Así lo dispuso un juez especializado de tierras de Pereira al restituirle los predios a 17 familias de la vereda El Congal, en el municipio de Samaná, que habían sido expulsadas de la región por cuenta de combates entre las guerrillas, paramilitares y Ejército.
El Juez Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, Fander Lein Muñoz Cruz, fue contundente: la guerrilla de las Farc y los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) deben contribuir al desminado del departamento de Caldas, empezando por la vereda El Congal, de Samaná, donde tuvieron una intensa confrontación armada y afectaron a la población civil. (En la sentencia, proferida el 19 de diciembre del año pasado, el Juez exige “vincular y ordenar al desmovilizado Grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ‘Farc’, en cabeza del su máximo líder Rodrigo Londoño Echeverry (conocido como ‘Timochenko’), para que nombre una comisión de desminado humanitario, no solo para la vereda el Congal, sino también para el departamento de Caldas, con el fin de empezar a contribuir con la paz que firmaron y se encuentra refrendada por el Congreso de la República y demuestre con este acto su real voluntad paz”.
Minas antipersonal, ‘enemigas’ de la restitución en el oriente de Caldas
En el numeral siguiente también exige “vincular y ordenar al desmovilizado líder Ramón Isaza Arango del Grupo de las Auto Defensas Campesinas del Magdalena Medio ‘Acmm’, para que colabore con el desminado humanitario no solo en la vereda el Congal, sino para el departamento de Caldas, informando los lugares donde sembraron dichos dispositivos, lo anterior con el fin de empezar a contribuir con la paz que firmó cuando se desmovilizó y demuestre con este acto su real voluntad de paz”.
Ambas exigencias hacen parte de los llamados que quedaron consignados en el fallo de restitución en el que también conmina a diversas instituciones del Estado a atender las 17 familias beneficiadas con la decisión de restituirle sus predios y que fueron desterradas entre 2000 y 2005 de sus fincas de la vereda El Congal.
Tal como lo documentó la Unidad de Restitución de Tierras, estas familias fueron forzadas a abandonar sus parcelas por la confrontación entre la guerrilla y los paramilitares. Las pocas que resistieron luego salieron expulsadas por los constantes combates entre los paramilitares y el Ejército.
La crudeza de la guerra ocasionó que en el año 2000 fueron desterradas de Samaná 131 personas; un año después esta cifra ascendió a 2.031 personas; y en 2002 se triplicó a 7.589 víctimas. Tal incremento, según un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario citado en la sentencia, se le atribuye a “dos desplazamientos masivos registrados en febrero y abril del mismo año, debido a incursiones de las Farc en el corregimiento de San Diego, lugar donde tenían presencia las autodefensas”.
Las casas ardieron
Samaná está en la región del Alto Magdalena, nororiente del departamento de Caldas. Los campesinos de esta zona trabajaban la tierra en paz, con cultivos principalmente de café, caña de azúcar, pancoger y frutales, hasta que a finales de los años noventa las Farc llegaron al municipio, escogiendo la zona para promover cultivos de hoja de coca para uso ilícito y usar el corredor Aguadas, Pácora y Salamina para la comercialización de la pasta base.
La violencia fue desatada bajo las órdenes de Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, quien fue jefe de los Frentes 9 y 47 de las Farc entre 2000 y 2003. Según le confesó a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el Estado Mayor de las Farc la envió a esa región cuando el anterior jefe guerrillero fue capturado por las autoridades. Durante esos años, la jefe guerrillera fue responsable de las constantes extorsiones a cafeteros, ganaderos, agricultores y comerciantes, así como de secuestros y reclutamiento de niños y niñas.
La Fiscalía documentó que alias ‘Karina’ ordenó desaparecer a decenas de menores de edad que fueron reclutados en los caminos veredales y en sus propias casas. Estos crímenesfueron recurrentes en Samaná y Pensilvania, Caldas, así como en Nariño, Argelia y Sonsón, en Antioquia. El organismo investigador estudió 74 casos de reclutamiento de niños, varios de ellos de apenas 12 años, quienes fueron asesinados en su intento por desertar.
‘Karina’, a responder por 143 crímenes en Caldas y Antioquia
La temida ‘Karina’ impuso el miedo en El Congal, exigiéndoles a los campesinos “colaborar” o de lo contrario tenían que abandonar sus tierras. Pero a comienzo del nuevo siglo, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mando del ‘Viejo’ Isaza, ya tenían varios frentes en la región y entraron a disputarle los territorios a las Farc. La Fiscalía documentó que allí llegaron las unidades paramilitares identificadas como Frente Omar Isaza, Frente John Isaza y Frente Héroes del Prodigio.
La máquina de guerra de Ramón Isaza
Durante el juicio de restitución de tierras, varios campesinos narraron que abandonaron sus fincas entre 2000 y 2005 cuando los bandos se enfrentaron y recurrieron a la instalación de minas antipersonal. La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal registra 94 víctimas por la explosión de estos artefactos desde 2002 hasta 2009, dejando 80 heridos y 14 muertos en Samaná.
Pero el hecho más trágico para la comunidad de El Congal ocurrió el 2 de enero de 2001. De acuerdo con el relato consignado en la sentencia, el grupo paramilitar del ‘Viejo’ Isaza ingresó “al centro poblado del Congal y quemaron todo lo que existía, al cual asistieron desde la lejanía de la selva los habitantes, y, sin poder salir de la zona porque debían pedir permiso a las Farc, episodio este que en un arranque de valentía los hizo desplazarse en masa y abandonar lo poco que les quedaba”.
Si bien las cifras las cifras de desplazamiento se reducen en 2003 y 2004, en 2005 se incrementa a los niveles registrados en 2002 debido a dos desplazamientos masivos ocurridos por dos razones fundamentales, según el Observatorio citado: “El primero se debió al inicio de las fumigaciones de cultivos ilícitos en Pensilvania y Samaná, lo que produjo el desplazamiento de más de 4.000 personas, quienes presentaron ante el Gobierno un pliego de condiciones con el ánimo de promover la erradicación manual. En noviembre, el desplazamiento fue producto de combates entre la guerrilla de las FARC y las Autodefensas del Magdalena Medio, por el dominio territorial de la zona, lo que obligó a que más de 2.200 personas salieran de 13 veredas que hacen parte del corregimiento de Encimadas”.
Luego entró el Ejército y la violencia no mermó. A los pobladores se les restringió el tránsito entre El Congal y el corregimiento de San Diego. A quienes habitaban en la parte alta los tildaban de “guerrilleros”. Lo mismo ocurrió con quienes vivían en la parte baja: se les prohibieron el tránsito hacia Florencia, señalándolos de “auxiliar a los paramilitares”.
El futuro
El retorno y progreso de los campesinos de El Congal está ahora en manos de diversas instituciones estatales. El fallo le exige a la Nación, a la Gobernación de Caldas y a la Alcaldía de Samaná destinar los esfuerzos y recursos suficientes para mejorar el centro poblado, la escuela, el centro de salud y las vías de acceso; además de construir un monumento en honor a las víctimas.
El Banco Agrario, por su parte, debe garantizar que los habitantes de El Congal tengan prioridad en el acceso a subsidios para vivienda; lo mismo debe hacer el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en relación con el acceso a capacitación y formación técnica. La sentencia reitera la importancia de que las instituciones trabajen de forma conjunta a favor de esta comunidad.
“Para nosotros fue una felicidad la sentencia. Volver al pueblo, si Dios quiere, eso da mucha ilusión”, dice Wilson Betancur, uno de los líderes de la vereda y beneficiado con la restitución de tierras. A su juicio, la prioridad la construcción de las viviendas para el retorno de las familias.
Con la decisión del Juez, la comunidad campesina de El Congal es reconocida como víctima del conflicto armado y el Estado debe garantizarles los títulos de propiedad, así como múltiples medidas para que puedan permanecer en el territorio cafetero. Las Fuerzas Militares está vez tendrán que garantizarles su seguridad, revirtiendo los años en que generaron parte de los desplazamientos por cuenta de los combates.
De momento, los campesinos de El Congal viven en corregimiento Florencia, donde aguardan la construcción de las viviendas y la llegada de proyectos productivos que les permitan retoñar de nuevo sus cultivos y sus vidas.
Betancur cuenta que desde hace varios meses los campesinos van desde Florencia a El Congal a revisar sus matas de café y que la producción va tan bien que este año recogerán la primera cosecha. “Necesitamos todo el apoyo para sacar adelante al pueblo, que el Estado no nos abandone. Mire que ya llevamos nuestros productos al mercado campesino de Florencia”, dice con ilusión Wilson.