Esta vereda de Pasto fue desplazada en 2002 tras combates entre el Ejército y el Frente 29 de las Farc. Las primeras sentencias de Nariño muestran los efectos del Plan Colombia en el sur del país.
Las 25 sentencias de tierras hasta ahora falladas por un Juez Especializado de Restitución en Nariño tienen que ver con casos de abandonos de parcelas, producto de combates del Ejército y la guerrilla. Los fallos han reconocido a 38 familias y su propiedad sobre 58 hectáreas. Foto: archivo SemanaEn 2006, la Corte Constitucional concluyó que los combates entre actores armados hacían parte de las causas del desplazamiento en Colombia. Aunque parece obvia la afirmación hasta entonces el gobierno no lo había reconocido de forma pública y ahora un Juez Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco lo confirma con las sentencias del caso de la vereda El Cerotal, en el corregimiento de Santa Bárbara, a 42 kilómetros de Pasto, la capital nariñense.
Las 25 sentencias falladas por el Juez de Tierras de Tumaco, las primeras de Nariño, han aceptado que los pobladores de esta zona rural y del municipio vecino de Tangua se desplazaron en 2002 tras los combates del Ejército con el Frente 29 delas Farc. Durante casi una década los campesinos abandonaron sus parcelas, de las que además no tenían títulos, y poco después retornaron bajo riesgo y sin condiciones económicas ni infraestructura para salir adelante.
“El 8 de abril de 2002 el Ejército Nacional de Colombia empieza a hacer aparición en el corregimiento de Santander, de Tangua, y de la misma forma llegaron a la vereda El Cerotal, del corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Pasto, advirtiendo a los campesinos acerca de las expectativas de combate, los cuales tuvieron lugar durante los días 11 y 12 de ese mismo año originando así el desplazamiento masivo de los pobladores de dicha zona”, señalan por lo menos 23 sentencias del caso El Cerotal en el contexto histórico presentado por la Unidad de Restitución ante el Juez Especializado de Restitución de Tierras.
Por eso, los fallos del Juez ordenaron al Incoder formalizarles las tierras, es decir, entregarles los títulos a las familias, así como al Banco Agrario, el Sena, la Alcaldía de Pasto y el Departamento para la Prosperidad Social garantizarles acceso a créditos, proyectos productivos y prioridad en los servicios de salud y educación. Estas primeras sentencias han cobijado a 38 de las por lo menos 165 familias de Santa Bárbara que han presentado sus casos ante la Unidad de Restitución.
El drama de la vereda El Cerotal es similar a la de la vereda Balsillas, en Ataco, Tolima, donde el Juez Especializado de Tierras de Ibagué ha emitido casi 40 sentencias a favor de los campesinos que salieron desplazados tras combates del Ejército con la guerrilla en 2000 (Lea: Ataco, el retorno al pueblo ‘fantasma’). Tanto Tolima como Nariño, además del Meta y Putumayo, han sido foco desde 1999 del llamado Plan Colombia, un programas antidrogas que aumentó el número de tropas de las fuerzas militares en el sur del país con la premisa de erradicar los cultivos de coca y amapola, y combatir a la subversión.
La guerra
En Nariño, las víctimas cuentan que la violencia comenzó en los años 80 primero con el M-19, luego con los Frentes 2 y 29 de las Farc y el grupo Comuneros del Sur del Eln. A finales de los años 90 llegaron los paramilitares, financiados con el narcotráfico y conocidos como el Frente Libertados del Sur, un brazo del Bloque Central Bolívar en cabeza de Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’. Ahora están la guerrilla y las bandas criminales.
En los años 90, el grupo que azotó a la vereda fue la compañía Jacinto Matallana del Frente 2 de las Farc, que entre 1995 y 2006 rondó en la zona principalmente por los sectores de San Lucía, Santa Isabel, Santa Teresita, Santa Bárbara, Los Alisales, Río Bobo y el corregimiento del Encano. Según el relato de varios pobladores, en 1999 alias ‘El Pastuso’ instaló un campamento en predios de la vereda Alisales, vecina a El Cerotal, desde donde planeaba las extorsiones, el robo de vehículos y la denotación de explosivos, entre ellos, la voladura de la torre de telecomunicaciones.
En 2000 la situación recrudeció cuando ‘El Pastuso’ reunió a los habitantes de la vereda y les dijo que debían arrancar todos los cultivos de papa y hortalizas para reemplazarlos por sembradíos de amapola, para el procesamiento de la heroína. Un informe de la Procuraduría General, como parte del proyecto de reparación a víctimas y restitución de bienes, advirtió que las drogas ilícitas fueron el detonante de una guerra que desplazó a decenas de familias durante los siguientes años.
Según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), entre enero de 2004 y diciembre de 2007 por lo menos 54 mil personas salieron desplazadas del departamento, afectando a 64 municipios. De cada pueblo, en promedio salieron expulsadas 849 personas.
Ráfaga y miedo
Con el aumento de los cultivos de coca y amapola en el sur del país se agudizó el dramahumanitario. En 1999 el gobierno de Andrés Pastrana acordó con Estados Unidos la implementación del Plan Colombia, que envió contingentes de soldados al sur del país. Los combates generaron los primeros desplazamientos en el sur del Meta, Putumayo y más tarde en Nariño, donde la tropa aumentó en un par de años. En 2007, por ejemplo, Nariño pasó de tener un batallón a contar con dos brigadas y seis batallones, pasando de 6 mil a 14 mil la cantidad de miembros de la fuerza pública (Lea: Nariño convulsiona).
Las víctimas recuerdan que el 8 de abril de 2002 el Ejército envió un grupo de contraguerrilla llamado Macheteros del Cauca para cumplir con los objetivos del plan antidrogas. Los soldados llegaron al corregimiento de Santander, en el municipio de Tangua, y luego pasaron al corregimiento de Santa Bárbara, en la vereda El Cerotal, de Pasto, donde sostuvieron combates durante el 11, 12 y 13 de ese abril en el campo. “Todos nos desplazamos”, dice un campesino.
“Como resultado de los acontecimientos descritos, muchas familias se vieron forzadas a desplazarse a otros sectores rurales, y otras hacia el casco urbano de la ciudad de Pasto, quienes se vieron temerosas de denunciar ante cualquier autoridad a causa de las represalias y amenazas emanadas de los grupos ilegales que participaron de dichos enfrentamientos”, señalan todas las sentencias en el contexto histórico que permitió al Juez Especializado de Restitución de Tierras de Tumaco inferir que los pobladores de los corregimientos de Santa Bárbara, en Pasto, y Santander, en Tangua, se desplazaron tras los combates.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) advirtió en un informe de 2006 que el Plan Colombia aumentó los desplazamientos en los departamentos-fronteras. Una investigación académica titulada Efectos de la regionalización de la política de seguridad democrática para el desplazamiento en las fronteras de Colombia, de la Universidad de Los Andes, documentó que los desplazamientos en esa época aumentaron precisamente en los municipios como Pasto, donde las fuerzas militares adelantaban la tarea de “recuperar el territorio”.
“Para el 2006, 219.886 personas fueron desplazadas y se presentó un aumento del desplazamiento en departamentos fronterizos tales como Putumayo, Arauca, Nariño, Guaviare y Guajira; en Chocó resurgieron los desplazamientos masivos. Como es de esperarse, los lugares de origen del desplazamiento son municipios con concentración del conflicto armado o zonas de cultivos ilícitos”, señala el estudio (lea el documento aquí).
El antiguo registro de desplazamiento, Rupd, muestra el aumento del desplazamiento en zona rural de Pasto. En 2001, los desplazamientos registrados fueron 313, pero esta cifra aumentó a 2.188 en 2002 cuando se registraron los primeros combates. Sin embargo, hasta mayo de 2013, ante la Unidad de Restitución de Tierras sólo se habían presentado 165 familias que reclaman las 1.357 hectáreas que les fueron arrebatadas.
Pablo*, un líder de víctimas cuya identidad se reserva por razones de seguridad, le dijo a VerdadAbierta.com que hasta ahora las comunidades están conociendo el proceso de reclamación a partir de la Ley de Víctimas, pese a que una gran parte de ellas ya retornaron. “Muchas familias que salieron desplazadas, volvieron bajo riesgo. Los casos de despojo están en Tumaco. Pero allí la situación es muy difícil. Las bandas criminales tienen atemorizada a la población y al que reclama lo amenazan al otro día”, explica el líder.
El Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2012-2013, de la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, advirtió que los desplazamientos continúan en todo el país, con 44 mil casos de personas expulsadas durante 2012. Y Nariño no es la excepción. Allí los desplazamientos son atribuidos al Bloque Occidental de las Farc, varias compañías del Eln, ylas bandas criminales de Los Rastrojos y Águilas Negras.
Según el Informe de Seguimiento, el departamento ocupó el quinto lugar del país con más desplazamientos, con 3.732 personas expulsadas durante 2012, además de ser la tercera región donde más se han registrado hechos de violencia después de Antioquia y Chocó. En ese período de tiempo por lo menos 8 mil personas recibieron ayuda humanitaria.
“Todo Nariño sigue estando en conflicto. Acá el drama es diario”, dice una funcionaria del Ministerio Público quien pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, con el aval de la fuerza pública, que es la que garantiza que las víctimas puedan volver y vivir en la región con tranquilidad, desde este año la Unidad de Restitución ha concentrado su atención en la documentación de casos y posterior presentación de las demandas ante el Juez Tierras en los municipios de Pasto, Tangua, Buesaco y el Tablón de Gómez.
“La mayoría de los casos son abandonos”
Hernando Enríquez, director de la Unidad de Restitución de Tierras de Nariño, explicó que han recibido 3.067 solicitudes de tierras en todo el departamento, de las cuales una gran parte son abandonos producto del conflicto. “La mayoría de las familias se desplazaron y retornaron. Pero hay una alta informalidad de la propiedad, es decir, los campesinos no tenían títulos. En las 25 sentencias (23 de Pasto y 2 de Tangua), los jueces ordenaron la entrega de los títulos”, dijo.
Haciendo una radiografía de los casos documentados por la Unidad en el departamento, Enríquez explicó que en la zona central, Pasto, Tangua, Buesaco y El Tablón de Gómez, los desplazamientos se produjeron entre 2002 y 2003 tras combates entre los actores armados. Sólo del Tablón, por ejemplo, las víctimas han presentado 639 solicitudes por abandono de sus parcelas de las cuales 220 ya fueron presentadas en demanda ante un juez.
La zona de la Costa Pacífica es la más crítica donde las víctimas sí han denunciado despojos, es decir, usurpaciones de tierras por terceros o empresas. Enríquez explica que la Unidad allí le ha dado prioridad a documentar las reclamaciones de las comunidades de indígenas y afrodescendientes, y que está próxima a presentar en demanda el caso del Consejo Comunitario del Alto y Bajo Mira, un territorio protegido después de que varios líderes afro, que han luchado por la titulación colectiva de las tierras, han sido asesinados.
Según el director, también se han concentrado en la documentación de las reclamaciones del pueblo indígena Awá en la zona de Telembí, integrado por seis resguardos y que comprende por lo menos el 30 por ciento del municipio de Barbacoas. “En la zona costera ha sido difícil la caracterización porque incluso no hemos podido entrar a terreno por la presencia permanente de actores armados”, comentó el funcionario.
Sobre la zona de cordillera, los casos más críticos están en los municipios de Cumbitara y Policarpa, “donde no hay confianza en el Estado y ha habido presencia de todos los actores armados ilegales”, señala Enríquez. Lo mismo ocurre con el municipio de Los Andes Sotomayor, donde por lo menos 600 familias le pidieron a la Unidad de Restitución intervenir todo el pueblo. “Allí la situación es grave porque nos han informado que en el territorio hay minas anti persona”, comentó el director de la Unidad de Restitución.
Las víctimas reconocen que el proceso apenas comenzó pero esperan que haya condiciones para salir adelante. “Confiamos en que el Estado nos siga apoyando. Muchos de los que hasta ahora están volviendo encuentran sus ranchos llenos de monte. Eso es comenzar de cero”, comenta Pablo, quien lidera el proceso de reclamación de varias víctimas del departamento.
