Según dos estudios sobre el conflicto armado en Medellín publicados este fin de año, la guerra entre pandillas se trasladó a los centros educativos.
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Las circunstancias en que tanto estudiantes, como docentes y directivos tuvieron que asistir a clases durante este año no fue la más óptima para el sistema educativo en diversos barrios de Medellín. Disputas territoriales, controles sociales y económicos, reclutamiento forzado y delimitación de fronteras entre grupos armados ilegales que en el pasado le sirvieron al paramilitarismo afectaron a unos y a otros.
Homicidios, amenazas, deserción y desplazamientos forzados se constituyeron en parte integral de la vida educativa de decenas de instituciones ubicadas, en su mayoría, en zonas periféricas de la ciudad, donde habitan comunidades de escasos recursos económicos.
En la descripción de esta crítica situación educativa coincidieron en sus informes anuales sobre la situación de derechos humanos de la ciudad la Personería de Medellín y el Instituto Popular de Capacitación (IPC). Ambas entidades llamaron la atención sobre esta situación, que vulnera uno de los derechos fundamentales de la población y se constituye en un factor de desintegración social.
De acuerdo con la Personería de Medellín, cientos de niños y niñas estudiantes de primaria y secundaria se vieron afectados por amenazas de ser asesinados, reclutados o vinculados a los combos para hacerlos participes de sus actividades delictivas; también por señalamientos de ser informantes del bando contrario, transgredir fronteras “invisibles” o quedar en medio de frecuentes enfrentamientos armados.
“Todo ello ha tenido efectos negativos en la vida escolar y familiar de niños, niñas y adolescentes, generando incluso la necesidad de desertar o cambiarse de institución educativa, e incluso de barrio”, afirma la Personería en su informe.
Según el IPC, la problemática de la escuela en el contexto de dinámicas de confrontación armada urbana, tiene relación con la demarcación por parte de los actores armados ilegales de fronteras invisibles que limitan el acceso de los estudiantes a las instituciones educativas y que ponen riesgo su vida e integridad; el reclutamiento forzado de jóvenes; y con actividades de micro tráfico dentro de los establecimientos educativos, que, según el informe de esta organización no gubernamental, “están capturando la atención de los niños y jóvenes ya sea como consumidores o expendedores al menudeo, y al mismo tiempo, está financiando una cadena de criminalidad”.
De acuerdo con las denuncias recibidas por los funcionarios de la Personería de Medellín, en las principales comunas de la ciudad se presentaron situaciones en las que una, dos o más instituciones educativas afrontaron una masiva deserción escolar con una inasistencia a clases que llegó al 50%.
El informe de la agencia del Ministerio Público cita casos como los de la comuna 6, donde más de 150 estudiantes de formación técnica debieron abandonar sus estudios debido vivían en barrios distintos al de su colegio y los grupos armados les prohibían el tránsito desde y hacia sus casas; la comuna 8, donde 214 estudiantes se desescolarizaron y tan solo 14 regresaron a clases; y la comuna 13, en donde una Institución que inicio el año lectivo con 1.150 educandos, finalizó con alrededor de 850.
Además, los constantes enfrentamientos armados en algunos barrios de la comuna 16 obligaron a que más de 200 estudiantes de la jornada nocturna de la zona tuvieran que modificar sus horarios y cambiarse de sede para recibir sus clases los domingos en el día, cuando se habían matriculado y tenían jornada durante las noches del lunes, martes y jueves.
No obstante, estas cifras son parciales y justo por ello la Personería de Medellín llamó la atención de la Secretaría de Educación Municipal, dependencia que, según el Ministerio Público, manifestó “reiteradamente no contar con la información cuantitativa sobre el tema, a pesar de solicitudes y propuestas para su medición”.
De acuerdo con esta agencia, alcanzar una cifra confiable sobre cuántos estudiantes desertan de la escuela por razones atribuibles a las diversas expresiones del conflicto armado, “es importante en primer orden para dimensionar el impacto en la vida y seguridad de las comunidades, pero también porque una problemática más claramente dimensionada y diagnosticada, puede ser tratada de manera más efectiva e integral”.
Al respecto, el informe anual del IPC revela algunos datos que, justamente, dimensionan en parte la tragedia vivida en los barrios durante el 2010. Indagaciones adelantadas por el Equipo del Programa de Educación de esta organización en algunas instituciones educativas de la zona noroccidental de la ciudad establecieron que por lo menos 1.200 estudiantes se vieron obligados a cancelar sus matrículas por motivos relacionados con las confrontaciones armadas.
El informe del IPC también incluye datos sobre asesinatos de estudiantes. Según esta organización no gubernamental, entre enero y octubre de este año 16 jóvenes perdieron la vida, de ellos 7 eran menores de edad. Según los seguimientos realizados a la información sobre estos casos, “en al menos tres casos se presume como móvil el tránsito por las denominadas fronteras invisibles. En uno de los casos, el asesinato fue perpetrado al interior de la institución educativa”.
Otro dato que el IPC consideró significativo para comprender mejor la dimensión del problema fue la muerte violenta de 154 menores en el rango de los 11 a los 17 años, que es precisamente el rango de edad escolar, lo que contribuye a aumentar la cifra a niveles críticos.
La Personería de Medellín destacó que las amenazas en los ambientes de aprendizaje, llegaron también a los docentes y directivos docentes. Hasta el mes de noviembre se habían tramitado 106 solicitudes de ingreso al Comité de Docentes Amenazados como resultado de intimidaciones proferidas por móviles y actores tanto internos como externos a las instituciones educativas o, en algunos casos, en una conjugación de unos y otros.
De acuerdo con la agencia del Ministerio Público, las comunas que registraron el mayor número de amenazas a docentes fueron la comuna 8, con 16casos; la 5, con 13; la 3, con 11; la 9, con 10; y la comuna 6, con 9 casos. Según el informe, “esto coincide en parte con algunas de las zonas de la ciudad en donde el conflicto armado ha tenido destacada relevancia”.
Para el IPC estas amenazas vulneran el derecho al trabajo de docentes y directivas de las instituciones educativas, quienes tienen que verse abocados a retiros forzosos de la profesión y traslados involuntarios producto de las presiones ejercidas por los actores armados.
Ante este conjunto de fenómenos atentatorios contra el derecho a la educación, la Secretaría de Educación se vio obligada a articularse a otras dependencias municipales con el fin de articular acciones de prevención, intervención y control. Algunas de ellas, según la Personería de Medellín, consistieron en la contratación de transporte hacia los barrios cercanos; la reformulación de calendarios académicos, modificación de horarios de ingreso y salida; reubicación de los estudiantes hacia otras instituciones; la autorización a los educandos para cursar el año lectivo mediante talleres realizados en sus propias casas; y realización de consejos de convivencia escolar.
No obstante, de acuerdo con el informe del IPC, tanto estudiantes como docentes, al no poder acceder a las instituciones de forma segura y presencial, “han sacrificado la calidad, cumpliendo contingentemente con currículos virtuales implementados para evitar un mayor incremento de la deserción escolar producto de esta situación”.
Lo ocurrido durante el 2010 en el sector educativo de la ciudad repercutió en las cifras del desplazamiento forzado intraurbano, fenómeno que, según la Personería de Medellín, creció en un 97% con respecto al año pasado, cuando fueron presentadas 698 declaraciones. Según esta agencia, a 31 de octubre de este año se habían recibido 1.378 declaraciones, que incluyen a 5.098 personas.
De acuerdo con el IPC, buena parte de estos desplazamientos forzados intraurbanos obedecen a un intento de las familias por evitar el reclutamiento de sus hijos por parte de estructuras armadas ilegales, lo que los obliga a abandonar las aulas, agravando el fenómeno de la deserción escolar, pues para esta organización no gubernamental, “son muy altas la probabilidades de que el menor o el joven no vuela, o por lo menos no de manera inmediata, a retomar sus estudios”.
En sus recomendaciones finales, el IPC sugirió, entre otros aspectos, prestar mayor atención a la educación en contextos de conflicto armado urbano a través de la adopción de estrategias que incorporen en los currículos educativos “áreas de formación referidas a la construcción del sujeto político, que integren los valores, la formación ética y moral para generar espacios favorables de mediación y tramitación de los conflictos”; asimismo, consideró importante impactar los planes de estudio con experiencias desde el arte, la cultura y el deporte.
Se trata de evitar que los impactos de la guerra urbana en la educación en el 2011 lleguen a niveles más críticos de los alcanzados en este año y se continúe en un franco deterioro del sistema escolar, sobre todo el que beneficia a las comunidades más pobres de la ciudad.
