La retención de Herley López a manos de uno de los frentes disidentes de las Farc se dio en medio de un conflicto cada vez más convulsionado en el que están invitando a los campesinos a no sustituir la hoja de coca. Preocupa el reclutamiento de menores y la vulnerabilidad de la población civil.
Herley López junto a delegados de la Misión Política de la Organización de Naciones Unidas tras su liberación. Foto: ONU.
Después de dos meses de estar en manos presuntamente de la disidencia de las Farc en Guaviare, liberan al funcionario de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Herley López.
Líderes comunitarios y varias organizaciones ayudaron para la liberación de López, según el comunicado que publicó este 5 de julio del Sistema de Naciones Unidas en Colombia.
López no iba solo cuando disidentes del Frente Primero de las Farc lo hicieron bajar del vehículo en el que se movía por Barranquillita, inspección del municipio de Miraflores, Guaviare. Por lo menos otras 15 personas iban con él, entre ellos el alcalde de Miraflores, Jonivar Cumbe, algunos funcionarios del gobierno local y departamental, así como varios líderes sociales.
Los hombres armados los retuvieron el pasado 3 de mayo durante dos horas y hacia las 4 y 30 de la tarde decidieron darles paso para que continuaran su camino hacia Miraflores, menos a López, quien desde entonces está en manos de este grupo armado. Se esperaba que lo liberaran a las pocas horas, pero sigue retenido, por lo menos hasta la fecha de publicación de este artículo.
La comisión salía de una reunión que tuvieron con cerca de 400 campesinos en zona selvática de Guaviare para socializar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) como parte de los acuerdos negociados con las Farc en La Habana.
Barranquillita, donde se registró el secuestro de López, es conocida como el corazón histórico de la disidencia que se separó de la negociación con el gobierno nacional y de las directrices de la organización subversiva en junio de 2016. “Es como la capital de ellos y eso ha sido así desde hace mucho tiempo porque por ahí entra todo. Entonces ellos cobran por bulto de cemento, caja de cerveza, galón de combustible, todo”, aseguró una líder que trabaja en la región y quien pidió la reserva de su nombre.
En Guaviare aseguran que esta nueva organización armada ilegal controla el paso hacia esa inspección, incluso la medida aplica para funcionarios de la Alcaldía y de la Gobernación. “Por seguridad, siempre hay que avisar a los presidentes de junta y a los resguardos indígenas por dónde se va a ir porque si ellos dicen que no entren es porque el comandante guerrillero dijo que no se podía entrar. No se trata de no ir a la zona porque entonces la gente, más que todo los indígenas, quedan solos; pero tampoco es entrar a la loca”, puntualizó una fuente estatal que también pidió la reserva de su nombre.
De hecho, este era el tercer intento y el primero logrado que se hacía para entrar a Barranquillita a socializar el proyecto de sustitución de cultivos voluntaria pactado con las Farc. Inicialmente se programó el viaje a esta región selvática para mediados de marzo, pero la Asociación de Juntas de Acción Comunal pidió más tiempo para organizar la entrada y se reprogramó para principios de abril.
VerdadAbierta.com conoció uno de los cronogramas donde se establecía que el 5 de abril sería la visita a este lugar. Sin embargo, se prolongó un poco más, para hacerla luego de los festivos de Semana Santa. No obstante, otra vez tuvieron que modificar el cronograma debido a los enfrentamientos que había entre el Ejército y el grupo disidente en la zona norte de la inspección. La Presidencia de la República suspendió la programación de las visitas durante dos semanas, “atendiendo una solicitud de la Dirección Nacional del PNIS”. (Leer comunicado)
Finalmente, la comisión logró entrar el 3 de mayo para reunirse con cada familia de campesinos y explicarle los beneficios del PNIS. La visita hacía parte de los compromisos adquiridos con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes firmaron un acuerdo de sustitución voluntaria con el gobierno nacional el pasado 28 de febrero y, además, se propusieron buscar a cada cultivador para preguntarle si se acogía o no al programa.
Narcotráfico: moneda de guerra
Los Frente 44, 16, 7 y 1 de las Farc son los que han hecho presencia en el departamento. Foto: archivo Semana.Mientras los líderes campesinos avanzaban en la promoción del acuerdo, la disidencia emitía panfletos en los que invitaban a los labriegos a no acabar con la hoja de coca. En un comunicado del 14 de marzo pasado, le dijeron a los dirigentes campesinos y a los presidentes de la Junta de Acción Comunal que “no firmen acuerdos (de sustitución) sin la plena consulta de toda la comunidad”, y los invitaron a no aceptar el programa bajo el argumento de que el millón de pesos mensuales que ofrece el gobierno nacional para cada familia no es suficiente para vivir.
“No estamos en contra de la sustitución de los cultivos de coca, estamos en contra del engaño al que están llevando a los campesinos”, precisó el comunicado.
En otra cartilla que distribuyó ese grupo armado disidente le pidieron a quienes viven de la hoja de coca que “no erradiquen hasta que el Gobierno haya dado proyectos viables para la sustitución de cultivos de coca por otros cultivos legales y rentables, como que también la sustitución sea gradual”.
En las selvas de Guaviare se conoce ampliamente que las Farc traficaron con coca gracias al control casi absoluto de la región. La Defensoría del Pueblo ha advertido en múltiples informes de riesgo que la presencia de la guerrilla, y ahora de su disidencia, se relaciona con el “control del cultivo, procesamiento y comercialización de pasta de coca y de cocaína”, aprovechando la cercanía con los departamentos de Caquetá y Meta, y las fronteras con Venezuela y Brasil, lo que facilita la exportación del clorhidrato de cocaína a los mercados internacionales.
En esos lugares donde ahora la autoridad es impuesta por la disidencia, la población civil sigue quedando a merced del conflicto. Desde su declaratoria de separarse del proceso de paz, sus integrantes, cerca de 300 hombres, endurecieron el control social en las veredas donde tienen presencia, entre ellas La Paz, Salto Gloria y Nueva York, del municipio de El Retorno; y La Unión y Puerto Colombia, en Calamar.
“En estas zonas el Frente 1 disidente de las Farc- Ep reanudó los reclutamientos forzados de menores de edad, restringió la entrada y salida de habitantes, visitantes, ONGs o instituciones del Estado; prohibió navegar en algunos sectores de los ríos Inírida, Unilla e Itilla entre las 6 pm y las 6 am; y prohibió transitar por algunos caminos y trochas. Al parecer, el endurecimiento de las restricciones en la movilidad impuesto por el Frente 1 tuvo que ver con el supuesto anuncio de los Frentes 44, 7 y 16 de atacar al Frente 1”, alertó la Defensoría en uno de sus informes.
Además, el grupo disidente avanzó hacia áreas que dejaron los frentes 16 y 44 de las Farc tras concentrarse en las dos zonas veredales que tiene Guaviare, como parte del proceso de dejación de armas y regreso a la vida pactada con el gobierno nacional.
En el municipio de Miraflores, donde la disidencia armada tiene amplio control, los riesgos para la población civil se han incrementado. Entre noviembre y diciembre de 2016 se presentaron por lo menos 12 reclutamientos forzados y la situación llegó hasta tal punto que amenazaron con llevarse a los estudiantes de un internado de la vereda Lagos del Dorado una vez salieran a vacaciones de Semana Santa este año.
Para evitar que se concretara esa amenaza, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo realizaron actividades lúdicas con el fin de concentrar a todos losestudiantes en un mismo punto, mientras que el Ejército custodiaba la zona.
En la misma semana, una niña de 13 años y un joven de 16, reclutados por el grupo disidente, huyeron y se entregaron al Ejército. Fuentes indicaron a VedadAbierta.com que la menor llevaba por lo menos cuatro meses en el grupo armado, mientras que el joven estaba hace más de un año. Para escapar, mataron a su comandante, alias ‘Pata Grande’, quien era conocido por reclutar menores de edad. Los dos adolescentes se llevaron un computador portátil, armas y municiones. Actualmente están a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
A estas acciones se suman las que presuntamente han causado otro grupo de disidentes, esta vez salidos del Frente 7 de las Farc en zonas más urbanas como la capital San José de Guaviare. La extorsión ha alcanzado altos niveles y las retaliaciones por el no pago se cobran caro: hace pocas semanas explotó una moto bomba frente a un local comercial. Diferentes fuentes aseguran que fue por no cancelar ‘vacuna’.
“Al que no paga, le ponen una bomba”, explicó una fuente y agregó que “entodo ese revuelto hay delincuencia común haciéndose pasar por guerrilleros del Frente 7. Se sabe la diferencia porque la guerrilla no extorsiona por vía telefónica, sino que cita por medio de boletas. Pero ahora hay grupos que cobran por teléfono y hasta dan una cuenta para consignar”, precisó.
Por lo menos tres fuentes explicaron que los robos se han disparado en San José de Guaviare y El Retorno, razón por la cual, dijeron allí, circulan panfletos de grupos que se autodenominan ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ anunciando “limpiezas sociales”.
Todas estas condiciones se unen para crear un panorama cada vez más convulsionado en Guaviare. Si bien la atención se ha concentrado en la liberación del funcionario de la ONU, no es la única vez en la que la población civil ha quedado en medio del conflicto. Y es precisamente por el secuestro, el reclutamiento, las extorsiones y los desplazamientos que la comunidad pide una vez más no quedar olvidada en la profundidad de la selva.
