Para denunciar la nueva ola de violencia que padecen en sus territorios y los incumplimientos del gobierno nacional en materia de acuerdos pactados, miles de indígenas del suroccidente marcharon por las calles de Cali para hacer una audiencia pública. Verdadabierta.com habló con una de las organizadoras de la movilización.
Aida Quilcué, quien fue consejera de los consejos regionales indígenas de Cauca y de Huila, en diferentes puntos de la movilización tomó el micrófono para hacer las denuncias públicas y pedir el cumplimiento de los acuerdos pactados. Foto: VerdadAbierta.com.
Con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, que además incluyó un capítulo étnico para resguardar sus derechos ancestrales, las comunidades indígenas pensaron que los tormentos de la violencia quedarían de lado y que, además, podrían mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, tras casi seis meses de implementación de lo pactado, su situación se ha agravado.
Los asesinatos de sus líderes se cuentan por decenas; se dispararon las amenazas en su contra; han surgido nuevos actores armados en sus territorios; y parecen haber quedados relegados en la implementación del acuerdo de paz. Esa situación desembocó en una audiencia pública realizada el pasado miércoles en la Plazoleta de San Francisco, en pleno corazón de la capital de Valle del Cauca, desde donde emitieron una declaración por la protección a la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos.
VerdadAbierta.com acompañó esa jornada de protesta que se desarrolló de manera pacífica y habló en profundidad con Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), sobre el panorama actual de las comunidades indígenas. Durante la movilización Aida habló con fuerza y animó constantemente a sus hermanos para que no desfallecieran ante el inclemente sol que rompió el cielo caleño.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Por qué miles de indígenas del suroccidente colombiano marcharon por las calles de Cali?
Aida Quilcué (AQ): Esta fue una movilización pacífica para denunciar lo que está sucediendo en nuestros territorios y hacer una audiencia pública por la vida, los territorios y la dignidad de los pueblos. Los motivos para salir a las calles son la sistemática violación de los derechos humanos en los territorios; el incremento de las amenazas y los asesinatos; la presencia de nuevos grupos armados como el paramilitarismo; la presencia de proyectos extractivitas de la locomotora minero-energética; y el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional.
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VA: La semana pasada ustedes denunciaron que el gobierno nacional no ha respetado la consulta previa en el marco del Decreto Ley con el que pretende implementar la Reforma Rural Integral. ¿Qué ha pasado con la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc?
AQ: En febrero acordamos una ruta con el gobierno nacional para que las normas que nos afectaran de manera directa pudieran ser consultadas. Quedamos por fuera de varias que se han tramitado hasta el momento, como la Ley de Amnistía, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), y ahora las discusiones sobre el punto de tierras.
Precisamente, por eso también estamos marchando, porque el tema de tierras es la bandera de nuestras luchas y no podemos quedar por fuera de la discusión y mucho menos incumplir con la consulta previa. No habrá paz sino se construye desde las comunidades que existen en Colombia.
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Por otro lado, el gobierno también ha dicho que quiere reglamentar la consulta previa. Nosotros hemos dicho que la consulta es inamovible; que se puede estudiar para mirar protocolos y rutas, pero no para reglamentarla.
VA: El gobierno ha firmado acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de coca con campesinos en diferentes departamentos del país y a principios de este año fijó los lineamientos del PNIS. ¿Ustedes han participado en esos procesos?
AQ: Hasta ahora no nos han tenido en cuenta. En ese punto, como muchos otros, acudimos a la ruta que concertamos con el gobierno, para que el PNIS incluyera nuestra propuesta y recogiera lo que venimos trabajando previamente al acuerdo de paz. Antes de la firma, nosotros hablábamos de la sustitución voluntaria para que el gobierno garantice las iniciativas económicas que se vienen gestando desde las comunidades.
Nosotros seguimos en la lucha y en la espera para que no siga siendo la Fuera Pública, como ha hecho después de la firma de paz, la que erradique de manera forzada. No puede ser excusa para militarizar los territorios. El gobierno tiene que trabajar una propuesta con nosotros para sustituir e implementar proyectos económicos alternativos.
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VA: ¿Se puede decir que la implementación del acuerdo de paz se está haciendo a espaldas de los pueblos étnicos?
AQ: El proceso de paz siempre fue un diálogo unilateral, en el que los pueblos étnicos y las organizaciones exigimos de manera contundente que nuestras iniciativas fueran incluidas. Después de una movilización muy fuerte, faltando tres horas para la firma del Acuerdo Final en La Habana, incluimos un capítulo, que denominan Capítulo Étnico, donde se fija la salvaguarda a nuestros derechos y el respeto a la consulta previa. Ahora pedimos que en el marco del Fast Track el Capítulo Étnico trascienda a un acto legislativo para que sea incluido en la Constitución Política, y así proteger nuestros derechos.
Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico
VA: Pero hasta ahora, ¿cómo cree que va la implementación con las comunidades étnicas? ¿Les han cumplido lo firmado?
AQ: Va a medias. Se han hablado unas cosas y otras no, aspiramos a que de aquí en adelante el gobierno cumpla con lo que dice el Capítulo Étnico y con los derechos que históricamente hemos conquistado. Hasta ahora no se ha cumplido el capítulo, pedimos que se eleve a un acto legislativo y esperamos que el gobierno tenga la voluntad política.
VA: Aparte de la implementación del acuerdo de paz, ustedes hicieron exigencias para que el gobierno nacional cumpla con los diferentes acuerdos que ha suscrito con los pueblos indígenas. ¿Cuántos son?
AQ: Tenemos más de dos mil acuerdos en el marco nacional. Para que cumpla algunos ha tocado acudir a las movilizaciones, como el Decreto 1953 que fija la implementación de los sistemas que garantizan nuestra autonomía, el cual no se ha puesto enmarcha porque no se ha reglamentado.
VA: ¿Cuáles son las peticiones prioritarias o los acuerdos incumplidos más graves?
AQ: Uno de los principales es sobre tierras y la ampliación de los territorios; tenemos el tema de la protección territorial porque vemos que con la implementación del Acuerdo Final el gobierno quiere privatizar la tierra. Por otro lado, vemos que nuestros territorios están en riesgo por la política minero-energética, hay presencia de multinacionales con mucha fuerza para la explotación de hidrocarburos, oro, hidroeléctricas, y la construcción de vías, donde ponen en riesgo nuestros sitios sagrados. Son muchas las situaciones, pero en especial nuestras peticiones giran alrededor de la protección de la Madre Tierra y de nuestros derechos fundamentales. Esa es nuestra bandera de lucha y reivindicación.
VA: El gobierno nacional dice que el paramilitarismo ya no existe, que la nueva violencia es producto de grupos de crimen organizado que buscan controlar economías ilegales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está ocurriendo en los territorios?
AQ: En este caso está pasando lo mismo que en años anteriores con el conflicto armado: el gobierno nunca quiso aceptar su existencia y sólo lo hizo cuando empezaron los diálogos de paz con las Farc. En esta ocasión también se trata de un tema político, en donde el gobierno no quiere aceptar, por diferentes situaciones, que en parte le acarrean a él, pero en las regiones sabemos que el paramilitarismo nunca se desmovilizó y sigue más activo que nunca.
Los testimonios de las comunidades dejan ver que el tema no es un secreto: muestran que no sólo existen ‘Águilas Negras’, ‘Urabeños’, ‘Gaitanistas’, entre otros, sino que también han venido asesinado a nuestros líderes y lideresas sociales, y eso es lo que estamos denunciando.
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Por eso, también acudimos a que en el acuerdo de paz que firmó el gobierno nacional con las Farc, en el marco de la Comisión de Garantías de Seguridad, se estableció que iba a trabajar fuertemente en el desmonte con el paramilitarismo. Lo que queremos es que el gobierno cumpla y que esas acciones no se repitan más en los territorios porque queremos vivir en paz.
VA: ¿Cuántos indígenas han sido asesinados este año, que coincide con el inicio de la implementación del acuerdo de paz?
AQ: A nivel nacional, desde la firma del Acuerdo Final hasta la fecha, tenemos un balance de 107 amenazas reportadas, 29 homicidios de indígenas y 280 de todos los sectores sociales, tenemos 827 confinamientos en Chocó por el paramilitarismo, 3.490 desplazados. Esas cifras son de noviembre a mayo, es un índice altísimo y vemos que sigue el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas.
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VA: Durante la marcha del miércoles dijeron constantemente que esa movilización era un precalentamiento para lo que se viene en octubre. ¿Qué planean hacer dentro de cinco meses?
AQ: Sí, esta movilización es un precalentamiento. Si el gobierno nacional no nos escucha y nos sigue dejando por fuera, acudiremos a una movilización mucho más amplia. En octubre haríamos un levantamiento nacional, no sólo de pueblos indígenas, sino de afros, campesinos y demás sectores sociales, por el enorme riesgo que existe en los territorios.
VA: ¿Cómo se está gestando esa movilización? ¿De manera individual o desde espacios de convergencia como la Cumbre Agraria?
AQ: No hablamos de movimiento. Creo que hay distintas luchas y ya están los espacios de convergencia. Para el caso nuestro está el movimiento indígena colombiano con diferentes organizaciones; está la Comisión Étnica en donde confluyen indígenas y afros en torno al proceso de paz; está la Cumbre Agraria en donde confluyen diferentes organizaciones.
Decimos que nos moviliza la defensa de la vida, del territorio y de la dignidad. Y en eso nos tenemos que unir todos, independientemente de las plataformas, que la lucha sea la que nos una y la vida sea un objetivo para seguir permaneciendo en el territorio.
VA: En la actualidad hay un ambiente positivo para la protesta y están en curso varias movilizaciones ciudadanas. ¿Considera que el proceso de paz acabó con el argumento de que las protestas sociales son producto de la injerencia de las Farc, y con ello su consecuente estigmatización?
AQ: El gobierno siempre había dicho que las movilizaciones eran del terrorismo, pero el terrorismo lo ha implementado el propio Estado a través del uso de la Fuerza Pública, como lo hemos visto en el marco de la Liberación de la Madre Tierra en el norte de Cauca, en donde hay asesinados y heridos por la Fuerza Pública, lo mismo que está pasando en Buenaventura y Chocó.
Lo que nos ha movido a nosotros de manera milenaria es resistir, es pervivir, es la vida, es el territorio, es la paz, es el desarrollo de nuestros planes de vida, y a eso seguiremos acudiendo y el gobierno seguirá buscando distintas excusas para ponernos el sello (estigmatización), pero lo desmontaremos en la medida en que sigamos caminando de manera digna por los sederos de los procesos que hemos ido construyendo.
VA: Durante la marcha se cuestionó mucho a los medios de comunicación. ¿Cómo ven el rol de la gran prensa?
AQ: Nosotros aprendimos que nos toca construir medios de comunicación alterativa, porque los medios masivos no transmiten estos procesos. El miércoles muchos medios no hicieron presencia en la audiencia pública. Eso obedece a una estrategia para ocultar lo que está sucediendo realmente en los territorios, de tal forma que nos toca acudir a los medios que nosotros tenemos y visibilizar el tema. Le están dando más despliegue a lo que sucede en Venezuela, que a las protestas en Buenaventura y Chocó.
VA: También cuestionaron el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, e incluso pidieron su desarticulación.
AQ: Esa tiene que ser una de las luchas conjuntas, porque si bien la Policía o la Fuerza Pública es un organismo quebrinda seguridad en el marco del mandato constitucional, nosotros vemos que en la práctica se desdibuja totalmente porque aquí están atropellando a la protesta social, se le da un tratamiento militar. La Fuerza Pública ha sido uno de los sujetos que ha atropellado vilmente a nuestras comunidades y tiene que ser una de las banderas de lucha de aquí en adelante el desmonte ese tipo de actitudes, para que no se siga criminalizando la protesta social.
VA: ¿Cuáles fueron las conclusiones de la audiencia pública?
AQ: Hubo una presencia muy grande de comunidades, no sólo indígenas sino tambiénde sectores urbanos, que estamos inconformes ante las vulneraciones de nuestros derechos. Los objetivos de la audiencia eran visibilizar y denunciar la nueva ola de violencia; hicieron presencia delegados de la Comisión de Garantías, de la Procuraduría, de la ONU, de la Defensoría del Pueblo y de la OEA. Les entregamos nuestros requerimientos y los dejamos planteados para prepararnos para la movilización nacional. (Descargue el documento aquí)
