Diez años después de la masacre cometida por paramilitares del Bloque Calima, los sobrevivientes continúan luchando para recuperarse de esa tragedia, pero no han encontrado respuestas para sus necesidades y exigencias.
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El pasado 9 de abril, los sobrevivientes del Naya marcharon en Santander de Quilichao como parte de los actos de memoria histórica que hicieron por la conmemoración de la masacre. – Los cuatro días que estremecieron a El Naya – Asesinado testigo clave en masacre del Naya – Los antecedentes a la masacre del Naya – Los ‘narco-motivos’ detrás de la masacre del Naya – La masacre del Naya y los militares – Las deudas con la comunidad del Naya |
Durante cuatro días de la Semana Santa de 2001, entre el 10 y el 13 de abril, alrededor de 100 paramilitares recorrieron las veredas de la región del Naya, dejando por su paso una estela de muerte y terror. Diez años después de la masacre, no se conoce el número exacto de víctimas que dejó esa incursión de las Auc, pero se han documentado 32 casos de homicidio y 10 de desaparecidos.
Sin embargo, los habitantes de la región aseguran que las víctimas podrían ser alrededor de cien porque los paramilitares arrojaron a varias personas por los barrancos. “Un arriero al que se le rodó la mula por un abismo, me contó que cuando bajó a recoger su carga, encontró dos cabezas de seres humanos”, le dijo a VerdadAbierta.com un habitante del Naya.
Antes de cumplirse la primera década de los hechos de esta masacre, la Fiscalía 18 Justicia y Paz inició una versión libre colectiva con 60 exparamilitares para documentar y esclarecer cómo fueron esos cuatro días en los que el Bloque Calima azotó al Naya.
Esos exparamilitares fueron condenados por la justicia ordinaria, pero no podían hacer parte del proceso de Justicia y Paz porque no habían sido postulados al mismo, y de ese modo no podían hacer parte de las versiones libres de esa jurisdicción encargada del proceso de judicialización de los grupos desmovilizados bajo la Ley 975 de 2005.
Luego de la postulación de más de cien exparamilitares del Bloque Calima entre 2009 y 2010, la Fiscalía de Justicia y Paz empezó a versionar a los implicados en la masacre del Naya el pasado 22 de marzo. En cinco audiencias los exparamilitares contaron cómo llegaron los grupos de autodefensas a Cauca, por qué sus tropas hicieron esa incursión en el Naya, cuáles fueron sus presuntos cómplices en la masacre y cómo fue planeada.
Dichas audiencias fueron suspendidas hasta nueva fecha porque no hubo los recursos para transmitir en Puerto Merizalde (Buenaventura) la señal en vivo de las confesiones que los postulados estaban haciendo en Cali.
Para conmemorar los diez años de la masacre, la comunidad del Naya hizo varios eventos de memoria histórica y realizó una audiencia en la que diferentes instituciones estatales les contaron cómo han avanzado en el proceso.
Aunque de la masacre se conocen varios aspectos y la justicia ha tomado decisiones al respecto, muy poco se sabe de la situación actual en la que viven las comunidades del Naya, a raíz de la masacre de la que fueron víctimas hace una década. En este informe VerdadAbierta.com cuenta los testimonios de habitante de la región, cuáles son las dificultades diarias que deben enfrentar los sobrevivientes del Naya y cuál es el tipo de reparación integral-colectiva que están buscando.
La separación de la comunidad
Huyendo de la muerte y del terror paramilitar, los desplazados del Alto Naya -la parte céntrica del Naya y en la que se asentan las comunidades indígenas- inicialmente se concentraron en el corregimiento de Timba, ubicado en el municipio de Buenos Aires. En este lugar algunas personas enterraron a sus muertos dos o tres semanas después de haber iniciado la masacre.
Posteriormente, las víctimas se desplazaron hacia el municipio de Santander de Quilichao, en donde ocuparon la Plaza de Toros por más de un año. En este lugar permanecieron alrededor de cien familias, mientras esperaban que los reubicaran en otro sitio porque tenían temor de regresar al Naya y algunos líderes habían recibido amenazas.
En cambio, poco a poco y llenos de miedo, algunas familias decidieron regresar meses después a sus veredas de origen. Ungobernador indígena del Alto Naya, que pidió mantener en reserva su nombre por seguridad, le contó a VerdadAbierta.com que “decidimos regresar como cuatro meses después de la masacre. No fue un regreso masivo, sino que entraba una familia, y al ver que seguía en la región, otras se fueron animando a volver”.
“Regresamos sin garantías del Estado y con nuestro propio sacrificio porque a nosotros, como comunidad indígena, no nos gusta estar enjaulados y aislados como en corrales. Nosotros mismos decidimos regresar a nuestra región”, agregó el gobernador indígena.
Al regresar a sus hogares los desplazados se encontraron con la triste noticia de que sus casas habían sido saqueadas. “Las tierras no las perdimos, pero sí encontramos las casas desocupadas. No encontramos muebles, cultivos ni animales”, le dijo una víctima a VerdadAbierta.com.
Por esta razón, las personas que retornaron al Alto Naya tuvieron que reconstruir sus vidas bajo su propio riesgo y sin contar con el apoyo estatal. “Nos tocó volver a empezar de cero. Volver a arar la tierrita y esperar que volviera a producir. El Estado no ha hecho la inversión social en El Naya. Todo ha sido con el esfuerzo de la comunidad para poder vivir en la región”, comentó con decepción el líder indígena.
Aunque las familias que regresaron al Alto Naya han podido continuar en sus veredas, viven en condiciones precarias y suplen con dificultades sus necesidades básicas.
Una de las mayores dificultades que tiene la comunidad del Naya es que no cuenta con carreteras o vías de acceso para poder vender los cultivos que cosechan. Por esa razón, varias personas se ven en la necesidad de sembrar coca, para obtener recursos económicos.
“Gracias a Dios, el Naya es una tierra muy apta para el cultivo. Lo que se siembra, se da. Lamentablemente uno no puede sacar lo que produce porque no hay carreteras. Lo que se cultiva queda para el sostenimiento propio. Por ejemplo, para sacar y vender un racimo de plátano es muy difícil, porque son doce horas de viaje por caminos muy angostos y el producto llega muy maltratado”, le contó a VerdadAbierta.com un habitante de la región.
Además, las habitantes también tienen enormes dificultades para acceder dignamente a la salud y a la educación.
Sobre el acceso a la salud, el gobernador indígena contó que “en este momento tenemos un puesto de salud que cubre las 10 veredas. Las instalaciones son en madera y no hay recursos para atender a la gente. Desde hace un año la administración municipal se ha preocupado y nos mandó una enfermera”.
El líder indígena reconoce que desde 2007 la educación ha mejorado y que cuentan con profesores de la Acin, pero que la comunidad ha tenido que hacer un “gran esfuerzo” para reparar las escuelas. Además, los recursos no están a la altura de una educación del presente siglo. “La tecnología está muy atrasada en El Naya. Usted allá le habla a un niño de un computador y no sabe qué es eso, si mucho los conocerán cuando salen de la región y los ven por televisión”, explicó el líder indígena.
Después de diez años, esto es lo que piden las personas que retornaron al Alto Naya: “Como líderes queremos que el Estado nos mire y se nos deje de tildar de guerrilleros porque vivimos en esa zona tan lejana de la civilización. Nosotros no queremos plata simplemente. Queremos una reparación integral de la comunidad del Naya, conocer la verdad de la masacre y que se limpie nuestro nombre. Queremos garantías para los que retornamos y que se nos titulen las tierras”.
Los asentados en Timbío
Las familias indígenas que no retornaron al Alto Naya y que se instalaron en Santander de Quilichao, en 2003 fueron reubicadas en la finca La Laguna, del municipio de Timbío.
“Después de pelar muchas cosas se les entregó la finca La Laguna. Eso fue una negociación entre las víctimas y Acción Social. Acción Social intercedió ante el Incoder para que se les entregara un sitio para su reubicación”, le contó a VerdadAbierta.com Francisco Bustamante, miembro de la Asociación Minga, una ONG de derechos humanos que ha acompañado y representado jurídicamente a algunas víctimas desde que ocurrió la masacre.
“Ellos estaban como una colectividad y no se dispersaron. Decidieron permanecer como grupo para exigir condiciones. Eran alrededor de 120 familias que estaban en el Coliseo de Ferias de Santander de Quilichao, que se usa para hacer muchos eventos, y encontraron en esa permanencia una forma pacífica de hacer presión para obtener una solución”, explicó Bustamante.
Después de que se les garantizaran ciertas condiciones que permitieran su traslado a Timbío, los indígenas se desplazaron a la finca La Laguna. De todas las cosas que les prometieron, una de las pocas que les han cumplido es la seguridad, porque les han otorgado medidas cautelares, mecanismos de comunicaciones, rondas de la Policía y transporte.
En cambio, uno de los mayores problemas que tienen y de los puntos que no les cumplieron, es que no cuentan con los medios ni los recursos para producir la tierra. “El acceso al agua es muy difícil. Tener agua para el regadío de cualquier tipo producción ha sido una de las mayores dificultades. Ellos perdieron algunos cultivos que hicieron al principio por falta de agua”, contó Bustamante.
Además, a estas personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado y que se vieron obligadas a dejar atrás las cosas que consiguieron durante toda su vida, tienen obligaciones tributarias muy grandes por la finca. Según el miembro de la Asociación Minga, tan sólo por el impuesto predial deben pagar ocho millones de pesos anuales.
Estas familias recibieron algunos proyectos del Laboratorio de Paz de la Unión Europea con Acción Social, en los que les dieron proyectos de ganadería, hortalizas y huertas, pero no prosperaron porque no contaron con el debido acompañamiento.
Por estas razones, hay muchas personas que viajan al Alto Naya en busca de trabajo y regresan a Timbío para dormir. También hay otras que trabajan en fincas cercanas durante los periodos de cosecha, pero no tienen proyectos propios con los que puedan garantizar su sostenimiento como comunidad.
“El Plan de Vida que ellos tienen se basa en propuestas de desarrollo al interior de su comunidad. Esto nunca ha sido atendido como se planteó cuando se entregó la finca. Sobre eso no se hizo nada”, concluye Bustamante.
Las comunidades afro
Las comunidades afrodescendientes de la región, que habitan la parte conocida como el Bajo Naya, también se encuentran situaciones similares a la de los indígenas que retornaron después de la masacre.
Un líder de la región le contó a VerdadAbierta.com que hace dos meses la Cruz Roja Internacional construyó un puesto de salud en La Concepción. “Lamentablemente no tenemos acceso a la salud porque no hay médicos, sólo está la estructura y no hay personal. A los enfermos los tenemos que bajar a Puerto Merizalde, donde nos echamos dos días de camino y varios de nuestros enfermos se han muerto por falta de un hospital”, señaló.
En educación el panorama también es desalentador porque los niños y adolescentes sólo tienen garantizada hasta la educación hasta primaria. “Para seguir estudiando los adolescentes tienen que desplazarse a San Francisco, Puerto Merizalde o Buenaventura. Para llegar a San Francisco hay seis horas de recorrido en lancha rápida y para llegar a los otros sitios donde hay educación secundaria es cuestión de días”, explicó el líder regional que prefirió mantener en reserva su nombre.
Por otro lado, muchas víctimas que quieren regresar a sus sitios de origen no han podido hacerlo porque no tienen acceso a una vivienda. “Después de la masacre todo quedó destruido. Nos sentimos desamparados del Gobierno, no hemos recibido ningún tipo de reparación y pedimos justicia paras las víctimas del Naya”, señaló el líder comunitario.
“Como comunidad queremos una reparación integral, en la que se incluya salud, vivienda y educación. Nosotros no vamos a recibir dinero por algún muerto, porque nuestras víctimas no valen ningún centavo. Allá la única garantía que existe somos nosotros mismos, porque nos ayudamos como compañeros, porque por parte del Estado no hay ninguna ayuda”, esos son los sentimientos que manifiesta uno de los representantes del Bajo Naya.
Las viudas del Alto Naya
VerdadAbierta.com habló con cuatro viudas de la masacre del Naya, quienes pidieron mantener en reserva sus identidades, y accedieron a contar cómo esos cuatro fatídicos días en los que los paramilitares se tomaron la región, cambiaron sus vidas por completo.
Tan solo una de las viudas con las que habló VerdadAbierta.com vio cómo algunos hombres del Bloque Calima asesinaron a su esposo con un disparo en la cabeza y mataron a otros dos jóvenes con puñales y una motosierra. Las otras, por fortuna, estaban fuera del Naya y pasadas varias semanas pudieron rescatar los cuerpos de sus esposos para darles cristiana sepultura.
A partir de la Semana Santa de 2001, esas cuatro mujeres tienen en común que no se dejaron morir por el dolor, el miedo y el abandono, debido a las obligaciones que tenían para sacar a sus hijos adelante. En sus pequeños encontraron las fuerzas necesarias para luchar y sobrevivir. En cambio, del Estado, hasta ahora no han recibido ningún tipo de ayuda y desconoce sus necesidades.
Estas valientes mujeres, que se vieron en obligación de retornar al Alto Naya para conseguir trabajo pese a sus temores, se encontraron con la triste realidad de que sus casas y demás pertenencias habían sido robadas.
“Después de la masacre me estuve como un año por fuera. Como no tengo estudio y tengo que alimentar a mis hijos, regresé al Naya porque allá me dan trabajo en las fincas. Yo tenía una finca que encontré desocupada. Se llevaron los muebles y los animales. Yo estoy en el Naya, pero ando de finca en finca trabajando, porque no tengo donde estar”, contó una de las viudas.
“He tenido que trabajar y ponerle la espalda al sol para volear machete. Pero yo, al igual que otras viudas, tenemos que dejar solos a nuestros hijos cuando trabajamos porque no tenemos quién nos los cuide y tampoco podemos pagar para que los cuiden”, señala otra viuda al recordar las dificultades por la que tiene que pasar a diario.
También el estudio se ha convertido en un problema para los hijos de estas madres. “Tengo cuatro hijas que no han podido hacer el bachillerato porque allá no hay donde estudiar y no hay nada. No tengo recursos ni donde vivir”.
Otra madre recuerda que entre sus dificultades están que “no tenemos un puesto de salud adecuado, la comunidad lo restaura cuando tiene una tabla dañada. Las escuelas están caídas, algunos profesores enseñan en casas desocupadas. Tampoco se hacen jornadas de vacunación”.
Por eso, lo que ellas piden es que “haya paz y no se vuelvan a repetir estos hechos, para que nuestros hijos puedan estudiar y vivir mejor que nosotras”. Como reparación no quieren dinero ni recuperar las cosas que perdieron, sino que anhelan tener una vivienda para sus hijos y que ellos puedan estudiar y acceder a una salud digna.
