Los integrantes del Frente Omar Isaza que comandó este paramilitar, hoy desmovilizado, en seis municipios de Caldas y Tolima, posando de justicieros mataron a su gusto, e influyeron para que la gente perdiera el sentido del valor de la vida.
Walter Ignacio Lastra, alias ‘el Gurre’, fue comandante del Frente Omar Isaza, uno de los más sanguinarios de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Los miembros del Frente Omar Isaza de las autodefensas del MagdalenaMedio consolidaron su poder en cuatro municipios de Caldas y Tolima con homicidios y masacres. Con esta violencia y la ausencia del Estado se autoproclamaron ‘jueces’ de la región: este grupo que comandó alias Walter Ignacio Lastra, alias ‘Gurre’, bajo la autoridad de Ramón Isaza, aplicaba su arbitraria ley asesinando a presuntos ladrones, trabajadoras sexuales y miembros de la población LGTBI.
Estos hechos y las consecuencias, que aún se viven en Falan, Mariquita, Fresno (Tolima) y La Dorada (Caldas), fueron narrados por la Procuraduría durante el “incidente de afectación” (la audiencia en la que se reconoce el daño hecho a las víctimas dentro del proceso) que se realizó contra Ramón Isaza y cuatro de sus hombres ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. El documento también muestra prácticas aberrantes como el haber puesto a un niño de cuatro años a hacer guardia, cargar fusil y a disparar. Al niño le quedaron secuelas físicas y psicológicas graves.
El Ministerio Público realizó tres visitas a estas poblaciones entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012 e indicó que a pesar de que han pasado más de cinco años desde la desmovilización de los hombres comandados por ‘El Viejo’, los sitios públicos donde se reunía la comunidad ahora están desolados, hay desconfianza entre los pobladores porque muchos de ellos señalaron a otros vecinos que fueron asesinados por los paramilitares, la estigmatización de “pueblo violento” aún persiste en otras zonas del país y el “valor de la vida se relativizó”.
Justicia de muerte
El Frente Omar Isaza (FOI) se creó en el 2000 después de una reorganización en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm). El comandante de este grupo fue Walter Ignacio Lastra García, alias el Gurre o Miguel, bajo su mando, fue la estructura de Ramón Isaza que más expansión logró para esa época.
Para fortalecerse en esa carrera de conquista de nuevos terrenos, los paramilitares utilizaron los asesinatos selectivos y las masacres como una forma de sembrar terror en el enemigo y los pobladores. En ese período de consolidación de las autodefensas, entre finales de los 90 y principios del 2000, la Procuraduría señala que se incrementaron los homicidios y masacres (acciones más utilizadas por los paramilitares) y los secuestros (característico de Farc y ELN en la zona). Al final ambos mandos multiplicaron las cifras de desplazamientos. La siguiente tabla muestra cómo aumentaron estos delitos para esa época en la región:
En distintas versiones los paramilitares han dicho que su objetivo era acorralar a la guerrilla, pero su violencia se tornó indiscriminada y las muertes de civiles superaron con creces la de los combatientes. Isaza no tenía ningún control sobre ‘El Gurre’, él mismo ha confesado que ese ex jefe paramilitar “mataba, mataba y mataba pero no decía qué pasaba”.
En su presentación la Procuraduría indica que una de las mayores motivaciones de los paramilitares para asesinar a los civiles fue la ‘limpieza social’. Los principales grupos que ‘El Gurre’ tenía en la mira eran las personas que ellos consideraban ladrones o que eran ‘denunciados’ por los pobladores o informantes de ser trabajadoras sexuales, homosexuales, consumidores o expendedores de drogas. Cualquier sospechoso era asesinado.
Uno de los casos documentados es el de la masacre de Bucamba el 11 de febrero de 2003. Dos integrantes del FOI llegaron hasta ‘Playas de Bucamba’, un sitio de recreación a orillas del río Magdalena en La Dorada (Caldas) y asesinaron a cinco personas, entre ellos dos menores de 14 y 17 años de edad. Un testigo de la masacre que resultó herido dijo que los dos asesinos sorprendieron al grupo consumiendo droga.
Por otra parte la Procuraduría sostiene que un “vecino de la zona de esparcimiento, propició la acción del FOI contra un grupo numeroso de jóvenes que comían los mangos de los árboles de sus predios”.
Entre las víctimas de los asesinatos selectivos están también las personas con alguna discapacidad mental. Uno de los hechos fue el homicidio y violación de Carmelina, una habitante de Falan y conocida como ‘la loquita del pueblo’. Una mujer le relató a la Procuraduría que a principios de 2006 “fue uno de los casos que más consternó al pueblo, pues porque ella era una persona que tenía momentos de demencia y otros de cordura, ella a veces se desnudaba, bueno en fin… y a ella pues la mataron, le quitaron la vida de una forma muy… más de cien machetazos, prácticamente la picaron, de acuerdo a eso también abusaron de ella”.
Los crímenes de dirigentes comunales fueron los que según la Procuraduría más llenaron de temor a los habitantes de la región y tuvieron un impacto colectivo. Uno de los homicidios fue el del reclamante de tierras y arquitecto Jhon Jairo Gómez Builes. El 11 de diciembre de 2004 cuatro hombres lo asesinaron en su casa de La Dorada delante de su tía y su mamá. Builes era el director de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de la Dorada (Anuc) y representaba a una comunidad de campesinos que buscaban que les entregaran la Hacienda El Japón en el municipio caldense con más de 600 hectáreas.
La disputa de esta tierra demostró la relación de los integrantes del FOI con narcotraficantes y políticos para perpetrar asesinatos en la región. La hacienda fue propiedad del desaparecido narcotraficante Jairo Correa Alzate, luego pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) que después se lo entregó al Ministerio de Agricultura para que lo repartiera a través del Incoder para desarrollar proyectos productivos.
John Jairo Gómez Builes solicitó la entrega de las tierras de El Japón para los campesinos de la asociación como representante de la Anuc. Pero, según aseguró en varios documentos que envió a la DNE y al Incoder, las tierras fueron finalmente adjudicadas a ganaderos detrás de los cuales se escondían paramilitares y familiares de Jairo Correa Alzate, el antiguo propietario de la finca.
Otro de los crímenes que conmocionó a la región fue el asesinato de Arquímedes Arias Henao, el periodista y director de la emisora Fresno Stereo. Sobre este crimen el comandante del FOI en Fresno, Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias ‘Elkín’ contó que su homicidio, el 7 de abril de 2001, se cometió porque otro comandante, ‘Memo Pequeño’ se lo ordenó, por ser un supuesto colaborador de la guerrilla y a eso obedecían sus viajes constantes entre Fresno, Palocabildo y Falan.
El ex comandante paramilitar negó que esta muerte tuviera relación con el trabajo de Arias Henao como periodista, pero este argumento fue desmentido por el hermano de la víctima, quien dijo que era perseguido por hacer oposición a las autodefensas. (Ver nota: ‘El Gurre’ y ‘Elkín’ comenzaron a reconocer sus víctimas en Fresno)
Verdugos de doble moral
“Llegaban a las tiendas… así a lugares donde vendíancomidas, llegaban a pedir, comían y luego se iban y no le pagaban a la gente, entonces mataban a la gente por ladrona y ellos eran los principales ladrones”, relató uno de los habitantes de la región del Magdalena Medio a la Procuraduría acerca del control social que ejercía ‘El Gurre’.
Las contradicciones de esa justicia arbitraria que los paramilitares impusieron también fueron visibles en su actuación frente a la prostitución. Según el Ministerio Público algunas mujeres eran forzadas por el FOI a ejercer la prostitución mientras otras eran asesinadas por ejercer este oficio. María Teresa Durán Ospina, una trabajadora sexual, fue asesinada el 26 de agosto de 2000 en la variante que conduce de Honda a La Dorada. La mujer desapareció cuando se dirigía al sepelio de Elvira Calderón Anzola, conocida como ‘La Mamota’. Dos días después fue encontrada con impactos de bala en su pecho.
“Primero se les induce, se les instrumentaliza y luego se les desprecia, se les somete a violencia, hasta el punto de ser sujetos fáciles de eliminación física. Como fruto del fomento de la prostitución en estos municipios, hoy los cuerpos de las jóvenes prostituidas se ofrecen en revistas editadas que circulan por estos pueblos”, expone la Procuraduría.
A esto se suma que mujeres que sobrevivieron a los paramilitares aún tienen miedo a denunciar a sus victimarios porque creen que pueden tomar represalias en contra de ellas. Esto ha permitido que muchos de los crímenes que cometieron las autodefensas sigan en la impunidad.
La Procuraduría además encontró que el FOI se convirtió en un suplantador del Estado debido al control que ejerció sobre la mujer, su papel de decidir lo que era permitido o no en la comunidad y la manera de aplicar justicia. Agrega el Ministerio Público que al día de hoy la relación entre ciudadano e instituciones estatales está rota, pues la población no las considera un “ente de justicia, como órgano representativo de la comunidad, como regulador de la economía…”.
El siguiente gráfico muestra el daño psicosocial ocasionado por el FOI en cada municipio:
Huellas que persisten
Durante las visitas, la Procuraduría encontró que el reclutamiento de menores fue una de las “armas de guerra” que utilizó el FOI en la región y que aún ha dejado consecuencias graves entre la población más joven. El caso más dramático que presentó el Ministerio Público fue el de David*, un menor de 4 años, que vivía junto a la base paramilitar de la vereda Las Marías del municipio de Mariquita.
Cerca de 200 hombres al mando de José David Velandia, alias Estiven, y Lucas Caserolo, alias Guillermo, habían ocupado el puesto de salud de la vereda, que quedaba al frente de la casa de David y su mamá, Carolina*, una agricultora y madre de otros dos niños. El padre había sido asesinado por los paramilitares en 1998.
La mujer le contó a la Procuraduría que para el 2003 las autodefensas “vivían frente a mi casa y cogían mi casa como si fuera de su propiedad porque empezaron a usar mis cosas abusivamente como la cocina, las camas. Todo lo que había en mi casa lo gastaban, lo utilizaban. Había que esperar que esta gente hiciera sus labores en mi casa para que nosotros pudiéramos utilizar lo nuestro, porque no se les podía decir nada pues siempre estaban armados y eran bastantes”.
Carolina comentó que esa cercanía no sólo hizo que los paramilitares se apropiaran de sus enseres, también controlaron la relación que debía tener con su hijo David. “Esta gente de una manera irresponsable cargaban con mi hijo para todas partes y los ratos libres y noches esta gente enseñaba a mi hijo a disparar un revolver 38 largo y una pistola 9 milímetros que pertenecían a Caserolo. Alias Estiven me decía: ‘Si usted no tiene con que darle estudio, que se lo regalara a alguien que sí tuviera con qué, porque o si no mi hijo iba a ser el sucesor de él”.
Al menor lo obligaban a prestar guardia, le entregaron un ‘changón’ y en dos ocasiones hicieron que le disparara a un hombre y a su hermano, pero las dos veces la bala se desvió.
Carolina cuenta que decidió huir a escondidas de los paramilitares con David cuando “mi hijo se enfermó y alias Estiven me ordenó llevarlo al hospital de La Dorada donde Estiven tenía conexiones para que lo viera una pediatra. Al darse cuenta Estiven que yo no había cumplido sus órdenes se puso furioso y mandó a dos hombres a que me llevaran a la vereda Camelias donde él estaba. Delante de la gente me colocó en la cabeza su arma y me dijo textualmente: ‘si David se muere yo la mato y entrego sus otros dos hijos a Bienestar Familiar’. Cansada de tanto atropello y de ver como manipulaban a mi hijo con tanta violencia con la que ellos habían llegado a estas veredas, pues era cada rato muertos y torturas, escondían a los hombres que se embriagaban, los amarraban, los desnudaban, los quemaban con colillas de cigarrillo, les pegaban y los insultaban”.
A los 20 días Carolina se reencontró con sus otros dos hijos y empezó a trabajar en otro municipio. Pero los problemas de David no desaparecieron. La mujer señala que su hijo comenzó a sufrir de malformación en sus piernas, por los “los excesivos entrenamientos no aptos para un niño de 4 años” y el exceso de peso cuando cargaba el changón cuando prestaba guardia. Como también era obligado a vigilar a altas horas de la noche padecía asma crónica. Los disparos durante los entrenamientos le ocasionaron pérdida parcial del oído izquierdo.
Las consecuencias en el menor también fueron psicológicas. “Mi hijo se volvió impulsivo, siempre le tiraba a los hermanos, amigos, con armas corto pulsantes o con lo que encontraba. En 2006 estuvo con una psicóloga de Visión Mundial. En este momento está presentando un cuadro preocupante, habla dormido, camina dormido, grita, pelea y busca cosas en su ropa como un arma, hace señas como quien desenfunda un arma y le apunta al suelo diciendo “hay que darle piso, hay que darle crispeta”. En estos momentos está con la psicóloga, pero creo que el daño fue para toda la vida”.
