Cuarenta y siete voceros de comunidades que hacen parte del PDET Alto Patía y Norte del Cauca han sido asesinados desde 2016 en los 17 municipios que lo componen. A este escabroso escenario, se suman constantes amenazas de muerte y atentados, como el ataque con granadas que sufrieron en las últimas horas miembros de organizaciones afrodescendientes en Santander Quilichao.
“Estábamos en una reunión y llegaron unas personas armadas. Empezaron a disparar, tiraron una granada. A nosotros no nos pasó nada gracias a Dios, pero uno de mis escoltas está herido y también el de un compañero. Necesitamos que eleven esta situación a nivel nacional”, relató Francia Márquez, reconocida líder del consejo comunitario de La Toma, del municipio caucano de Suárez, en un mensaje de audio que empezó circular en chats y redes sociales finalizando la tarde de ayer, pidiendo auxilio y la intervención de las autoridades estatales.
Los hechos ocurrieron hacia las 5 y 30, mientras 16 importantes activistas de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la Asociación de Municipal de Mujeres de Buenos Aires (Asom), estaban reunidos en la finca La Trinidad, de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao.
Los líderes afro se dieron cita en esa finca, que el Incoder le compró y le asignó a dos consejos comunitarios en 2015, para preparar el encuentro que sostendrán el próximo 8 mayo con el gobierno nacional, a raíz de acuerdos alcanzados con las comunidades del norte de Cauca, tras la Minga del Suroccidente, en la que comunidades indígenas, campesinas y afros, bloquearon la vía Panamericana durante 27 días, pidiendo un encuentro con el presidente de la República, Iván Duque, para exigir el cumplimiento de compromisos adquiridos con ellas desde hace décadas.
La dimensión de ese atentado pone de presente, una vez más, el inmenso riesgo que padecen quienes defienden los derechos comunitarios en el departamento de Cauca y el resto del suroccidente colombiano. Y no es para menos, pues ese ataque fue realizado contra importantes dirigentes afrodescendientes dentro su territorio colectivo, el cual goza de derechos y medidas especiales, amparados por la Constitución Política de 1991.
“Creemos que es un ataque muy miserable y directo a la dirigencia de las autoridades del pueblo negro del norte de Cauca. Ocurrió prácticamente dentro de nuestra casa, en uno de nuestros sitios propios e intocables; del centro del corazón del territorio ancestral de nuestro pueblo y que hace parte de los títulos colectivos que estamos avanzando. Es un sitio emblemático porque allí hacemos todas las actividades de Guardia Cimarrona, de autoridades étnicas y las asambleas de Aconc. Allí nos reunimos para armonizar nuestro territorio”, cuenta con profundo dolor y gran indignación, Víctor Hugo Moreno, consejero Mayor de Aconc.
Las comunidades exigen que las autoridades nacionales investiguen y esclarezcan ese atentado lo más pronto posible y que les refuercen sus medidas de protección. “En especial las colectivas, porque ese ataque no afecta sólo a las personas que estábamos allí, trabajando para la mesa que revisará los acuerdos incumplidos desde 1986, en el marco con diferentes gobiernos, sino a todo el proceso del pueblo negro del norte de Cauca”, enfatiza Moreno.
Récord vergonzante
Que el departamento de Cauca es el más peligroso del país para los líderes sociales no es ningún secreto. Diversos informes y estudios sobre esa materia, a pesar de diferencias conceptuales, metodológicas y numéricas, coinciden en que en ese territorio es donde más asesinatos ocurren por año.
La Naranja Mecánica, el más reciente de ellos, publicado el 23 de abril por el Programa Somos Defensores, registró que en 2018 y por sexto año consecutivo, ese fue el departamento más violento del país. De los 155 asesinatos que documentó del año pasado, 28 ocurrieron en Cauca, mientras que en 2017 sucedieron 18, lo que representa un aumento del 55,5 por ciento.
Asimismo, alertó que el suroccidente sigue siendo la región más golpeada por esa ola de violencia, ya que los asesinatos en Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, pasaron de 45 a 64, entre 2017 y 2018.
Esa organización no gubernamental, que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra defensores de derechos humanos, señala que en esos territorios tan riesgosos, “muchas veces son disputados por el control de los cultivos de uso ilícito, los proyectos de explotación minera legal o ilegal, los procesos de restitución de tierra y, en algunas situaciones, por procesos de recuperación o liberación de la madre tierra, como es el caso los indígenas en el norte del Cauca”.
Además de esos factores, los líderes comunitarios sufren constantes agresiones producto de la estigmatización por parte miembros del gobierno nacional y de sectores políticos y de opinión, que a menudo suelen relacionar sus protestas y peticiones con grupos armados ilegales. El hecho más reciente ocurrió luego de que el presidente Iván Duque lograra una serie de acuerdos para levantar la minga que generó problemas de desabastecimiento en la capital caucana y millonarias pérdidas económicas, por la no circulación de camiones de carga durante más de tres semanas.
El pasado 7 de abril, desde su cuenta en la red social Twitter, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República (2002-2010) y jefe del Centro Democrático, el actual partido de gobierno, una vez levantada la minga, emitió un controvertido mensaje que fue considerado por diferentes sectores como instigador a la violencia contra quienes acudan a la protesta social.
Ahora, esas palabras nuevamente cobran relevancia, pues los líderes afrodescendientes del norte de Cauca sufrieron ese fuerte atentado mientras se preparaban para un encuentro con el gobierno nacional, en cumplimiento de acuerdos con la minga que se levantó entre marzo y abril.
Ese no es el único hecho de violencia contra las comunidades negras luego una manifestación en la vía Panamericana. El 30 de abril de 2016, horas después de lograr acuerdos con los ministerios del Interior, Minas y Agricultura, a Francia Márquez le llegó a su celular un mensaje de texto con una amenaza para ella y otros líderes que estuvieron al frente de esa movilización.
Lápida por la paloma blanca
Otro factor de riesgo para los líderes sociales es la implementación de Acuerdo de Paz alcanzado con la otrora guerrilla más antigua del continente, el cual, además de lograr la dejación de armas de las Farc, contempla un conjunto de medidas para remediar las causas del conflicto armado, entre ellas llevar desarrollo y presencia estatal a las regiones más golpeadas por las acciones bélicas.
Tras la firma de ese pacto, rubricado el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, entre el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018) y el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, quienes les apostaron a programas como la sustitución voluntaria de cultivos de coca y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se encuentran en la mira de los violentos.
“El asesinato de un compañero representa callar un proceso; representa atemorizar una comunidad; representa vía libre para un proyecto minero; representa tapar algún incidente de corrupción que haya denunciado algún líder”, afirma Jonathan Centeno Muñoz, integrante del movimiento Marcha Patriótica, cuando se le pregunta cómo reciben las organizaciones sociales los de asesinatos como el de Marco Antonio Adrada Viana, ocurrido el pasado 28 de abril en Leiva, Nariño, uno de los municipios priorizados en el PDET Alto Patía y Norte del Cauca.
El homicidio fue perpetrado cuando Adrada regresaba a su casa en el corregimiento de Las Delicias. En la separata de actualización Todos los nombres, todos los rostros, “informe de derechos humanos sobre la situación de líderes/as en los territorios”, elaborado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y Marcha Patriótica, el asesinato de este líder comunal es el número 58 en los primeros cuatro meses de 2019.
Juan David Mellizo, dirigente del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y quien participó en la construcción del PDET desde los municipios de El Tambo y El Patía, afirma, sobre la muerte de Adrada, que “es un constante riesgo que tenemos los líderes sociales y principalmente los que estamos en estos territorios donde marchamos y denunciamos, porque se convierte en un delito denunciar o hacer audiencias o movilizaciones”.
Centeno, quien a través de la organización lidera procesos con las comunidades de diversas zonas de Cauca, agrega que “a nosotros lo que nos importa en este momento es que luego de esos hechos se conozca la vida de los líderes, lo que representaban ellos no sólo como personas sino lo que representaba su liderazgo”.
En ese departamento fueron asesinados 70 líderes sociales entre 2016 y el 28 de abril de este año, según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), 47 de los cuales pertenecían a los 17 municipios caucanos incluidos en el PDET Alto Patía y Norte del Cauca. Además de los homicidios, se han presentado en ese mismo lapso 22 amenazas, 14 atentados y dos secuestros.
De igual modo, las estadísticas de la MOE indican que de los 16 líderes que fueron asesinados desde enero de 2018 hasta la fecha en el departamento de Nariño, sólo Marco Adrada hace parte de los municipios que conforman el PDET. En este periodo, no se reporta ningún homicidio en Florida y Pradera, también municipios de este mismo PDET, pero ubicados en Valle del Cauca; y sólo se registra un caso de amenaza contra una líder indígena en diciembre del año pasado.
La situación pone de manifiesto una reactivación de la violencia contra los líderes sociales de la región que había disminuido en los meses siguientes a la fecha de la firma del Acuerdo de Paz.
Reactivación de intimidaciones
Otra voz que ha advertido el complejo panorama de implementar el Acuerdo de Paz, es la del Congreso de la República, que por medio del Informe Técnico de Acompañamiento a la Implementación del Acuerdo Final, publicado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Senado, en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), señala que “pese al avance y después de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, se ha podido evidenciar el asesinato indiscriminado de líderes y lideresas sociales y de derechos humanos en Colombia”.
El informe, realizado con el apoyo de diversas organizaciones sociales y académicas, habla de “una agudización de lo que bien podría llamarse guerra sucia contra quienes hoy quieren participar en política y representan nuevos poderes territoriales, quienes son reclamantes de tierra en el marco de la ley de restitución de tierras, son defensores de las comunidades étnicas y de sus intereses territoriales, quienes subsisten en medio de economías ilegales y extractivistas y a la vez reclaman sus derechos, y quienes como líderes ambientales se oponen a megaproyectos que pueden afectar a las comunidades aledañas”.
Más allá de los datos que ofrece la actual coyuntura, el informe llama la atención sobre la persistencia del fenómeno y pone de manifiesto “una sistematicidad que deja en entredicho la política de seguridad y protección del Estado corroborando la tendencia de asesinato de líderes en la etapa de posacuerdo (2016-2017)”. Esta situación de la realidad del país deja en letra muerta los esfuerzos legislativos para hacerle frente a este tipo de violencias.
Precisamente el 19 de noviembre de 2018, el gobierno nacional promulgó el Decreto 2137, mediante el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Más allá de la amplia difusión mediática de la firma de dicha norma, no se ha tenido información sobre la puesta en marcha y la definición de las políticas y actividades correspondientes.
El cuarto informe trimestral de verificación de la implementación del Acuerdo Final, elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Programa para la Paz y el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), en su versión de diciembre de 2018, advierte que esa violencia “se resiste a disminuir de manera sostenida y se concentra territorialmente de manera importante en departamentos específicos como Cauca, Antioquia, Nariño, Chocó y Norte de Santander”. En ese sentido, las estadísticas son claras durante los últimos años.
Amenazas siempre latentes
Daniel Valencia, líder social de Copdiconc, organización del norte de Nariño, reconoce que sí hubo amenazas durante el proceso de construcción del PDET: “En algún momento sacaron un panfleto donde nos mencionaron como organización y decía que nos declaraban como objetivo militar a los líderes del Consejo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño,(Copdiconc) porque estábamos convocando a asambleas, a reunión a las comunidades para poder socializar estos temas y también de manera individual a algunos líderes”.
Jonathan Centeno reconoce que durante las fases de construcción del PDET Alto Patía y Norte del Cauca se tuvo limitaciones porque las amenazas a personas, o al proceso mismo, generaron zozobra en las comunidades. “Cuando se amenaza en medio del PDET, el líder prefiere no ir a las reuniones o la comunidad prefiere no ir a la reunión. Entonces ya se ve limitado los aportes de la comunidad en la construcción del PDET”, dijo el líder.
La preocupación de Centeno se centra en que las amenazas aún persisten y provienen de grupos criminales que no siempre pueden llegar a identificarse ni determinar sus intenciones: “Desafortunadamente su disputa por el control territorial se da sobre la vida, es decir, hemos perdido el principal derecho que nosotros tenemos, que es el derecho a la vida; hoy sobre el derecho a la vida toma la decisión cualquier grupo armado de un momento a otro y no les cuesta absolutamente nada asesinarnos”.
Juan David Mellizo, del Cima, también es consciente de ello. Cuenta que “hubo amenazas más que todo en los territorios donde los actores armados que entraron después de las Farc no estaban de acuerdo porque de alguna manera ligan el tema de los PDET con el tema de los PNIS que es lo de la sustitución de cultivos ilícitos, ahí hubo una doble interpretación”.
Actualmente, Mellizo reconoce que no tiene amenazas de tipo personal, pero sí la organización de la que hace parte: “En bastantes panfletos se menciona el Cima, al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde somos militantes. Hoy la Marcha Patriótica, el Cric, y el Cima le hablamos al gobierno de las situaciones colectivas como organizaciones victimizadas”.
A pesar de las amenazas y las dificultades para participar en el desarrollo de los proyectos e iniciativas del PDET, los tres líderes sociales son claros en manifestar su fe en los procesos que se llevan a cabo. “No podemos caer en la desesperanza, tenemos que sentir la injusticia, pero más allá de sentirla, tenemos que pensar en qué hacer para poder transformar la situación que tiene el país”, afirma Centeno.
Por su parte, Mellizo hace una invitación a seguir en la lucha mediante diálogos comunitarios, sectoriales e institucionales. Valencia tiene fe en el país y “en que los gobernantes no gobiernen desde el escritorio, tengan en cuenta a las comunidades y puedan abrir espacios de diálogo y participación, y que las comunidades seamos actores activos y que podamos con la visión del sentir del pueblo”.
