Para los campesinos de la subregión en Norte de Santander, esta figura representa una de las maneras de asegurar la propiedad de la tierra, la promoción de su economía, pero sobre todo unescenario de construcción de paz. No obstante, hay quienes se oponen a ella.
Desde que se implementó la Zona de Reserva Campesina de hecho, se han ubicado vallas en lugares estratégicos de la región. Foto: Olger Pérez.Las denominadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) surgieron a partir de la ley 160 de 1994 y en el decreto 1797 de 1996.Con esta legislación se busca que los terrenos baldíos sean distribuidos equitativamente entre los campesinos, sobre todo en zonas afectadas por el conflicto. De acuerdo con quienes participaron en las marchas campesinas de los años noventa, esta ley fue una conquista que reconoce mínimamente el derecho a la territorialidad campesina. Sin embargo, el tema no convence a algunos.
En Colombia actualmente existen seis zonas de reserva campesina constituidas. Una de estas, la que se ubica en el valle del río Cimitarra, comprende una vasta zona de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia con San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar. Esta sirvió de referencia para animar a los habitantes de la zona del Catatumbo a implementar esta figura en su región.
Desde el año 2009, al interior del campamento de refugio humanitario en el corregimiento Fronteras de Teorama, se planteó hacer la propuesta de ZRC oficialmente que contempla territorio de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú. Al tiempo se inició con un ejercicio de audiencias populares en siete municipios de la subregión en las que se concretó la solicitud política.
En el año 2011, durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, se firmó un convenio administrativo entre el liquidado Incoder y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) para comenzar el trámite de constitución de la ZRC en Norte de Santander. La ley establece al menos tres exigencias: que se constituya en terrenos baldíos, que haya campesinos que trabajen la agricultura y que la zona tenga condiciones socioeconómicas y agrológicas importantes. Condiciones que según Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la junta directiva de Ascamcat, se cumplen en el Catatumbo.
Inicialmente se propuso que la ZRC del Catatumbo tuviera 354 mil hectáreas, que abarcan por lo menos 326 veredas, excluyendo lo que actualmente está constituido como resguardo indígena de la comunidad Motilón-Barí. En el año 2012 el gobierno nacional convocó en el municipio de El Tarra una audiencia pública de constitución de ZRC como último trámite, presentándose por parte de la asociación campesina un plan de desarrollo como instrumento de políticas públicas para la ZRC. Vea el mapa del territorio proyectado aquí.
En el documento se consignó el diagnóstico de las dificultades socioeconómicas que tiene la zona y las propuestas que plantearon los campesinos para resolverlas. Ese plan de desarrollo que hoy en día está desactualizado según Quintero, arrojó un presupuesto de 600 mil millones de pesos para inversión en proyectos de infraestructura, educativos, agrícolas entre otros programas sociales que requieren los 80 mil campesinos que la habitan para vivir dignamente.
Sin embargo, directivos Ascamcat advierten que hay enemigos muy poderosos de la figura de ZRC, sobre todo de la que se busca implementar en Norte de Santander. Entre aquellos consideran al gran empresariado de la palma de aceite,la locomotora minera y al mismo Estado a través del Ministerio de Defensa que, según el vicepresidente de Ascamcat, ha ejercido presión para que el presidente no reconozca una parte del Catatumbo a través de la figura territorial. Esto desembocó junto con la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el paro campesino del año 2013 que tuvo como epicentros los municipios de Ocaña y Tibú.
Ante la negativa del gobierno nacional, los campesinos proyectaron la nueva situación política de la ZRC teniendo en cuenta una parte de zona de reserva en el polígono de Tibú tiene una acción de tutela interpuesta por el pueblo Motilón-Barí, a espera de fallo en la Corte Constitucional. Los indígenas argumentan que bajando por la margen derecha del rio Catatumbo se encuentran lugares sagrados de su cultura ancestral. No obstante, los representantes de los campesinos aseguran que están dispuestos a respetar esos territorios y para esto están en dialogo permanente con la propuesta de crear una Nueva Territorialidad para la Paz teniendo en cuenta que hay un margen de territorio solicitado por los aborígenes que se cruza con la ZRC.
ZRC y pueblo Barí
Una de las condiciones para establecer la Zona de Reserva Campesina es que haya campesinos que trabajen la agricultura y que tenga condiciones socioeconómicas y agrológicas importantes. Foto: Giovanni Mejía.Los Barí tienen dos resguardos: Caricachaboquira, con 13.300 hectáreas de tierra, y el Motilón-Barí con 108 mil hectáreas, pero además el pueblo Barí está solicitando la ampliación de su territorio y es ahí donde se cruza con la Zona de Reserva Campesina. Son cerca de cien mil hectáreas de tierra donde viven unos 30 mil campesinos. Como solución se propone entonces excluir ese espacio como ZRC pero sí se pide que se sienten a dialogar todos los actores del territorio a plantearse conjuntamente la nueva territorialidad para la paz.
La propuesta es entonces buscar la forma de crear territorios interculturales o interétnicos que si bien no están contemplados en la ley, se plantea la discusión sobre el tema para empezar a generar la nueva figura de territorialidad pero reconocidos por el Estado colombiano.
David Dora, líder de la comunidad Pathuina, confirma el sentir de la comunidad nativa: “no están de acuerdo en que la ZRC esté dentro del territorio, pero sí por fuera”. Uno de los problemas que expone tiene que ver con la forma en que se verían afectados en cuanto al tránsito de su gente, pues ellos se desplazan libremente por el territorio para actividades de caza y pesca. Le temen a la colonización por lo que frecuentemente dialogan con los blancos sobre sus diferencias culturales y los derechos ancestralmente reconocidos a la etnia.
Un vecino de la ZRC es el Parque Nacional Catatumbo Barí, constituido a través de la Resolución 102 del 26 noviembre de 1988, ubicado en la parte norte del departamento; tiene jurisdicción en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú; y lo habitan 25 comunidades del pueblo Barí que se traslapan en territorios declarados como resguardos y otros ancestrales. Los nativos tienen muchas expectativas por lo acordado en La Habana, pues han sentido confianza y tranquilidad ante el evidente desescalamiento del conflicto que alcanzó a entrar en el área años atrás.
Joselito Vargas, administrador del Parque Nacional, explica que este no está contemplado para hacer desarrollo ecoturístico, entre otras razones porque “el pueblo Barí restringe mucho el ingreso a sus territorios y por las acciones de conservación que allí se desarrollan”.
Entre las presiones y amenazas para este territorio protegido está la colonización que se ha establecido en los municipios que lo componen, sobre todo en Tibú, donde se hizo la sustracción de una parte de la reserva para explotar recursos minero-energéticos. Sin embargo, hay tranquilidad pues el parque no va a ser tocado por la ZRC. “Allí sólo se permite el uso de conservación, en la zona fuera del parque está la que es de interés indígena para extender dos resguardos que serían unas 200 mil hectáreas que se piden como ampliación por parte de los indígenas pero que en últimas quedarían limitando”, asegura Vargas.
ZRC de hecho
Guardia Campesina del Catatumbo como mecanismo de autoprotección colectiva que busca la defensa de los derechos de los campesinos. Foto: Giovanni Mejía.En el caso del resto de ZRC proyectada, Juan Carlos Quintero explica que están dadas las condiciones para constituir el polígono sur que comprende los municipios de San Calixto, Hacarí y una parte de Teorama. A pesar de esto, el gobierno nacional no la ha implementado por lo que se tomó la decisión de declarar la Zona de Reserva Campesina de hecho. “Esto quiere decir que como las autoridades en Bogotá no reconocen sus propias leyes en este territorio, los campesinos como autoridades del Catatumbo sí lo hacemos”, indica el vocero de Ascamcat.
Además implica, según el líder campesino, el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal como un mecanismo de poder popular en la región; el impulso de mecanismos de participación política como parte de la ZRC; la creación de la Guardia Campesina del Catatumbo como mecanismo de autoprotección colectiva, que busca la defensa de los derechos de los campesinos, teniendo dentro de sus principios la interlocución y la defensa de los derechos humanos; y al declarar la ZRC de hecho se plantea que ese territorio “no es para convertirlo en una cantera de energía para las multinacionales sino que se propone la viabilidad para sustituir los cultivos de uso ilícito y que se retome la región nuevamente como una despensa agrícola para el nororiente colombiano”, precisa Quintero.
La Zona de Reserva Campesina tiene sus límites y por eso ya hay en varios puntos de la región letreros alusivos a ella en la entrada a Tibú y hacia El Tarra donde empieza su jurisdicción. Ésta, insiste Quintero, “es algo que se viene construyendo permanentemente con el fundamento de que sea implementada por el Estado dentro del marco legal”. Fue así como a través de una constituyente regional realizada en el municipio de Tibú los días 5 y 6 de diciembre el 2014 se declaró que en el Catatumbo es mandato la Zona de Reserva Campesina para hacerse reconocer, así no haya un establecimiento jurídico.
¿Y el Estado?
El plan de desarrollo Sostenible para la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo contempla el manejo ambiental, acceso a la tierra y la posibilidad de titulación de tierras. Foto: Giovanni Mejía.Afirman sus líderes que la movilización y las acciones de hecho han permitido a los campesinos del Catatumbo tener conquistas sociales ante la indiferencia del Estado con la región. Otro frente de trabajo de la ZRC es la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) que es un escenario propio de diálogo que los campesinos tienen con el gobierno nacional y en la cual han tenido asiento ministros y viceministros.
En ese escenario se ha planteado, contrario a lo que se piensa, lo que requiere la ZRC es la presencia del Estado, no necesariamente por medio de la bota militar, que es la forma como, según los campesinos, el gobierno nacional ha permanecido en la región en los últimos 70 años. Para los líderes sociales, hasta ahora lo que ha hecho el gobierno es “la danza de los millones en el Catatumbo a través de cientos de anuncios”.
Recuerdan que se firmó el Conpes del Catatumbo en el año 2011 durante un acto especial en el parque 29 de mayo en Ocaña con la presencia del presidente Juan Manuel Santos. Allí se habló de una acción de inversión de 1,7 billones de pesos. Luego, en el 2012, se trató el Plan de Consolidación del Catatumbo con 2,7 billones, más lo prometido por el gobierno nacional durante el paro campesino del 2013, cuando se anunciaron inversiones por 500 mil millones de pesos, todo esto sumado a visitas de representantes del gobierno, sobre todo al municipio de Tibú, cuyo resultado, a criterio de los representantes de los campesinos en la MIA, no se ha visto en la realidad.
Para los voceros de los habitantes de la región el Estado busca una región sin campesinos que no incomoden y así facilitar los planes de explotación de la denominada zona de reserva minero-estratégica en el Catatumbo que es un bloque de 300 mil hectáreas que abarca los diez municipios de la subregión donde, según lo exponen los propios representantes de los labriegos, tienen identificado que la infraestructura militar y tecnológica están viabilizada de parte del gobierno nacional a ejecutar ese proyecto a pesar de no tener la aprobación de los campesinos. La consideran una política que atenta contra el ecosistema y la biodiversidad.
Las comunidades se quejan que en el Catatumbo se viene explotando el petróleo hace más de ochenta años y “se puede ver la vulgar carretera que hay entre Tibú y la ciudad de Cúcuta que es prácticamente una trocha por donde se sacan las dos economías de enclave, como es el fruto de palma africana y petróleo, lo que debe llevar a un debate de construcción de paz que incluye a los empresarios”, aseguran fuentes consultadas en la región, quienes consideran que se requiere del gobierno nacional el reconocimiento jurídico de la ZRC al tiempo que se empiece a hacer efectiva la política pública en el Catatumbo.
De fondo, cultivos de uso ilícito
. Foto: Giovanni Mejía.Frente a la inquietud que ha manifestado el gobierno nacional sobre la proliferación de cultivos de uso ilícito en lo que sería la ZRC, los agricultores reiteran que contrario a lo que se piensa, lo que se propone es una iniciativa agraria de paz para resolver las causas que ha generado el mismo conflicto armado y los cultivos declarados ilícitos.
De acuerdo con voceros de Ascamcat, la organización social campesina del Catatumbo que más ha planteado que la salida para sustituir los cultivos de coca en la región debe ser social, sin medidas represivas dirigidas a los eslabones más débiles de esa economía y rechazando que los cultivos se erradiquen de manera violenta y forzada para luego sí traer los proyectos productivos y los incentivos a los campesinos.
Líderes de la asociación campesina admiten que los cultivos de uso ilícito son uno de los grandes problemas de la región; actualmente calculan que estos representan el 12 por ciento de lo sembrado en el país. Insisten en que las propuestas de solución están en la MIA desde hace tres años. Ahora bien, ante el tema, tienen una expectativa grande sobre el punto 4 de Solución de Problemas de Drogas Ilícitas acordado con las Farc, que habla entre otros del tema de la sustitución gradual tal y como lo plantean los cultivadores de la región.
En los últimos tres meses del año pasado, miembros de Ascamcat recorrieron 80 veredas del municipio de Tibú, haciendo en cada una de ellas un ejercicio denominado Consultas Previas Campesinas en las cuales se está explicando ese punto del acuerdo. En esas visitas se habló con cerca de tres mil campesinos y por lo menos 2.744 familias están dispuestas a acogerse al acuerdo firmado en La Habana para sustituir los cultivos de mata de coca. “La voluntad existe”. dice Juan Carlos Quintero, “lo que falta es la aplicación para tener un Catatumbo en paz”.
Se viene el posconflicto
La Zona de Reserva Campesina es una región rica en agricultura que aporta el 28 por ciento en la siembra de cebolla en el ámbito nacional. Tiene al municipio de San Calixto como principal productor de café en Norte de Santander. Foto: Giovanni Mejía.En lo acordado en la Habana sobre Reforma Rural Integral está contemplada la constitución de ZRC, por lo que el Catatumbo tendría su parte en cumplimiento de esos acuerdos. Según el plan de desarrollo sostenible, la ZRC debe ser financiada por el Estado. Asimismo, también se debe que formalizar la propiedad de tierra, pues el 95 por ciento de los lugareños no cuentan con documentos que los acrediten como propietarios. La formalización permitiría que la política pública llegue de manera efectiva a la zona y contribuya a superar el fenómeno de los cultivos declarados ilícitos.
Los campesinos esperan que este año el gobierno nacional mantenga su voluntad política para que por fin se constituya la Zona de Reserva Campesina, dándole el reconocimiento jurídico como punto de partida para empezar a construir la paz en una región rica en agricultura, hidrocarburos, biodiversidad y zona de intercambio fronterizo.
César Jerez, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), asegura que lo acordado en La Habana, luego de los ajustes posplebiscito, no tuvo cambios sustanciales en el tema de ZRC. El acuerdo final con las Farc precisó el respaldo al marco legal, por lo que no se presentó mayor novedad; además, se tuvo en cuenta que las ZRC son vinculantes y exigibles al estar enmarcadas en una ley de la República.
Los temores, reconoce Jerez, estaban orientados hacia los opositores de la ZRC, quienes imprimen miedo para que no se aplique la figura. “Dicen que representan eventualmente un peligro a la propiedad cuando es todo lo contrario, pues buscan es un ordenamiento territorial, productivo, ambiental y otorgar derechos de propiedad a los campesinos”.
Las ZRC fue uno de los elementos, de acuerdo con Jerez, que más le imprimió tensión a los diálogos entre el gobierno nacional y los terratenientes. El acuerdo, según este líder social, nada cambia el contenido de la ley 160 y falta esperar que se den elementos de justicia en cuanto a demandas y fallos para establecer cuanta tierra hay obtenida de mala fe para luego convertirlas en territorios campesinos.
Entre tanto, loscampesinos van a tener un papel protagónico durante la implementación de los acuerdos según lo estiman los líderes del Catatumbo, orientados por mandatos populares a través de constituyentes y asambleas campesinas en las que se a puesto a prueba la voluntad, el deseo y el consenso para sustituir más de 6 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito y la intencionalidad de integrar el territorio al desarrollo de país con propuestas salidas de los labriegos.
(*) Este artículo hace parte del proyecto Open Society con VerdadAbierta.com
