La reciente masacre de tres indígenas en esta comunidad indígena caldense evidencia los efectos del conflicto armado en medio de la lucha por la recuperación de su territorio. Su esperanza está puesta en una sentencia de restitución de tierras, que los blinde del recrudecimiento de la violencia y llame la atención del Estado.
El viernes 23 de noviembre la tragedia volvió a ser noticia en el resguardo San Lorenzo. Ese día, a las 10:30 de la noche, cuatro hombres encapuchados llegaron a la casa de la familia Díaz Tapasco y asesinaron a tiros a los esposos Serafín y Gabriela, y a su hijo César Augusto.
“Era una familia reconocida por su trabajo comunitario. Serafín se dedicaba al agro y tenía un vínculo muy fuerte con la música, había creado el grupo musical Tonúa; doña Gabriela era ama de casa y se dedicaba al trabajo comunitario en el centro poblado; y César Augusto era el coordinador académico de la Institución Educativa San Lorenzo”, cuenta uno los habitantes de la comunidad que pidió la reserva de su identidad.
Tras la masacre en esta comunidad indígena asentada en el municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas, varios medios de comunicación señalaron la posible relación de los crímenes con el proceso de restitución que adelanta este resguardo o con la presencia de bandas criminales en la región.
No obstante, en rueda de prensa, las autoridades anunciaron la captura de tres de los posibles responsables, incluido un exmilitar, y la explicación de robo como trasfondo de los asesinatos. El Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), por su parte, rechazó la reacción inicial de los medios de comunicación, respaldó la hipótesis de hurto y exigió la acción de la justicia contra los presuntos culpables. (Ver nota pública)
Pero en medio de esos pronunciamientos hay varios interrogantes que pueden evidenciar el recrudecimiento del conflicto en el occidente caldense y cómo está afectando el tejido social del pueblo Embera Chamí.
“Las personas capturadas son personas de allí, del territorio. Hay curiosidad porque se sabe que se usó una pistola nueve milímetros y eso no la tiene cualquier persona para extorsionar. Me pregunto: ¿De dónde están saliendo esas estructuras? ¿Quién las financia? ¿Quién planeó eso? Esto va más allá de unas capturas, esto genera terror, miedo, hace que la comunidad se fracture”, cuestiona un habitante del resguardo, quien también pidió la reserva de su nombre.
Para varios integrantes de la comunidad, lo ocurrido en San Lorenzo puede explicar la vulnerabilidad a la que están expuestos y que ha sido atizada por la falta de diligencia del Estado, que incluso los quiso borrar de la historia hace 75 años, cuando declaró inexistente su resguardo.
Sus líderes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2002 y el resguardo tiene otra medida cautelar desde febrero de 2016, en el contexto del proceso de restitución de tierras, pero lo ocurrido muestra que la seguridad sigue siendo un asunto de papel. (Lea la medida de la CIDH y la medida cautelar del proceso de restitución)
“Hace un año tuvimos que acudir a instancias internacionales porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) nos había retirado los esquemas. Nos los devolvieron, pero no han hecho un estudio de riesgo ni evaluación sobre las condiciones de los líderes”, dice uno de los representantes del Cridec.
Por eso confían en que una pronta sentencia del Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Pereira a su favor, que le exija a las instituciones estatales volcar la mirada sobre su territorio, que haya un saneamiento del título colectivo y se adopten medidas de reparación integral.
San Lorenzo es una de las dos comunidades étnicas que, en el Eje Cafetero, lograron llegar al proceso de restitución de derechos territoriales. Mientras la justicia decide, la Defensoría del Pueblo prepara una alerta temprana en la que expondrá las condiciones de riesgo que padecen sus pobladores.
Corredor en disputa
El resguardo de San Lorenzo hace parte de las 14 comunidades indígenas del departamento de Caldas, entre resguardos, parcialidades y asentamientos, y la tercera más poblada, con por lo menos 12 mil habitantes, según datos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera de Caldas. Su territorio ha sido disputado por diversos actores armados ilegales en las últimas décadas, que encontraron en las montañas de Riosucio un corredor de movilidad hacia el occidente del país, que conecta con los vecinos departamentos de Antioquia, Risaralda y Chocó. (Leer Plan de Salvaguarda)
En sus informes sobre las condiciones de riesgo de esta comunidad por efectos del conflicto armado, la Defensoría del Pueblo ha documentado la presencia de guerrillas, paramilitares y bandas criminales en el territorio técnico.
Desde finales de los años ochenta, los indígenas sobrevivieron a la violencia del Frente 47 de las Farc; del Frente Óscar William Ocampo del Epl; y del Frente Cacique Calarcá del Eln. Hacia finales de la década del noventa irrumpió el Frente Cacique Pipintá, uno de los brazos del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que también hizo mucho daño. (Leer más en: Las prácticas criminales del Frente Cacique Pipintá)
Desde la desmovilización colectiva de bloques y frentes de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional, que finalizó en agosto de 2006, la Defensoría ha advertido sobre el reciclaje de guerra, que se intensificó desde 2012 por cuenta de la llegada a la región de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de la presencia de una organización criminal conocida como La Cordillera.
Los reportes de esa agencia del Ministerio Público señalan que mientras las Agc se han caracterizado en la zona por la actividad extorsiva, la instalación de retenes ilegales y las restricciones a la libre movilidad; La Cordillera se encarga de las redes sicariales, el manejo de expendios y las rutas de droga.
“Los grupos armados ilegales se disputan el dominio de las economías locales extractivas, el manejo de las rentas ilícitas y el expendio de estupefacientes, con el fin de fortalecer las finanzas de las respectivas organizaciones y las nuevas formas de reagrupación y movilidad, como también el control clandestino de algunas explotaciones mineras para desarrollar actividades de lavado de activos, tráfico de armas y narcotráfico”, indica la Defensoría en nota de seguimiento que emitió en agosto de 2016 y que sigue vigente.
En la actualidad, el resguardo de San Lorenzo está afectado por esa mutación del conflicto armado, siendo sus principales amenazas la minería a gran escala, el reclutamiento y el microtráfico. El Plan de Salvaguarda advierte que esa vulnerabilidad tiene asiento en decisiones que tomó el mismo Estado, que fueron en contravía del gobierno propio, la riqueza cultural y, sobre todo, del blindaje jurídico de su territorio colectivo.
Puntos de quiebre
El Plan de Salvaguarda relata, por ejemplo, que San Lorenzo fue creado como resguardo en 1627 y su título fue ratificado en 1836. Sin embargo, en 1943 se declara su inexistencia cuando, curiosamente, un caldense, el ministro de Economía Jorge Gartner de la Cuesta, promovió la disolución de los resguardos del departamento, señalando que estos afectaban el progreso económico de la región.
La antropóloga Érika Yuliana Giraldo documenta en detalle cómo esa disolución del resguardo estuvo relacionada con la colonización antioqueña y la economía cafetera, avalada por miembros de los partidos Liberal y Conservador, la iglesia católica y las élites riosuceñas. (Lea: Memoria de un pueblo que se niega a desaparecer)
Aunque en 1960 el Ministerio de Agricultura declaró el territorio como Reserva Indígena, la desaparición de la figura de Resguardo tuvo efectos críticos: “liquidado un resguardo queda abolido el Cabildo”, se advierte en el Plan de Salvaguarda. Ese vacío de gobierno propio, se lee en el documento, “fue llenado por las Juntas de Acción Comunal desde 1962, con lo que la dirección de la comunidad dejó de ser conducida por sus propias autoridades y según sus usos y costumbres, para pasar a manos de las administraciones municipales”.
Durante las siguientes dos décadas, la comunidad Embera Chamí comenzó un proceso político, buscando representación local con candidatos a alcaldías y concejos. Sin embargo, “esta decisión significó que los tres primeros líderes que presentamos a esta aspiración fueran asesinados: Gilberto Motato (1988), Fabiola Largo (2002) y Gabriel Ángel Cartagena (2003)”, recuerda la comunidad. Los dos primeros en representación del resguardo La Montaña y el tercero del resguardo Cañamomo y Lomaprieta.
Adicional a ello tuvieron que pasar 57 años para que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) reconociera de nuevo el resguardo San Lorenzo, entregándoles un título colectivo por 6.295 hectáreas con la Resolución 010 del 29 de junio de 2000.
Pero el reconocimiento del resguardo no significó tranquilidad, porque en el nuevo siglo se recrudeció el conflicto armado, con la confluencia de guerillas y paramilitares. La intensidad de esa confrontación fue de tal magnitud, que el 14 de enero de enero de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al gobierno nacional que adoptara medidas urgentes para preservar el derecho a la vida e integridad física de 40 líderes indígenas de las comunidades Emberá Chamí de Caldas.
En sus informes, la Defensoría del Pueblo recuerda el asesinato de 105 indígenas ocurridos entre los años 2001 y 2003; la toma de las Farc en febrero de 2002, que generó el desplazamiento de 175 personas hacia el casco urbano de Riosucio; y la masacre de La Herradura, en junio de 2003. Aunque esta ocurrió en el vecino resguardo de Cañamono y Lomaprieta, el asesinato de cuatro indígenas por paramilitares del Frente Cacique Pipintá tuvo efectos en San Lorenzo. (Lea: Gabriel Ángel Cartagena, gobernador indígena de Caldas)
“Recuerdo que nos contaron que existía un plan para matarnos a quien ejerciera como líder. La Fiscalía propuso sacarnos del país, pero nos opusimos, porque hacerlo era una muerte no física, más sí organizativa. Luego nos propusieron los vehículos escoltados, a lo que también nos negamos. Cuando mataron a Gabriel tuvimos que aceptar los esquemas, pero desde entonces no es que haya avances en medidas sobre la protección integral del territorio”, cuenta un integrante del resguardo.
La lucha de la comunidad también siguió en lo institucional. En 2009, cuando la Alcaldía de Riosucio impulsó la revitalización de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en los resguardos, San Lorenzo interpuso una acción de tutela, exigiendo protección a su proceso de reconstrucción cultural. En 2011, la Corte Constitucional les dio la razón mediante la Sentencia T-601, ordenando cancelar las JAC dentro del territorio indígena. (Lea la sentencia)
Ese mismo año, la comunidad supo que podía reclamar la restitución de derechos territoriales como víctimas del conflicto armado. En aplicación al Decreto Ley 4633 de 2011, que cobija a las comunidades indígenas, presentaron su solicitud ante Unidad de Restitución de Tierras (URT) Territorial Valle del Cauca-Eje Cafetero.
En 2015, la URT comenzó el trabajo de campo y dadas las condiciones de riesgo, solicitó al Juez Primero Especializado de Restitución de Pereira que dictara medidas de protección mientras el caso llegaba a juicio.
No era para menos. La Defensoría ya había advertido que el Gobernador del resguardo había recibido amenazas por su defensa acérrima de impedir el avance de la minería en su territorio. El 9 de mayo de 2015 su padre y hermano, quienes ejercían la medicina tradicional, fueron asesinados cuando se movilizaban en una motocicleta por la vereda El Carmelo, en el vecino municipio de Anserma. Luego, las amenazas fueron contra un integrante del equipo de caracterización de la URT, que trabajaba en la verificación de unas fosas comunes en la zona.
En febrero de 2016 el Juzgado Especializado dictó las medidas cautelares, entre las que ordenó a la Fiscalía adelantar, de forma concertada con el cabildo, las actividades de verificación de existencia de las fosas y de encontrarlas, realizar las respectivas exhumaciones. También instó a las autoridades para que garantizaran con urgencia la protección del territorio colectivo y la seguridad de los integrantes de la comunidad.
Desde entonces, el resguardo de San Lorenzo espera una sentencia de restitución, entre cuyas 33 pretensiones se destaca el saneamiento jurídico del territorio.
“Lo que le hemos solicitado al gobierno es que reconozca el polígono del Decreto de Reserva Indígena porque, cuando nos entregaron el título colectivo en el año 2000, no se legalizó todo el territorio, indicándonos que allí había unos títulos de propiedad privada. Esos títulos son de colonos y nuestra relación con ellos ha sido amigable, incluso quieren venderle los predios al cabildo. Nuestra preocupación es que entre la gran minería”, cuenta uno de los indígenas.
La minería tradicional, agrega, ha sido una forma de resistencia de la comunidad y el resguardo rechaza cualquier intervención de empresas nacionales, multinacionales o foráneos en la exploración y explotación del subsuelo. La preocupación no es menor, señala otro de los integrantes del resguardo: durante el proceso de caracterización de la demanda encontraron 27 solicitudes de concesión minera que se traslapan con su territorio ancestral.
“También necesitamos hacer un saneamiento espiritual. En la cartografía social se señalaron los posibles sitios donde al parecer había cuerpos en fosas. De manera coordinada con la Fiscalía se exhumaron cuatro cuerpos, pero hay expectativa sobre otros 20 cuerpos más. Esto es un proceso importante de cara al Acuerdo de Paz”, apunta.
San Lorenzo espera que el Juez Especializado en restitución de tierras dicte sentencia este año. “Confiamos en que sea a favor, también para recuperar la etnoeducación, el sistema de salud propio, todos los aspectos culturales y la garantía de protección ambiental”, expresó uno de los miembros del resguardo.
Para los Emberá Chamí, un fallo a su favor sería un instrumento fundamental para sellar esas fracturas provocadas por la desatención del Estado y la crudeza del conflicto armado. No quieren que tragedias como la del pasado 23 de noviembre, y las ocurridas históricamente, se repitan en una comunidad que ha luchado por permanecer en un territorio que consideran ancestral.
