Tres movimientos campesinos han tenido en los últimos años una gran influencia en las decisiones que se toman sobre esta convulsionada región del nororiente del país. Fuertemente estigmatizados, buscan la forma de generar acciones de Estado para la región.
Las organizaciones campesinas en la zona del Catatumbo se han convertido en los últimos años en las voceras de las comunidades que piden intervención del Estado en una región tan históricamente conflictiva como abandonada por las políticas oficiales. Esto ha hecho que líderes sociales tomen como bandera las necesidades de la región para confrontar al gobierno en busca de respuestas.
En esta vasta zona del nororiente del país interactúan tres organizaciones sociales constituidas por campesinos que buscan soluciones en aras de mejorar su calidad de vida, al tiempo que velan por el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento del carácter civil de quienes pertenecen a ellas. Su mayor riesgo son los duros señalamientos que los asocian a grupos armados ilegales que operan en la zona, afectando notablemente su base social.
Se trata de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y el Movimiento para la Constituyente Popular (MCP), creadas bajo las mismas circunstancias de problemática social, económica y política de la región. Durante varios años han sido protagonistas pese al conflicto armado que altera la región y se estima que lo serán aún más en el posconflicto. No obstante, tienen profundas diferencias en sus objetivos.
Orlando Carrascal, dos veces concejal de Ocaña por la Alianza Democrática M-19 y fundador para esta región del Polo Democrático Alternativo, conoce a fondo la región y a las organizaciones campesinas, por ello sugiere que se unan: “En los eventos suele haber presencia de solo una de las organizaciones por lo que he llegado incluso a sugerirles a sus dirigentes que unifiquen esfuerzos y no andar cada una por su lado”, afirma Carrascal.
En el Catatumbo no siempre prevaleció la tendencia de la organización social. Hace varias décadas predominó la dirigencia conservadora y casi todos los representantes de la izquierda guardan en sus memorias y archivos anécdotas políticas a nombre del Partido Conservador, al cual era afecto el campesino tradicional.
La apertura económica decretada durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria (1990-1994) afectó al campesino catatumbero, la pobreza llegó a la región de la mano de la hoja de coca para uso ilícito. Detrás, entró la guerrilla: inicialmente el Eln, luego el Epl y por último las Farc. Todos ellos respaldaron las siembras ilícitas tras considerarlas una medida de subsistencia, pues el cultivo de pancoger no estaba dando resultados económicos.
Fue así como la insurgencia comenzó a participar de la vida política de la región. El campesinado decidió organizarse en juntas de Acción Comunal y asociaciones de Juntas. En el 2005 se crearon las asociaciones que hoy dan de qué hablar, incluso en el ámbito nacional, por el papel que juegan en todos los espacios políticos y sociales del Catatumbo.
Inicialmente se creó el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) en el corregimiento San Pablo, de Teorama, y el municipio de El Tarra, donde se realizaron sendas reuniones para conformarlo. Por diferencias entre sus dirigentes se fundó, un año después, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Más adelante, se creó un nuevo grupo: el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), cuyo nombre pareciera reflejar una organización política, pero realmente es de índole popular y social. Este movimiento participa actualmente de la Cumbre Agraria a través de la Asociación Nacional Campesina (Asonalcam).
Pedagogía de paz
Ascamcat es la organización que más ha ganado influencia en la región. En sus convocatorias de movilización ha logrado reunir hasta ocho mil campesinos. Entre sus intenciones está la erradicación concertada y gradual de los cultivos de uso ilícito y la creación de una Zona de Reserva Campesina, bajo la aplicación de la Ley 160 de 1994, como un mecanismo “para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen”.
Esta Asociación juega un papel mucho más mediático que las otras organizaciones del Catatumbo. Ha logrado hacer grandes movilizaciones campesinas, haciendo sentir sus inquietudes de una manera más directa y tienen sus propios medios de comunicación, lo que genera mayor visibilidad de sus dirigentes.
Ascamcat viene realizando un trabajo de pedagogía comunitaria sobre los acuerdos que hasta el momento han firmado en La Habana los negociadores del gobierno nacional y de la guerrilla de las Farc. Como estrategia, adelanta en varios municipios del Catatumbo el seminario Constituyente Popular por la Paz. Una de las herramientas didácticas que utiliza es el video “El chicharrón de la tierra en Colombia”, a través del cual se explica detalladamente el punto de Reforma Rural Integral, acordado en la isla del Caribe. Además, trabajan en la construcción del Movimiento Amplio por la Paz de Norte de Santander.
A partir de la Constituyente Regional de El Catatumbo, realizada el 5 y el 6 de diciembre de 2014 en el municipio de El Tarra, se destaca el denominado Mandato de Participación Política, a través del cual las comunidades campesinas en cada municipio escogen sus candidatos para los diferentes cargos de elección popular. Con ellos se firman compromisos anticorrupción y se generan nuevas reglas para hacer política, entre ellas la participación de las comunidades en las decisiones locales.
“Unidad Popular”
En El Catatumbo hay un sector político denominado Poder de Unidad Popular (PUP) que tiene su propia organización social: El Cisca. De sus filas participó el hoy Senador de la República por el Polo Democrático Alberto Castilla, oriundo del municipio de Convención. En virtud de su presencia en el Congreso, el Cisca tiene buenas relaciones con el Polo participando con el PUP de las actividades políticas en los municipios de la región.
El Cisca viene de un proceso que se constituyó en el año 2004, pero sus raíces se remontan a la década del setenta. Sus bases son las juntas de Acción Comunal y las asociaciones de Juntas, propendiendo por su fortalecimiento para que exijan y gestionen ante el Estado, según lo explica Ediver Suárez, miembro del equipo político de esa organización. La idea es impulsar un modelo de desarrollo campesino, propio, y no impuesto por los gobiernos de turno.
Esta organización campesina considera que la comunidad indígena de la etniaMotilón-Barí, con presencia en el Catatumbo, no debe hacer parte de la propuesta de Zona de Reserva Campesina, liderada por Ascamcat y respaldan su estilo de vida y cosmovisión frente al medio ambiente y su conservación. “El indígena no pelea por propiedad de la tierra ni siembra cultivos de uso ilícito, sino que conserva la armonía que choca con la del campesino colonizador”, explica un líder campesino consultado.
Este movimiento critica duramente lo que considera el tratamiento que se le ha venido dando al tema de Zonas de Reserva Campesina, planteando que no ha habido suficiente estudio ni análisis, lo que ha implicado que los campesinos de todas las tendencias políticas queden incluidos en una propuesta que hasta el momento ha sido manejada por una sola organización y que otras no comparten.
Cisca es considerado por muchos en la región como una organización más política que social. Su propuesta es hacer un Plan de Vida en el Catatumbo mediante el cual se reivindique la cultura, la defensa del territorio, incluido el indígena, haciendo resistencia a los desplazamientos originados por la explotación de recursos naturales.
Suárez considera que entre los campesinos hay descontento con una cantidad de políticas de Estado que, según él, no garantizan el bienestar del sector rural; no obstante, el Cisca está alineado con el proceso de paz.
Bajo perfil
Los dirigentes de MCP no tienen carácter mediático y ante la opinión pública son poco visibles. Dentro del anecdotario de esta organización en Norte de Santander figura como una de las primeras en tomar la iniciativa de instituir el Polo Democrático en el Catatumbo, siendo los fundadores en distintos municipios donde tenían comités en localidades como San Calixto, El Tarra y Teorama. No obstante, actualmente entre el MCP y el Polo hay distancias políticas grandes, asegura Carrascal. “Nunca han querido participar en los procesos electorales en apoyo del Polo Democrático”.
El MCP se plantea constituir constituyentes populares proponiendo que las comunidades tengan procesos autónomos a través de asambleas donde decidan su propio destino. Su propósito fundamental es convertirse en un organismo de autogestión sin tener en cuenta la institucionalidad del país. En este sentido, también se aleja de las demás organizaciones campesinas del Catatumbo.
En el tema electoral, MCP es considerado un movimiento distinto a los demás, pues su interés se reduce a participar en elecciones a Concejo y Alcaldía en los municipios donde tiene injerencia como Hacarí y La Playa de Belén dejando de lado procesos para Asamblea, Gobernación, Presidencia y Congreso.
Si bien MCP no lo ha dicho públicamente, se conoce por conversaciones entre algunos de sus miembros con líderes sociales que “no le van a jalar al plebiscito por la paz”. Sin embargo, en diciembre pasado, durante la apertura de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Cúcuta, representantes de ese movimiento en el evento coincidieron con las demás organizaciones campesinas en buscar la paz con justicia social, sin olvidar a las víctimas y los derechos que se han vulnerado.
Estigmatizadas
Quienes conocen la región del Catatumbo saben que el territorio es compartido por las organizaciones guerrilleras y los movimientos campesinos; también reconocen que la insurgencia apoya a los campesinos en su lucha para superar los problemas agrarios. A juicio de Carrascal, nada de eso implica que tengan una militancia efectiva en los grupos alzados en armas.
Pese a ello, los movimientos campesinos son constantemente estigmatizados por sectores estatales que los consideran “brazos políticos” de las guerrillas. Para desligarlas de todo ese señalamiento, Carrascal cita como ejemplo el hecho de que en la región del Catatumbo no hay nadie elegido popularmente en representación de la izquierda.
“En el Catatumbo obtienen buena votación Juan Manuel Corso, Senador; Ciro Rodríguez Pinzón, Representante; y William Villamizar Laguado, actual gobernador de Norte de Santander, frente a los candidatos de izquierda que resultan marginales”, precisa este líder político local.
Entre tanto, Suárez rechaza todo tipo de sindicaciones por parte del Estado que, a su juicio, tiene un modelo que señala y estigmatiza. Para justificar, señala al gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, quien expidió un decreto para conjurar una marcha campesina señalándola de paro armado.
“Ese tipo de señalamientos es lo que justamente queremos rechazar categóricamente”, reitera el vocero del Cisca, quien recuerda que esas estigmatizaciones generaron en los años ochenta una lista de líderes sociales que fueron asesinados luego de un paro que a juicio del gobierno fue manejado por los hilos de la subversión. En el Catatumbo no quieren que ese tipo de historias se repitan.
En posconflicto
Las organizaciones campesinas tienen sus preocupaciones ante un eventual escenario de posconflicto, entre ellas el posible ingreso de transnacionales y grandes inversionistas al Catatumbo, una vez se hayan desmovilizado las guerrillas de las Farc, y posiblemente del Eln, por lo que esos movimientos populares son los llamados, según sus dirigentes, “a hacer una confrontación política para impedir que entren quienes busquen perjudicar la región”.
La idea que tienen es liderar los procesos de transformación que no logró la insurgencia. Ante esto, algunos líderes de la región insisten en que las organizaciones sociales que por años han confrontado al Estado y a las multinacionales que han querido entrar a explotar la zona del Catatumbo se fortalezcan para enfrentar el panorama que se avecina.
Al respecto, Carrascal reitera su propuesta de unificarse en una sola organización, que reúna a los campesinos de Ascamcat, Cisca y MCP: “Esto implicaría unos 15 mil campesinos conformando una fuerza social muy grande para el posconflicto”.
No obstante, hay una preocupación mayor y de eso sabe Diógenes Quintero, personero de Hacarí y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, quien ha venido trabajando en la zona de la mano con las tres organizaciones campesinas con las cuales ha apoyado mucho su trabado en defensa de los derechos de los habitantes de la región.
Se trata de la presencia del Epl en la región, un grupo que, si bien es reconocido como grupo guerrillero por las comunidades, el gobierno nacional lo califica como grupo narcotraficante y le niega su condición de alzados en armas. De acuerdo con Quintero, si no hay un proceso de negociación con esa organización armada ilegal, podría quedar como rueda suelta ante una eventual desmovilización de las Farc y el Eln, y ejercer influencia sobre una base social fuerte que, a su juicio, es superior a las de las esas dos organizaciones subversivas.
*Periodista de Ocaña
Este artículo hace parte del proyecto Open Society con VerdadAbierta.com