No solo los guerrilleros y los militares tendrán que comparecer ante la justicia transicional, también lo harán los terceros que financiaron la guerra. Sin embargo, Humberto de Calle, jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, ha aclarado que no se tratará de una “cacería de brujas”, sino que, tal como dice el acuerdo, responderán quienes financiaron o colaboraron –no como resultado de coacciones– a grupos armados ilegales.
También, quienes tuvieron una participación “determinante y habitual” en la comisión de delitos de “lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.
‘HH’ declaró ante fiscales de Justicia y Paz que empresarios de la agroindustria en Urabá y en Valle del Cauca aportaron recursos a las Auc. Foto: archivo Semana.
Que los analice la Jurisdicción Especial de Paz no significa necesariamente que habrá una codena, pues muchos de los casos podrán ser depurados en la Sala de Revisión y no llegarían hasta el Tribunal, que es la última instancia. Además, los empresarios que ya están condenados podrán pedir la revisión de sus casos para acceder a una posible rebaja de pena.
Lo cierto es que las investigaciones sobre los terceros financiadores de los paramilitares ya tienen un camino recorrido. Durante los 11 años que lleva en aplicación la Ley de Justicia y Paz, los exparamilitares han señalado a ganaderos, palmicultores, empresas bananeras, y petroleras como las financiadoras de su accionar armado y, en algunos casos, como auspiciadoras de asesinatos de sindicalistas y desplazamientos forzados.
Así investigan a financiadores del paramilitarismo
La lentitud de los procesos contra los financiadores fue una de las principales críticas contra el proceso de Justicia y Paz, pues se limitó a compulsar copias a despachos en la justicia ordinaria que llegaron a ser más de 15.000. A finales del año pasado, la Fiscalía propuso como solución la creación de un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de las Dirección de Justicia Transicional que se encarga de depurar las compulsas. Se eligieron 50 casos que servirán de ‘prueba piloto’ y que muy seguramente serán los primeros que llegarán a manos de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
