Durante los años de dominio del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó de las Auc, sus integrantes cometieron decenas de ataques sexuales que, según lo consideró el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, constituyen crímenes de guerra, con un agravante: el componente discriminatorio y racial.
La violencia sexual tenía como objetivo específico a las mujeres negras y lo fueron no sólo por su género, sino particularmente por su raza. No fue una forma de represalia o castigo a las mujeres del enemigo, como suele suceder en los conflictos armados, sino que tenía sus raíces en la historia de discriminación, servidumbre y esclavitud a que han estado sometidos los hombres y mujeres de las comunidades negras”.
A esa conclusión llegó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín al evaluar los vejámenes, ultrajes, ataques sexuales, casos de servidumbre sexual y tratos degradantes que los miembros del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) perpetraron contra las mujeres de las comunidades afros asentadas en el sur del departamento de Chocó.
Las valoraciones de los relatos de las víctimas quedaron consignadas en la sentencia proferida recientemente por este Tribunal contra Rodrigo Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’ y otros cinco desmovilizados de esta estructura paramilitar postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre ellos a purgar sólo ocho años de cárcel. (Descargar sentencia)
La magistratura analizó en detalle 31 casos de violencia sexual cometidos por los integrantes del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó en los municipios de Bajo Baudó (Pizarro), Condoto, Quibdó, Medio Baudó (Puerto Meluk), Istmina, Alto Baudó (Pie de Pató), Medio Atrato y Lloró.
Para los magistrados, se trata de una cifra que encierra un alto subregistro, pues las víctimas de este crimen generalmente eran intimidadas por los ‘paras’ con el fin de que no denunciaran dichas agresiones o, en el peor de los casos, las mismas mujeres afectadas optaron por guardar silencio para evitar los señalamientos y los juicios de sus comunidades o el rechazo de sus parejas y familiares.
En los casos analizados se advierten patrones de sistematicidad que dan a entender que se trató de una “clara manifestación de abuso de poder, dominación y sometimiento del grupo armado y sus hombres sobre las mujeres negras, asociado al dominio y control que tenían sobre la población”, con lo cual se infringieron las normas internacionales que regulan los conflictos armados, constituyéndose así en crímenes de guerra agravados por su carácter discriminatorio y racial.
Tal como quedó demostrado a lo largo del proceso judicial, la violencia sexual en el sur de Chocó se incrementó notoriamente desde 1997, año en que ingresaron los primeros paramilitares que sirvieron de base para la conformación del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó (ver más en: Baudó, Chocó: dos décadas de guerra intensa). Desde entonces, esta práctica criminal comenzó a registrar incrementos, siendo el periodo comprendido entre los años 2000-2004 el pico más alto.
El análisis de estos casos dejó entrever que, a diferencia de episodios similares registrados en otras regiones del país, “ninguno obedeció a la humillación, represalia o castigo de las niñas, adolescentes y mujeres del enemigo, o una especie de ‘botín de guerra’ que se le arrebata y del que se despoja a éste”, así como también quedó claro que “ninguna de ellas tenía vínculos con los otros grupos armados ilegales que hacían presencia en la región ni se les acusó de tenerlos. Todas ellas hacían parte de la población civil y eran mujeres civiles”.
Uno de los señalamientos más graves de la sentencia es que este tipo de prácticas “se ejercían y realizaban de manera pública y continúa, con el conocimiento y la tolerancia, permisividad o indiferencia de las autoridades. La omisión de éstas constituye un incumplimiento de los deberes del Estado”.
Relatos de dolor
La violencia sexual en el Chocó tiene un gran subregistro, pues muchas mujeres aún se niegan a denunciar por temor al rechazo social y familiar. Foto: Juan Diego Restrepo E.M* fue víctima del asedio desde que tenía 10 años y los paramilitares del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó ingresaron al corregimiento Aguacatico del municipio de Medio Baudó (Puerto Meluk). “Alias ‘el vaquero’ comenzó a molestarme, a decirme que le parara bolas, a enviarme razones. Como no le prestaba atención me cogió a la fuerza y me violó”, describe uno de los casos consignados en la sentencia.
Este fue uno de los aspectos más llamativos de los crímenes documentados:en el 49 por ciento de los casos las víctimas fueron objeto de seguimientos y acosos previos por parte de sus victimarios. El caso de T* da cuenta de ello: “antes que de que me violaría, el ‘Yuca’ (paramilitar) me decía que estaba muy buena (sic), que esos vestidos me quedaban muy bien, que tenía un cuerpo muy bueno (sic)”.
Al momento de los ultrajes sexuales, ambas víctimas eran menores de edad. Este fue otro de los dolorosos hallazgos que dejó el análisis de este crimen cometido por los paramilitares: 12 de los 31 casos documentados correspondieron a mujeres menores de 18 años y en tres de esos casos la víctima no superaba los 14 años de edad.
Además, si algo demostró el estudio realizado por la Sala de Justicia y Paz de Medellín es que la violencia sexual se convirtió en una práctica para ejercer poder y dominación sobre las poblaciones donde se asentaron los paramilitares. En ese sentido se estableció que “aunque la violencia sexual se concentraba en cierto tipo de mujeres, y dentro de éstas privilegiaba la edad y la condición civil, de alguna manera también asociada a la edad, terminaba siendo indiscriminada y no distinguía las demás condiciones de las víctimas. De ella no escapaban las embarazadas, ni las mujeres recién paridas, ni las que sufrían de algún trastorno mental, ni las vírgenes
El caso de Y* también es diciente al respecto: “llegaron dos hombres, que iban de parte de su jefe y que él quería que me presentara en su casa, me tocó irme (…) me llevaron a un cuarto donde estaba alias ‘don Mario’ vestido con una pantaloneta y sin camisa (…) se me presentó como el jefe de la zona y que necesitaba de mis servicios, que estuviera con él, a lo que yo me rehusé y este se puso como bravo, me cerró la puerta y me dijo que tenía que estar con él”.
En otros casos, los ataques sexuales ocasionaron embarazos no deseados entre las víctimas, como en el caso de L*: “llegó un muchacho y me dijo que fuera donde el comandante y yo le dije que no iba a ir porque no tenía nada que hablar con él. A la media hora llegó con otro muchacho, me dijeron que el jefe había mandado por mí, yo le dije que no y cada uno me cogió del brazo y me llevaron, cuando llegamos allá, el comandante me dijo que yo me las tiraba de muy creída, que de qué me las aplicaba, que nunca una mujer lo había despreciado y me violó”.
Por varios años los paramilitares del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó de las Auc sometieron a las comunidades del Baudó a sangre y fuego. Foto: Ricardo CruzTal como lo consignó el Tribunal, la víctima, que tenía 19 años para el momento de la violación, quedó embarazada. Ella decidió ocultarle el hecho a su victimario, pero cuando este se enteró ordenó golpearla por “haberle dicho mentiras”.
Como si fuera poco, la violencia sexual vino aparejada con casos de servidumbre y esclavitud sexual, como lo revela el caso de S*, quien a la edad de 15 años fue retenida por un comandante paramilitar en zona rural de Bajo Baudó: “alias Ronald apenas me miró dijo que yo tenía que ser de él y me cogió y me llevó para el monte y no me dejaba salir y para donde él iba yo tenía que ir con él (…) me obligaba a tener relaciones con él (…) y me decía que si me volaba me mochaba la cabeza”.
En otro de los casos, estuvo asociada a la desaparición forzada, tal como lo narró R*, luego de describir cómo fue violada por dos hombres: “en ese momento llegó mi hijo de nombre F.M. y trató de defenderme, pero no pudo hacer nada porquelos tipos lo amarraron y se lo llevaron… por la desaparición de mi hijo tampoco pude hacer nada, cuando preguntaba a la gente si habían visto a mi hijo me contestaban que los grupos armados estaban matando la gente y la estaban tirando al río, que era mejor que me quedara callada y las cosas quedaron así… yo no tengo esperanza de que sea encontrado”.
La magistratura también destacó que “hubo verdaderos casos de humillación y degradación”, entre ellos la violación sucesiva por dos o tres hombres, uso de objetos y violencia innecesaria y excesiva. Así quedó constatado en el caso de F*, al describir qué le ocurrió luego de que un grupo de por lo menos cien paramilitares llegara a donde ella estaba junto con otra mujer.
“Dos de ellos nos detuvieron… me decían que no gritara que nadie iba a hacer nada… me llevaron detrás de una casa… [y] entre los dos me arrancaron la blusa también tenía una falda short, también me la arrancaron… yo estaba temblando del miedo y gritaba, y ellos me metieron un trapo en la boca… seguí gritando y el negro me pegó en la cara y me reventó la boca, ellos estaban discutiendo quién era primero y me preguntaron si yo había estado con algún hombre yo les dije que no… me violaron, primero el negro, y yo botaba mucha sangre y luego el paisa y después vino otro paramilitar y también abusó de mí, yo quede tendida en el suelo llena de mucha sangre, y como pude me levanté”.
Tras estos dolorosos relatos, la magistratura concluyó que “todo ello no era más que una forma de negar o eludir la propia degradación e indignidad, pues para no experimentarla era preciso hacer todo lo posible para humillar, vejar, pisotear y aniquilar la integridad y dignidad de la mujer”.
Los efectos fueron devastadores para las víctimas. De los 31 casos analizados, “en 11 de ellos las mujeres quedaron en embarazo y casi todas tuvieron su hijo a pesar de ser el fruto de la violación y las dos que no, fue porque lo perdieron. En la larga lista de efectos de la violación, además del daño emocional y sicológico, está el desplazamiento forzado, las ideas suicidas, las enfermedades de transmisión sexual, la ruptura de la relación con sus compañeros y/o la dificultad para sostener nuevas relaciones sentimentales y sexuales, el abandono del estudio”.
Los responsables
Las mujeres jóvenes, incluso menores de edad, fueron el blanco de la violencia sexual infringida por paramilitares en el sur del Chocó, así como en su capital, Quibdó. Foto: Juan Diego Restrepo E.Según lo estableció la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, finalizando 1995 se realizó en Quibdó una reunión en la que participó un selecto grupo de mineros y comerciantes chocoanos con Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo Doblecero’, en aquel entonces mano derecha del máximo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), Carlos Castaño Gil.
El motivo del encuentro fue concretar la creación de un grupo de autodefensas que incursionara en el sur de Chocó. El primer contingente paramilitar arribó en los primeros meses de 1996, en total 30 hombres bajo el mando de Rafael Antonio Londoño Ramírez, alias ‘Rafa’, a quien le encomendaron la misión de proteger los intereses de mineros y comerciantes de Quibdó, la región del San Juan, así como recuperar los ejes viales Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.
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Ese primer grupo tomaría el nombre de Frente Minero y sería la génesis del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó, una máquina de guerra que sembró el terror en los pueblos asentados a lo largo de la cuenca de los ríos Baudó y San Juan, y responsable del éxodo de decenas de comunidades negras de sus territorios ancestrales. Curiosamente, buena parte de los miembros de este Bloque eran hombres mestizos, provenientes de Antioquia y la costa norte del país.
Y fueron principalmente los mestizos (paisas y costeños) los responsables de los ataques y ultrajes sexuales perpetrados contra las mujeres negras, como lo pudo establecer el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín y, según constataron los magistrados que lo integran, dichos actos no solo fueron cometidos por los jefes paramilitares, también los patrulleros de bajo rango, incluso bajo beneplácito de sus jefes.
De acuerdo con los testimonios consignados en la sentencia, reconocidos paramilitares como Hernán Darío Aristizábal, alias ‘King Kong’, quien luego fuera comandante del Bloque Cacique Nutibara en la comuna 13 de Medellín; Aldemar Echavarría Durango, alias ‘Mario’; José María Negrete, alias ‘Raúl’; y Nilson Machado Rentería, alias ‘Capaceño’, aparecen como los máximos responsables de estos crímenes de violencia sexual.
Pero más allá de ello, la conclusión del Tribunal es que se trató de un crimen con connotaciones discriminatorias: “En su inmensa mayoría, la violencia sexual fue ejecutada por hombres blancos o mestizos o de regiones distintas a Chocó o el litoral pacífico. En múltiples casos, el perpetrador, blanco o mestizo, emitía un mandato imperativo y perentorio y las mujeres, negras, eran retenidas o sustraídas y conducidas forzosamente ante él, quien las sometía a distintas formas de violencia sexual”.
En los apartes finales, la magistratura exaltó la valentía de las víctimas ante hechos tan aberrantes: “Esta sentencia es un reconocimiento del sufrimiento de las mujeres negras víctimas de violencia sexual, pero también un homenaje a su capacidad de soportar el dolor, a su fortaleza para seguir adelante y a su entereza para enfrentar el futuro con dignidad, dar a luz y levantar a sus hijos fruto de la violencia, con el mismo afecto y ternura que los demás y sin discriminación alguna”.
* Nombre cambiado para preservar la identidad de la víctima
