En momentos en que las Farc negocian en Cuba su participación en política después de desmovilizados, en Caquetá el proselitismo armado se ha vuelto su principal arma.
Cincuenta años después de que las Farc llegaran al Caquetá, su presencia y dominio de la región es indiscutible, al punto de que hoy se vive una aparente calma, como si las armas no estuviesen detrás del entronque político y económico que allí tienen.
Las estructuras políticas de la guerrilla se han transformado y, después de iniciado el proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se han concentrado en activar las llamadas células políticas, apoyadas por la columna móvil Teófilo Forero, los bloques Sur y Oriental y el Frente Domingo Biojó, que hacen presencia en la región.
Según varios dirigentes y habitantes del Caquetá con los que habló VerdadAbierta.com, hoy las Farc en el Caquetá se concentran en movilizar a las organizaciones sociales con las que ha tenido relaciones durante décadas y en otros casos, en cooptar otras con las que no han tenido vínculos. El objetivo pareciera claro: ir ganando ventaja política, con miras a que un exitoso proceso de paz les abra las puertas para ejercer con éxito la política legal en el departamento.
El problema, sin embargo, es las Farc no saben hacer política pacífica, y cuando ven que sus ideas no calan, recurren a la violencia y la intimidación. En otras palabras, se quieren ganar el corazón de la gente a la buenas, o si no, a las malas.
Un líder de la región le contó a VerdadAbierta.com que esta situación es el producto de décadas de abandono y falta de presencia de las instituciones. “La ausencia del Estado durante tantos años permitió que las Farc se empoderaran como las autoridades de facto, (los habitantes) los escuchan y les obedecen por presión o voluntariamente, sobre todo en la región del Caguán y la cordillera”.
Otro dirigente político asegura que la guerrilla está aprovechando la crisis política que atraviesa el Caquetá por las detenciones de varios políticos como los ex congresistas Luis Fernando Almario y Álvaro Pacheco, y ha usado a varias Juntas de Acción Comunal para imponer sus directrices o presionar al Estado, “deslegitimando la democracia mediante el miedo y la presión”, asevera esta persona que pidió el anonimato.
Un líder campesino de los Llanos del Yarí sostiene que tras décadas de presencia en la región el control sobre varias Juntas de Acción Comunal se mantiene y estas se han vuelto claves en el soporte político de la guerrilla. Pero están condicionadas, no son libres de aliarse con otros partidos o salirse del libreto. “La guerrilla ha presionado a los presidentes de las Juntas (JAC) para que se organicen en núcleos. Ellos no son guerrilleros, pero los enlaces con las JAC les dan a conocer las instrucciones de la guerrilla. Con eso obligan a todos los habitantes de una vereda a estar afiliados, para llevar una especie de censo”.
Este año, un ejemplo de esa manipulación –relata un dirigente de Caquetá– quedó en evidencia con la tardía contratación de los profesores por parte de las autoridades departamentales. “Debajo de cuerda estaban exigiendo que los maestros tenían que ser elegidos por las comunidades” y eso significaba que el visto bueno para la contratación de los profesores lo daba el comandante de las Farc. “Si no lo hacían así, amenazaron con devolverles a los maestros en una caja”, dice el dirigente.
Algunas JAC también reciben mensajes perentorios para que presionen a la institucionalidad, por ejemplo para mover un batallón militar o una estación de Policía, lo que termina camuflando las verdaderas intenciones de las FARC a través de solicitudes que aparentemente vienen de la comunidad.
“Los campesinos están como secuestrados porque no tiene la libertad de hablar ni de participar”, dice otra persona que también pide no ser identificada por temor a represalias. “Con eso las comunidades sucumben y solo tienen tres alternativas: o se van de la región, o les cobran una multa o los matan”.
En Caquetá es cada vez más evidente el accionar del Partido Comunista Clandestino, PC3, que tiene en el norte del departamento su mayor zona de influencia, amparado fundamentalmente por la columna móvil Teófilo Forero, al mando de Hernán Darío Velásquez más conocido como ‘El Paisa Óscar’.
En la única zona de reserva campesina del Caquetá, en la inspección de Balsillas, al norte de San Vicente del Caguán, según un campesino de esta zona, la columna Teofilo de las Farc mete mano en lo que pueden, desde el manejo de las organizaciones hasta en el cobro de vacunas a aquellas asociaciones que no se quieren plegar a sus directrices.
Y a pesar de que desde 2010, tres municipios del departamento (Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y el corregimiento de Unión Peneya en La Montañita) hacen parte del Plan de Consolidación Nacional, las instituciones no han podido quitarle espacio a la guerrilla.
Del secuestro a la extorsión
El cambio más notorio en la forma de operar de las Farc empezó desde el momento en que el Secretariado ordenó en febrero de2012 dejar de secuestrar con fines extorsivos. Fue entonces cuando se concentraron en la acción política y en financiarse por la vía de la extorsión.
En Caquetá han movilizado a las comunidades, fomentado y creado organizaciones sociales con el objetivo de presionar a la institucionalidad. “Siembran desconfianza en la institucionalidad, por eso lo que queda es obedecer a los que ejercen la fuerza”, dice otro campesino que hace parte de una organización que tiene su propio proyecto productivo e intenta mantenerlo independiente del dominio guerrillero.
“La semana antes del paro (nacional agrario que comenzó el 19 de agosto) reunieron a miembros de juntas de acción comunal de la zona rural de Florencia y les dijeron que tenían que marchar de manera voluntaria, que tenían que salir solo jóvenes y hombres, y el que no saliera pagaría un millón de pesos”, aseguró. Es difícil verificar estas acusaciones, más cuando desde La Habana, sus voceros no accedieron a hablar de su trayectoria pasada y actual en este departamento.
Se suma, según un ex alcalde de Caquetá que también pidió el anonimato, la comunicación que por décadas ha existido entre los alcaldes y las Farc. “Es ilegal, muchos lo saben, pero si no lo hacen no pueden gobernar”. A eso se le agrega que en las zonas en donde tienen control total, mensualmente a sus habitantes les toca pagar extorsiones. “Cada mes la gente tiene que pagar impuestos al Banco de las Farc. Uno de los puntos de recaudo está ubicado en la vía entre San Vicente del Caguán y Guayabal, Huila”, explica un líder que acude obligado a cancelar su cuota.
“Todo el mundo tiene que pagar”, explica una lideresa que vive en el piedemonte. “Desde los mototaxistas hasta el comercio, el que no lo haga recibe una advertencia. El litro de leche tiene su impuesto, también cada cabeza de ganado. En todas las cabeceras municipales tienen milicianos, que no usan uniforme, no portan armas visibles, pero son los puentes entre la comunidad y la guerrilla. Son los encargados de recoger la cuota”.
Al final, lo que esperan los habitantes del Caquetá es que si la guerrilla quiere participar e influir en política deje de una vez por todas las armas. “Uno esperaría que cuando se desmovilicen salgan del closet, para que la gente quede en libertad de decidir si siguen sus propuestas o no”, dijo un líder de Florencia.
Por eso en Caquetá tienen la certeza que una vez las Farc se demovilicen será allí donde tendrán uno de sus bastiones políticos más fuertes y en el que se verá si sus habitantes los apoyan o no ahora sin el peso de las armas.
