Ante un juez, la Fiscalía presentó las evidencias que enredan a Gustavo Villegas con un sector de la llamada ‘Oficina de Envigado’, a quien le solicitaba constante favores para resolver problemas de seguridad en la ciudad. De telón de fondo hay un proceso de sometimiento a la justicia de las bandas que hoy es cuestionado por el fiscal que acusa al exfuncionario. Dos días después, el togado decidió recluirlo en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, mientras concluye el juicio.
Valiéndose de su posición privilegiada como Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas habría incurrido en prácticas ilegales tendientes a mantener estrechas relaciones con los jefes de un sector de la llamada ‘Oficina de Envigado’ para obtener resultados en materia de seguridad y, de paso, ofrecer alternativas de sometimiento ante de la justicia.
Así lo expuso Andrés Cabrera, Fiscal 64 Especializado contra el Crimen Organizado, durante la audiencia pública realizada ayer ante un juez de conocimiento en la capital antioqueña en la que le fueron imputados a Villegas los delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia particular. Junto al exfuncionario también está siendo procesado Mariano Humberto Zea Ospina, su intermediario con algunos de los líderes criminales de la ciudad.
Los testimonios entregados a investigadores judiciales por jefes de bandas actualmente recluidos en diversos centros penitenciarios del país, así como un número importante de interceptaciones telefónicas, le permitieron al Fiscal 64 plantear que dicha conducta constituyó un “acuerdo siniestro” cuyo fin no era otro que el de controlar los índices de criminalidad.
Para respaldar su acusación, el fiscal Cabrera expuso ante el juez por lo menos doce episodios que revelan cómo Villegas estaría actuando de manera irregular de la mano con jefes de un sector de la ‘Oficina de Envigado’ para lograr el sometimiento de delincuentes a las autoridades policiales, con el fin de ser presentados como “acciones exitosas de la política de seguridad de la ciudad”. A cambio, se comprometía en avanzar en un acuerdo que les permitiera a estas estructuras entregarse a la justicia y recibir incentivos y beneficios jurídicos.
Tal como lo señaló el Fiscal 64, “se trata sin duda de una labor loable que, desafortunadamente, el señor Villegas tergiversó y terminó convirtiéndola en una estrategia criminal para mantener tratos cordiales con estructuras criminales para beneficio personal”.
Las pesquisas adelantadas por los investigadores judiciales señalan que el exfuncionario mantenía contacto permanente con Julio Perdomo, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien recuperó su libertad en 2014 tras purgar una pena de 50 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir.
El desmovilizado fue capturado nuevamente en marzo de este año tras ser señalado por la Policía como el “nuevo vocero político” de la ‘Oficina de Envigado’ y de controlar con puño de hierro las bandas delincuenciales de las comunas 1-2-3-4-8 y 9, en las zonas centro y noroccidental de la ciudad.
Los “acuerdos” y las comunicaciones entre Villegas y Perdomo se realizaban a través de Mariano Humberto Zea Ospina, contratista de la Secretaría de Seguridad como personal de apoyo para la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (ver contrato). En noviembre de 1998, Zea Ospina fue detenido en Medellín por autoridades judiciales que lo acusaron de pertenecer a la guerrilla del Eln y de participar en el secuestro de la ciudadana alemana Brigitte Schone, ocurrido el 15 de agosto de 1996 en zona rural del Oriente antioqueño. Este caso fue muy sonado porque en su liberación, que se dio a mediados de noviembre de ese mismo año, participaron como intermediarios el espía alemán Werner Mauss y su esposa Isabel.
Villegas, a través de Zea Ospina, enviaba recados y propuestas a Perdomo; acordaba con éste la entrega de criminales buscados por las autoridades; y hasta le advertía sobre la realización de operativos policiales en contra de las estructuras delincuenciales bajo su mando. Perdomo, a su vez, informaba a otros cabecillas de la ‘Oficina de Envigado’ como Edison Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’; Julián Andrey Gómez, alias ‘Barney’; y Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, sobre los avances, acuerdos y negociaciones adelantadas con el exfuncionario.
¿Y a qué acuerdos llegaron Villegas y Perdomo? Al respecto, el Fiscal 64 expuso varios eventos que, a su juicio, demuestran la conducta dolosa del exsecretario, entre ellos el ocurrido el 26 de julio de 2016, cuando una camioneta propiedad de la Alcaldía de Medellín fue hurtada en la zona noroccidental de la ciudad. El entonces secretario de Seguridad buscó la ayuda de Perdomo quien, a su vez, ordenó a las estructuras criminales de esa parte de la capital antioqueña devolver el vehículo, como en efecto ocurrió.
Otro caso similar se presentó el 18 de octubre de ese mismo año, cuando integrantes de la banda ‘La Silla’, que delinque en la Comuna 1, retuvieron un carro transportador de productos lácteos pertenecientes a la empresa Surtialimentos S.A.S, compañía de propiedad de Villegas y su familia. A los ocupantes del vehículo les exigían el pago de una ‘vacuna’ de 150 mil pesos.
Una vez conoció la situación, Villegas envió razones a Perdomo a través de Zea Ospina para que el automotor y sus ocupantes no solo fueran dejados en libertad sino que no se les siguiera cobrando extorsiones. Perdomo contactó a Edwin Tapias, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, actualmente recluido en centro penitenciario, quien a su vez ordenó a los integrantes de ‘La Silla’ no continuar con el cobro de ‘vacunas’.
Algo similar ocurrió en octubre de ese mismo año: Villegas Restrepo buscó a Perdomo a través de su emisario (Zea Ospina) para que pusiera orden a los cobros extorsivos que los habitantes de la Comuna 8 comenzaron a denunciar insistentemente.
Pero los favores eran de doble vía. En agosto de 2016, Zea Ospina, por órdenes de Villegas, alertó a Perdomo sobre los operativos que adelantaría la Policía Nacional para capturar a alias ‘El Diablo’; alias ‘Pecoso’; y alias ‘Gordoarepas’, peligrosos cabecillas criminales de la ciudad. ‘Gordoarepas’ fue hallado muerto el 22 de septiembre a las afueras de Medellín y, según las hipótesis que se han tejido hasta el momento, fue ajusticiado por sus propios hombres.
Otro episodio expuesto por la Fiscalía fue la entrega de tres jóvenes, sindicados de atracar a los pasajeros de un vehículo enel norte de la ciudad, acción que quedó registrada en video y se hizo viral en redes sociales a tal punto, que el propio alcalde Federico Gutiérrez encabezó los operativos policiales para dar con el paradero de los fleteros.
En esa ocasión, Villegas, a través de Zea Ospina, le pidió a Perdomo que ayudara a localizar a los responsables del hurto, razón por la cual habló con alias ‘Pichi’, quien desde la cárcel de Valledupar adelantó gestiones con sus hombres en las calles de Medellín para que se entregaran los fleteros, hecho que, paradójicamente, fue presentado como un resultado de la presión de las autoridades. En esa ocasión, el alcalde Federico Gutiérrez declaró que “no paramos y no dormimos hasta que dimos con los responsables, y de eso se trata. Cuando nos juntamos sí se puede. Todos los casos son importantes”.
No obstante, el fiscal que lidera el caso contra Villegas expuso otra versión de los hechos. La prueba reveló una conversación al respecto: “Ayúdeme con eso, ayúdeme con los fleteros para que se entreguen para que eso se baje que eso ayuda mucho para lo que viene”, fueron las palabras que Villegas le envió a Perdomo en aquella ocasión con su intermediario.
Otro de los aspectos cuestionados por el fiscal Cabrera fue el de los accesos privilegiados que tenía Villegas y que le servían no solo para transar con jefes criminales, sino para conocer incluso de su propia orden de captura.
De acuerdo con el fiscal del caso, en febrero de este año se reunió con Perdomo en los alrededores de la Clínica Las Américas, en el occidente de la ciudad, con el fin de ponerlo al tanto de un posible operativo en su contra, que adelantaría la Policía Nacional. En ese encuentro, Villegas habría presionado de nuevo para que se continuara con el proceso de sometimiento y prometió que si llegaba a ser Alcalde de Medellín “las cosas mejorarían”.
Pese al aviso, el operativo contra Perdomo se realizó y fue capturado el 15 de marzo de este año por hombres de la Dijin de la Policía, hecho que celebró hasta el propio alcalde Gutiérrez a través de sus redes sociales.
El 24 de febrero de este año se autorizó la interceptación de cuatro líneas de celulares, al parecer algunas de ellas usadas por Villegas, y en un informe rendido el 29 de junio pasado se estableció que ya tenía indicios de que el exfuncionario iba a ser detenido. En la conversación expuesta hablan él y su asesora Yolanda Serna, quien le promete que hará gestiones para saber qué ocurre.
Esas actitudes, más otras que revelaron las interceptaciones, llevaron al fiscal del caso a concluir que la “facilidad” que tenía Villegas para acceder a “información privilegiada” ocasionaba obstrucciones a la justicia.
Los pecados de Gustavo Villegas
Cabe destacar que Yolanda Serna hizo parte del equipo de trabajo de Guillermo Valencia Cossio, quien fue juzgado y condenado por sus nexos con los llamados ‘Urabeños’, a quien les venía haciendo favores, proceso en el cual también estuvo vinculado Villegas.
Proyecto de sometimiento
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: archivo Semana.
Según material probatorio presentadopor el Ente Investigador, algunos jefes de la ‘Oficina de Envigado’ confiaban en las gestiones y la posición de Villegas para que este sacara adelante un proceso de negociación favorable para las bandas criminales de la ciudad y se sometieran a la justicia.
En desarrollo de ese proceso, se establecieron acercamientos con Alexandra Vélez, para quien en 2015 era la coordinadora de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Medellín. Con ella se comenzó a trabajar la idea y en agosto de ese año se vincularon tres jefes de un sector de la ‘Oficina de Envigado’, se trata de Julián Andrey González Vásquez, alias ‘Barny’; Edinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’; y Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Peluco’.
Lo curioso es que, pese a que en las normas procesales se avala este tipo de acuerdos, el entonces Coordinador de Fiscalías de Medellín, Germán Giraldo Jiménez, se opuso a ellos, trasladó a la fiscal Vélez en enero del año pasado sin mayores justificaciones y desató contra ella una dura persecución. En rechazo a esa decisión, los integrantes de la ‘Oficina de Envigado’ suspendieron su colaboración con la justicia.
En la audiencia contra Villegas surgió el tema y se expusieron Interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía que captaron conversaciones entre Perdomo y alias ‘Pichi’, quienes lamentaron el traslado de la fiscal Vélez, revistiendo el proceso como un asunto ilegal.
Lo particular de este proceso de acercamiento y de los intentos de acuerdo de sometimiento es que era conocido tanto por el Alcalde de Medellín, quien lo respaldó, y el entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo. Ambos recibieron una carta, fechada el 23 de febrero de 2016, en la que ‘Barney’, ‘Pichi’ y ‘Peluco’ expresan su inconformidad: “Nos sentimos afectados señor Vicefiscal con la decisión de la Fiscalía General de la Nación, cuando ha dispuesto trasladar a esta funcionaria a otro sitio, lo que entorpece las conversaciones, pues confiamos en ella por su seriedad, respeto y capacidad jurídica”. (Ver carta)
VerdadAbierta.com estableció que de manera paralela a este proceso se creó un grupo de estudio en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de elaborar un proyecto de ley que respaldara el sometimiento a la justicia de sectores criminales de la ciudad y del país, y se tramitara en el Congreso de la República. Del tema estuvo enterada la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático.
Fuentes consultadas por este portal, que solicitaron la reserva del nombre dada la sensibilidad del tema en este momento, corroboraron que, efectivamente, el grupo de estudio produjo el borrador del proyecto de ley, el cual fue discutido, incluso, con abogados expertos en justicia transicional, quienes hicieron algunas recomendaciones y lo vieron viable jurídicamente.
De hecho, el fiscal general Néstor Humberto Martínez estaba enterado del proyecto. “Se le mencionó, por parte de Gustavo, la decisión de promover el sometimiento de los delincuentes”, reconoció una persona que participa de este grupo de estudio. Incluso, la respuesta del titular del Ente Acusador fue: “Pensamos en el tema si la Alcaldía de Medellín tiene un modelo de tratamiento a estas personas”.
Y frente a lo propuesto por el fiscal Martínez, se contempló en el proyecto de ley aplicar la experiencia que se logró con el proceso de reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que fue calificado por algunos sectores como exitoso.
Esa iniciativa, liderada por Villegas y su grupo de trabajo, se fundamenta en el Acuerdo Final firmado por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en noviembre del año pasado, particularmente en el punto 3.4.13., quehace referencia al “Sometimiento o acogimiento a la justicia” de organizaciones criminales que podrían poner en riesgo la vida de los reincorporados de ese grupo insurgente. (Ver Acuerdo Final, página 97)
“Lo que hicimos fue atrevernos a hacer un borrador pensado para el país con la asesoría de la mayor cantidad de gente que supiera del tema, fue un proceso abierto, no fue un asunto cerrado, no fue clandestino, todo el que lo pidiera y quisiera hacerle alguna revisión, lo conoció”, precisó la fuente consultada. (Ver borrador de proyecto de ley)
Uno de los expertos que conoció el borrador del proyecto de ley le dijo a VerdadAbierta.com que viajó a la capital antiqueña para participar en los análisis tras ser contactado por sus conocimientos en justicia transicional: “A mí me explicaron que la Alcaldía de Medellín estaba tratando de promover un proceso de sometimiento para bandas criminales que delinquen en Medellín y me preguntaron qué se podría pensar”.
Los análisis permitieron elaborar efectivamente un borrador de proyecto de ley que iba a ser expuesto en un foro con la participación de la Fiscalía para estudiar el tema más a profundidad, darle más contenido, pero las circunstancias hoy, a juicio de los consultados, no permiten seguir adelante con la idea.
“En ninguna parte de la Constitución dice que promover el sometimiento sea un delito”, conceptuó uno de los entrevistados, en defensa de Villegas y del proceso que lideró.
Además, varios abogados cercanos al proceso temen que el caso que se le sigue al exfuncionario envíe un mensaje negativo a quienes, desde la sociedad civil, buscan que cientos de jóvenes dejen sus armas y sus prácticas ilegales, para encontrar un proyecto de vida en la legalidad. “Ya no sabemos ni qué hacer, no queremos terminar judicializados por nuestras gestiones”, dijo un jurista consultado.
Por el momento, ni Villegas ni Zea aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, lo que implica que se irán a juicio. La audiencia de este jueves fue suspendida por la evacuación de las instalaciones a raíz de una amenaza de bomba por un paquete sospechoso que fue dejado en los alrededores; finalmente se estableció que se trató de una falsa alarma. Previamente, el Ente Investigador solicitó que se dicte detención intramuros para Villegas.
Al día siguiente, el Juez Segundo Especializado con Control de Garantías dictó medida de aseguramiento contra Villegas y Zea, recluyéndolos en diferentes centros penitenciarios de Antioquia. El togado argumentó que Villegas no denunció la extorsión que sufrió Surtialimentos sino que buscó acercamientos con “la criminalidad”; además, se le sindica de entrega de información privilegiada sobre carteles, operativos de captura y otras actividades de la Fiscalía.
