La Unidad de Víctimas ha pagado las indemnizaciones a ‘cuenta gotas’ y está lejos de cumplir con lo que ordenan las sentencias de la Corte Suprema. Los bienes que entregaron los exparamilitares y guerrilleros son insuficientes para reparar a las más de 400 mil víctimas que esperan ser reconocidas en un fallo.
Foto: archivo Semana.A mediados de diciembre de 2015, a más de 800 personas que fueron reconocidas como víctimas del exjefe paramilitar, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, les anunciaron que les harían un segundo pago parcial de la indemnización que en junio de 2012 ordenó la Corte Suprema. La sorpresa fue que el valor resultó mucho menor del esperado, pues en algunos casos no superó los 200 mil pesos.
“El Estado hace lo que quiere con nosotros. Ahora nos dicen que la plata que nos hace falta nos la van a pagar de a poquitos. Tenemos una orden de un magistrado, pero no nos sirve de nada”, dijo Mercedes Echeverría, una líder sindical que fue desplazada de Barranquilla.
Se trata de víctimas que durante más de ocho años han hecho parte del proceso de Justicia y Paz desde su creación en 2005. En estos casos el costo de las indemnizaciones debe ser calculado por los jueces y dependen de las particularidades de cada uno de los casos. Bajo unos parámetros establecidos previamente por el Consejo de Estado, las indemnizaciones de las primeras sentencia de Justicia y Paz rondaba entre los 50 y los 150 millones de pesos por víctima. En algunos casos llegó a los mil millones.
Estos son los montos que ordenan las 15 sentencias de Justicia y Paz que están en firme, pero en la práctica las víctimas reciben una reparación administrativa por parte de la Unidad de Víctimas no mayor a los 40 salariosmínimos, es decir, cerca de 26 millones de pesos.
Esto se sustenta en el artículo 10 de la Ley de Víctimas, que fue aprobada en 2011, que indica que cuando se trata de un proceso penal donde el Estado no es condenado de manera principal, sino de forma subsidiara, entonces debe responder hasta los topes que establece la reparación administrativa. El año pasado el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos presentó una ponencia para declarar inconstitucional dicho artículo, pero no tuvo acogida entre los demás magistrados.
“Eso envía un mensaje negativo a las víctimas, que atravesaron largos y complicados procesos judiciales de quienes fueron sus victimarios y que están ad portas de salir de la cárcel. Si no pueden creer en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿en quién pueden confiar?”, aseguró Arturo Mojica, defensor de la organización Opción Jurídica, que acompaña a varias víctimas de la Costa Caribe y Norte de Santander.
Según explicó el coordinador del Fondo de Reparación, la dependencia de la Unidad de Víctimas que administra los dineros de los exparamilitares y guerrilleros, Juan Camilo Morales, la diferencia entre el dinero que promete la sentencia y lo que paga la Unidad de Víctimas debe pagarse con dineros de los desmovilizados, es decir con el dinero que se obtenga vendiendo sus bienes, además de las multas que deben pagar los parapolíticos y dineros del narcotráfico.
Los desmovilizados entregaron muy pocos bienes y la mayoría de los que entregaron están siendo reclamados por personas que aseguran ser despojadas o hay presencia de grupos armados ilegales. En otros casos, las malas administraciones del Estado los han deteriorado. Solo el 6% de las reparaciones se han pagado con lo que entregaron los postulados a la ley.
Justicia y Paz ¿Dónde está la plata que se esconde tras la guerra?
La situación de las víctimas de Norte de Santander, que en 2012 fueron incluidas en el fallo contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, es idéntica. “Nos dicen que nos van a pagar con los bienes que entregó Mancuso, pero hasta ahora no han vendido ni una sola finca. ¿Entonces cuánto se supone que tenemos que esperar para que nos reparen?”, aseguró Nayide Casadiegos, quien reclama por la muerte de su esposo en Cúcuta a manos de los paramilitares del Bloque Catatumbo.
El largo camino para reparar a las víctimas de ‘El Iguano’
Problema que se agrava en el caso de exparamilitares como el de ‘Don Antonio’, que no ofreció nada para reparar a las víctimas y aseguró solo tener el dinero, y los carros que le incautaron el día de su captura. No hay un fondo común de bienes, entonces Las víctimas de quienes menos entregaron llevan entonces la peor parte.
El 99% de las víctimas no ha recibido nada
Foto: archivo Semana.El proceso judicial ha tardado más de ocho años y faltan muchasvíctimas por ser incluidas en fallos judiciales. Según el informe del Fondo de Reparación de diciembre de 2015, solo el 0,72% de cerca de 500 mil víctimas que se calcula hacen parte de Justicia y Paz, son reconocidas en sentencia de segunda instancia. En la práctica significa que solo ese porcentaje, que equivale a cerca de 3.600 personas, están en proceso del pago de la indemnización.
Esto implica que la discusión no solo debe incluir a quienes les incumplieron las promesas de una sentencia, sino a quienes hasta ahora comienzan su proceso judicial y seguramente no van a recibir la reparación económica que plantea la ley.
En octubre del año pasado, la Corte Suprema dio un giro repentino al reconocer que con los bienes aportados por los postulados es imposible reparar a todas las víctimas. Lo hizo en la sentencia contra el exjefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, más conocido como ‘Juancho Prada’, en la que negó los montos que pedían cientos de víctimas del sur del Cesar.
“(…) No se advierte cómo el pago integral pueda ordenarse sin que el efecto resulte pernicioso, pues, ya se verifica inconcuso que si de verdad se obliga pagar la totalidad de lo dispuesto por los jueces y el destinatario de la orden es necesariamente el fondo constituido para el efecto, ello simplemente tornaría nugatoria a futuro la posibilidad de que igual ocurra con las otras víctimas”, dice la sentencia.
Este pronunciamiento no cambia la forma en que se está reparando a las víctimas, pero sí envía un mensaje de alerta sobre las medidas que deben tomarse para dejar de prometer indemnizaciones que el Estado ni los exparamilitares van a pagar.
