Al Guaviare se le juntaron todos los males: el Gobernador murió en un accidente, los enfrentamientos entre Farc, hombres de ‘Cuchillo’ y fuerza pública tienen a la población en medio de las balas, y los indígenas están a punto de desaparecer. Por Revista Semana.
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| Este campesino de Mocuare pesa en su gramera lo que equivale a 70.000 pesos de base de coca. En esta población, en lo profundo del Guaviare, muchos cambian droga por mercados, pues el dinero en efectivo casi no circula. / FOTO SEMANA |
A Puerto Flórez, un caserío caluroso en el norte del Guaviare, a dos horas en carro desde la capital del departamento, San José, llegó hace unos días un panfleto firmado por el frente séptimo de las Farc. En hojas fotocopiadas, sucias y con lenguaje amenazante, la guerrilla les ordenó a los pobladores pagar 20.000 pesos por cada cabeza de ganado que tuvieran. El pago, a más tardar, debe hacerse este 15 de diciembre. “Es la prima navideña de ellos”, dijeron algunos.
Guaviare, en términos de exploración minera y petrolera, es uno de los referentes más importantes del país. Por eso es que el gobierno colombiano se ha visto en la obligación de ofrecer importantes incentivos a compañías como Pacific Rubiales, Exxon Mobil, Petrominerales y Petrobras, para que se queden en la región, ya que tienen que lidiar con graves problemas de seguridad. Pues así como el vasto llano y la selva espesa son tan particulares en esta región del suroriente del país, las extorsiones y otros hechos de violencia se convirtieron en parte del paisaje del Guaviare.
Aunque la violencia es histórica aquí, llama la atención que de unos meses para acá las siete plagas de la guerra le cayeron sin piedad. El hecho más reciente fue la muerte en un trágico accidente del gobernador, Dagoberto Suárez Melo, quien en la madrugada del pasado 5 de diciembre pereció cuando la camioneta en la que viajaba se salió de la carretera. Un tío que lo acompañaba y sus escoltas sobrevivieron.
Suárez había llegado al cargo el pasado febrero, después de que su antecesor, Óscar López, fue capturado por presuntos vínculos con paramilitares. Eso sin contar que esas elecciones atípicas estuvieron empañadas por el atentado contra José Alberto Pérez, candidato a la Gobernación por el Partido Conservador, a quien las Farc casi matan tras un atentado que cobró la vida de cuatro policías y dos civiles.
A la muerte del Gobernador, reemplazado temporalmente por el Viceministro de Justicia, se suma una larga lista de hechos violentos en Calamar, El Retorno y Miraflores, los tres municipios después de San José del Guaviare donde la política de seguridad democrática pisó con más fuerza en la era del presidente Uribe, pero que en definitiva no logró desterrar de allí el hambre ni la violencia.
A los tres frentes de las Farc (el primero, el séptimo y el 44) se suman las acciones de los hombres de Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, un ex miembro de las autodefensas que después terminó rearmando desmovilizados en Meta y Guaviare, conocidos como Erpac (Ejército Popular Anticomunista), que tienen azotado al departamento con extorsiones, desapariciones, reclutamiento de niños, tráfico de armas y de droga.
Hay testimonios de campesinos que dicen que unas bandas (posiblemente el Erpac) y las Farc les están pagando con gramos de coca a indígenas nukak, jiw y sikwani la mano de obra empleada en los cultivos ilícitos. Por eso algunos aborígenes que habitan la zona de la Trocha Ganadera se decidieron por consumir la droga y, en el mejor de los casos, la están cambiando por productos de primera necesidad.
De hecho, en veredas y caseríos de poblaciones como San José del Guaviare, Puerto Concordia y Mapiripán (estos dos últimos en el sur del Meta) no existe dinero circulante, lo que está produciendo el desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de aseo. Lo poco que llega a estas zonas es a precios exagerados (una barra de jabón de lavar puede costar 8.000 pesos; unalibra de arroz, 10.000; una libra de sal, otros 10.000), y si no es adquirido con dinero en efectivo, es comprado por gramos de coca.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo conocido por SEMANA, habitantes de la ribera del Guaviare, hacia el norte del departamento, han denunciado que la fuerza pública ha llegado a las casas violentamente, preguntando por ‘Cuchillo’ o por miembros de la guerrilla. Les toman fotografías y, al no tener respuesta, los golpean y les quitan los documentos. “Eso lo hicieron policías antinarcóticos entre enero y agosto de este año, y todavía están investigando el caso. Pero es muy difícil que eso avance porque los abusos se cometieron en veredas muy lejanas, donde están indígenas que ni siquiera hablan español”, dijo a esta revista un miembro de la Defensoría en San José del Guaviare, quien pidió la reserva de su nombre.
A esto se sumó el desplazamiento de 123 familias indígenas jiw, del resguardo Mocuare, que tuvieron que irse tras los constantes enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, los bombardeos y los ametrallamientos a comienzos de este año.
El informe sobre conflicto publicado por la Corporación Nuevo Arco Iris también deja en evidencia lo que sucede en este departamento: en Calamar, Retorno y San José, las Farc y el Erpac hacen reclutamiento forzado. Una persona entrevistada por los investigadores dijo: “A unos les ofrecen entre 500 y 700.000 pesos mensuales con un supuesto trabajo en plantaciones de palma. A otros sí les dicen directamente para qué es”.
Ni siquiera San José del Guaviare se salva de la mala racha: en lo que va corrido del año se han registrado 59 homicidios en una población que no supera los 60.000 habitantes, y los episodios de violencia, como el secuestro de dos reconocidos ganaderos, el exilio de un importante comerciante que tuvo que irse para el Quindío o el día que hombres armados se llevaron a un herido que estaba en el hospital de Botalón, hacen que sus habitantes se hundan en la desesperanza.
El alcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, también dice sentirse impotente: “El Guaviare es una región rica en ganadería, las tierras son fértiles y es una potencia minero-energética. Pero la violencia se ha encargado de hacernos una mala jugada, sobre todo ahora. Usted pasa por la plaza principal de San José y oye a los guaviarenses decir que deberíamos pasarnos por el baño de un chamán, a ver si se nos quita esta sal”.
La única buena noticia que se ha asomado por estos días fue el anuncio de las Farc de liberar a Marcos Baquero, presidente del Concejo Municipal de San José, secuestrado en junio del año pasado.
Guaviare no es un caso aparte de la violencia en Colombia. Guaviare es el reflejo de que algo falló cuando se pensó que bastaría con acabar las Farc y desmovilizar a los paramilitares. Guaviare puede ser el boquete por donde se fugue el desarrollo económico de los llanos orientales, y ese debería ser suficiente signo de alarma para que el Estado ponga los ojos sobre este departamento.
Revista Semana
