Siete jefes de la extinta guerrilla manifiestan su preocupación por la interpretación y procedimiento que la JEP le ha dado a su situación jurídica. Para Roberto Vidal, presidente de ese tribunal de justicia transicional, varias de las afirmaciones son “opiniones desinformadas”. VerdadAbierta.com analiza los puntos en tensión.
Justo cuando los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) llegan a Colombia para conocer los avances de la implementación del Acuerdo Final pactado en 2016 entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, miembros de último Secretariado de la extinta guerrilla presentaron sus inconformidades con el componente de justicia del punto 5 del Acuerdo de Paz que trata sobre víctimas.
“A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo un terreno judicial punitivista, más propio de un sometimiento a la justicia”, reza el comunicado hecho público el 6 de febrero. (Lea la carta completa)
La misiva firmada por los siete altos mandos de las extintas Farc fue dirigida al Presidente Gustavo Petro como recuento de lo que a los ojos de los exguerrilleros son problemas de fondo en el funcionamiento de la JEP y por eso le pidieron al mandatario una cita para discutir sus inconformidades.
“Es viable tener diferencias sobre decisiones judiciales. El problema es hacerlo a través de una carta pública y dirigirse al Presidente, lo que en la práctica implica solicitarle lo que sería una intromisión indebida en el funcionamiento de la administración de justicia”, señaló en entrevista con este medio Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien participó en el proceso de negociación que se adelantó con las Farc en Cuba.
Para Yesid Reyes, Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y exministro de Justicia (2014-2016) que acompañó la elaboración del componente jurídico del Acuerdo, los problemas que mencionan en la carta los exguerrilleros no son nuevos, son temas que ya han venido planteándose de manera recurrente y tienen que ver con la interpretación de las normas que regulan la JEP sobre asuntos como son el debido trámite para otorgar las amnistías, la determinación de máximos responsables o cuándo se puede expulsar una persona del esquema de justicia transicional.
La conmoción en torno a esa misiva se agudizó con los últimos párrafos en lo que los firmantes del Acuerdo refieren que las tensiones con la JEP han sido una aliciente para que los excombatientes vuelvan a tomar armas como parte de grupos disidentes.
A Human Rights Watch le preocupa la manera en que se expresaron estos reclamos. “De no cambiarse el tipo de decisiones que a ellos no les gustan, más o menos estarían obligados a apartarse de las decisiones, lo cual claramente es una amenaza, y viniendo de un grupo que hizo parte en el conflicto armado es una amenaza muy grave porque significa apartarse del procedimiento especial de justicia transicional bajo el cuál dejaron las armas”, señaló Goebertus, quien aclara que bajo su interpretación, la minoría de excombatientes de las Farc que han abandonado el proceso lo ha hecho por la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz a nivel territorial.
En esto coincide Reyes. “El riesgo de que haya gente que se retire del proceso por problemas como los que mencionan en la carta existe, pero francamente no creo que sea el grueso de las deserciones. Yo no creo que el aumento del pie de fuerza de las organizaciones al margen de la ley hoy en día sean de personas que han desertado del proceso de paz con las Farc. Creo que, en términos generales, la mayoría de la gente que se incorporó al proceso de paz por parte de las Farc ha cumplido y sigue cumpliendo”.
Por su parte, el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López, calificó en rueda de prensa de “opiniones desinformadas” la manera en que el Secretariado plasmó la responsabilidad de la JEP en la reincidencia de firmantes en la guerra. Además recordó que los comparecientes que incumplan los compromisos con la JEP se atienen a la reactivación de las investigaciones y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria.
“La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional. Los ciudadanos, los firmantes y todos los intervinientes ante la JEP cuentan con los mecanismos procesales pertinentes para discutir las decisiones de la magistratura”, señaló, refiriéndose a los recursos de reposición y de apelación establecidos en el sistema para presentar las inconformidades.
Reyes considera que todo lo que está en discordia se puede resolver si entre comparecientes y JEP discuten y llegan a un acuerdo; y su mayor preocupación es que estas fricciones se puedan ver como un enfrentamiento irresoluble. “Yo creo que las preocupaciones del antiguo Secretariado de las Farc son válidas. Creo que el tema se puede resolver siempre y cuando haya voluntad de parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y, si es necesario, sentarse con el Congreso para ver cómo unifican criterios de interpretación”, expresó Reyes.
Las preocupaciones del docente toman importancia con el rumor que corre sobre la posibilidad de abrir un incidente de desacato contra los firmantes de la misiva. Así lo señaló la periodista Ana Cristina Restrepo a través de su cuenta de X. “Los motivos para considerar un incidente de desacato o incumplimiento son: desconocimiento de la autoridad judicial y desconocimiento de los derechos de las víctimas. El contenido de la carta implica una forma de revictimización de las víctimas del conflicto”, se lee.
Mientras el ruido mediático de retornar a la guerra creció en los últimos días con la misiva del último Secretariado de las Farc, el día de hoy el Comisionado de Paz, Otty Patiño, y el jefe de las disidencias de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia, Luciano Marían, alias ‘Iván Márquez’, anunciaron que se iniciarán diálogos de paz buscando la desmovilización de ese grupo armado y se tomarán medidas inmediatas para desescalar el conflicto en el territorio nacional.
Los reclamos de los exguerrilleros, tal como están planteados, abordan superficialmente críticas a la interpretación que la JEP le ha dado, principalmente, a las solicitudes de amnistía, las resoluciones de conclusiones y la vinculación de mandos medios y guerrilleros rasos a rendir versión voluntaria.
Cuentas de amnistías
El Acuerdo de Paz contempla dos tipos de amnistías. Por un lado, las amnistías de iure (por delitos políticos como “rebelión”, “asonada”, “conspiración”, entre otros expresamente señalados) que en su momento podían ser otorgadas a través de la Presidencia de la República en cabeza de Juan Manuel Santos; y por vía judicial a través de jueces de la justicia ordinaria y la JEP cuando entró en funcionamiento, pero ella sólo operaría sobre aquellos delitos políticos que son considerados como menos graves y susceptibles de amnistía casi que de forma automática.
De otro lado, están las amnistías “de sala”, las cuales sólo puede otorgar la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP frente a delitos que no se encuentren expresamente enlistados para amnistía de iure, pero que guardan estricta relación con el delito político y con la lucha armada, como pueden ser delitos relacionados al financiamiento de la organización, muertes en combate o ataques a objetivos militares legítimos. En estos casos la JEP ha tenido que revisar el caso a caso a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y realizar una valoración probatoria para poder otorgar “la amnistía más amplia posible” conforme su mandato constitucional.
En la carta del antiguo Secretariado se señala que de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas ante la JEP, sólo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas. Para los firmantes esto viola el “principio consagrado en el DIH que obliga a los estados, al final de las hostilidades, otorgar la amnistía más amplia posible”, se lee.
Lo cierto es que sobre las cifras hay discordia e información desarticulada. Goebertus llama la atención en cuanto a que en la misiva, los exmiembros de las Farc no están teniendo en cuenta el grueso de amnistías automáticas que ya se otorgaron. Como lo explica el presidente Vidal, un número alto de exguerrilleros recibió amnistía antes de la entrada en funcionamiento de la JEP, y sólo una pequeña parte de los antiguos miembros de las Farc está siendo procesada por ese tribunal de justicia transicional, en calidad de máximos responsables.
En 2017, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que 7.696 exguerrilleros habían sido beneficiados con amnistías e indultos.
Sobre la deliberación que ha tenido que hacer la JEP en cuanto a este tema, Vidal aseguró en entrevista con Noticias Caracol que uno de los problemas que enfrenta la Jurisdicción es que muchas personas que no eran firmantes del Acuerdo de Paz solicitaron los beneficios de la amnistía y ser acogidos en la JEP.
“Buena parte del trabajo de nuestra Sala de Amnistía e Indulto, de mis colegas los magistrados, ha sido tener que investigar esas solicitudes y rechazarlas, al punto que se han rechazado alrededor de tres mil, justamente porque lo que se estableció es que no eran miembros de la antigua guerrilla de las Farc y que no tenían derecho a esos beneficios”, dijo Vidal.
Como lo dicta el DIH, los casos más graves no pueden ser amnistiados, como lo son el secuestro, la violencia sexual o el reclutamiento de menores. Este es otro de los panoramas a los que se enfrenta la JEP al revisar solicitudes de amnistía y que hace opacas las cifras que reluce las Farc en su misiva.
Debe tenerse en cuenta que dentro de las cifras de amnistías que se discuten, puede haber casos en los que la defensa de los comparecientes de las Farc haya hecho solicitudes de amnistías por crímenes de guerra y otras graves violaciones, pero no se les haya otorgado. En muchos casos se puede tratar de una estrategia de la defensa para que, si bien el compareciente no reciba el máximo indulto, sí obtenga otros beneficios, como la libertad condicionada, si se prueba que los hechos ocurrieron antes de la firma del Acuerdo de Paz y en relación con su pertenencia a las Farc.
Vale la pena recordar sobre este tema que la JEP ha tenido que evaluar amnistías que se tornaron controversiales, por tratarse de un asunto de interpretación. Un ejemplo de esto es la decisión que asumió de otorgar, a inicios de 2020, amnistía a Marilú Ramírez Baquero conocida en la guerra como ‘Lulú’, guerrillera del Frente Urbano Antonio Nariño.
‘Lulú’ se infiltró en la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto para estudiar el curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), donde luego de años de actividades de contrainteligencia fue partícipe de la operación ‘La Graduación’, en la que el grupo guerrillero detonó un carro bomba dentro de la institución el 19 de octubre de 2006. Al menos 33 personas resultaron heridas y la infraestructura se vio gravemente afectada.
Inicialmente, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP le otorgó amnistía a Ramírez, pero las víctimas —algunas civiles, otras militares—, el Ministerio de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la Nación apelaron la decisión. Nuevamente se formó una discusión de cara al DIH sobre puntos como si la Escuela Superior de Guerra era un objetivo militar lícito, si un carro bomba era un medio de guerra indiscriminado o qué ventaja militar conseguía las Farc con este atentado.
El 8 de abril de 2022 la Sección de Apelación de la JEP anuló el indulto que se le concedió a Marilú Ramírez, pues no se garantizó el derecho a la participación de las víctimas al omitir notificar a todas la víctimas del hecho. Este es uno de los casos que, para el Secretariado, ilustra la discusión sobre admisión de amnistías, pues ese fue un ataque que a su parecer se dio contra un objetivo militar legítimo y no violó el DIH.
Más allá de las cifras, Yesid Reyes cuestiona la manera en que la JEP ha procedido en el tema de las amnistías. “Yo creo que la forma como debe ser interpretada la norma que habla de las amnistías, es que las personas que incurrieron en esos delitos que son susceptibles de amnistía deben ser amnistiadas directamente. La JEP ha venido diciendo que ellos sólo conceden amnistías si la persona se acerca a la JEP y aporta verdad. Eso es lo que ha trabado las amnistías”, consideró el académico.
Llamados a versión y resolución de conclusiones
Otro punto que le preocupa a los altos mandos de las extintas Farc es cuándo les van a resolver su situación jurídica a aquellos comparecientes imputados e investigados por delitos no amnistiables.
Según las etapas del proceso de la justicia transicional, llegado el momento en que la JEP expida los Autos de Determinación de Hechos y Conductas —como ocurrió en el Caso 01 sobre secuestro y que involucra al último Secretariado de las Farc—, posteriormente se realizará la “resolución de conclusiones”, una providencia que la Sala de Reconocimiento le debe entregar al Tribunal para la Paz equivalente a una acusación, y con el cual este último podrá, al fin, dictar sentencia y sanciones propias que deben tener un contenido restaurativo y reparador para las víctimas y sociedad.
Sin embargo para el Caso 01 se elaboró una resolución de conclusiones parcial y la JEP señaló que con los avances de otros casos se podrán dictar resoluciones complementarias, según aclaró en el numeral 66 del Auto TP-SA 1580 de 2023. No obstante, los comparecientes de las Farc consideran que hay un error de interpretación de la JEP, pues esperaban que a cada acusado de crímenes no amnistiables se le diera una única resolución de conclusiones, según lo establecido en la Ley Estatutaria de la JEP, en la que se indica que se “presentará en una sola resolución las conclusiones que sobre una misma persona obren en la Sala por las diversas conductas de las que se tenga conocimiento”.
Por su parte, la JEP respalda su interpretación a partir de un concepto de la Corte Constitucional consignado en la Sentencia C-080/18 en el que señala que “con fundamento en el derecho de las víctimas a la verdad, que la expresión ‘una sola resolución’ (…), no impide la ampliación de las conclusiones sobre una misma persona a efectos de garantizar la atribución de responsabilidad por las diversas conductas”.
De continuar así, advierte la misiva de las Farc, se vería comprometido el “cumplimiento de la temporalidad con la que fue diseñada la jurisdicción para la paz”. Además, los antiguos miembros de las Farc cuestionan que con los múltiples macrocasos en curso no podrán definir su situación jurídica hasta que cada uno de ellos, en lo que se les vincule, cierre.
Es el caso de Pablo Catatumbo, antiguo comandante del Bloque Occidental, quién está imputado en el macrocaso 01 y 02. En este último caso, la Sala de Reconocimiento en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas incluso le imputó, junto a otros antiguos miembros del Bloque Occidental, delitos tan graves como violación y esclavitud sexual en calidad de coautores, pues de acuerdo a la Sala, fueron delitos resultado de una política implícita de la guerrilla en el sur de Cauca.
Hasta el momento los comparecientes se encuentran pendientes de manifestar si aceptan la responsabilidad por estos hechos y en ese orden se daría lugar a una nueva resolución de conclusiones que sería remitida al Tribunal para la Paz.
Otro de los puntos que le preocupa los altos mandos de las extintas Farc es el aumento en la vinculación de exintegrantes, que conformaban mandos medios y bajos de las Farc, a indagaciones sobre hechos del conflicto. Según precisan en la misiva, esta situación “ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del Acuerdo, provocando desconfianza en los mismos, lo que se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del Acuerdo”.
La normativa que regula a la JEP señala que se podrá imputar y emitir resolución de conclusiones sobre aquellas personas que ostentaron la calidad de máximos responsables o partícipes determinantes de las conductas más graves que se dieron de forma sistemática durante el conflicto. En tal medida, aquellos sobre los que evidencia puedan tener esa calidad, la Sala de Reconocimiento los ha llamado a rendir versión voluntaria para que hagan aportes a la verdad de las víctimas y así se valore que tan determinante fue su responsabilidad en los patrones macrocriminales.
En tal sentido, se ha llamado a rendir versión voluntaria a mandos medios o incluso guerrilleros rasos que pudieron tener una participación determinante en crímenes tan graves como el secuestro o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Yesid Reyes considera que la JEP está interpretando el concepto de máximo responsable de una manera muy amplia. El docente de El Externado recuerda que en los mandos medios hay máximos responsables, pero considera que la JEP ha vinculado a muchos comparecientes para determinar esos máximos responsables. Por eso, rescató la queja del Secretariado sobre que quizás la JEP está ocupándose de un número excesivamente grande de miembros que ocupaban mandos medios y bajos.
Lo que quieren los exmiembros de las Farc frente a la vinculación de más exintegrantes de la antigua guerrilla es que se revise si deben ser objeto de sanción varios de los mandos medios y bajos, teniendo en cuenta que operaban bajo un poder jerárquico de control.
“La JEP va por la mitad de su tiempo de duración, no ha producido todavía la primera sentencia y existe el temor de que, si sigue abriendo procesos y sigue vinculando personas como máximos responsables, quede con un número tan amplio de procesos que no sea capaz de evacuarlos dentro del tiempo que tiene de vida útil”, señaló Reyes.
Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), recuerda que la jurisdicción es autónoma para llamar a quien considere deben comparecer, en aras de aportar información para esclarecer las investigaciones que lleva. “Llamar a distintas personas a rendir versión o aportar con la información que tienen conocimiento no significa automáticamente que todas esas personas vayan a ser procesadas, condenadas y sancionadas. No hay que adelantarse en ese sentido y sacar conclusiones al respecto puede ser apresurado”, señala.
Esa es la posición de la Jurisdicción. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, asegura que la vinculación de mandos medios y bajos responde a las demandas de las víctimas por conocer la verdad de los hechos victimizantes, que en muchos casos no conoce el Secretariado, sino los antiguos guerrilleros que ejecutaron las victimizaciones. “Para las víctimas no era de ninguna manera suficiente la verdad del Secretariado que decía que había dado una orden general mediante un documento de que se cometieron secuestros. Las víctimas querían saber cuándo, cómo, en qué condiciones, cuál fue el sufrimiento, cuáles fueron las razones”.
Sobre la crítica que se hace sobre la cantidad de macrocasos abiertos, Vidal considera que siendo 11 hasta la fecha, es un trabajo limitado, pero completo. “No deja de extrañar que se haga un juicio de que la JEP abrió un número excesivo de casos. Lo que han dicho las víctimas es tal vez lo contrario y es el balance que nos corresponde a nosotros hacer. Para las víctimas siempre será un número extraordinariamente limitado de casos frente a los millones de delitos que se cometieron en el conflicto”, señaló el presidente de la Jurisdicción.
Víctimas hablan
“Hasta esta carta las Farc han tenido un compromiso muy importante, ha habido reconocimiento de responsabilidad como no había existido antes, incluso frente a delitos no sólo que históricamente para ellos eran difíciles de reconocer como la política de secuestro, sino también en casos de violencia sexual. Sería una lástima que esta carta enlute el que ha sido un compromiso muy importante”, expresó Goebertus.
A Human Rights Watch le preocupa que se pueda ver comprometida la satisfacción al derecho de las víctimas de acceder a la verdad y reparación si se interpreta la carta como una amenaza.
“Las Farc, a pesar de haber sido los principales beneficiarios, no sólo del Acuerdo de Paz, sino de las actuaciones de la JEP, aun así están inconformes con la JEP”, expresó como primera impresión Sigifredo López, único sobreviviente de los 12 diputados de Valle del Cauca que fueron secuestrados el 11 de abril de 2002. “En algunas cosas tienen razón, por ejemplo en la lentitud de la JEP, que hasta la fecha no ha proferido un sólo auto de cierre y es supremamente costosa para los colombianos”, dijo.
Para las víctimas hay dudas frente a algunas peticiones que se expresan en la carta de las Farc frente a su compromiso con la verdad. “Si hablamos del macrocaso 07, nadie se responsabiliza de haber reclutado menores de edad”, señala Alexander Vargas, quien fue reclutado forzosamente por las Farc cuando era menor de edad y es hoy director de la Corporación Colectivo Mambrú.
Vargas cuestionó que a la fecha, hay acreditaciones de víctimas pendientes desde 2021 y las víctimas del caso de reclutamiento de menores no tienen una agenda para el 2024, pues el caso está suspendido por la recusación que la defensa de los antiguos miembros de las Farc presentaron en contra de la magistrada a cargo del Caso 07, Lily Rueda Guzmán, acusándola de prejuicio y favorecimiento “a una de las partes”, por abrazar a víctimas de reclutamiento.
“Ellos le echan la culpa a muchos que están muertos, pero las víctimas decimos: ‘fue Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquin Gómez’, y fue el encargado de reclutar menores’”, reprochó Vargas. Para víctimas como él, la verdad de los hechos se puede conocer vinculando a más miembros de la extinta guerrilla y observa con preocupación la posición de las Farc de no llamar a más exguerrilleros.
En esto coincide el exdiputado de Valle del Cauca. “Ellos quieren impunidad”, piensa. “Quieren solamente que mandos altos sean los máximos responsables, que se investigue solamente a ellos y no se investiguen personas como ‘El Grillo’, que ejecutó la masacre de los diputados. Los mandos medios tienen una responsabilidad y deben estar siendo juzgados como responsables. Para el Secretariado es muy fácil echarse la carga de todo”, expresó.
Además López reprochó que los comandantes de frentes y bloques han sido renuentes en cumplir las citas de la JEP. VerdadAbierta.com intentó contrastar esto con la Jurisdicción, pero el Presidente de esta no dio detalles al respecto.
“Se puede evidenciar que hay cierta incomodidad entre mandos medios y mandos altos por el tema de la verdad. Los mandos altos quieren que no toquen a nadie: ‘termine los procesos, júzguennos a nosotros y no profundicen en temas de verdad’ y que quede como verdad la versión que ellos han dado”, dice el exdiputado.
Ambas víctimas tienen el sinsabor de que hay pendientes en la verdad y la justicia sigue demorada. “Esto era un reto para el país. Yo he sido muy crítico con la JEP y reconozco que esto fue un reto muy grande para la JEP en términos administrativos. Igual, he sido crítico porque yo he querido como víctima ya ver sentencias, ver a comandantes que digan la verdad y si no que se aplique el proceso adversarial”, concluyó el director del colectivo Mambrú.
