El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reconstruye las historias de las personas que han tenido que traspasar las fronteras para salvar sus vidas.
Sobre el desplazamiento forzado interno en Colombia se ha escrito mucho y abundan registros estadísticos, pero cuando se trata de personas que han tenido que traspasar las fronteras para salvar sus vidas, la situación cambia. En medio de ese vacío de información y de una crisis humanitaria sin precedentes por el cierre de la frontera con Venezuela -país que alberga la mayor cantidad de desplazados en el exterior-, el CNMH publica este viernes el informe ‘Cruzando la frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca’, que da cuenta de las penurias en las que viven estas personas.
Las víctimas que residen en el exterior son invisibles: no hay registros oficiales sobre ellas, no reciben atención adecuada por parte de instituciones estatales, desconocen sus derechos, son revictimizadas y ni siquiera hacen parte de la legislación que protege a las víctimas del conflicto armado.
Una de sus revelaciones más preocupantes es que estas personas no son reconocidas como desplazadas, porque las leyes 397 de 1997 (creada para atender a los desplazados) y 1448 de 2012 (conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), definen que sólo son víctimas quienes se desplazan dentro del país. Al respecto, el CNHM indica que “el éxodo transfronterizo es una modalidad de migración forzada que constituye una prolongación del desplazamiento forzado ocasionado en el contexto del conflicto armado y la violencia generalizada en Colombia”, por lo que las personas que lo padecen, sí son víctimas desplazamiento forzado.
El informe recalca que “existe un desconocimiento sobre la continuación de los efectos del desplazamiento forzado fuera del territorio nacional y los daños y afectaciones que han sufrido sus víctimas a lo largo del tiempo”, lo cual “reviste un carácter dramático para miles de mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, indígenas y afrodescendientes, algunos de las cuales han permanecido fuera de Colombia por más de una década, y continúan siendo invisibles para losregistros oficiales”.
Otra situación que hace que el desplazamiento en el exterior permanezca invisible es el temor de las personas, quienes no denuncian por temorde ser deportadas o de ser revictimizadas por los grupos armados de los que huyen. Además, se suma el desconocimiento de sus derechos como refugiados. Por esta razón, sólo se tienen registros de las personas que solicitan refugio y, las demás, según el informe, “se convierten en una población flotante invisible para autoridades nacionales y, en muchos casos, son confundidas con la población migrante irregular”.
Estas cifras muestran que Venezuela es el principal destino de víctimas de desplazamiento externo y que la gran mayoría de ellos no han sido reconocidos como refugiados por las autoridades de ese país. Al respecto, el informe indica que estas personas son “refugiados de hecho”, que “permanecen invisibles para los registros oficiales y por lo tanto no pueden ejercer plenamente sus derechos en el vecino país”.
La frontera de Arauca con Venezuela
El CNMH tomó como caso de estudio esta frontera por el alto número de desplazados que reside allí e hizo una detallada radiografía de esta situación. Entre 1970 y 1980 se dieron los primeros flujos migratorios de colombianos hacia Venezuela, pero no estuvieron relacionados con el conflicto armado, sino con la búsqueda de mejores condiciones de vida por el crecimiento económico del vecino país. Sin embargo, a finales de la década de 1990, se dio un momento migratorio por el recrudecimiento de la guerra en las regiones de frontera.
Ante esa crisis humanitaria, Venezuela creó en 2001 la Ley Orgánica para Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA) y en 2003 creó la Comisión Nacional de Refugiados (CNR), para atender a los desplazados. No obstante, esa gestión no se tradujo en resultados positivos para los desplazados, pues a la gran mayoría les fue negada su solicitud de condición de refugiado: de las 5.515 que fueron radicadas entre 2004 y 2011, sólo fueron aprobadas 1.399.
Al respecto, el informe señala que “el éxodo transfronterizo de colombianos hacia Venezuela se ha confundido muchas veces con migraciones económicas, haciéndolo invisible a la problemática humanitaria en ambos lados de la frontera. Esta situación ha llevado a que miles de colombianos desplazados se conviertan en una población flotante que, a pesar de necesitar protección internacional, permanece sin reconocimiento, asistencia y protección de ninguno de los Estados”.
Sobre por qué Venezuela tiene tantos desplazados colombianos, el informe considera que la prolongación del conflicto armado interno en las fronteras del país, las complejas dinámicas de las zonas fronterizas, la interdependencia con otro Estado y el corredor extenso que comparten los dos países, han generado las condiciones para que muchos connacionales busquen protección en el vecino país. Y referencia que la presencia de los grupos armados se hizo visible en 1997, cuando se agudizó el conflicto armado y escaló su impacto sobre las poblaciones de ambos lados de la frontera. En ese periodo también se dio el auge de cultivos de coca en la zona fronteriza debido a las fumigaciones en Putumayo, lo cual abrió otro interés y frente de disputa entre los grupos armados.
“La frontera ha representado para los grupos armados ilegales una importante fuente de financiación y un espacio que, debido al abandono institucional de ambos Estados, les sirve de retaguardia. En efecto, los actores armados ilegales encuentran en el corredor fronterizo la posibilidad de desarrollar prácticas como la extorsión y el secuestro para capitalizar rentas de las economías lícitas como el petróleo y el carbón, así como la ampliación de las rutas de contrabando, tráfico de drogas y mayores posibilidades para el lavado de activos hacia el exterior”, concluye el informe.
La guerra en Arauca
El departamento de Arauca es rico en recursos naturales y energéticos. Es conocido por sus bastos pastizales para la cría de ganado, la fertilidad de sus tierras para la agricultura y su gran cantidad de pozos petroleros. Estos elementos, sumados a la falta de presencia del Estado y a su extensa frontera, lo convirtieron en un gran atractivo para todos los grupos armados ilegales. El CNMH identificó cuatro momentos clave del conflicto armado en esta región.
El primero comprende los años entre 1980 y 1988. En esa época el Ejército de Liberación Nacional (Eln) tenía fuerte presencia en el departamento y coincidió con el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo, razón por la cual buscaron lucrarse de la economía petrolera, posicionándose a lo largo del oleoducto de Caño Limón. Por otro lado, durante ese periodo, las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (Farc), empezaron a incursionar en Arauca. No existían grupos paramilitares.
Entre 1989 y 1996, las Farc se fortalecieron en Arauca por medio del Frente 10 y consolidaron su poder en la cordillera Oriental desde Ecuador hasta Venezuela. El Eln mantuvo su presencia en la región y empezó a atacar la infraestructura petrolera. En este periodo se dio una militarización en el departamento, que se tradujo “en un incremento en las acciones armadas entre todos los actores del conflicto armado, en medio de las cuales la población civil quedó encerrada y desprotegida”.
Los peores crímenes del ‘Mellizo’ Mejía y los ‘paras’ en Arauca
En el tercer periodo, comprendido entre 1997 y 2004, se dieron las más grandes violaciones de derechos humanos e iniciaron los desplazamientos hacia Venezuela. La violencia se disparó con la llegada del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a manos de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’. Al respecto, el informe señala que “el recrudecimiento de la disputa territorial a partir de la introducción de un nuevo actor armado se tradujo en un escalamiento de los ataques contra la población civil”.
Un singular pacto de pazEln-Farc
La incursión de los paramilitares y la militarización del departamento, hicieron que los grupos guerrilleros se replegaran hacia las zonas de frontera sobre el cauce del río Arauca. Además, el BloqueVencedores de Arauca se expandió hacia el norte del departamento y sus frentes incursionaron y llegaron a tener presencia en la zona del Alto Apure, en Venezuela.
El último periodo (2005-2013) está ligado con la desmovilización de las Auc. Una vez el Bloque Vencedores de Arauca dejó las armas, las Farc y el Eln se tranzaron en una guerra a muerte para controlar los territorios que fueron dominados por los paramilitares y el control sobre las rentas que producirían los nuevos pozos petroleros que empezaron a ser explotados.
La entrada y salida del Bloque Vencedores de Arauca dio una patada en el tablero de la guerra y fue responsable del flujo de colombianos que cruzaron la frontera. El informe define que “si bien el periodo de incursión paramilitar no fue el de mayor sistematicidad en los desplazamientos forzados registrados en el departamento, su fin, marcado por la desmovilización del BVA (Bloque Vencedores Arauca), constituiría el inicio de un periodo de éxodos a partir de la pugna entre las guerrillas por el control territorial que habían dejado los paramilitares”.
Según datos del Registro Único de Víctimas, los grupos guerrilleros son los principales responsables del desplazamiento forzado en Arauca. De las 85.085 registradas como desplazadas, el 60,72% han señalado como responsables a las guerrillas. Los otros presuntos responsables son grupos paramilitares (9,35%), miembros de la fuerza pública (0,47%) y bandas criminales (0,07%).
Las implicaciones de ser desplazado por fuera del país
Los desplazados que están en Venezuela viven en un doble limbo. Por parte de Colombia, no son reconocidos como desplazados, y por el lado de Venezuela, no son refugiados sino “refugiados de hecho”, por la dificultad que significa obtener ese reconocimiento. Esto hace que no puedan acceder a varios derechos como el trabajo, la educación, la salud, la propiedad y la libre circulación; viven en zonas apartadas, en barrios de invasión y en precarias condiciones. Además, sufren de estigmatización porque son relacionados de ser contrabandistas, narcotraficantes o miembros de grupos armados.
Por otro lado, el informe encuentra que muchos desplazados prefieren mantenerse en la informalidad por miedo. Para Juan Zamara, coordinador del informe, esta situación se presenta por la falta de políticas públicas en Colombia para visibilizar todos los efectos del conflicto armado. Además, hay países de acogida que han tenido poca labor en cuanto a cumplir los estándares internacionales de protección, como es el caso de Venezuela.
“Hablar de víctimas es un tema incómodo y requiere compromisos de ambas partes. Venezuela ha contraído la obligación internacional de proteger a las personas que solicitan refugio; y para Colombia es incómodo porque implica reconocer que el conflicto armado ha trascendido las fronteras y que tiene responsabilidad como Estado porque no fue capaz de garantizar la atención a sus connacionales que tuvieron que buscar protección por fuera”, le dijo a VerdadAbierta.com.
Sobre la difícil situación que actualmente se presenta en la frontera por el cierre que ordenó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Zamara dice que no hay mecanismos que permitan medir si los deportados salieron del país en busca de refugio. Sin embargo, algunos registros, permiten estimarque de las personas que retornaron a Colombia en las últimas semanas, un 30% o 40% salieron en busca de protección internacional.
“En este caso se podría dar una revictimización de un éxodo desde Venezuela a Colombia, que es una categoría que no se ha analizado: ¿qué pasa cuando un refugiado es obligado a retornar al país del que fue expulsado?”.