El Incoder terminó la extinción sobre gran parte de Las Pavas, un predio en el sur de Bolívar que era explotado por una palmera y reclamado por desplazados de esta zona.
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| Las Pavas son reclamadas por 123 familias. Foto archivo Semana |
Por lo menos 1.200 hectáreas de las 1.300 que el Instituto de Tierras identificó como terrenos baldíos en el sur de Bolívar ya pueden ser tituladas a víctimas del conflicto. El Incoder anunció que terminó el proceso de extinción de dominio sobre gran parte de Las Pavas, una hacienda ubicada en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba, donde 123 familias campesinas habían sido desplazadas con violencia en 2003 y 2008.
El proceso de extinción de dominio comenzó en septiembre de 2012 cuando el Incoder concluyó que 10 de 11 predios que integran Las Pavas eran terrenos de la Nación, y que por tanto no podían seguir siendo explotadas por la empresa Aportes San Isidro S.A. Entre los campesinos y la firma de palma aceitera había una batalla jurídica sobre quién era el real propietario de los predios. Durante el proceso, una fiscal de Cartagena dijo en diciembre de 2011 que en Las Pavas no había víctimas ni ocurrido desplazamiento, pese a las denuncias de las familias que en 2009 fueron desalojadas por la policía por petición de la firma palmera (Lea: En Las Pavas sí hay víctimas).
Este pronunciamiento del Incoder responde a los procesos de recuperación de terrenos baldíos que son explotados irregularmente por particulares. En varios pronunciamientos, el Incoder ha señalado que como son terrenos de la Nación pueden ser titulados a los campesinos que son los legítimos reclamantes (Lea: Los campesinos se quedan con Las Pavas).
¿Cuál es la historia de Las Pavas?
En 1983 Jesús Emilio Escobar compró varios terrenos que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, hoy Incoder, les había adjudicado a campesinos. Se trataba de los predios Si Dios Quiere, No te canses, Las Pavas y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.
En 1997, Escobar abandonó los predios y 123 familias que vivían en la vereda Buenos Aires empezaron a asentarse en estas tierras, explotándolas con cultivos agrícolas. Se organizaron y se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aries, Asocab.
Según denunciaron a las autoridades, en 2003 un grupo de paramilitares que tenía una base en el corregimiento de Papayal amenazó a las 123 familias campesinas que no tuvieron otra opción que salir de las tierras y abandonar los cultivos. Cuando los ‘paras’ salieron de la zona, las familias retornaron a Las Pavas.
En 2006, los campesinos le solicitaron al Incoder la extinción de dominio de Las Pavas por abandono. En junio de ese mismo año el Incoder confirmó que esa tierra era explotada desde hacía seis años por 116 campesinos por lo cual dio inicio al proceso solicitado por los campesinos.
Sin embargo, según los campesinos, en el momento en el que Escobar se enteró del proceso, decidió retornar al predio junto a un grupo armado que por segunda vez los amenazó y los expulsó de las tierras.
Luego de lograr el desalojo, en marzo de 2007, Escobar fue hasta la Notaría 9 de Barranquilla y allí registró una compraventa de estas tierras a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A., la primera filial del polémico grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, y la segunda de propiedad de José Macías, quien al final le compró 50% a Daabon. La tierra sumó 1.717 hectáreas y fue negociada por mil millones de pesos.
En 2008 los campesinos denunciaron el desplazamiento forzado y ese mismo año el Incoder dictó una resolución para reabrir el proceso de extinción de dominio. Las empresas presentaron una querella por ocupación y la policía ordenó el desalojo de los campesinos. Pese a la tutela que interpusieron las familias, en 2009 la empresa logró que las familias no permanecieran allí. Es decir, que fueron desalojadas a la fuerza por la Policía.
En 2010 el Incoder reabrió la investigación y en una inspección el Incoder encontró cultivos de palma. Desde ese momento, el Incoder comenzó una investigación contra los empresarios por violación a las normas ambientales porque supuestamente secaron los ríos por los sembradíos. Después de hacer una visita, en mayo de 2011 el Ministerio de Ambiente emitió un concepto sobre el uso ambiental del predio Las Pavas y encontró que: “el desarrollo de cultivos extensivos de palma de aceite en el predio ha generado impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, tanto en el área directa como en el área de influencia, y por lo tanto un deterioro a los ecosistemas”, informó el Incoder en un boletín.
Ese mismo mes la Corte Constitucional ordenó reabrir la extinción de dominio que se adelantaba contra el predio Las Pavas por abandono.
