Víctimas de Mampuján no aceptan fórmula de reparación

Aunque el Fondo de Reparación anunció el pago de 8 mil millones, las víctimas de Mampuján se sienten engañadas porque además de que no han recibido un solo peso, el Gobierno disminuyó el monto a la mitad sin avisarles.

Las víctimas de Mampuján recibieron con más escepticismo que alegría la noticia del desembolso de los 8.300 millones del Fondo de Reparación. Foto VerdadAbierta.com

Hace menos de una semana el Gobierno – la Unidad de Víctimas- anunció con bombos y platillos el pago de 8.300 millones a las víctimas de la masacre de Mampuján, primer caso en Justicia y Paz en llegar a sentencia de reparación.

Sin embargo, mientras la noticia se regó por todos los medios de comunicación como un logro del Gobierno, las víctimas – que no habían sido notificadas de la decisión – se enteraron de que solo les pagarían la mitad de la reparación ordenada por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá que luego fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

En medio de todo el ruido que provocó la noticia del desembolso, las 1.444 víctimas de Mampuján, corregimiento del Sur de Bolívar, no lograban entender porqué se había tomado una decisión que sus líderes consideran arbitraria e inconsulta, y por qué les cambiaban las reglas del juego a mitad del camino.

Según la sentencia del 27 de abril de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, a las 1.444 víctimas de la incursión del Bloque Héroes de los Montes de María a Mampuján que tuvo lugar el 10 y 11 de marzo de 2000, les corresponde una indemnización de 32 mil millones de pesos.

En días pasados, el Fondo de Reparación en representación del gobierno, anunció mediante una resolución el pago de una indemnización de 14 mil millones de pesos, es decir, menos de la mitad de lo que había estipulado la Corte en su sentencia.

“A pesar de las razones de las instituciones, el Gobierno no puede jugar a hoy si y mañana no. Nos han prometido tantas cosas y al final resulta que los derechos que nos ha restablecido la justicia no valen”, aseguró Gabriel Pulido, líder de la comunidad de Mampuján.

La situación es más grave si se tiene en cuenta que muchas de las víctimas que iban a ser beneficiadas por la reparación pidieron prestamos a particulares para invertir en sus cultivos y en arreglos para sus hogares. “El Gobierno generó una expectativas y nosotros actuamos confiando en la palabra de las instituciones. Esto empeora la situación de estas personas que lo perdieron todo y que ahora están llenos de deudas que no podrán pagar”, afirmó Pulido en entrevista a VerdadAbierta.com.

Para las víctimas este cambio en las reglas del juego no solamente pone duda la credibilidad del Gobierno en el caso de Mampuján, sino que pone en jaque todo el proceso de las reparaciones en Justicia y Paz.

Al ser la prueba piloto, de las decisiones que se tomen en el caso de Mampuján dependerán los siguientes procesos de reparación. Por esta razón el debate alrededor del cumplimiento de los compromisos del Estado frente a las víctimas de Mampuján servirá como la prueba de fuego para la ley de Justicia y Paz. 

Porfidio Vélez, vocero de las víctimas de Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, aseguró que lo que ocurre con las victimas de Mampuján pone en alerta a otras que están a la espera de fallos de reparación. La preocupación ahora es generalizada.

Y hay otro elemento que las víctimas ponen sobre el tapete. Mientras a los ‘paras’ se les garantiza una rebaja de penas y varios beneficios económicos, a ellos les están reduciendo el monto de las indemnizaciones.

“Si la ley no sirve para las víctimas tampoco debería servir para los victimarios”, aseguró un líder de Mampuján consultado por VerdadAbierta.com.

Mientras las excusas del Gobierno se agotan, son las víctimas las que deben pagar por las demoras y la falta de coordinación entre las entidades responsables, por eso no descartan presentarse ante tribunales internacionales para que resuelvan los conflictos que generaría un incumplimiento de los compromisos del Gobierno en los procesos de reparación.

Verdades a medias en la reparación

Por los hechos de Mampuján en los que fueron asesinados 13 campesinos y fueron desplazadas cerca de 1.500 personas, fueron condenados Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, quienes entregaron al Fondo de Reparación dos bienes que apenas alcanzan un valor de 528 millones de pesos, es decir un 1,5 % del monto total estimado por la Corte.

Es en ese contexto que la reparación de Mampuján entró en una etapa de confusiones, retrasos y conflictos haciendo que las víctimas llegaran a pensar que la misma se había convertido en un imposible.

Y la preocupación no era para menos. Ante la incapacidad del Fondo para responder con el 98,5% restante y luego de que el Ministerio de Hacienda se negara a asumir la diferencia con parte del presupuesto nacional, Bruce Mac Master, director del Departamento para la Prosperidad Social solicitó al Consejo de Estado resolver este conflicto de responsabilidades que puso en duda la viabilidad de la reparación.

Para Mac Master si se tiene en cuenta que existen 3.245 procesos en Justicia y Paz con un potencial de 358.426 víctimas y que el Fondo tiene hasta la fecha solo 103.400 millones de pesos para reparar a todas las víctimas, se hace indispensable el respaldo del Presupuesto Nacional,  ya que de lo contrario será imposible continuar con los procesos de reparación futuros.

Pero para el Consejo de Estado, si no hay una condena en firme contra el Estado por estos hechos ni ninguna responsabilidad directa en los hechos, el Ministerio de Hacienda no esta obligado a asumir el costo completo de la reparación.

“No se puede poner en pie de igualdad al Estado con los criminales de Mampuján, por consiguiente no corresponde a la nación colombiana asumir la responsabilidad patrimonial de esta sentencia de reparación”, dijo el concepto del Consejo de Estado.

Por esta razón el Consejo recomendó al Estado respaldar subsidiariamente los pagos de acuerdo a los montos que se han establecido para las reparaciones administrativas contenidas en la ley 1448 sobre las víctimas y la restitución, las cuales en general llegan a apenas a la mitad de los ordenados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

“El garante de la reparación debe ser el Estado. ¿Acaso no tiene la obligación de responder si somos sus ciudadanos y los hechos acontecieron en su territorio?, cuestionó Gabriel Pulido, vocero de la comunidad de Mampuján quien además resaltó que es paradójico ver como los victimarios reciben más beneficios que las propias víctimas.

Lo que llama la atención de este caso es que a pesar de que ya fueron condenados  alias ‘Juancho Dique’ y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ jefes desmovilizados del Bloque Héroes de María, aún la justicia no ha aclarado la responsabilidad del Estado frente a las relaciones de estos paramilitares con los miembros del Batallón Malagana cercano a Mampuján.

Según los dos paramilitares condenados fue gracias a la complicidad de algunos miembros de este batallón que fue posible realizar la violenta incursión a Mampuján.

Y lo cierto es que, si bien no se ha condenado al Estado por este crimen, ha sido porque las investigaciones contra los militares no han avanzado y si en el futuro la justicia falla contra ellos – como ha pasado en casos como el de Mapiripán- al final se tendría que responder, no subsidiariamente como dice la sentencia judicial, sino por responsabilidad directa. 

Para los abogados de las víctimas y para representantes de Ongs que acompañan el proceso, es necesario que se ponga especial atención a estas investigaciones que recaen en funcionarios o miembros de la fuerza pública que colaboraron con las autodefensas para poder establecer con mayor claridad si hay o no una responsabilidad del Estado.

Ante la respuesta del Consejo de Estado, el Fondo emitió una resolución en la que redefine unilateralmente – sin notificar a las víctimas y a sus abogados- lo que se debe pagar a los sobrevivientes de Mampuján.

Así, mientras según la sentencia los familiares de los asesinados recibirían en promedio 40 millones de pesos de reparación y las víctimas de desplazamiento 17 millones, la nueva resolución disminuyó los montos a 17 y 9 millones respectivamente.

Los abogados de las víctimas afirman que lo que propone el Fondo es que la reparación judicial sea reemplazada por la de la vía administrativa, desconociendo la autoridad de la misma Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, para las víctimas el problema no es que se reduzcan las indemnizaciones, sino que el gobierno no sea claro con ellos y que pretenda ignorar el fallo de la justicia.

De acuerdo a Paula Gaviria, de la Unidad de Víctimas del Departamento para la Prosperidad Social, los primeros 8.300 millones se empiezan a pagar esta semana a las primeras 789 víctimas que ya están plenamente identificadas, y la idea es identificar el resto de victimas el próximo mes para proceder a completar el pago total de 14.500 millones de pesos.

Para tratar de negociar esta situación, el Fondo de Reparación ha citado a varias reuniones en los últimos días en las que se ha intentado restablecer el ambiente de dialogo con las víctimas.

Gaviria ha dicho que la intención no es “meterle gato por liebre a las víctimas, la sentencia sigue vigente por el título jurídico lo que se va a discutir es la forma para pagar la diferencia”, aseguró.

Aunque para la representante de la Unidad de Víctimas, ya es claro que la indemnización económica solo podrá ser asumida hasta los 14 mil millones de pesos que se autorizaron con la resolución, la idea es pagar los otros 18 millones en especie.

“Esta semana y la próxima a principios se tomarán la decisiones sobre el resto del pago, por esto se procederá a evaluar las afectaciones que cada víctima sufrió por la  disminución de los montos de reparación. Luego de realizar este proceso el Estado se comprometerá a entregar la diferencia en especie, es decir en inversiones y proyectos relacionados con la seguridad de las victimas y sus proyectos de vida”, agregó la representante de la Unidad de Justicia y Paz.

No obstante para las víctimas no es satisfactoria la respuesta de las instituciones, más si solamente se acude al argumento de que el Estado no debe asumir los costos completos de la reparación por no haber sido encontrado culpable de los hechos.

“La comunidad trabajó con las instituciones durante los siete años que lleva el proceso mediante mesas de dialogo que permitieron generar una relación de confianza. Trabajamos con los ministerios, la gobernación de Bolívar, las alcaldías y las otras instituciones encargadas, sin embargo,  nunca ha habido una claridad en las acciones de las instituciones. Lo preocupante es que de como salga el caso de Mampuján dependerá el futuro de los otros procesos de reparación que están por venir” aseguró Tulio Maza familiar de uno de los campesinos asesinados por los paramilitares.

Victimas ahogadas en un mar de leyes y decretos

Lo que las víctimas pensaban era el fin de un largo camino de siete años se convirtió en el inicio de un nuevo viacrucis debido a que ahora que ya no son solo víctimas del conflicto si no también del papeleo y la burocracia de las instituciones.

Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia el fallo del Tribunal de Justicia y Paz los campesinos de Mampuján pensaron que todo había terminado y que ya era solo cuestión de esperar las acciones de reparación.

Sin embargo, no todo salió como se había planeado y tras la sentencia de la Corte solo llegaron las negativas del Fondo y las decepciones en el proceso.

“De las obligaciones que adquirió el Estado apenas se ha cumplido con la rectificación de nuestra dignidad asegurando que ni nosotros ni nuestros familiares asesinados éramos guerrilleros y con el homenaje a las víctimas de marzo de este año. Sin embargo los procesos de restitución de tierras y de reparaciones individuales y colectivas siguen en veremos”, aseguró Gabriel Pulido, quien agregó que de hecho la mayoría de los recursos que se han usado para formalizar sus tierras ni siquiera provienen del Estado sino de cooperación internacional.

Para Tulio Maza lo peor de todo es que luego de la sentencia quedaron ‘huérfanos’ puesto que las autoridades de acompañamiento como la Defensoría y la Procuraduría también creyeron que con el fallo el proceso había llegado a buen término y dieron por terminada su tarea en el proceso de reparación. 

En medio de todo este enredo, las víctimas solo piden que se respete la decisión de la Corte y los derechos que les fueron reconocidos en la misma, razón por la que dicen no estar de acuerdo con la propuesta del Gobierno.

Para las víctimas el camino sigue siendo el diálogo y la negociación con las instituciones por eso esperan que cesen las imposiciones o por lo menos las promesas incumplidas.

Así mismo, las instituciones responsables del proceso, es especial la Unidad de Víctimas y el Fondo deReparación, han afirmado que no dejaran solas a las víctimas en este proceso y que sobre todo garantizarán la participación de las mismas en todas las decisiones que se vayan a tomar.

“Estuvimos reunidos con los líderes y sabemos que tienen otras expectativas pero entienden las razones. Por ahora estamos comprometidos en darles acompañamiento permanente a todas las víctimas”, afirmó Gaviria.

El próximo viernes se realizará una reunión de alto nivel en la casa de Nariño para tratar el controvertido caso de la reparación de Mampuján, caso que se constituye en una prueba de fuego para el gobierno, para la ley de Justicia y Paz y para la ley de víctimas y restitución.