de El Quimbo hasta la represa de Betania en el departamento de Huila. Algunos hechos fueron acompañados con panfletos firmados por las disidencias de las FARC, advirtiendo el control y propiedad sobre el río y las actividades productivas allí desarrolladas.
Los asesinatos, amenazas, extorsiones y hostigamientos han estado dirigidos principalmente contra los pescadores artesanales de los municipios de Gigante, Hobo y Campoalegre. Su consecuencia inmediata ha sido el desplazamiento forzado de los pescadores artesanales del río y la prohibición de su oficio tradicional, única fuente de sustento. Además, la intimidación contra la comunidad afecta el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión.
Asimismo, existen riesgos asociados a la judicialización por el ejercicio del derecho a la protesta social. Esa disputa ha sido protagonizada por la multinacional ENEL y diferentes representantes legales de ASOQUIMBO. Por esa razón, la asociación ha impulsado acciones para la defensa jurídica y denuncia pública nacional e internacional contra la persecución, hostigamiento y estigmatización de los liderazgos ambientales.
ASOQUIMBO impulsó la acción constitucional para el reconocimiento de afectados no reconocidos en el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico El Quimbo que derivó en la Sentencia T-135 de 2014 de la Corte Constitucional. El proceso de movilización y el desarrollo de acciones de litigio de ASOQUIMBO han conseguido que la empresa multinacional ENEL se comprometa con las obligaciones sociales y económicas adquiridas con los afectados y con el departamento de Huila.
En 2024, los argumentos y acciones de movilización de ASOQUIMBO emprendidos desde años atrás, lograron materializarse en un acuerdo institucional sin precedentes, al comprometer al Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Ambiente al inicio del Programa de Reforma Agraria en el departamento del Huila con atención prioritaria a campesinos y campesinas afectados por la represa de El Quimbo, y el inicio de la construcción de una política pública nacional para población afectada por las represas.
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Desde julio de 2002, esta organización sin ánimo de lucro busca contribuir a la construcción, fortalecimiento y consolidación de procesos sociales que apunten al desarrollo económico, social, cultural y político de los colombianos, dentro de un marco pacífico y democrático.
Surgió de la idea de un grupo de líderes, lideresas y profesionales en la región de Urabá antioqueño, quienes visionaban un mejor futuro para la región, en paz y sin la desigualdad social que aún persiste. Desde hace más de dos décadas ha abogado por la defensa de los derechos humanos y la equidad de género, especialmente por las víctimas del conflicto armado a quienes representa y asesora de manera permanente.
La labor de la Fundación Forjando Futuros está enfocada en la reivindicación de los derechos de las víctimas en general y, de reclamantes de tierras, en particular. Entre sus frentes de acción también están la promoción de una cultura de paz y la promoción y defensa de los derechos humanos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
En ese sentido, la difusión de las normas que garantizan los derechos de las víctimas del conflicto armado y el litigio, son dos de sus herramientas principales. Entre los logros de esta organización están asesorar e informar sobre la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Restitución de Tierras a más de 20.000 víctimas de todo el país; representar a 303 víctimas del paramilitarismo en Justicia y Paz; litigar en alrededor de 650 casos de restitución de tierras; y representar a 480 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Fundación Forjando Futuros ha brindado atención psicosocial a más de 50.000 personas, víctimas del conflicto y de violencias basadas en género de 17 departamentos del país; y atendido a cerca de 800 familias para el trámite de formalización de tierras, contribuyendo así con la implementación de la Reforma Rural Integral.
También ha contribuido en otras áreas para mejorar las condiciones de vida de algunas comunidades. Lo ha hecho desde la incidencia en proyectos de infraestructura, en los cuales más de 2.300 familias son beneficiarias de los programas de mejoramiento de viviendas y agua potable en Medellín, Urabá y el Oriente antioqueño. Además, mejoró y dotó la planta neonatal del hospital público de Apartadó, y recuperó espacios públicos mediante la construcción de parques.
También lucha por el bienestar de las mujeres. Lo hace desde la atención psicosocial y acompañando la recuperación emocional de mujeres víctimas de violencias basadas en género. Su experiencia en atención psicosocial y comunitaria con víctimas y población vulnerable, le permite reconocer e identificar recursos personales y sociales, que posibiliten la mitigación, superación y prevención de los impactos y afectaciones generados por violaciones a los derechos humanos.
Además, otra de sus prioridades es aportar a la equidad entre hombres, mujeres y población LGBTI, por considerarlo un factor fundamental para el bienestar social y el desarrollo humano. Por ello, ha desarrollado diversas iniciativas centradas en fortalecer el empoderamiento femenino y la sanación emocional de hombres y mujeres, combatir estereotipos, promover las nuevas masculinidades, prevenir y mitigar los efectos de las violencias de género y promover el acceso diferenciado a oportunidades.
La Fundación Forjando Futuros también ha contribuido a crear redes de apoyo entre diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel local y departamental. Y se articula con otras como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), para realizar litigio estratégico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la representación de víctimas ante la JEP.
Por esa labor, los integrantes de esta organización han sufrido amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y estigmatización. Su anterior director, Gerardo Vega, quien hasta hace unos meses estuvo al frente de la Unidad de Restitución de Tierras, es uno de los principales blancos de esas agresiones: desde 2011 ha recibido siete amenazas de muerte.
A lo anterior se suma que, en el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano, regiones en donde mayor trabajo realizan, existen constantes riesgos por las disputas armadas entre disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el ELN y el grupo de origen paramilitar que se identifica como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Debido a lo anterior, desde abril de 2021 y la Unidad Nacional de Protección le asignó dos esquemas de protección con vehículos y escoltas la Dirección y la Junta Directiva de la Fundación: uno en Apartadó y otro en Medellín.
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Es sacerdote de la Diócesis de Quibdó desde el año 1988 y director ejecutivo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) con sede en Cali, Valle del Cauca, desde 2018. Su trabajo se ha enfocado en la reivindicación de los derechos humanos de la población negra, indígena y mestiza del departamento de Chocó y el Pacífico colombiano.
Dentro de sus funciones en la Diócesis de Quibdó están el diálogo con grupos armados ilegales para avanzar en los procesos de negociación de paz, incluidas gestiones humanitarias para la desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las filas de diferentes grupos armados; apoyo a la liberación de secuestrados; y apoyo a la interlocución entre el Estado colombiano, la sociedad civil en sus diferentes expresiones constitucionales y la cooperación internacional.
El padre Albeiro, como es conocido cariñosamente, ha jugado un papel fundamental en la gestión de apoyo internacional en respuesta a la crisis humanitaria prolongada que viven Chocó y los demás departamentos que componen la región del Pacífico. Uno de los hechos relevantes fue su participación en el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC con relación al acto de petición de perdón que hizo esta guerrilla a las comunidades de Bojayá en el año 2015, por el ataque que realizaron 13 años atrás, en el que murieron 74 civiles luego de que un artefacto explosivo que detonó en la iglesia donde se refugiaban.
Aunque el padre Albeiro no busca un liderazgo visible, ha gestionado espacios de defensa de derechos humanos, entre los que se encuentra el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Coordinadora Humanitaria Nacional y la Red Eclesial de Protección. Las comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas del departamento de Chocó son los principales beneficiarios de su accionar y su trabajo.
Desde la primera mitad de los años noventa, el padre empezó a tener señalamientos por parte de la Fuerza Pública, ha sido víctima de amenazas contra su vida por grupos paramilitares, de manera específica por las AUC, por sus denuncias de violaciones de derechos humanos y derechos colectivos de las comunidades étnicas, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras. Por ello fue requerido en 1998 por Carlos Castaño, entonces jefe máximo de las AUC, quien le hizo un juicio político y amenazó con asesinarlo.
A partir de sus recorridos para verificar la situación humanitaria y de derechos humanos que viven las comunidades rurales del Pacífico y los diálogos pastorales para salvar vidas, rescatar jóvenes indígenas y afrocolombianos reclutados por los actores armados y tender puentes para el diálogo y los pactos de convivencia, ha sido señalado de apoyar a la guerrilla, especialmente, al ELN.
El padre Albeiro nunca ha tenido ni ha aceptado protección del Estado colombiano. Durante su labor como Director de Pastoral Social estuvo siempre acompañado por equipos misioneros, brigadas internacionales de paz y SweFOR, pero no a título personal, sino en el contexto del acompañamiento que estas entidades hacían a las organizaciones étnico-territoriales.
Goza del apoyo de su Diócesis, la de Quibdó, y de igual manera de la Conferencia Episcopal de Colombia. La financiación histórica y constante ha venido de la cooperación católica alemana Misereor.
Por toda esta labor, el padre Albeiro ha logrado el fortalecimiento de los procesos organizativos del pueblo negro y de los pueblos indígenas de Chocó, así como de los colectivos de víctimas y organizaciones de mujeres.
La denuncia permanente de las violaciones de derechos humanos junto al acompañamiento a las comunidades ha contribuido a empoderar a las organizaciones y sus liderazgos. También ha facilitado diálogos humanitarios y pastorales entre comunidades y actores armados, así como con autoridades locales y nacionales del Estado; además, ha contribuido al reconocimiento de los procesos organizativos.
Acompaña a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en algunas diligencias en el departamento de Chocó. Y ha impulsado el proceso comunitario de reconstrucción de la memoria y la creación de casas y monumentos de memoria como en Bojayá, Tumaco y Buenaventura. En este contexto de trabajo por la paz, la Diócesis de Quibdó ganó el Premio Nacional de Paz del año 2005.
Uno de los principios de acción del padre Albeiro ha sido siempre generar sinergias, insistir en el trabajo en redes, construir espacios de coordinación y articulación tanto al nivel de organizaciones étnicas de base, promoviendo el trabajo conjunto y concertado entre las comunidades y las instituciones que hacen presencia en la región del Pacífico.