Las comunidades desplazadas de varias regiones del departamento están preocupadas por el tipo de ayuda que les está entregando la Gobernación de Antioquia para reconstruir su vida productiva. La Contraloría investiga posible corrupción en las inversiones estatales.
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| Los campesinos que han decidido retornar a sus tierras han denunciado que los proyectos no han sido efectivos. Foto Semana. |
Desde hace varios años la administración departamental decidió apoyar de manera integral a cientos de familias en procesos de retorno en más de 40 municipios del departamento, impulsando proyectos de seguridad alimentaria y generación de ingresos sostenibles de mediano y largo plazo a través de la ganadería, la siembra de productos agrícolas tales como cacao, café, maíz, frijol, aguacate, entre otros.
Entre los municipios priorizados durante 2008 y 2009 figuran aquellos que registran mayores índices de expulsión y recepción de población desplazada como San Francisco, Nariño, San Carlos, Granada, San Luis, Cocorná (Oriente antioqueño); Remedios, Segovia, Anorí (Nordeste); Ituango, Valdivia y Briceño (Norte), entre otros.
Para atender esas comunidades se han firmado varios convenios interadministrativos entre la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo para
Pero esta estrategia, dirigida a estabilización social y económica a la población que pretende retornar a sus tierras, no ha parado de recibir fuertes críticas por parte de los campesinos beneficiados y su insistencia llevó a la Contraloría General de Antioquia a tomar cartas en el asunto.
En un preinforme fechado el pasado 28 de febrero, resultado de una Auditoria Especial realizada a finales del año pasado, la Contraloría no sólo ratificó las versiones de los labriegos, sino que advirtió sobre presuntas irregularidades en los contratos celebrados en 2008 para la adquisición de más de 250 cabezas de ganado.
El organismo de control observó un sobrecosto cercano a los 189 millones de pesos al comparar los precios pagados por el Dapard con los estipulados para la época por
Ejemplo de las presuntas irregularidades es el convenio 2008CF260037, suscrito con el Municipio de Ituango y cuyo objeto era la “cofinanciación de proyectos productivos de ganadería para familias desplazadas que se encuentren en proceso de retorno”. La Contraloría halló que la administración departamental invirtió 542 millones 589 mil pesos para la adquisición de 231 “ataos” (vaca y ternero) a razón de 2 millones 219 mil pesos cada uno, y 10 toros a un valor unitario de 3 millones de pesos.
Los auditores advirtieron que el ganado requerido en el objeto del convenio pudo haberse adquirido a un valor de 1 millón 900 mil pesos por “atao”, incluido transporte e impuesto, y de 1 millón 680 mil pesos por toro, lo que daría un total de 455 millones 700 mil pesos, para una diferencia total de 86 millones 889 mil pesos, “valor que se configura en un presunto detrimento en contra de
En el caso de Ituango no sólo fueron advertidos sobrecostos. El ente de control cuestionó la fragmentación de la compra de ganado. “El Municipio debió celebrar precontractualmente un proceso de licitación para la adquisición de 231 ataos de ganado y 10 toros lo que no se hizo así, siendo celebrados cuatro contratos con cuatro contratistas diferentes en la misma fecha, valores similares por unidad, con el mismo objeto y alcance, los mismos condicionamientos y producto de las mismas propuestas, copia uno del otro”.
Con esa fragmentación se vieron favorecidos los contratistas Lilian Stella Franco Hernández, Liliana María Lemos Zapata, Federico Vélez Parra y José Demetrio López Giraldo. De acuerdo con la Contraloría, esa actuación administrativa configuraría un presunto desvío de poder al evadir el proceso de contratación con formalidades plenas.
Los supuestos sobrecostos también fueron detectados en contratos celebrados en el mismo año y por los mismos objetos con la entidad Gedi, para atender los municipios de Cáceres y Tarazá, por valor de 282 millones de pesos; con el Municipio de Briceño, por valor de 303 millones de pesos; con el Municipio de Urrao, por valor de 419 millones de pesos; con el Municipio de San Luis, por valor de 106 millones de pesos; con
Pero la Contraloría General de Antioquia no sólo llamó la atención sobre la diferencia de precios, sino sobre su estado: “se entregó ganado de muy baja calidad, algunos con dos tetas, sin dientes, flacos y no aclimatables según lo declarado por algunos beneficiarios y funcionarios de
“Uno como pobre agradece lo que le dan, pero la verdad es que esos proyectos no sirvieron. Nos dieron ganado de tierra fría y nosotros vivimos en tierra caliente. Las 40 vaquitas que nos dieron muchas se murieron por la falta de pasto y las otras pues hubo que venderlas por lo que dieran”, afirmó Genaro Ciro, campesino retornado de la vereda Farallones del municipio de San Francisco, Oriente antioqueño.
Una queja similar se escucha por los lados de la vereda Arrayanes, municipio de Nariño, Oriente de Antioquia. Gracias a la mejoría del orden público en la zona, varias familias decidieron retornar a sus tierras, por su propia cuenta y riesgo. En el año 2008, unas 22 familias asentadas allí fueron favorecidas con la entrega de ganado a fin de garantizar la generación de ingresos. Pero la suerte de los semovientes fue la misma presentada en San Francisco, tal como lo atestigua Nicolás Castrillón, miembro de
“Yo estuve en el lugar y conocí los animales, algunos incluso con un solo cuerno, flacos y de mal aspecto. A los campesinos no se les suministró los insumos necesarios para el mantenimiento del ganado. En esa vereda no había suelos aptos para ganado ni tampoco hubo un acompañamiento apropiado por lo que varios se murieron. En otros casos, las familias decidieron venderlo por lo que les dieran”, manifestó Castrillón.
El Dapard se defiende
Al ser consultado sobre el particular, el director del Dapard, Jhon Fredy Rendón Roldán, desestimó las observaciones hechas por la Contraloría General de Antioquia tras considerarlas como una jugada política más que un ejercicio de control propio de su función.
“Nosotros lo descalificamos porque fue un informe elaborado en época electoral, buscando hacer presión política y, desde ese punto de vista, están totalmente equivocados, comenzando porque el documento lo elaboró un ingeniero sanitario que no está cualificado para evaluar proyectos productivos”, declaró Rendón Roldán.
Como se recordará, Jhon Fredy Rendón Roldán fue objeto de cuestionamientos por parte de veedores electorales y políticos del departamento, quienes advirtieron que desde su dependencia se favoreció la campaña al Senado de su hermana Liliana, quien a la postre resultó electa con una de las votaciones más altas de Antioquia. Cabe destacar que ambos son oriundos del municipio de Ituango.
De igual forma, el Director del Dapard sostuvo que a la fecha son pocas las quejas recibidas por parte de los beneficiarios de los proyectos, principalmente aquellos que recibieron semovientes: “Ha habido quejas, pero más producto de hechos aislados como que el ternero se lastimó en el transporte. En ese caso, se ha procedido a cambiar los animales”.
Y continuó: “De hecho, el proceso de adquisición lo hace todo un equipo interdisciplinario que vela por la calidad de los mismos, la entrega se hace con todo el acompañamiento del caso, incluso en el parque del pueblo donde la gente puede observar y quien no está conforme pues se escucha y si es del caso, pues se le cambia el ganado”, aseveró el Funcionario.
De acuerdo con el Director del Dapard, lo que se ha detectado es que algunos campesinos a los que se les entrega ganado para proyectos productivos lo venden a los pocos meses o simplemente no realizan los cuidados respectivos, lo que deriva en deterioro de las condiciones de salud del semoviente.
“Siempre que se hace una entrega de este tipo, hay un periodo de seguimiento y acompañamiento por personal especializado, pero después el responsable es el campesino. La verdad es que a veces es difícil adelantar este tipo de proyectos con esta población, porque no se observa el empeño que esto requiere y después salen las quejas. Eso para nosotros es muy complicado”, aseveró Rendón Roldán.
El Informe de Gestión del año 2008 del Dapard reseña que gracias a dichos convenios se logró atender mediante proyectos productivos agrícolas a 3.186 familias con una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos de los cuales. En 2009, la inversión directa de
Para este año se tiene presupuestado invertir 8 mil millones de pesos de los cuales el Dapard aportará 4 mil millones y Acción Social otros 4 mil millones de pesos para continuar apoyando proyectos de producción agrícola y de ganadería en los municipios donde los procesos de retorno se están dando con mayor fuerza.
Lo que esperan las comunidades campesinas que han retornado por sus propios medios a las tierras que debieron abandonar en el pasado por presión de paramilitares y guerrillas es que de verdad haya un acompañamiento integral y los recursos que se destinen para ello sean invertidos de manera eficiente y en proyectos querealmente sean efectivos para la estabilización social y económica.
Con información de la Agencia de Prensa IPC, Medellín
