En la misma semana en la que se anunció la Jurisdicción Especial de Paz, circuló un panfleto con amenazas de muerte a varias víctimas que participaron en los diálogos.
No todas las víctimas firmaron el comunicado puesto que algunas no alcanzaron a leerlo antes de que se publicara y otras tenían razones personales para no apoyar lo afirmado. Foto: VerdadAbierta.com.
Desde el día uno de las negociaciones en La Habana, se planteó que la columna vertical de los diálogos y de los posibles acuerdos serían las víctimas. Y esa misma premisa fue la que se tuvo en cuenta para acordar el punto de justicia, conocido la semana anterior.
Incluso, el año pasado en un hecho sin precedentes, viajaron varias delegaciones de víctimas a contar sus relatos y a llevar propuestas concretas a la Mesa de Conversaciones. A pesar de que lograron su propósito de ser escuchadas directamente por los negociadores, en muchos casos esto significó un recrudecimiento de las amenazas, según variostestimonios de las personas que fueron en ese momento a Cuba.
Pero las intimidaciones no pararon allí, en la misma semana en la que se anunció la Jurisdicción Especial de Paz, circuló un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se amenaza de muerte a varias de las víctimas que participaron en los diálogos.
Es por esto que una de las preguntas que se hace la mayoría de las víctimas sobre el nuevo modelo de justicia es cómo se aplicará mientras otros grupos armados siguen al acecho. Así lo señalaron varias de las 60 personas que fueron a La Habana y conversaron con VerdadAbierta.com. Se preguntan además, quiénes serán juzgados, cómo conocer toda la verdad, cómo trascender el dolor y cuáles son los detalles del acuerdo completo.
¿Estarán todos los responsables?
El pasado 28 de septiembre, 42 de las 60 víctimas que viajaron a La Habana se pronunciaron en las oficinas del PNUD en Bogotá sobre el modelo de justicia que se pactó en los diálogos. Foto: VerdadAbierta.com.
La calificación general de las víctimas que participaron en los diálogos es que este acuerdo reciente es un “paso decisivo para el reconocimiento y respeto pleno de los derechos humanos y del DIH en Colombia” y todo porque esta justicia gira en torno a restaurar el daño causado, en vez de la culpa que se le imponga al responsable. Así se evidenció en el comunicado que emitieron 42 de las 60 víctimas que participaron en la Mesa de Conversaciones y en las posiciones individuales de varias víctimas. “Lo más útil es garantizar que no vuelva a pasar lo mismo”, afirmó Camilo Umaña, hijo del abogado Eduardo Umaña.
Otra de las grandes ventajas que reconocen en el acuerdo es que la nueva Jurisdicción Especial de Paz será aplicada a todos los responsables directos e indirectos de este conflicto, incluidos los que aportaron dinero.
Por ejemplo en Bojayá, consideran que esta cláusula hace al acuerdo “equilibrado y razonable”, como explica Leyner Palacios, líder de la organización Cocomacia y quien fue a La Habana en representación de los sobrevivientes a la masacre de las Farc en 2002 en ese municipio chocoano, que dejó casi un centenar de muertos.
Este optimismo también se debe a que los agentes del Estado quedaron incluidos en la nueva justicia. Sin embargo, se trata de un optimismo moderado: “la preocupación es que no se rompa el pacto de silencio que han tenido los militares por años”, explica Yaneth Bautista, quien ha buscado a su esposo y a su hermana desaparecidos desde hace casi 30 años.
Una incertidumbre adicional, señalada por Gloria Luz Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes), es la paradoja de hablar de un nuevo modelo de justicia mientras que continúa la reforma al fuero penal militar, que ampliaría los casos en los que miembros de la Fuerza Pública sean juzgados por otros uniformados y no por jueces civiles.
Pronunciamiento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
En medio de los parámetros de justicia, también les preocupa su seguridad. Los panfletos en su contra no han parado desde que viajaron a La Habana. El más reciente se conoció la semana anterior y aunque no iba dirigido contra las delegaciones de víctimas, sí estaban los nombres de varios líderes que participaron en la Mesa de Conversaciones. El miedo persiste.
Por situaciones como esta es que los habitantes de Bojayá piden que mientras avancen en los diálogos, el Gobierno le ponga fin “a los grupos de paramilitares que aún están presentes en el Pacífico colombiano”.
Comunicado de los habitantes de Bojayá sobre el punto de justicia
Además, el modelo de justicia debe ir más allá y ayudar a “desentrabar las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los móviles y las razones por las cuales nos ha pasado lo que nos ha pasado concretamente y como sociedad”, explica Umaña.
¿Quién dice la verdad?
Las sentencias que recibirán los responsables de los crímenes dependerá de qué tanta verdad estén dipuestos a confesar y si la dicen a tiempo. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Ley de Justicia y Paz, donde la verdad depende de lo que cuentan los postulados, en esta nueva fórmula, esas revelaciones serán contrastadas con las de la Fiscalía, otros órganos del Estado, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas.
Para Gloria Luz Gómez esto es clave pues, según ella, “no se puede dar la verdad oficial y acomodada sino la verdad de quienes hemos vivido los hechos”.
En lo que coinciden todas las víctimas es que para que el acuerdo se cumpla, todos tienen que poner de su parte. “Estamos apostando a la buena fe de trabajar juntos pero eso no significa que seamos bobos útiles. Significa que hemos querido trascender el dolor”, explica Martha Amorocho, quien perdió a un hijo en el atentado de las Farc en 2003, en el club El Nogal de Bogotá.
Otra esperanza de las víctimas es que los máximos responsables no serán los únicos en hablar. La experiencia de Justicia y Paz ha demostrado que, de esa manera, la verdad puede quedar incompleta. No son pocos los casos en los que en temas como la ubicación de fosas comunes, por ejemplo, la información solo la tengan los mandos medios y bajos.
Umaña ve con más recelo el punto de quiénes participarán pues hay investigaciones de las ONG de derechos humanos que existen desde hace muchos años y no ha pasado nada con ellas. “Mi padre tenía una frase muy buena. Estos procesos penales funcionan como una telaraña jurídica urdida con una tenaza política. Hay muchos intereses para impedir que lo que es está escrito funcione y la nueva jurisdicción está metida en esas lógicas de poder. La única forma de que funcione es desenmarañar esa telaraña jurídica, guardar la tenaza política y permitir que las investigaciones tomen un curso jurídico”, dice.
¿Cuál es el requisito para pasar la página de dolor?
Gloria Luz Gómez es la coordinadora la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) y viajó a La Habana en la segunda delegación de víctimas. Foto: archivo Semana.
Varias víctimas que fueron a La Habana están dispuestas a convivir con quienes alguna vez los hirieron. La única condición es que pidan perdón.
“Que lleguen a las comunidades, perfecto. Son personas iguales a nosotros que hicieron unas cosas que no tenían por qué hacerlas. Ellos también tienen que pedir perdón en su momento para que de una u otra manera Dios los perdone a ellos”, dice María Choles, víctima de violencia sexual.
De hacerse esto, no sería el único mea culpa en los últimos años. En 2013 el presidente, Juan Manuel Santos, reconoció la responsabilidad del Estado en el conflicto, siguiendo la recomendación del Centro de Memoria Histórica. Ese mismo año, el primer mandatario, acatando un fallo de la Corte Constitucional, le pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por las estigmatizaciones que hizo en su momento el presidente Álvaro Uribe, y el expresidente Belisario Betancur, también en 2013, se disculpó por sus actuaciones en la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
El año pasado fue el perdón del Congreso por la parapolítica y en 2015 exparamilitares del Bloque Central Bolívar juraron un ‘nunca más’ por sus actuaciones, mientras que el Ejército, también por orden judicial, pidió perdón a siete familias víctimas de la masacre de El Naya.
“Así no se pide perdón”: víctimas del Naya al Ejército
Por su parte, las Farc reconocieron públicamente a finales del año pasado su responsabilidad en la masacre de Bojayá sin hablar nunca de perdón. Para alias ‘Timochenko’, máximo comandante de esa guerrilla, “la palabra ‘perdón’ es como de confesión cristiana, la cual muchas veces suena a doble moral. Nosotros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que nos corresponden en lo que ha pasado. Lo que queremos es generar un ambiente de paz”, indicó en una entrevista publicada por TeleSur.
Los habitantes de Bojayá sostienen que el pronunciamiento de la guerrilla fue por una “solicitud expresa de petición de perdón”. Ellos, al igual que otras víctimas del país, exigen esto por parte de los responsables y además les ponen unos criterios que van desde el fin de las confrontaciones hasta que la solicitud de perdón no sea un show mediático y sea concertado.
“Es más importante lo restaurativo, que es el modelo de justicia que hemos tenido los afros y los indígenas desde hace años”, sostiene Palacios. Según él, están dispuestos a convivir con quienes alguna vez fueron sus victimarios siempre y cuando se disculpen, sean originarios de la región y se sometan a los reglamentos de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas.
Hasta el momento, la mayoría de las personas que ha padecido el conflicto está conformecon lo anunciado la semana pasada. El miedo por su seguridad persiste y por eso, tal vez, espera con ansias que se pacte, de una vez por todas, el punto que les concierne pues, como dice el adagio popular, ‘el diablo está en los detalles’.
