El despacho 30 de Justicia y Paz de la Fiscalía logró probar que 8 víctimas beneficiadas con el fallo de la Corte Idh no fueron asesinadas o desaparecidas en la masacre de Mapiripán.
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Fiscalía demostró que víctimas de Mapiripán podrian ser menos de las que la Corte Interamericana ordenó reparar. Foto archivo Semana.
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Durante la audiencia de imputación parcial de cargos a nueve ex paramilitares del Bloque Héroes de los Llanos de las Auc, la Fiscal30 de Justicia y Paz, Yolanda Pardo, pudo demostrar a la magistrada de Justicia y Paz, Teresa Ruiz, que ocho de las personas reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, como víctimas de la masacre de Mapiripán, nunca lo fueron.
Según demostró la Fiscalía, en algunos casos se registraron ante la Corte Interamericana como víctimas de homicidio personas que ya estaban muertas para el momento de los hechos, y, en otros, se presentaron como desaparecidos a personas que para la fecha de la masacre se encontraban en las filas de la guerrilla, o que simplemente no estaban en Mapiripán.
Por otra parte a lo largo de la audiencia la Fiscal presentó su versión sobre cómo fueron los hechos en los que un grupo de 89 hombres de las Auc se tomó el casco urbano de Mapiripán durante cinco días y atacó a la población civil, y aportó las pruebas suficientes para formular cargos en contra de los paramilitares por los homicidios de Sinai Blanco Santamaría, José Roland Valencia, Oscar Alberto Madrid, Alvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón Gómez, Leduin Morales Caleño; la desaparición de Antonio María Barrera, Walter Mosquera, N.N. Residencia Guaviare y María Georgina Pinzón; los secuestros de Carlos Arbey Bernal, Orlando Martínez y Winneyer Torres Acero, y el desplazamiento de 69 personas, durante, o a raíz de la masacre.
Aunque la Fiscalía destapó el fraude de unas cuantas personas, esto no significa que el número total de víctimas se reduzca, debido a que la investigación continua abierta y se espera que se documenten nuevos casos que serán presentados en una nueva audiencia ante los magistrados.
Además, la audiencia de imputación de cargos tan sólo es la primera de las cinco etapas que deben cursar los casos en Justicia y Paz para que la Sala de Conocimiento dicte condena contra los paramilitares y ordene la reparación de las víctimas.
En enero y febrero del presente año la Fiscal Pardo, luego de darse cuenta que el número de víctimas registradas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (Sijyp) era bastante menor al reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convocó a dos jornadas de atención a las víctimas de la masacre en Villavicencio y mapiripan, en las que se entrevistaron a varios pobladores de Mapiripan y sus alrededores, quienes corroboraron los nombres de los desaparecidos y asesinados durante la masacre.
Al igual que varios de los postulados, las personas que asistieron a las reuniones con la Fiscalía dijeron un número menor de víctimas en la masacre que el reconocido por la sentencia de la Corte.
La Fiscalía en su labor investigativa encontró que la identificación de los cuerpos hasta el momento ha sido muy difícil, debido a que varias de las personas asesinadas durante la masacre fueron desmembradas, y otras tantas no han podido ser identificadas. Este fenómeno generó que algunas de las víctimas fueran registradas de manera repetida por la Corte Interamericana, como fue el caso de Oscar Alberto Madrir, quien además estaba registrado como N.N Oscar.
Al cierre de la audiencia la Magistrada TeresaRuiz exhortó a los defensores de victimas para que ayudaran a filtrar los casos de personas y abogados que, de manera inescrupulosa, presentaran pruebas de falsas víctimas, en especial y con relación al proceso, con aquellos familiares que a pesar de no ser afectados por el desplazamiento o los crímenes cometidos por los grupos armados, llegaran al proceso de Justicia y Paz pidiendo algún tipo de reparación.
“Debe haber mesura en quienes reciben reparación. Por ánimo de lucro algunos abogados se aprovechan con el fin de lucrarse.” dijo la magistrada.
Las falsas víctimas
A partir de las entrevistas que realizó en Mapiripan y Villavicencio, Yolanda Pardo encontró a Mariela Contreras, la testigo que el pasadomartes aceptó durante la audiencia de imputación el fraude que había hecho al Estado.
Según pudo establecer la Fiscalía, ni el marido de Mariela, supuestamente asesinado en la masacre, ni sus hijos, supuestamente desaparecidos en la misma, fueron víctimas en este atroz crimen. Gustavo Caicedo Rodríguez (esposo fallecido de Mariela), quien aparece cómo víctima en la sentencia de la Corte Interamericana, fue asesinado por las Farc en la vereda el Anzuelo, Meta, en 1997.
Hugo Fernando Martínez (hijo de Mariela) había sido reclutado por el frente 39 de las Farc en 1995 y en el año 2008 regresó al lado de su madre, cuando se desmovilizó.
Como prueba de este hecho la Fiscalía no solo cuenta con el testimonio de él, sino también con el registro de cuando fue cedulado en 2008, luego de su desmovilización.
Diego Armando Martínez Contreras (el otro hijo) según pudo establecer la Fiscalía, tampoco se encuentra desaparecido. Como prueba tienen la tarjeta de preparación de la cedula, efectuada el primero de diciembre de 2000.
Otra de las falsas víctimas que se encuentra cobijada por la sentencia de la Corte Interamericana es José Alberto Pinzón López, sobre quien la Fiscalía encontró que había fallecido en 1989, tal como se demuestra en la resolución 0329 de la Registradoría Nacional, en la que la cédula de este señor fue cancelada por su muerte.
En este caso la Fiscalía comprobó a través del registro de nacimiento de él y sus hermanos, para comprobar que se trataba de la misma persona. A su familia el estado le pagó 430 millones de pesos.
En este caso la Fiscalía también investiga si existen irregularidades en los reclamos por el asesinato de otros cuatro miembros de esta familia, por los cuales el estado ha pagado 1.300 millones de pesos.
Raúl Morales, quien en la sentencia de la Corte Interamericana aparece como desaparecido, y por quien se ordenó el pago de doscientos salarios mínimos legales vigentes, apareció en 2011 como victima de desplazamiento y se acreditó ante la Fiscalía como víctima.
Según pudo establecer el periódico El Tiempo, Morales o su familia no han reclamado el pago de 230 millones de pesos que el Estado debe cancelar por supuesta desaparición como lo ordenó la Corte Idh.
En el caso de Manuel Arevalo, otra persona reconocida como desaparecida, la Fiscalía pudo comprobar que falleció de muerte natural el 3 de marzo de 1999 y quien fue enterrado en el cementerio de Anzuelo, un hecho que fue reconocido por sus familiares.
Según dijo la Fiscalía, los familiares de este señor testificaron que una señora de nombre María Bustos les aconsejó que registraran a su padre como muerto en la masacre de Mapiripan.
Finalmente, los familiares de Eliecer Martínez reconocieron que fue asesinado por la guerrilla el 4 de diciembre de 2001 porque se negó a unirse a este grupo armado ilegal, y a su hermano Omar Patiño Vaca se lo llevó la guerrilla en abril de 2002.
Estas dos víctimas aparecen ante la Corte Interamericana sin representación, por lo cual, cuando la corte ordenó reparación para sus familias, también ordenó al estado colombianopublicar en medios de comunicación de cobertura nacional, un anuncio para que se buscaba a sus familiares.
